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OPINIÓN

Prórroga de Jurisdicción y Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) por Mario Mazzitelli

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La Doctrina Calvo

En la década de 1860, un argentino, diplomático y abogado erudito, elaboró la defensa del Paraguay frente a las pretensiones inglesas de intervenir en decisiones atinentes a el Estado hermano. A partir de aquellos argumentos y una obra posterior, el Dr Carlos Calvo iba a generar la doctrina que lleva su apellido. Doctrina Calvo que se fue abriendo paso con los años hasta la actualidad.

La cuestión de fondo: ¿Podía un Estado -por poderoso que fuese- avasallar la soberanía de otro mucho más débil? ¿Debía el Estado naciente tener la pretensión de hacer valer su independencia recientemente lograda? Algunos aconsejaban bajar la cabeza, someterse y a través de una conducta sumisa lograr la generosidad del más fuerte. A Carlos Calvo le parecía que esto podría suceder en torno a temas menores, cuestiones que el Estado pequeño podía pasar por alto, en favor de una relación provechosa. Pero… “hay otras de un carácter vital…que valdría más que esos pueblos desapareciesen del mapa de las naciones antes de acceder a semejante humillación”. Se pregunta: “¿Para qué derramaron tanta sangre nuestros antepasados para darnos independencia, si hoy que estamos en su pleno ejercicio, abdicamos todos los derechos y prerrogativas que ella nos confiere, conquistada con las armas en la mano? Si nos despojamos voluntariamente de los derechos que constituye esa independencia, ¿cuál sería la entidad política que nos reservamos en la comunidad de naciones, y cual la ventaja de haber dejado de ser colonias españolas? ¿Por alcanzar el honor de alimentar una vana relación internacional, debemos reducir nuestro ser político a un estado de dependencia vergonzosa, que un simple agente consular extranjero tenga el derecho de dictarnos soberanamente los mandatos de su gobierno como si se tratase de un pueblo bárbaro o conquistado?” (Ya veremos la relación entre estas palabras de nuestro enorme jurista, con el dictamen de una jueza ignota y menor de los EEUU penalizando -con una arbitrariedad propia de otras épocas- a una Nación Soberana a pagar un resarcimiento supermillonario a un conjunto de delincuentes internacionales que lucran con las desgracias ajenas por haber recuperado el 51% de YPF) En síntesis, la Doctrina Calvo establece que la autoridad para resolver las disputas internacionales sobre inversiones, reside en el gobierno del país en el que se encuentra esa inversión.

La prórroga de jurisdicción*

Para un país soberano, la prórroga de jurisdicción es un oxímoron, una negación a sí mismo, un contrasentido. Es como subir abajo.

Los países han luchado por su soberanía porque no era “digno ni conveniente” dejar que otros resuelvan en cuanto a sus acciones, emociones o intereses. Para lo cual, las sociedades, han delimitado sus ámbitos de autoridad (que tienen que ver con el dominio territorial) han creado una estructura jurídica (Constitución, leyes, etc.) y un órgano político que es el Estado, con el cual se hace realidad el principio de Soberanía. (Así, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina, estableció en su artículo 1° “La competencia atribuida a los tribunales nacionales es improrrogable”)

Dice el jurista italiano Pasquale Fiore: “Es claro que un Estado no puede estar sometido respecto de sus actos de gobierno a las jurisdicciones de otro, puesto que equivaldría esto a someterse al juicio y las órdenes de otro Estado…ningún Estado puede ser compelido a cumplir las obligaciones públicas por él contraídas en ejercicio del Poder Político, mediante una acción judicial promovida contra él ante los tribunales de otro Estado si menoscaban la independencia de su soberanía…Una soberanía no puede estar sometida a otra soberanía”.

¿Cuándo se jodió nuestra soberanía jurisdiccional? En abril de 1976. Mientras los ignorantes militares que habían dado el golpe, concentraban su atención en el ejercicio del Terrorismo de Estado (Contra militantes de todo tipo, no solo los que habían empuñado las armas) en su retaguardia y a través de sus Caballos de Troya; el Poder Financiero Internacional escribía una disposición de la dictadura (mal llamada ley) por la cual el Estado nacional podía prorrogar la jurisdicción de los tribunales nacionales a tribunales extranjeros (Renunciando así a la inmunidad soberana)

¿Por qué hacía esto el Capital Financiero Internacional que había logrado capturar el Ministerio de Economía? Ocurrió que durante la crisis del petróleo de 1973, por el aumento del precio de la principal fuente energética, decidido por la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo); la respuesta que encontraron los países occidentales (Frente al perjuicio que les producía este incremento de costos) fue negociar para que los ingentes recursos monetarios (Obtenidos principalmente por los países árabes) fueran depositados en los bancos de occidente. Así la liquidez (Sobreabundancia de moneda en los bancos) se transformó en una bomba de tiempo para las entidades financieras y la economía de estos países. Evidentemente el crédito al consumo o a las empresas no podía absorber semejante masa de recursos ¿Qué hacer? Enchufarle el dinero a entidades más grandes que los simples consumidores o las empresas. Ahí estaban los sujetos del crédito “los Estado Nación”. La clave era ofrecerles créditos baratos (Baja tasa de interés) con el anzuelo del desarrollo. Una vez que el “Estado Nación” mordiera el anzuelo, ya estaba ensartado. Se le podría elevar la tasa de interés y mantenerlo permanentemente sometido a un saqueo, bajo la premisa de que “las deudas se pagan”.

Esta táctica que se pudo aplicar porque los imbéciles dictadores no sabían y estaban entretenidos en otros quehaceres. Sin embargo tenía varias dificultades para la geopolítica del capitalismo.

Una era que, al ser un Estado Soberano, los asuntos se dilucidaran en Tribunales locales (Y en ellos, más tarde o más temprano, el más fuerte es el pueblo) De manera que necesitaban una prórroga a Tribunales extranjeros cuyos empleados (Jueces, Fiscales, etc.) les respondieran a ellos. (Cabe aclarar que no se trata solo de la posible venalidad de los jueces. Se trata de la pertenencia a una cultura y cosmovisión propia de los países imperialistas. Lo que ellos no admitirían para sí, ser juzgados en otro país; lo hacen sin ruborizarse. Cuando en realidad deberían declararse incompetentes)

Otra dificultad que tenían era el destino de esos créditos. Si se consolidaban en inversiones productivas de desarrollo, un área de sacrificio como la Argentina, podía transformarse en competidora. Para impedir este objetivo orientaban el destino del crédito. No tenían problemas en que el gasto se fuera a la organización de un mundial de futbol (1978), a comprar armas, a maniobras ilícitas de los grandes grupos económicos locales, a gastos en turismo en el extranjero, fuga de capitales, etc. Todo eso debilitaba el Poder Nacional. Al mismo tiempo sometieron a nuestra industria a una competencia destructiva (Dada la baratura del dólar y por tanto de los productos importados) Menos Poder Nacional. Y a nuestra nave insignia YPF, la sabotearon con endeudamientos ficticios, maniobras fraudulentas, ingresando gerentes de la competencia a su directorio, etc. Así se fue armando el NUDO GORDIANO que la Democracia recuperada en 1983 no solo no supo, no quiso o no pudo desatar, sino que lo embrolló aún más. Incluidos todos los gobiernos de estos 40 años. Por amor que sintamos por ellos, “nunca es la triste verdad”. Todos aceptaron esta prórroga de jurisdicción. Todos.

Además de la actitud del Poder Ejecutivo y el Legislativo, me resulta difícil entender por qué el Poder Judicial se deja arrebatar la facultad de juzgar en asuntos locales, permitiendo la prorroga a tribunales extranjeros. Vaya a saber. Ahí duerme la Corte.

YPF.

Aún más grave es la situación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. El 13 de diciembre de 1907 el presidente José Figueroa Alcorta recibe un telegrama de Comodoro Rivadavia, en el que entre otras cosas señala: “Perforación sigue bien. Profundidad 539 metros. Inyección sube siempre espesa con kerosene…Garantizamos que es kerosene de la mejor calidad…” Argentina había encontrado petróleo, después de buscarlo afanosamente. “El gobierno levantó un muro de contención a la codicia privada en un radio de 5 leguas kilométricas a todo rumbo”. Roque Sáenz Peña, Hipólito Yrigoyen, Marcelo T. de Alvear mantuvieron la defensa del interés nacional. En 1922 se creó YPF bajo la inspiración del general Enrique Mosconi. La lucha por el autoabastecimiento, para lograr la seguridad energética y garantizar la defensa nacional, recorrerá casi todo el siglo XX. Hacia fines de los ´80 habíamos alcanzado el objetivo. ¿Cuál era el motivo para enajenarla en los ´90? La combinación de intereses espurios y la presión geopolítica de desmantelar a la Nación. ¿Se podía vender YPF? A todas luces no. Al ser yacimientos fiscales 100% estatales, trascienden a cualquier administración circunstancial, fruto de una mayoría transitoria. Son componentes inalienables de la Nación. ¿Podía participar la empresa privada en la exploración, explotación, transporte, industrialización y comercialización? Sí, en el marco de diversos contratos convenientes a los altos intereses de la Nación. Siempre dentro de un plan energético en el que YPF tenía un rol estratégico. Aunque éramos muchos los que reclamábamos volver a Mosconi, a una YPF 100% estatal; Menem la privatizó. Ya comentada en otras notas, omitimos el relato del vaciamiento de la empresa.

Eskenazi: una operación corrupta que todavía no tiene explicación.

A través del Grupo Petersen, los Eskenazi, se quedaron con los bancos provinciales de Santa Fe, Entre Ríos, Santa Cruz y San Juan. Además tienen una constructora, una explotación vitivinícola, olivar en Cuyo y otras actividades. Parece que los Eskenazi tenían una especialidad como empresarios: lograr que el poder político confiara en ellos el manejo de buena parte de las finanzas provinciales. Sospechoso entente cargado por actos que mostraron que las privatizaciones y la corrupción iban de la mano.

El asunto es que nada sabían de energía. ¿Cómo puede ser que entre 2007/8 se haya pergeñado la participación del 25,4% en YPF para un grupo inexperto y sin poner un peso? ¿Cómo explicar que la compra se pagaba con los mismos dividendos que producía la empresa? ¿Con las reservas pre-existentes? No tenía sentido. ¿Cómo explicar que un cuarto de la empresa pasaba a otros accionistas sin que nadie recibiera un centavo? Llegar con los bolsillos vacíos y decir: “deme un cuarto de la empresa más grande de la Argentina” y que le respondieran: “sí, cómo no”. No tiene lógica. Sin hacer una sola inversión nueva ¿Cómo no vincular esta operación a decisiones estatales por las que se pagaba de ese modo la correspondiente contraprestación? ¿Acaso alguna prorroga de concesión de explotación próxima a vencer? (¿Se nos ocurriría un sábado ir a una pizzería y decirle al dueño que queremos el 25% de su empresa y que lo vamos a pagar con el esfuerzo, el trabajo y capital del propio dueño de la pizzería?) Una estafa monumental. Pero que resultaría en uno de los puntos clave para alcanzar el desbarranco del fallo al que nos condenó la señora jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska.

Está claro que el negocio era redondo para los Eskenazi que pagaban sus obligaciones a los bancos concedentes del préstamo con los dividendos de una empresa ajena. Y también para Repsol porque a través del retiro gigantesco de dividendos repartía ganancias a los accionistas y realizaba inversiones donde creía más conveniente. Pero ruinoso para YPF, que no exploraba, no invertía, etc. Como consecuencia se fue derrumbando la producción que nos obligó a importar energía con un déficit creciente en la balanza comercial que terminó agudizando la falta de dólares en la economía argentina. Las estafas y la corrupción tienen costos. Excesivamente altos. Así la prórroga de jurisdicción, la privatización, el vaciamiento y la corrupción fueron armando la bomba.

La nacionalización del 51% de YPF en 2012

¿Por qué se nacionalizó tan solo el 51% y no el 100%? Lo desconozco. No sé qué tipo de evaluación habrán hecho. ¿Quizás decir que se trataba de una empresa mixta? ¿No ser acusados de Chavistas expropiadores? ¿No poner en la consideración pública la maniobra con los Eskenazi? ¿Por qué pagarla totalmente era demasiado dinero y el Estado no podía asumir ese compromiso? ¿Por qué sabiendo que los Eskenazi eran amigos no iban a jugar en contra? Lo ignoro.

Lo cierto es que se pactó la compra del 51% de las acciones con Repsol. Primero no se le iba a pagar nada por los pasivos ambientales y luego se cerró en alrededor de 5.000 millones de dólares. Sin lugar a dudas la recuperación, aunque parcial, de esta empresa fiscal estratégica fue una medida correcta.

¿Cómo se ejecutó? Siguiendo los mecanismos exigidos por la Constitución. La participación de las dos Cámaras del Congreso Nacional y la Ley correspondiente. Luego la promulgación por parte del Poder Ejecutivo. Nadie en el mundo tenía nada para decir. Somos un país Soberano ¿Somos un país Soberano?

El Estatuto de YPF

Según el artículo 7° del Estatuto de YPF, si alguien compraba más del 15% de la empresa debería ofrecer lo mismo a todos los accionistas y no sólo a Repsol ¿Qué potestad tenía la empresa para imponer a un tercero semejante cláusula? Ninguna. Es difícil observar cómo podrían impedir que un tercero comprara el 16% de la empresa y luego, lo obligaran a ir por el 100%. O dicho de otra manera: alguien invierte hasta alcanzar el 14,9% y un día tiene dinero, lo invierte en YPF y compra el 0,2 Totalizando el 15,1% ¿Alguien cree que se lo puede obligar a comprar el 84,9% restante? Absurdo grotesco. Subiendo un escalón la pregunta: ¿Qué potestad tiene una empresa privada de imponer su reglamento interno a una ley votada por el Congreso, promulgada por el Poder Ejecutivo y no cuestionada en el Poder Judicial? Ninguna. Por lo tanto aunque yo hubiera preferido la nacionalización en un 100%, no hay posibilidad que el escrito interno de una compañía se eleve como un super-poder avasallando a la República Argentina. Una norma menor, el reglamento interno redactado por 4 personas en una oficina oscura; queda subordinada a la ley votada por los representantes del pueblo a la luz del día. Claro que el imperialismo existe y sus jueces maman de esa cultura imperial, y se creen habilitados para dictaminar sobre cualquier cosa.

El daño

Al ingresar el Estado a la administración de YPF puso un torniquete a la sangría que llevaba la compañía a la muerte. Suspendió el giro de dividendos a los accionistas. Claramente el grupo Petersen que había comprado el 25% de YPF con el dinero de YPF, cuando YPF dejó de transferirle fondos, quebró. Es decir, dejar de robar fue el mayor daño que puede esgrimir el grupo. Suspender la continuidad de un delito es una acción positiva. En todo caso, quizás, la cárcel para los Eskenazi responsables debería ser la consecuencia. Pero como en el mundo del revés el ladrón demanda al Estado.

Entre bandas.

El grupo Petersen se comporta como una banda delictiva que le transfiere los derechos de litigar contra el país a otra banda, aún más delictiva, el Fondo Buitre Burford Capital.

Estos derechos de litigio los habría comprado en Madrid el grupo Burford por 16 millones de dólares. Retener esta cifra originaria es importante para observar la incongruencia y desmesura del fallo del tribunal neoyorkino.

La incompetencia.

El grupo Burford se presenta ante una jueza menor Loretta Preska de un juzgado menor del Distrito Sur de Nueva York. Esta jueza debió haber declarado su incompetencia en el caso. Lo dijo el Procurador del Tesoro de la Nación, durante el gobierno de Macri, insospechado de sentir algún desdén por el derecho o la propiedad privada, Bernardo Saravia Frías. Sostuvo correctamente que la compra de acciones del Grupo Petersen a Repsol fue “fraudulenta”; y que la jurisdicción donde deben zanjarse este tipo de conflictos es la argentina, porque aquí está radicada la empresa YPF. Sin embargo la jueza avanzó como si los fondos buitre, los intereses y hasta los grupos más parasitarios tuvieran derechos superiores a los derechos de un país periférico. ¿Qué deberían hacer nuestros gobiernos? Desarrollar una tarea jurídica, política, de difusión y diplomática que nos permita desconocer un fallo írrito de una jurisdicción incompetente.

¿La dictadura del capital? La falta de oferta al resto de los accionistas.

Es interesante la naturaleza autoritaria de éste artículo del reglamento de YPF. ¿Por qué el gobierno debería hacerle una oferta idéntica al resto? Aceptemos el absurdo como hipótesis para el razonamiento. ¿Cuál sería el perjuicio para un accionista que veía que con Repsol-Petersen la empresa se derrumbaba y en cambio en manos del Estado tomó nuevo impulso mejorando su rendimiento global? Si mejoró la producción, las ganancias, la inversión, tiene mayores reservas y bajó su deuda. No hay perjuicio. Más vale hubo un beneficio. ¿Dónde fundan que el supuesto incumplimiento ha perjudicado a los accionistas?

El desatino

Aceptemos otro absurdo: que un Estado Soberano debe someterse al reglamento de una empresa privada. ¿A cuánto ascendería la multa por violar un reglamento que solo daño a un grupo delictivo?

Si la compra del derecho a litigar contra Argentina costó 16 millones, eso nos da una idea del valor de mercado de tal derecho. Si los que hacen el juicio esgrimen perjuicios sobre una parte (el 25% dado que otra parte estaba paga con el propio dinero de YPF) y la empresa tiene un valor de 10.000 millones de dólares (redondeando) ¿Cuál podría ser el valor justo para resarcir el daño? ¿Algún monto proporcional a la capacidad de pago del deudor? No. La jueza planteo 16.000 millones de dólares**. Es decir que por el supuesto perjuicio a una minoría de accionistas se exige un pago superior al valor total de la empresa. Como la empresa no tendría para pagar ese dinero, y debería pasarle todos los fierros de YPF a Bulford, la jueza pícara actuó contra el tesoro nacional. Para que todos los argentinos escarmentemos que eso de nacionalizar empresas “no se hace”. Sí, “no se puede”. Aunque la empresa haya sido una creación 100% del pueblo argentino.

Como va quedando demostrado el saqueo no es un acto aislado de corrupción. Es un sistema que nos viene castigando y empobreciendo. Castigando para doblegar nuestro espíritu rebelde y creativo, y empobreciéndo para que las necesidades básicas insatisfechas no dejen lugar al sueño de construir una Patria para todos. Para el imperio, con una pequeña oligarquía cipaya mas una porción de la clase media alta alcanza. Sobramos el 80% de los argentinos. Ésta es la historia que hay que cambiar, no profundizar.

 

 

Aclaraciones
*Las prórrogas, en todo caso, se justifican cuando se trata de ámbitos, espacios o acuerdos internacionales; en los cuales se tiene la oportunidad de intercambiar opiniones de igual a igual con otros países; preservando el derecho a veto, cuando los valores materiales o espirituales de la Nación están en juego.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es un contraejemplo en tanto y en cuanto cinco naciones (EEUU, China, Reino Unido, Rusia y Francia) se han reservado el derecho a veto por sobre el resto de los integrantes de la ONU.

Las relaciones de fuerza juegan un papel importante, pero no pueden ser determinantes. No podría ser cierto que solo los más fuertes tengan la razón. La razón es una fuerza que siempre pueden esgrimir los más débiles, en provecho de la justicia.

Las ambiciones permanentes de las naciones poderosas por imponer su voluntad, es un dato de la realidad. Así como la hidalguía de enfrentarlos cuando el Estado más débil ve desprotegidos los derechos de sus ciudadanos. En estos siempre está planteada la disyuntiva de: rendirse a los más fuertes para mantener su interesada amistad o confrontar por la justicia en el campo del derecho. Discernir correctamente en cada oportunidad hace al ejercicio de una buena diplomacia.

** Un plan para construir escuelas de educación técnica de nivel secundario, presupuesto un costo para cada escuela de 4 millones de dólares. Es decir que la señora Preska, porque Argentina no cumplió el reglamento interno de una empresa privada, nos impone un costo equivalente a 4.000 (cuatro mil) escuelas de educación técnica de nivel secundario.

O, tomando el costo de 1 millón de dólares el km de ruta; sería el equivalente a la construcción de una ruta nueva de 16.000 km. Más de 3 veces la extensión de la ruta 40 (5,194 km) Etc.

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OPINIÓN

«La educación: ¿Servicio esencial?», por Raúl Ferrara

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La falta de convocatoria del gobierno para la paritaria nacional docente despierta las alertas del sector sindical. Las posibles medidas de fuerza que impidan el inicio de clases vuelven a instalar el debate sobre las limitaciones al derecho de huelga y la esencialidad de la educación a esos efectos.

Cada año, más o menos para la misma fecha, es decir durante el mes de febrero, se empiezan a despertar las alertas en la sociedad sobre el inicio (o no) del ciclo lectivo, con origen en los reclamos de actualización salarial y de condiciones de trabajo, del colectivo de trabajadoras y trabajadores de la educación.

También cada año, los reclamos en cuestión se canalizan (al menos así era hasta este año) por su canal natural que es la negociación colectiva, primero a nivel nacional -en la que se fija el piso salarial para todo el país- y luego en cada una de las jurisdicciones provinciales y la Ciudad de Buenos Aires.

La incertidumbre de la sociedad es aprovechada por ciertos sectores de la política para instalar en el inconsciente colectivo la idea de que la educación es un servicio esencial (como si esta categoría definiera la importancia de un servicio) y que a partir de la declaración de esencialidad se debe prohibir o limitar el derecho de huelga de las y los docentes que reclaman por la mejora de sus condiciones de trabajo.

Estas ideas toman particular ímpetu cuando se dan en un contexto de criminalización de la protesta social y de persecución y escarnio público al más alto nivel institucional de cualquiera que exprese opiniones contrarias al gobierno.

Ahora bien, detrás de esa discusión “mediática” poco y nada se informa a la sociedad sobre
qué significa un “servicio esencial”, cual es el régimen aplicable, qué sostienen los organismos internacionales al respecto y, en definitiva, si es viable, como se ha dicho recientemente, la declaración como servicio esencial por decreto presidencial o por cualquier otro tipo de acto del poder ejecutivo.

Pero primero, lo primero…

En el mundo occidental moderno, ese de las libertades a las que tanto se invoca, la huelga es un derecho protegido. Hace rato hemos superado la etapa de la persecución criminal de huelguistas del siglo XIX o la etapa de la mera tolerancia de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. A partir de la primera guerra mundial, el derecho de huelga goza de amplio reconocimiento y protección normativa.

En nuestro país se encuentra expresamente reconocido en la Constitución Nacional que en
el art. 14 bis reza “Queda garantizado a los gremios (…) el derecho de huelga”.

A ello se agrega que la reforma del año 1994, reforzó la garantía al otorgar la máxima jerarquía normativa a un grupo de tratados internacionales (artículo 75, inciso 22, 2º párrafo, CN.), entre los que se destaca el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que remiten al Convenio Nº 87 de la OIT que tutela el derecho de huelga como libertad sindical de acción.

¿Qué dice el Convenio 87 al respecto?

Por un lado, impone la abstención de toda injerencia que tienda a limitar la autonomía de las organizaciones o entorpecer su ejercicio (art. 3.2); por otro, prohíbe a las legislaciones nacionales y a los órganos encargados de aplicarlas, todo menoscabo a sus garantías (art. 8.2) y garantiza la autonomía de los trabajadores para formular su «programa de acción».

La redacción del artículo 14 bis C.N. respecto de la tutela constitucional del derecho de huelga es una exteriorización del respeto por parte del Poder Constituyente a la eficacia autónoma de los derechos colectivos fundamentales. En la práctica, ello importa que toda restricción al ejercicio de estos derechos debe provenir, como mínimo, de fuente legal (cfr. art. 28, CN), resultando imposible a la reglamentación vulnerar esta garantía a través de la atribución de potestades legislativas, la elaboración de excepciones conceptuales o de enumeraciones extensas o abiertas de las actividades comprendidas en dicha categoría -de interpretación necesariamente restrictiva- o de injerencias que impliquen un menoscabo al ejercicio de este derecho derivado de la libertad sindical (cfr. art. 8.2, Convenio n° 87).

Pero entonces, es válido preguntarnos si ese derecho admite algún tipo de restricción o limitación y cuáles serían sus condiciones y alcance. Ello nos lleva al debate sobre qué es un servicio esencial, es decir aquel susceptible de admitir alguna limitación para el ejercicio del derecho de huelga, y qué no lo es y si, además, en esa materia existe sinonimia entre “esencial” e importante o trascendental.

La Organización Internacional del Trabajo, centenario organismo especializado de Naciones Unidas, único de composición tripartita (estados, trabajadores y empleadores), sostiene que «para determinar los casos en los que podría prohibirse la huelga, el criterio determinante es la existencia de una amenaza evidente e inminente para la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población”. Queda claro que en esa caracterización de esencialidad, no se incluye -a priori- a la educación, no porque se la descalifique como servicio importante o trascendental para la sociedad sino porque la esencialidad, a los efectos de la limitación del derecho de huelga, se sustenta en el PELIGRO PARA LA VIDA, LA SEGURIDAD O LA SALUD de la población. Sin embargo, también debe señalarse que este concepto general no es absoluto puesto que un servicio no esencial puede convertirse en esencial, en
determinadas circunstancias y cumpliendo determinadas instancias.

Al respecto existen numerosos antecedentes en los que se ha expedido el Comité de Libertad Sindical de OIT analizando los casos concretos objeto de denuncia y que pueden ser consultados en la web del organismo.

En síntesis, de acuerdo con el ordenamiento vigente, las fuentes con potestad de definir válidamente los límites al ejercicio del derecho fundamental de huelga, son: la propia Constitución Nacional (y los tratados internacionales de jerarquía superior a las leyes), la autonomía colectiva y la ley. Por ende, sólo de cualquiera de estos instrumentos puede surgir la determinación del concepto de servicios esenciales a los efectos de su utilización como límite all mencionado derecho Actualmente, en nuestro país, es la Ley 25.877 la que regula el ejercicio de huelga en los servicios esenciales disponiendo la garantía de los servicios mínimos que obsten a la interrupción de aquéllos La norma no define a los servicios esenciales para la comunidad, sino que los enumera y luego permite una extensión a otras actividades a través de un órgano independiente.

La enumeración legal de los servicios esenciales comprende: «los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo.» Con excepción de la producción y distribución de gas, las actividades enumeradas integran el grupo de servicios que los órganos de control de normas de la OIT consideran «esenciales en el sentido estricto del término». Tampoco se incluyó en el articulado de nuestra ley a los servicios telefónicos, que integraban la
categoría en los criterios de los órganos de control de la OIT.

Como ya habíamos anticipado más arriba, esta enunciación no es absoluta pues se contempla la posibilidad excepcional de ampliarlo a «una actividad no comprendida» en esa enumeración mediante una calificación realizada “por una comisión independiente”, previa apertura del procedimiento de conciliación obligatoria previsto en la legislación. Esta comisión de garantías se integra por 5 miembros en representación de las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas, de la ACADEMIA NACIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE BUENOS AIRES, del CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL (C.I.N.) y un representante del ejecutivo.

Para ello deben además darse alguno de los siguientes supuestos: 1) Que la duración y extensión territorial de la interrupción de la actividad, la ejecución de la medida pudiere poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población. 2) Que se tratare de un servicio público de importancia trascendental, conforme los criterios de los organismos de control de la Organización Internacional del Trabajo».

¿Es entonces la educación susceptible de ser declarada un servicio esencial?

Más allá de la desinformada opinión de algún trasnochado tuitero con altas responsabilidades institucionales es oportuno recordar que la temática no tiene nada de novedosa y que ya habido numerosos antecedentes en que se ha expedido el COMITE DE LIBERTAD SINDICAL de OIT, incluso respecto de nuestro país (Caso NEUQUEN), sosteniendo que “el sector de la educación en general no constituye un servicio esencial en el sentido estricto del término y recordó que en casos de huelga de larga duración en el sector de la educación pueden establecerse servicios mínimos en consulta plena con los interlocutores sociales”.

En el citado caso, la OIT solicitó “con insistencia al Gobierno que vele por que en el futuro, en caso de conflicto en el sector de la educación en la Argentina, en el marco del cual se realice una huelga de larga duración, se tomen medidas para que en la definición de los servicios mínimos participen no sólo las autoridades públicas, sino también las organizaciones de trabajadores y de empleadores interesadas”.

Las claridad meridiana del Comité de Libertad Sindical me eximen de mayores comentarios.

CONCLUSIONES

En este breve análisis, que no pretende ser un artículo de doctrina jurídica sino un pequeño aporte para echar luz sobre el humo mediático en la materia, queda claro que la educación no es un servicio esencial en sentido estricto que justifique limitar apriorísticamente el ejercicio del derecho de huelga.

La eventual evaluación sobre la imposición de alguna restricción a su ejercicio sólo es factible frente a un conflicto ya desatado, de larga duración, previo a haber transitado y agotado los mecanismos de rango legal de conciliación obligatoria y respetando un procedimiento del que participen los actores sociales como el que ya está previsto en la legislación … nunca mediante una decisión unilateral del gobierno de turno.

(1) Es Abogado Laboralista. Ha sido Director Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo.

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OPINIÓN

«Es el saqueo a la Argentina, así de sencillo (37)», por Mario Mazzitelli

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NO PRIVATIZAR NADA*.

Jibarizar el Estado para tupacamarizar el territorio, ese es el plan del enemigo. Dividirnos hasta donde puedan. Despojarnos de los bienes naturales. Empobrecernos para derrotarnos (Federico Sturzenegger en Harvard -EEUU-: «Hay que empobrecer a los grupos de interés -el pueblo argentino- para ganarles la pelea») Transformarnos en territorio de sacrificio para el extractivismo y desechar como escoria a la población inútil a su proyecto. Tributar al centro del sistema desde una periferia subalterna. Hacernos pagar -ad infinitum- una deuda artificial, ilegítima y fraudulenta; fabricada para el saqueo material y la subordinación política. Inducirnos a una guerra para infligirnos una derrota aleccionadora, con la Otan no se jode. Amamantar al interior de nuestra sociedad a una elite colonizada política, cultural, ideológica y económicamente. Alinearnos automáticamente en relaciones carnales desgarradoras. Subordinar los instrumentos de la defensa para que apunten sus armas contra el pueblo y volviéndolos inofensivos frente a la potencia invasora, que disputa el dominio sobre una gran parte de nuestro territorio. Desalentar al pueblo para que cunda la resignación. Hundirnos en la derrota. Lograr que una parte de la dirigencia popular diga que son irreversibles algunas medidas, como la dolarización, o las privatizaciones.

Al enemigo le debemos hacer saber que “No somos empanadas que se comen sin más que abrir la boca” parafraseando a San Martín. «Y si no, andaremos en pelotas como nuestros paisanos, los indios»; «seamos libres y lo demás no importa nada»; porque la verdadera libertad es la del alma, como bien nos propone San Martín. La libertad del alma es la que nos hace materialmente libres. Con ese espíritu, la extorsión del imperio para señalarnos las privaciones que vamos a pasar si no nos subordinamos, se vuelven vanas, huecas, insustanciales. El pueblo como un cuerpo, solo obtiene la libertad en la medida que cada uno es libre en el marco de la libertad colectiva. Y el instrumento de esa libertad colectiva es el aparato político, jurídico, económico creado a tal fin: el Estado Nación. Fundado para el ejercicio colectivo e individual de la libertad. Sin Estado ningún pueblo puede ser libre.

Por eso el Estado (sobre todo en un país de la periferia del capitalismo global) debe intervenir de manera inteligente en el desarrollo económico de la Nación. Puede crear empresas de la nada, contando con las capacidades laborales, los recursos naturales y la voluntad soberana para hacerlo. Por eso hicimos YPF, Aerolíneas Argentinas, Tandanor, Banco Nación, etc. como en su momento Somisa, Entel, Astilleros Río Santiago, Trenes Argentinos, Hidronor, Nucleoeléctrica Argentina S.A. Fabricaciones Militares, etc. Estas decisiones estratégicas, de buenos gobiernos argentinos, fueron bombardeadas sistemáticamente. Siempre. En forma abierta o encubierta. Con campañas de desprestigio, colonizando sus directorios con gerentes de empresas privadas que van a sabotear a la empresa pública (Juan José Aranguren, hombre de la Shell, ex ministro de Energía de Macri, es procesado por negociaciones incompatibles con la función pública, al favorecer – desde el Estado – a sus anteriores empleadores. Hay cientos de ejemplos) También endeudándolas, haciéndolas ineficientes, deficitarias, brindando un servicio deficiente, administrándolas sin una estrategia clara, explícita y democráticamente consensuada. Hoy vienen por el saqueo de este patrimonio común de todos los argentinos. No hay que dejar que se privatice nada.

PRIVATIZAR ES AUMENTAR EL PRECIO DE LOS BIENES Y SERVICIOS.

Es simple entenderlo. Una empresa bien administrada brinda los mejores bienes y/o servicios al menor costo. Para esto la gerencia debe lograr la mejor organización de su personal, el uso eficaz de sus herramientas e infraestructura, el más alto grado de capacitación y disciplina, el protagonismo para inducir cambios favorables al funcionamiento, el compromiso con la empresa y los clientes, la propia participación de los clientes a la hora de proponer buenas ideas, buen trato con los proveedores, plan de inversiones, control y mejoramiento de los procesos, auditorias, evaluaciones y comparaciones permanentes, cuidado del ambiente, compromiso con la sociedad y el Estado al que pertenece y constituye.

Todo esto va a tener un costo que, desde mi punto de vista, debe ser cubierto por los usuarios (Consumidores que van a tener preferencia por una empresa que les pertenece. Además, del orgullo; como supimos tener con algunas de las nombradas) La privatización implica sumar al costo la ganancia de los nuevos dueños. Es decir: un aumento de los precios de los bienes y/o servicios, sin ninguna ventaja real. Por algo se desarrollan las empresas públicas.

Stock y flujo.

Cada empresa representa un stock de capital acumulado por la sociedad (inversiones desde el Estado) y los trabajadores (ganancias reinvertidas) Transferir este stock de capital es un mal negocio para el pueblo.

En primer lugar porque significa una transferencia de riqueza del pueblo a los grupos económicos concentrados (nativos o extranjeros) Siempre se paga menos que el valor de mercado y se lo hace pasar como si nos hicieran un favor. (Nos toman el pelo los que se quedan con nuestro patrimonio a precio de ganga.)

En segundo lugar porque es una pérdida de poder del Estado y del pueblo, para otorgarlo a compañías privadas que, cuando no tienen un objetivo geopolítico en favor de sus Estados Nación, solo miran como optimizar sus ganancias. Sin compromiso con el destino colectivo de los argentinos.

En tercer lugar, porque a partir del momento en que empiezan a facturar se produce un flujo permanente de recursos destinados a estas empresas, cuyo destino nada tendrá que ver con el desarrollo nacional, sino con las ganancias de sus accionistas.

En definitiva un negocio pésimo para las grandes mayorías y excelente para unos pocos.

En cambio: si alguien quiere realizar una nueva inversión de riesgo para competir con una empresa estatal, bienvenido. Obligará al gerenciamiento estatal a no dormirse sobre los laureles y mantenerse todo lo cerca que pueda de la punta tecnológica y organizativa, brindando mejores productos a la sociedad.

LOS GOBIERNOS DEL PUEBLO NO PRIVATIZAN.

Si la Democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo; el gobierno no lo despoja de sus empresas para favorecer a pequeños grupos capitalistas. Podríamos decir: ningún gobierno enteramente democrático privatiza. Si privatiza es un gobierno plutocrático, aristocrático, oligárquico o anarco-capitalista. El haber logrado el voto con ardides de campaña no habilita para la enajenación del patrimonio de todos.

Por estas razones el bloque nacional de poder no debe dejar que se privatice nada. Y frente al peligro del despojo, lejos de llorar por lo irreversible del asunto, debe alertar a los inversores que esas privatizaciones serán revertidas, apenas cambie el color político de la administración pública nacional.

Veamos un ejemplo.

ARSAT es una empresa de telecomunicaciones del Estado Argentino que brinda servicios de transmisión de datos, telefonía y televisión por medio de infraestructura terrestre, aérea y espacial. INVAP es otra empresa del Estado que unió la investigación científica con la industria. Esta logró ubicarse en los primeros lugares en el mundo en tecnología nuclear, defensa, aeroespacial, seguridad, ambiente y medicina.

INVAP construyó el satélite ARSAT-1 de comunicaciones geoestacionario que brinda servicios de telecomunicaciones, transmisión de datos, acceso a Internet, telefonía IP y televisión digital, para Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y parte de Bolivia. Con el ARSAT-1 la Argentina se convirtió en una de las ocho naciones del mundo en capacidad de desarrollar y producir sus propios satélites geoestacionarios.

Parece que Elon Musk y Carlos Slim tienen interés en su compra. Un gobierno obnubilado por el deseo de dolarizar (otra medida contraria al desarrollo nacional, pero reversible como veremos en otra nota) quiere liquidar las empresas por unos cientos de millones de dólares.

Como dijimos arriba esta es una transferencia permanente del stock de capital nacional a dichos actores, más el flujo por el pago continuo de sus servicios. Pero hay más.

Estas empresas son una muestra de las capacidades que tenemos los argentinos en estas materias. De manera que sirven de ejemplo y estímulo para millones de jóvenes que pueden observar que en la disputa por la punta tecnológica, el desarrollo científico, la producción y la innovación sistemática, ellos son testigos del presente y pueden ser los protagonistas en el futuro. De manera que defenderla para el desarrollo nacional es importante desde la educación, las finanzas,…..y el futuro.

Alguien puede decir: “si son privadas serán más eficientes”, este es un latiguillo de los saqueadores. Veamos ¿Qué harían Elon Musk o Carlos Slim en caso de comprar la empresa? Pondrían a cargo una gerencia de su confianza para que acoplen ARSAT e INVAP a su estrategia global de negocios. Pero ¿Qué tenemos que ver nosotros con la estrategia global de negocios de estos empresarios extranjeros? Además, si ellos pueden poner una gerencia eficiente para sus objetivos ¿Qué le impediría al Estado argentino conseguir un gerenciamiento altamente calificado que disponga la orientación de las empresas en función de los objetivos nacionales? ¿Qué nos llevaría a pensar que gerentes elegidos por empresarios (motivados únicamente por el afán de dinero) serían más eficientes que otros elegidos por el Estado nacional (que además del dinero estén motivados por un impulso patriótico y vocación de servicio)?

OTRO EJEMPLO: AYSA.

En la segunda mitad del siglo XIX, Buenos Aires sufrió la epidemia del cólera y de la fiebre amarilla. Hizo estragos en los barrios humildes, entre otras cosas por la falta de higiene. En 1892 se constituyó la Comisión de Obras de Salubridad. En 1909 se elaboró el primer plan nacional de saneamiento. En 1912 se fundó Obras Sanitarias de la Nación. Su historia, como la de tantas otras empresas nacionales, debería sumarse a la currícula educativa. En el proceso de jibarización (desguace del Estado) en 1993 se privatizó a favor del grupo Suez de Francia. No funcionó bien. En 2006 se creó AySA (Agua y Saneamientos Argentinos) que brinda el servicio de agua corriente y cloacas, en CABA y la mayoría de los municipios del conurbano.

La última boleta que pagué fue de $ 7.902.51. Agua abundante, de buena calidad y cloacas. La boleta del servicio de internet, TV…más que triplica ese monto. Algo no anda bien.

La empresa tiene balances deficitarios ¿Eso justificaría su privatización? No. En absoluto. Como quedó dicho más arriba, los privados solo subirían la tarifa para pasarla a modo superavitario. Al ser una prestación monopólica puede manejar los precios a su antojo. El tema es el criterio político. Si un gobierno otorga un Ingreso Básico Universal, como corresponde; luego no tiene que subsidiar ni el agua, ni la luz, ni el gas. La empresa puede regirse con criterios de alta eficiencia, con sus planes de inversión a full, sin que a nadie le falte el agua ni las cloacas.

LAS EMPRESAS DEL ESTADO Y EL DÉFICIT FISCAL

Las empresas del Estado pueden ayudar a sostener el erario público. Si las empresas fueran altamente superavitarias (con ganancias cuya inversión sobreabundante no se justifica) bien pueden aportar sus ganancias al tesoro nacional, para aliviar las cargas tributarias.

Estas empresas pueden resultar claves a la hora de recuperar rentas extraordinarias; producto de posiciones dominantes, servicios monopólicos, bienes naturales escasos (energía, minería, pesca, etc.) De esa manera el pueblo recupera lo que le pertenece para destinarlo a otros objetivos: salud, educación, seguridad, infraestructura, etc. y no ganancia privada de accionistas que – en algunos casos – ni viven en el país. Impidiendo, por ejemplo, que agua argentina, movida con en energía argentina, por trabajadores argentinos, sobre instalaciones argentinas, etc. pagadas en moneda argentina; deban cambiarse a dólares para que se vayan al exterior, a llenar otros bolsillos y engordar otras economías ¿Cuál es el negocio? ¿En serio quienes nos gobiernan son economistas? ¿O apenas son agentes del capitalismo internacional?

OTRO EJEMPLO

El Dr. Alberto M. Schprejer, ex vicepresidente de TANDANOR, escribió una nota magnífica refutando los argumentos de los saqueadores. Los próximos son párrafos de su escrito:

El argumento del déficit fiscal, “no abarca a TANDANOR, dado que los balances contables de los años 2020/2021/2022 y 2023, auditados por la AGN (Auditoría General de la Nación), fueron positivos. La empresa es superavitaria y no recibe subsidios del Estado, se autofinancia, los salarios de los trabajadores se pagan con el resultado de la producción.” “Con 144 años de existencia TANDANOR es una empresa estratégica en el marco de la industria para la defensa. Es líder de la industria naval y defensora, junto a otros actores, de nuestra soberanía nacional.” “TANDANOR no debe ser privatizada porque cuenta con una infraestructura única en Latinoamérica. En sus 34 hectáreas se encuentra instalado un ascensor de buques (SYNCROLIFT) con una capacidad de elevación de hasta 15.000 toneladas, posee una capacidad de transferencia de 11.700 toneladas, 4 gradas de trabajo y 1.400 metros de muelles.” “Además, la Armada Argentina le cedió el uso de las instalaciones del Astillero Almirante Storni, cuyas instalaciones y su capacidad productiva son similares a las de los astilleros más modernos del mundo, todos estatales”. “¿Por qué son todos estatales? Porque los Estados Nacionales se reservan el poder de defender su soberanía y de construir las herramientas para el logro de ese objetivo.” “Durante los años 2022/2023 junto al Ministerio de Defensa de la Nación y a las empresas Thyssen Group (Alemania) y Naval Group (Francia), se trabajó intensamente en la reformulación y puesta en valor del proyecto de construcción de tres submarinos, para que Argentina vuelva a contar con una fuerza que le permita ejercer su poder disuasivo frente a potenciales agresores estatales extranjeros. Ambas empresas destacaron las capacidades edilicias, humanas y de infraestructura de TANDANOR para la ejecución de este proyecto.” Voy al cierre de la nota: “Dada la cercanía con el proyecto que desarrollará IRSA, del empresario Eduardo Elsztain, en la vieja ciudad deportiva de Boca Juniors, parece factible su interés en los terrenos del astillero.”

Así es, como repetía nuestro querido amigo Pino Solanas “Negocios privados con bienes públicos”.

FINALMENTE

Cuenta Homero en la Odisea que durante la guerra de Troya, los griegos (impotentes para vencer a los troyanos, dada la fortalece de los muros que protegían a la ciudad y la voluntad inquebrantable en resistir la invasión) idearon un Caballo de madera que regalaron como prenda de amistad a sus enemigos. Estos, con gran ingenuidad, lo aceptaron. Lo ingresaron ellos mismos a través de sus muros, sin advertir que en el interior del animal estaban escondidos los atacantes griegos. Durante la noche, cuando las defensas estuvieron bajas, los soldados salieron del Caballo de Troya, ocasionándoles a los valientes troyanos una derrota definitiva. La enseñanza de aquella historia, no es en torno al tipo de animal. Puede ser gato, pato o león. Lo importante es entender que no se puede confiar en los enemigos y tampoco bajar las defensas en ningún momento. Si 32 siglos después no lo hemos aprendido, estamos en problema.

Ni jibarización, ni tupacamarización, ni privatización. La soberanía nacional no se negocia.

*En este caso utilizo la palabra “nada” como sinónimo de insignificancia, infinitesimal o muy pequeño.

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OPINIÓN

«La Región como instrumento de desarrollo», por Ezequiel Beer

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El desarrollo de la actividad económica en sus fases de inversión, producción, consumo e intercambio deberá considerar a las regiones como un instrumento esencial a fin de materializar resultados que permitan generar un desarrollo económico tanto a corto como a largo plazo.

Es bien sabido que nuestro país cuenta con un vasto territorio, con recursos de significación y zonas con extensos vacíos geoeconómicos y poblacionales, y una de las más amplias plataformas continentales del planeta – equivalente a la tercera parte de la superficie emergida del territorio nacional – con riquezas subutilizadas ; aunque hoy existan ciertos condicionamientos por deterioro de sistemas ambientales y ecológicos y de hecho no se esté en condiciones óptimas para ejercer la soberanía sobre ellos.

La política económica deberá hallarse caracterizada en primer lugar por una prevalecencia inmediata del mercado interno argentino concordante con el intercambio comercial de los países suscriptores en los tratados del Mercosur, potencializando los sectores y recursos estratégicos de cada una de las regiones argentinas a través de una política de integración común en cuanto a la infraestructura, comunicaciones, tecnología y educación.

Las exportaciones de los países mas desarrollados se hallan alrededor del 8 al 12% de su Pruducto Interno Bruto (PIB), de allí surge la importancia que presenta el aumento de los niveles de exportación al mercado regional.

Bajo esta perspectiva, debemos destacar que las actuales condiciones de los mercados externos ( tanto la Comunidad Económica Europea como así también los Estados Unidos) se caracterizan por presentar fuertes barreras arancelarias y pujas comerciales en pos del predominio del mercado mundial que no se encuentran ajenas a las posibilidades de desarrollo tanto de nuestro país como de la región del Cono Sur.

Es por ello necesario efectuar un diagnóstico actualizado de las posibilidades de concatenación de las actividades económicas de cada una de las regiones, a través de políticas activas en la generación de pequeñas y medianas empresas y de agencias de fomento para dicho fin – tanto a nivel provincial como municipal-, la re-funcionalización de las distintas zonas francas provinciales a partir de su utilización como grandes centros logísticos, efecto directo de sus condiciones específicas de localización.

La finalización y proyección de obras públicas debe ser también un aspecto esencial en la consideración de la región como un instrumento de desarrollo, tales como el ferrocarril Trasandino del Sur cuya concreción permitirá unir el Atlántico con el Pacífico a través de Zapala (Neuquén) y Lonquimay (Chile); el ferrocarril Transpatagónico.
Paralelamente se deberá considerar la re-funcionalización a través de la inversión y modernización de los tramos regionalmente estratégicos de la red ferroviaria argentina en pos de la obtensión de economias de escala en el transporte de cargas – tanto interno como externo- y la posibilidad de ser un medio de transporte estimulante al flujo de pasajeros, como objeto de la actividad turística como asi también como vínculo que integre el mercado de trabajo ( Ej: EEUU).

Complementariamente, se deberá estudiar la prefactibilidad con respecto a la generación de corredores ferroviarios del Mercosur ( previa unificación de trochas) a través de las siguientes trazas:

– Buenos Aires/Montevideo ( via ferry o puente ferroviario sobre el Rio de la Plata) / Porto Alegre/ Sao Pablo.
– Buenos Aires/ Posadas/ Iguazú/Curitiba
– Buenos Aires/Cordoba/Asunción/Sao Pablo
– Posadas/Porto Alegre

Las experiencias internacionales en relación a los procesos de regionalización e integración económica indican que los Estados Nacionales constituyen fondos comunes de compensación cuyo fin es la transferencia de recursos a aquellas regiones mas desfavorecidas y postergadas, fruto del crecimiento asimétrico de cada una de las regiones.
Para el caso de nuestro país una re- definición de los mecanismos fiscales tanto en el origen de la captación como en la distribución de los recursos monetarios en pos de un sistema impositivo progresivo en el marco de políticas anteriormente descriptas, generarán como resultado un desarrollo alentador en el corto plazo gracias al aumento de la actividad económica.

Ante dicho superavit fiscal la concreción de fondos de desarrollo regional será un instrumento económico adecuado, contando para ello con un organismo de contralor oficial tal como la Sindicatura General de la Nación, que a través de la verificación in situ y de la evaluación de la evolución de indicadores construidos a tal fin auditará los recursos invertidos.

La aplicación de dichos fondos debera ser direccionada – entre otras medidas – hacia una política de desarrollo industrial nacional4 basada en la producción de bienes finales e intermedios y aquellos de mayor contenido tecnológico a partir de las siguientes objetivos:

· La incorporación de tecnología de punta por parte de las pequeñas y medianas empresas vía el redireccionamiento del crédito público y con aranceles y tipo de cambio favorables.

· Radicación de las industrias de transformación en los lugares de producción, minimizando así los costos de transporte, estimulando el crecimiento regional y evitando la migración forzosa hacia las grandes concentraciones urbanas.

· Fomento y reapertura de laboratorios de investigación, talleres y centros de entrenamiento e industrias proveedoras locales destinadas al abastecimiento de las empresas de servicios.

Paralelamente, no debemos dejar de efectuar un severo análisis con respecto al destino de los excedentes originados por la elevada renta petrolera (desnacionalizada en la actualidad) y la renta agropecuaria cuyas transferencias se hayan fuera de las fronteras nacionales, producto de la insuficiencia en la política de control de cambios y obtensión de divisas por parte del debilitado estado argentino ( fruto de decreto presidencial del gobierno del Dr. Menem que permite liquidar hasta un 70% de divisas fuera del país); generando operaciones especulativas cambiarias que afectan sensiblemente los índices de inflación asociados a una estructura de costos interna con fuertes dependencias externas.

Al respecto, se deberá considerar, entre otras medidas, la implantación de precios internos de acuerdo a sus costos de producción reales y las utilidades de la refinación y comercialización ( mas impuestos) como es el caso de Venezuela, Ecuador y Colombia ( actualmente el precio del barril de petróleo se basa en el Western Texas Intermediate (WTI) que desconoce los costos de producción locales y cobra el barril como si fuera importado), la creación de un ente regulador de la explotación de hidrocarburos y la aplcación de un impuesto a la renta petrolera. El conjunto de estas medidas permitirán recuperar recursos a las arcas del Estado Nacional.

Por último, no debemos dejar de subrayar la necesidad de evaluar cuidadosamente los contratos de concesiones viales y la eventual modificación de la Ley Nacional 17.520 que permitió la privatización de la red vial argentina, en función del impacto de las tarifas en los costos de transporte y su proyección sobre los índices de precios y competitividad de los productos exportables.

En materia de experiencias internacionales, en la República Federal de Alemania se haya prohibido el peaje en las “ autobahn” y en Australia sólo se aplica en los accesos urbanos donde el nivel de congestión de tránsito lo justifica.

Ezequiel Beer
Geografo UBA
Analista Politico

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