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OPINIÓN

Es el saqueo, así de sencillo (15) por Mario Mazzitelli.

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Los aeropuertos y las privatizaciones.

“Todo lo que da ganancia a manos privadas. Todo lo que da pérdida a manos del Estado”. Para quienes no lo saben, la buena administración de los bienes públicos, es una de las fuentes de ingresos con los que se solventa el Estado. Incluso antes del cobro de impuestos. Permitiendo recaudar tributos bajos, dándole competitividad a la economía y cubriendo las obligaciones de un Estado moderno del SXXI.

Así fue con YPF durante la gestión (Hace 100 años) del general Enrique Mosconi. Supero en eficiencia a las empresas privadas. Hecho que no le perdonarían la Standard Oil y la Royal Dutch Shell. Posteriores gestiones de la empresa, que siguieron la línea del gran general, tuvieron un éxito similar. Por eso no hay que entregar YPF ni el patrimonio público, hay que volver a Mosconi.

Nos contaba Pino Solanas que el ingeniero Julio V. Canessa, en Gas del Estado, para entregar un lápiz a un empleado exigía que este entregara el último resto del lápiz gastado. Se cuidaba el dinero público con un celo extraordinario.

Pero todo fue cambiando. Saboteadas desde adentro y afuera, la administración de bienes públicos fue cayendo en una zona gris, de desatención y derrumbe. El gobierno de Menem había llegado para despertar el espíritu patriótico y sacar de la modorra una burocracia enquistada, que todo lo echaba a perder. Pero pronto adoptaría los criterios del desmantelamiento del Estado y el saqueo de los grandes grupos económicos.

Hacia 1998 el gobierno de Carlos Menem había entregado la mayor parte de las joyas de la abuela. Sin embargo, algunos empresarios se sentían con las manos vacías y veían negocios de sencilla rentabilidad en manos del Estado. “Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado”, decía en un acto fallido, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi. Así los aeropuertos que estaban en manos del Estado y que podían ser rentables con una administración eficiente y creativa, pasarían -a través de una concesión- a manos privadas.

El negocio aerocomercial

Desde hace varias décadas se debate en torno a Aerolíneas Argentinas. Nuestra línea de bandera fundada en 1950 (reuniendo a cuatro aerolíneas pre-existentes: Aeroposta, A.L.F.A., FAMA y Z.O.N.D.A.) posibilitó que el país pudiera darse una política estratégica articulando distintos objetivos: integración territorial (dada la enorme extensión del país), progreso de zonas periféricas (para la ocupación racional del territorio), desarrollo económico, crecimiento turístico, una línea de bandera que nos representará en el mundo, una prestación segura y eficiente, etc. En definitiva un servicio público para el transporte de pasajeros y cargas. Con un balance financiero que justificara, razonablemente, la relación con los fines propuestos. Es decir el motivo de su existencia no era el lucro, sino cumplir con otros objetivos. Estratégicos. De más largo plazo. Donde el privado no ve el beneficio inmediato y no invierte, el Estado cumple su tarea. La conectividad es una cuestión de Estado no de los privados. Aunque puedan participar activamente en el negocio.

Cabe aclarar que Aerolíneas Argentinas al momento de su privatización (1990, gobierno de Menem) era rentable y su balance mostraba ganancias. Su deuda era sostenible. Pero al momento de la privatización el activo fue a la privada extranjera y el pasivo al Estado Nacional ¿Por qué privatizarla entonces?
Dos razones.
Una: transferir el patrimonio y esas ganancias al sector privado; trasladanco las pérdidas y deudas a los hombros de los argentinos. Es decir: saquear al pueblo, dado que la empresa era fruto del esfuerzo, trabajo y ahorro de los argentinos.
Dos: desarticular al Estado Nación para volverlo inoperante. Es decir, dejar sin poder a los gobiernos democráticos, frente al dominio omnímodo de las empresas privadas. Las potencias occidentales de aquellos años, tenían muy presente el papel estratégico que Aerolíneas había cumplido en la guerra de Malvinas.

Mucho se habla de las líneas aéreas y poco de los aeropuertos.

Todo viaje en avión, legal y de cierta importancia, se inicia en un aeropuerto y termina en un aeropuerto. Función por la cual resulta en un componente esencial y constitutivo del Sistema de Transporte Aerocomercial. No hay alternativa. Si usted viene a Buenos Aires va a Ezeiza “Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini” o al Aeroparque Jorge Newbery. Las rutas de los aviones se adecúan a los aeropuertos. Es una porción del territorio sobre el que se construyen pistas, torre de control, hangares, depósito de combustibles, espacio de espera para pasajeros con los servicios correspondientes, depósitos de carga, etc. Allí se produce el aterrizaje y despegue de los aviones, el ingreso y egreso de los pasajeros, la carga y descarga de valijas, mercancías, etc., el aprovisionamiento de combustible, la revisión técnica, en fin. Es un monopolio natural. Si le damos a una empresa privada el manejo de decenas de aeropuertos, le cedemos el manejo monopólico de los aeropuertos. No solo la posibilidad de tener una alta renta. También una porción de poder significativa.

Veamos.

En 1998, Menem ejecutó la privatización aeroportuaria. Así originó el Sistema Nacional de Aeropuertos y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos. Por una licitación con deficiencias, que luego se iban a notar, Eduardo Eurnekian logró la concesión de 33 aeropuertos, a lo largo de 30 años (1998/2028) a través de la empresa Aeropuertos Argentina 2000 S.A.

Además del aeropuerto de Ezeiza “General Pistarini” y el aeroparque “Jorge Newberý” ya mencionados, son…
En provincia de Buenos Aires: San Fernando, El Palomar, Mar del Plata;
Córdoba el Aeropuerto Internacional de Córdoba y el de Río Cuarto,
Mendoza: Malargüe, Mendoza y San Rafael,
Río Negro: San Carlos de Bariloche y Viedma,
Chubut: los aeropuertos de Comodoro Rivadavia, Esquel y Puerto Madryn,
La Pampa: General Pico y Santa Rosa,
Santiago del Estero: Capital y Río Hondo,
Misiones: Puerto Iguazú y Posadas,
además los de Tucumán, Catamarca, Chaco, Entre Ríos (Aeropuerto de Paraná), Formosa, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz (Aeropuerto Internacional de Río Gallegos), Santa Fe (Aeropuerto de Reconquista), y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Aeropuerto Internacional de Río Grande.

Entonces, ya no se trata solo de un concesionario que fija su atención en cómo mejorar la calidad de los servicios en aquello que le ha tocado en suerte. Sino de un holding que maneja el conjunto del sistema, ejerciendo un poder desmedido, con objetivos que no necesariamente son los que tiene la Nación. Es decir, se transforma en un factor de poder que distorsiona el ordenamiento democrático, donde el soberano debería ser el pueblo. Si a esto sumamos que las ganancias empresarias se destinan a objetivos varios: por ejemplo: Energía (Unitec Bio), Compañía General de Combustibles (CGC), Infraestructura (Helport), Servicios Financieros (Converse Bank) y Agroindustrias (Unitec Bio). etc. nos encontramos con un pulpo dentro del Estado. Pulpo o pulpos que en sus entrañas engendran poder político, ya no para la disputa de áreas económicas de interés, sino para capturar el Estado en su conjunto y diseñar una sociedad conforme sus intereses y principios emergentes.

Las concesiones y el poder político.

A pocos meses de haberse entregado los aeropuertos, los incumplimientos eran múltiples.

El primer informe de la Auditoria General de la Nación, es del 30 de junio de 2001. Evaluación: serias irregularidades, tanto en el cumplimiento de los compromisos pautados por contrato por parte del consorcio empresario como en el organismo de control (Orsna). AA2000 ofreció pagar un canon de 171 millones de dólares en dos cuotas anuales. Gracias a esa oferta conquistó la concesión. Pero no había voluntad de cumplir. Para junio de 2001, ya la deuda era de 104 millones de dólares solo por el Canon. Según estima la propia AGN, la deuda total alcanzaría U$S 467 millones.

AA2000 hizo sus cuentas para el pago del Canon. Descontó gastos que no correspondían. Inversiones que la empresa debía hacer y pretendió que se descuente de lo que le corresponde pagar. AGN dice que la empresa no cumplió con los depósitos del 30 por ciento del canon para el sistema jubilatorio. Para este entonces ya se había apropiado del manejo de los aeropuertos ¿Qué gobierno se animaría a rescindir estos contratos incumplidos? ¿Quién asumiría terminar con esta concesión? ¿Qué caos representaría el abandono intempestivo de todos los aeropuertos? ¿Qué gobierno bancaría el escándalo?

¿Cómo respondió el gobierno de la Alianza (1999/2001), que recibió una herencia pesada del menemismo? Página 12 informó que: “la administración De la Rúa ha decidido bajar el Canon que paga anualmente, así como la exigencia del monto de inversiones que AA2000 se comprometió a realizar cuando ganó la licitación.” Empresa y gobierno coinciden en que no pueden cumplir con las condiciones impuestas en el pliego de licitación. Habían pasado dos años y lo que habían prometido pagar de canon (por lo que ganaron la licitación) ahora no lo podían cumplir ¿No debió caer esa concesión en aquel tiempo anterior a la crisis de diciembre de 2001?

Eduardo Duhalde redujo el canon original de $171 millones por año a $80 millones.

Néstor Kirchner renegocio los contratos obteniendo para el Estado el 20% de participación en AA2000, Eurnekian se quedó con un 51% y el 29% restante fue a cotizarse en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El Estado logró participar en el directorio, pero la mayoría la mantuvo Eurnekian.

En 2009, Eurenekian dio un paso más. Se quedó con el 100% de los depósitos fiscales de los aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque, Córdoba, Mendoza y Mar del Plata. La empresa Aeropuertos Argentina 2000: absorbió a Edcadassa (Empresa de Cargas Aéreas del Atlántico Sud SA), que en los años 90, Domingo Cavallo denunció como propiedad de Alfredo Yabrán.

En 2017 el gobierno de Macri ratificó la concesión hasta 2028.

En 2020, en un acto encabezado por Alberto Fernández, en el Salón Científicos de Casa Rosada, con Eduardo Eurnekian, presidente de la Corporación América; Martín Eurnekian, director Ejecutivo de AA2000, y Daniel Ketchibachian, CEO de la compañía, acordaron la prórroga de la concesión hasta el 2038. Ocho años antes de su vencimiento se extendió la concesión por 10 años. La pandemia, la parálisis del sector durante ese año y la promesa de algunas inversiones, alcanzaron para que los hábiles negociadores permanezcan por los tiempos de los tiempos en el negocio.

En 2022 la concesionaria logró (Por decisión oficial del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos), el aumento de la “Tasa de Uso de Aerostación Doméstica” (TUA) que pagan los pasajeros de vuelos de cabotaje. Y, en octubre 2022, por Ley del Congreso Nacional una nueva Tasa de Seguridad de la Aviación (Ley que obtuvo 121 votos a favor y 120 en contra, gracias al retiro de Javier Milei y Victoria Villarruel. ¿Habrán pagado una cuota al sponsor Eurnekian?)

El periodista Patricio Eleisegui señala que: “Este nuevo impuesto se suma a los vigentes para los viajes aéreos como la tasa de uso aeroportuario (57 dólares), la tasa de migraciones y aduana (10 dólares), la Tasa de Seguridad (8 dólares), la Percepción del Impuesto a las Ganancias (45 por ciento), el Impuesto PAIS (30 por ciento) y la Percepción a cuenta de Bienes Personales (25 por ciento), entre otros.” Somos un país complejo.

Las ganancias.

En México los aeropuertos tienen una rentabilidad 12 veces mayor que las aerolíneas. Que dato interesante y que poco investigado está en Argentina.

Si la Tasa de Uso de Aeroestación es uno de sus principales ingresos, no hay que perder de vista que, en general, los aeropuertos están diseñados como grandes negocios. La confortabilidad que nos ofrecen (bienvenida) es ideal para que tengamos buena predisposición a pasar más tiempo. Tiempo en el que nos irán orientando hacia las zonas de consumo. Café, restaurantes, tiendas de ropa, bebidas, chocolates, perfumes, artículos electrónicos, etc. Muchos importados libres de impuestos. En fin. Explotación inteligente e integral de un espacio único cuando la adrenalina por viajar está en su momento cumbre. Nada que no sepa cualquier comerciante.

Insisto en un concepto. Las ganancias ordinarias provienen del buen funcionamiento del mercado. Producción, distribución, cambio y consumo, son las patas de su funcionamiento. En el que, en distinta proporción, se retribuye el trabajo de las personas. Ocurre que, cuando intervienen los bienes naturales o las posiciones monopólicas u oligopólicas, se generan las ganancias extraordinarias. A esa ganancia extraordinaria, la podemos llamar Renta Natural. Proviene de una situación particular que va más allá de la retribución del trabajo.

Las Rentas Naturales deberían ser la fuente primaria de financiamiento del Estado.

La sociedad en su conjunto constituye el Estado para alcanzar los objetivos explícitos en la CN, el bienestar general, etc. La forma correcta de financiar esa misión es a través de las Rentas Naturales. Como en Argentina los particulares se las saquearon al pueblo, la pobreza se multiplicó. Al tiempo que la concentración de la riqueza y la fuga, resultaron en la otra cara de la moneda. Es tiempo de empezar a reflexionar sobre “como el pueblo recupera las grandes Rentas Naturales”, para reiniciar el camino del desarrollo económico, la elevación social y el cuidado ambiental, que tanto necesitamos.

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OPINIÓN

«La educación: ¿Servicio esencial?», por Raúl Ferrara

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La falta de convocatoria del gobierno para la paritaria nacional docente despierta las alertas del sector sindical. Las posibles medidas de fuerza que impidan el inicio de clases vuelven a instalar el debate sobre las limitaciones al derecho de huelga y la esencialidad de la educación a esos efectos.

Cada año, más o menos para la misma fecha, es decir durante el mes de febrero, se empiezan a despertar las alertas en la sociedad sobre el inicio (o no) del ciclo lectivo, con origen en los reclamos de actualización salarial y de condiciones de trabajo, del colectivo de trabajadoras y trabajadores de la educación.

También cada año, los reclamos en cuestión se canalizan (al menos así era hasta este año) por su canal natural que es la negociación colectiva, primero a nivel nacional -en la que se fija el piso salarial para todo el país- y luego en cada una de las jurisdicciones provinciales y la Ciudad de Buenos Aires.

La incertidumbre de la sociedad es aprovechada por ciertos sectores de la política para instalar en el inconsciente colectivo la idea de que la educación es un servicio esencial (como si esta categoría definiera la importancia de un servicio) y que a partir de la declaración de esencialidad se debe prohibir o limitar el derecho de huelga de las y los docentes que reclaman por la mejora de sus condiciones de trabajo.

Estas ideas toman particular ímpetu cuando se dan en un contexto de criminalización de la protesta social y de persecución y escarnio público al más alto nivel institucional de cualquiera que exprese opiniones contrarias al gobierno.

Ahora bien, detrás de esa discusión “mediática” poco y nada se informa a la sociedad sobre
qué significa un “servicio esencial”, cual es el régimen aplicable, qué sostienen los organismos internacionales al respecto y, en definitiva, si es viable, como se ha dicho recientemente, la declaración como servicio esencial por decreto presidencial o por cualquier otro tipo de acto del poder ejecutivo.

Pero primero, lo primero…

En el mundo occidental moderno, ese de las libertades a las que tanto se invoca, la huelga es un derecho protegido. Hace rato hemos superado la etapa de la persecución criminal de huelguistas del siglo XIX o la etapa de la mera tolerancia de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. A partir de la primera guerra mundial, el derecho de huelga goza de amplio reconocimiento y protección normativa.

En nuestro país se encuentra expresamente reconocido en la Constitución Nacional que en
el art. 14 bis reza “Queda garantizado a los gremios (…) el derecho de huelga”.

A ello se agrega que la reforma del año 1994, reforzó la garantía al otorgar la máxima jerarquía normativa a un grupo de tratados internacionales (artículo 75, inciso 22, 2º párrafo, CN.), entre los que se destaca el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que remiten al Convenio Nº 87 de la OIT que tutela el derecho de huelga como libertad sindical de acción.

¿Qué dice el Convenio 87 al respecto?

Por un lado, impone la abstención de toda injerencia que tienda a limitar la autonomía de las organizaciones o entorpecer su ejercicio (art. 3.2); por otro, prohíbe a las legislaciones nacionales y a los órganos encargados de aplicarlas, todo menoscabo a sus garantías (art. 8.2) y garantiza la autonomía de los trabajadores para formular su «programa de acción».

La redacción del artículo 14 bis C.N. respecto de la tutela constitucional del derecho de huelga es una exteriorización del respeto por parte del Poder Constituyente a la eficacia autónoma de los derechos colectivos fundamentales. En la práctica, ello importa que toda restricción al ejercicio de estos derechos debe provenir, como mínimo, de fuente legal (cfr. art. 28, CN), resultando imposible a la reglamentación vulnerar esta garantía a través de la atribución de potestades legislativas, la elaboración de excepciones conceptuales o de enumeraciones extensas o abiertas de las actividades comprendidas en dicha categoría -de interpretación necesariamente restrictiva- o de injerencias que impliquen un menoscabo al ejercicio de este derecho derivado de la libertad sindical (cfr. art. 8.2, Convenio n° 87).

Pero entonces, es válido preguntarnos si ese derecho admite algún tipo de restricción o limitación y cuáles serían sus condiciones y alcance. Ello nos lleva al debate sobre qué es un servicio esencial, es decir aquel susceptible de admitir alguna limitación para el ejercicio del derecho de huelga, y qué no lo es y si, además, en esa materia existe sinonimia entre “esencial” e importante o trascendental.

La Organización Internacional del Trabajo, centenario organismo especializado de Naciones Unidas, único de composición tripartita (estados, trabajadores y empleadores), sostiene que «para determinar los casos en los que podría prohibirse la huelga, el criterio determinante es la existencia de una amenaza evidente e inminente para la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población”. Queda claro que en esa caracterización de esencialidad, no se incluye -a priori- a la educación, no porque se la descalifique como servicio importante o trascendental para la sociedad sino porque la esencialidad, a los efectos de la limitación del derecho de huelga, se sustenta en el PELIGRO PARA LA VIDA, LA SEGURIDAD O LA SALUD de la población. Sin embargo, también debe señalarse que este concepto general no es absoluto puesto que un servicio no esencial puede convertirse en esencial, en
determinadas circunstancias y cumpliendo determinadas instancias.

Al respecto existen numerosos antecedentes en los que se ha expedido el Comité de Libertad Sindical de OIT analizando los casos concretos objeto de denuncia y que pueden ser consultados en la web del organismo.

En síntesis, de acuerdo con el ordenamiento vigente, las fuentes con potestad de definir válidamente los límites al ejercicio del derecho fundamental de huelga, son: la propia Constitución Nacional (y los tratados internacionales de jerarquía superior a las leyes), la autonomía colectiva y la ley. Por ende, sólo de cualquiera de estos instrumentos puede surgir la determinación del concepto de servicios esenciales a los efectos de su utilización como límite all mencionado derecho Actualmente, en nuestro país, es la Ley 25.877 la que regula el ejercicio de huelga en los servicios esenciales disponiendo la garantía de los servicios mínimos que obsten a la interrupción de aquéllos La norma no define a los servicios esenciales para la comunidad, sino que los enumera y luego permite una extensión a otras actividades a través de un órgano independiente.

La enumeración legal de los servicios esenciales comprende: «los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo.» Con excepción de la producción y distribución de gas, las actividades enumeradas integran el grupo de servicios que los órganos de control de normas de la OIT consideran «esenciales en el sentido estricto del término». Tampoco se incluyó en el articulado de nuestra ley a los servicios telefónicos, que integraban la
categoría en los criterios de los órganos de control de la OIT.

Como ya habíamos anticipado más arriba, esta enunciación no es absoluta pues se contempla la posibilidad excepcional de ampliarlo a «una actividad no comprendida» en esa enumeración mediante una calificación realizada “por una comisión independiente”, previa apertura del procedimiento de conciliación obligatoria previsto en la legislación. Esta comisión de garantías se integra por 5 miembros en representación de las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas, de la ACADEMIA NACIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE BUENOS AIRES, del CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL (C.I.N.) y un representante del ejecutivo.

Para ello deben además darse alguno de los siguientes supuestos: 1) Que la duración y extensión territorial de la interrupción de la actividad, la ejecución de la medida pudiere poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población. 2) Que se tratare de un servicio público de importancia trascendental, conforme los criterios de los organismos de control de la Organización Internacional del Trabajo».

¿Es entonces la educación susceptible de ser declarada un servicio esencial?

Más allá de la desinformada opinión de algún trasnochado tuitero con altas responsabilidades institucionales es oportuno recordar que la temática no tiene nada de novedosa y que ya habido numerosos antecedentes en que se ha expedido el COMITE DE LIBERTAD SINDICAL de OIT, incluso respecto de nuestro país (Caso NEUQUEN), sosteniendo que “el sector de la educación en general no constituye un servicio esencial en el sentido estricto del término y recordó que en casos de huelga de larga duración en el sector de la educación pueden establecerse servicios mínimos en consulta plena con los interlocutores sociales”.

En el citado caso, la OIT solicitó “con insistencia al Gobierno que vele por que en el futuro, en caso de conflicto en el sector de la educación en la Argentina, en el marco del cual se realice una huelga de larga duración, se tomen medidas para que en la definición de los servicios mínimos participen no sólo las autoridades públicas, sino también las organizaciones de trabajadores y de empleadores interesadas”.

Las claridad meridiana del Comité de Libertad Sindical me eximen de mayores comentarios.

CONCLUSIONES

En este breve análisis, que no pretende ser un artículo de doctrina jurídica sino un pequeño aporte para echar luz sobre el humo mediático en la materia, queda claro que la educación no es un servicio esencial en sentido estricto que justifique limitar apriorísticamente el ejercicio del derecho de huelga.

La eventual evaluación sobre la imposición de alguna restricción a su ejercicio sólo es factible frente a un conflicto ya desatado, de larga duración, previo a haber transitado y agotado los mecanismos de rango legal de conciliación obligatoria y respetando un procedimiento del que participen los actores sociales como el que ya está previsto en la legislación … nunca mediante una decisión unilateral del gobierno de turno.

(1) Es Abogado Laboralista. Ha sido Director Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo.

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OPINIÓN

«Es el saqueo a la Argentina, así de sencillo (37)», por Mario Mazzitelli

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NO PRIVATIZAR NADA*.

Jibarizar el Estado para tupacamarizar el territorio, ese es el plan del enemigo. Dividirnos hasta donde puedan. Despojarnos de los bienes naturales. Empobrecernos para derrotarnos (Federico Sturzenegger en Harvard -EEUU-: «Hay que empobrecer a los grupos de interés -el pueblo argentino- para ganarles la pelea») Transformarnos en territorio de sacrificio para el extractivismo y desechar como escoria a la población inútil a su proyecto. Tributar al centro del sistema desde una periferia subalterna. Hacernos pagar -ad infinitum- una deuda artificial, ilegítima y fraudulenta; fabricada para el saqueo material y la subordinación política. Inducirnos a una guerra para infligirnos una derrota aleccionadora, con la Otan no se jode. Amamantar al interior de nuestra sociedad a una elite colonizada política, cultural, ideológica y económicamente. Alinearnos automáticamente en relaciones carnales desgarradoras. Subordinar los instrumentos de la defensa para que apunten sus armas contra el pueblo y volviéndolos inofensivos frente a la potencia invasora, que disputa el dominio sobre una gran parte de nuestro territorio. Desalentar al pueblo para que cunda la resignación. Hundirnos en la derrota. Lograr que una parte de la dirigencia popular diga que son irreversibles algunas medidas, como la dolarización, o las privatizaciones.

Al enemigo le debemos hacer saber que “No somos empanadas que se comen sin más que abrir la boca” parafraseando a San Martín. «Y si no, andaremos en pelotas como nuestros paisanos, los indios»; «seamos libres y lo demás no importa nada»; porque la verdadera libertad es la del alma, como bien nos propone San Martín. La libertad del alma es la que nos hace materialmente libres. Con ese espíritu, la extorsión del imperio para señalarnos las privaciones que vamos a pasar si no nos subordinamos, se vuelven vanas, huecas, insustanciales. El pueblo como un cuerpo, solo obtiene la libertad en la medida que cada uno es libre en el marco de la libertad colectiva. Y el instrumento de esa libertad colectiva es el aparato político, jurídico, económico creado a tal fin: el Estado Nación. Fundado para el ejercicio colectivo e individual de la libertad. Sin Estado ningún pueblo puede ser libre.

Por eso el Estado (sobre todo en un país de la periferia del capitalismo global) debe intervenir de manera inteligente en el desarrollo económico de la Nación. Puede crear empresas de la nada, contando con las capacidades laborales, los recursos naturales y la voluntad soberana para hacerlo. Por eso hicimos YPF, Aerolíneas Argentinas, Tandanor, Banco Nación, etc. como en su momento Somisa, Entel, Astilleros Río Santiago, Trenes Argentinos, Hidronor, Nucleoeléctrica Argentina S.A. Fabricaciones Militares, etc. Estas decisiones estratégicas, de buenos gobiernos argentinos, fueron bombardeadas sistemáticamente. Siempre. En forma abierta o encubierta. Con campañas de desprestigio, colonizando sus directorios con gerentes de empresas privadas que van a sabotear a la empresa pública (Juan José Aranguren, hombre de la Shell, ex ministro de Energía de Macri, es procesado por negociaciones incompatibles con la función pública, al favorecer – desde el Estado – a sus anteriores empleadores. Hay cientos de ejemplos) También endeudándolas, haciéndolas ineficientes, deficitarias, brindando un servicio deficiente, administrándolas sin una estrategia clara, explícita y democráticamente consensuada. Hoy vienen por el saqueo de este patrimonio común de todos los argentinos. No hay que dejar que se privatice nada.

PRIVATIZAR ES AUMENTAR EL PRECIO DE LOS BIENES Y SERVICIOS.

Es simple entenderlo. Una empresa bien administrada brinda los mejores bienes y/o servicios al menor costo. Para esto la gerencia debe lograr la mejor organización de su personal, el uso eficaz de sus herramientas e infraestructura, el más alto grado de capacitación y disciplina, el protagonismo para inducir cambios favorables al funcionamiento, el compromiso con la empresa y los clientes, la propia participación de los clientes a la hora de proponer buenas ideas, buen trato con los proveedores, plan de inversiones, control y mejoramiento de los procesos, auditorias, evaluaciones y comparaciones permanentes, cuidado del ambiente, compromiso con la sociedad y el Estado al que pertenece y constituye.

Todo esto va a tener un costo que, desde mi punto de vista, debe ser cubierto por los usuarios (Consumidores que van a tener preferencia por una empresa que les pertenece. Además, del orgullo; como supimos tener con algunas de las nombradas) La privatización implica sumar al costo la ganancia de los nuevos dueños. Es decir: un aumento de los precios de los bienes y/o servicios, sin ninguna ventaja real. Por algo se desarrollan las empresas públicas.

Stock y flujo.

Cada empresa representa un stock de capital acumulado por la sociedad (inversiones desde el Estado) y los trabajadores (ganancias reinvertidas) Transferir este stock de capital es un mal negocio para el pueblo.

En primer lugar porque significa una transferencia de riqueza del pueblo a los grupos económicos concentrados (nativos o extranjeros) Siempre se paga menos que el valor de mercado y se lo hace pasar como si nos hicieran un favor. (Nos toman el pelo los que se quedan con nuestro patrimonio a precio de ganga.)

En segundo lugar porque es una pérdida de poder del Estado y del pueblo, para otorgarlo a compañías privadas que, cuando no tienen un objetivo geopolítico en favor de sus Estados Nación, solo miran como optimizar sus ganancias. Sin compromiso con el destino colectivo de los argentinos.

En tercer lugar, porque a partir del momento en que empiezan a facturar se produce un flujo permanente de recursos destinados a estas empresas, cuyo destino nada tendrá que ver con el desarrollo nacional, sino con las ganancias de sus accionistas.

En definitiva un negocio pésimo para las grandes mayorías y excelente para unos pocos.

En cambio: si alguien quiere realizar una nueva inversión de riesgo para competir con una empresa estatal, bienvenido. Obligará al gerenciamiento estatal a no dormirse sobre los laureles y mantenerse todo lo cerca que pueda de la punta tecnológica y organizativa, brindando mejores productos a la sociedad.

LOS GOBIERNOS DEL PUEBLO NO PRIVATIZAN.

Si la Democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo; el gobierno no lo despoja de sus empresas para favorecer a pequeños grupos capitalistas. Podríamos decir: ningún gobierno enteramente democrático privatiza. Si privatiza es un gobierno plutocrático, aristocrático, oligárquico o anarco-capitalista. El haber logrado el voto con ardides de campaña no habilita para la enajenación del patrimonio de todos.

Por estas razones el bloque nacional de poder no debe dejar que se privatice nada. Y frente al peligro del despojo, lejos de llorar por lo irreversible del asunto, debe alertar a los inversores que esas privatizaciones serán revertidas, apenas cambie el color político de la administración pública nacional.

Veamos un ejemplo.

ARSAT es una empresa de telecomunicaciones del Estado Argentino que brinda servicios de transmisión de datos, telefonía y televisión por medio de infraestructura terrestre, aérea y espacial. INVAP es otra empresa del Estado que unió la investigación científica con la industria. Esta logró ubicarse en los primeros lugares en el mundo en tecnología nuclear, defensa, aeroespacial, seguridad, ambiente y medicina.

INVAP construyó el satélite ARSAT-1 de comunicaciones geoestacionario que brinda servicios de telecomunicaciones, transmisión de datos, acceso a Internet, telefonía IP y televisión digital, para Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y parte de Bolivia. Con el ARSAT-1 la Argentina se convirtió en una de las ocho naciones del mundo en capacidad de desarrollar y producir sus propios satélites geoestacionarios.

Parece que Elon Musk y Carlos Slim tienen interés en su compra. Un gobierno obnubilado por el deseo de dolarizar (otra medida contraria al desarrollo nacional, pero reversible como veremos en otra nota) quiere liquidar las empresas por unos cientos de millones de dólares.

Como dijimos arriba esta es una transferencia permanente del stock de capital nacional a dichos actores, más el flujo por el pago continuo de sus servicios. Pero hay más.

Estas empresas son una muestra de las capacidades que tenemos los argentinos en estas materias. De manera que sirven de ejemplo y estímulo para millones de jóvenes que pueden observar que en la disputa por la punta tecnológica, el desarrollo científico, la producción y la innovación sistemática, ellos son testigos del presente y pueden ser los protagonistas en el futuro. De manera que defenderla para el desarrollo nacional es importante desde la educación, las finanzas,…..y el futuro.

Alguien puede decir: “si son privadas serán más eficientes”, este es un latiguillo de los saqueadores. Veamos ¿Qué harían Elon Musk o Carlos Slim en caso de comprar la empresa? Pondrían a cargo una gerencia de su confianza para que acoplen ARSAT e INVAP a su estrategia global de negocios. Pero ¿Qué tenemos que ver nosotros con la estrategia global de negocios de estos empresarios extranjeros? Además, si ellos pueden poner una gerencia eficiente para sus objetivos ¿Qué le impediría al Estado argentino conseguir un gerenciamiento altamente calificado que disponga la orientación de las empresas en función de los objetivos nacionales? ¿Qué nos llevaría a pensar que gerentes elegidos por empresarios (motivados únicamente por el afán de dinero) serían más eficientes que otros elegidos por el Estado nacional (que además del dinero estén motivados por un impulso patriótico y vocación de servicio)?

OTRO EJEMPLO: AYSA.

En la segunda mitad del siglo XIX, Buenos Aires sufrió la epidemia del cólera y de la fiebre amarilla. Hizo estragos en los barrios humildes, entre otras cosas por la falta de higiene. En 1892 se constituyó la Comisión de Obras de Salubridad. En 1909 se elaboró el primer plan nacional de saneamiento. En 1912 se fundó Obras Sanitarias de la Nación. Su historia, como la de tantas otras empresas nacionales, debería sumarse a la currícula educativa. En el proceso de jibarización (desguace del Estado) en 1993 se privatizó a favor del grupo Suez de Francia. No funcionó bien. En 2006 se creó AySA (Agua y Saneamientos Argentinos) que brinda el servicio de agua corriente y cloacas, en CABA y la mayoría de los municipios del conurbano.

La última boleta que pagué fue de $ 7.902.51. Agua abundante, de buena calidad y cloacas. La boleta del servicio de internet, TV…más que triplica ese monto. Algo no anda bien.

La empresa tiene balances deficitarios ¿Eso justificaría su privatización? No. En absoluto. Como quedó dicho más arriba, los privados solo subirían la tarifa para pasarla a modo superavitario. Al ser una prestación monopólica puede manejar los precios a su antojo. El tema es el criterio político. Si un gobierno otorga un Ingreso Básico Universal, como corresponde; luego no tiene que subsidiar ni el agua, ni la luz, ni el gas. La empresa puede regirse con criterios de alta eficiencia, con sus planes de inversión a full, sin que a nadie le falte el agua ni las cloacas.

LAS EMPRESAS DEL ESTADO Y EL DÉFICIT FISCAL

Las empresas del Estado pueden ayudar a sostener el erario público. Si las empresas fueran altamente superavitarias (con ganancias cuya inversión sobreabundante no se justifica) bien pueden aportar sus ganancias al tesoro nacional, para aliviar las cargas tributarias.

Estas empresas pueden resultar claves a la hora de recuperar rentas extraordinarias; producto de posiciones dominantes, servicios monopólicos, bienes naturales escasos (energía, minería, pesca, etc.) De esa manera el pueblo recupera lo que le pertenece para destinarlo a otros objetivos: salud, educación, seguridad, infraestructura, etc. y no ganancia privada de accionistas que – en algunos casos – ni viven en el país. Impidiendo, por ejemplo, que agua argentina, movida con en energía argentina, por trabajadores argentinos, sobre instalaciones argentinas, etc. pagadas en moneda argentina; deban cambiarse a dólares para que se vayan al exterior, a llenar otros bolsillos y engordar otras economías ¿Cuál es el negocio? ¿En serio quienes nos gobiernan son economistas? ¿O apenas son agentes del capitalismo internacional?

OTRO EJEMPLO

El Dr. Alberto M. Schprejer, ex vicepresidente de TANDANOR, escribió una nota magnífica refutando los argumentos de los saqueadores. Los próximos son párrafos de su escrito:

El argumento del déficit fiscal, “no abarca a TANDANOR, dado que los balances contables de los años 2020/2021/2022 y 2023, auditados por la AGN (Auditoría General de la Nación), fueron positivos. La empresa es superavitaria y no recibe subsidios del Estado, se autofinancia, los salarios de los trabajadores se pagan con el resultado de la producción.” “Con 144 años de existencia TANDANOR es una empresa estratégica en el marco de la industria para la defensa. Es líder de la industria naval y defensora, junto a otros actores, de nuestra soberanía nacional.” “TANDANOR no debe ser privatizada porque cuenta con una infraestructura única en Latinoamérica. En sus 34 hectáreas se encuentra instalado un ascensor de buques (SYNCROLIFT) con una capacidad de elevación de hasta 15.000 toneladas, posee una capacidad de transferencia de 11.700 toneladas, 4 gradas de trabajo y 1.400 metros de muelles.” “Además, la Armada Argentina le cedió el uso de las instalaciones del Astillero Almirante Storni, cuyas instalaciones y su capacidad productiva son similares a las de los astilleros más modernos del mundo, todos estatales”. “¿Por qué son todos estatales? Porque los Estados Nacionales se reservan el poder de defender su soberanía y de construir las herramientas para el logro de ese objetivo.” “Durante los años 2022/2023 junto al Ministerio de Defensa de la Nación y a las empresas Thyssen Group (Alemania) y Naval Group (Francia), se trabajó intensamente en la reformulación y puesta en valor del proyecto de construcción de tres submarinos, para que Argentina vuelva a contar con una fuerza que le permita ejercer su poder disuasivo frente a potenciales agresores estatales extranjeros. Ambas empresas destacaron las capacidades edilicias, humanas y de infraestructura de TANDANOR para la ejecución de este proyecto.” Voy al cierre de la nota: “Dada la cercanía con el proyecto que desarrollará IRSA, del empresario Eduardo Elsztain, en la vieja ciudad deportiva de Boca Juniors, parece factible su interés en los terrenos del astillero.”

Así es, como repetía nuestro querido amigo Pino Solanas “Negocios privados con bienes públicos”.

FINALMENTE

Cuenta Homero en la Odisea que durante la guerra de Troya, los griegos (impotentes para vencer a los troyanos, dada la fortalece de los muros que protegían a la ciudad y la voluntad inquebrantable en resistir la invasión) idearon un Caballo de madera que regalaron como prenda de amistad a sus enemigos. Estos, con gran ingenuidad, lo aceptaron. Lo ingresaron ellos mismos a través de sus muros, sin advertir que en el interior del animal estaban escondidos los atacantes griegos. Durante la noche, cuando las defensas estuvieron bajas, los soldados salieron del Caballo de Troya, ocasionándoles a los valientes troyanos una derrota definitiva. La enseñanza de aquella historia, no es en torno al tipo de animal. Puede ser gato, pato o león. Lo importante es entender que no se puede confiar en los enemigos y tampoco bajar las defensas en ningún momento. Si 32 siglos después no lo hemos aprendido, estamos en problema.

Ni jibarización, ni tupacamarización, ni privatización. La soberanía nacional no se negocia.

*En este caso utilizo la palabra “nada” como sinónimo de insignificancia, infinitesimal o muy pequeño.

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OPINIÓN

«La Región como instrumento de desarrollo», por Ezequiel Beer

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El desarrollo de la actividad económica en sus fases de inversión, producción, consumo e intercambio deberá considerar a las regiones como un instrumento esencial a fin de materializar resultados que permitan generar un desarrollo económico tanto a corto como a largo plazo.

Es bien sabido que nuestro país cuenta con un vasto territorio, con recursos de significación y zonas con extensos vacíos geoeconómicos y poblacionales, y una de las más amplias plataformas continentales del planeta – equivalente a la tercera parte de la superficie emergida del territorio nacional – con riquezas subutilizadas ; aunque hoy existan ciertos condicionamientos por deterioro de sistemas ambientales y ecológicos y de hecho no se esté en condiciones óptimas para ejercer la soberanía sobre ellos.

La política económica deberá hallarse caracterizada en primer lugar por una prevalecencia inmediata del mercado interno argentino concordante con el intercambio comercial de los países suscriptores en los tratados del Mercosur, potencializando los sectores y recursos estratégicos de cada una de las regiones argentinas a través de una política de integración común en cuanto a la infraestructura, comunicaciones, tecnología y educación.

Las exportaciones de los países mas desarrollados se hallan alrededor del 8 al 12% de su Pruducto Interno Bruto (PIB), de allí surge la importancia que presenta el aumento de los niveles de exportación al mercado regional.

Bajo esta perspectiva, debemos destacar que las actuales condiciones de los mercados externos ( tanto la Comunidad Económica Europea como así también los Estados Unidos) se caracterizan por presentar fuertes barreras arancelarias y pujas comerciales en pos del predominio del mercado mundial que no se encuentran ajenas a las posibilidades de desarrollo tanto de nuestro país como de la región del Cono Sur.

Es por ello necesario efectuar un diagnóstico actualizado de las posibilidades de concatenación de las actividades económicas de cada una de las regiones, a través de políticas activas en la generación de pequeñas y medianas empresas y de agencias de fomento para dicho fin – tanto a nivel provincial como municipal-, la re-funcionalización de las distintas zonas francas provinciales a partir de su utilización como grandes centros logísticos, efecto directo de sus condiciones específicas de localización.

La finalización y proyección de obras públicas debe ser también un aspecto esencial en la consideración de la región como un instrumento de desarrollo, tales como el ferrocarril Trasandino del Sur cuya concreción permitirá unir el Atlántico con el Pacífico a través de Zapala (Neuquén) y Lonquimay (Chile); el ferrocarril Transpatagónico.
Paralelamente se deberá considerar la re-funcionalización a través de la inversión y modernización de los tramos regionalmente estratégicos de la red ferroviaria argentina en pos de la obtensión de economias de escala en el transporte de cargas – tanto interno como externo- y la posibilidad de ser un medio de transporte estimulante al flujo de pasajeros, como objeto de la actividad turística como asi también como vínculo que integre el mercado de trabajo ( Ej: EEUU).

Complementariamente, se deberá estudiar la prefactibilidad con respecto a la generación de corredores ferroviarios del Mercosur ( previa unificación de trochas) a través de las siguientes trazas:

– Buenos Aires/Montevideo ( via ferry o puente ferroviario sobre el Rio de la Plata) / Porto Alegre/ Sao Pablo.
– Buenos Aires/ Posadas/ Iguazú/Curitiba
– Buenos Aires/Cordoba/Asunción/Sao Pablo
– Posadas/Porto Alegre

Las experiencias internacionales en relación a los procesos de regionalización e integración económica indican que los Estados Nacionales constituyen fondos comunes de compensación cuyo fin es la transferencia de recursos a aquellas regiones mas desfavorecidas y postergadas, fruto del crecimiento asimétrico de cada una de las regiones.
Para el caso de nuestro país una re- definición de los mecanismos fiscales tanto en el origen de la captación como en la distribución de los recursos monetarios en pos de un sistema impositivo progresivo en el marco de políticas anteriormente descriptas, generarán como resultado un desarrollo alentador en el corto plazo gracias al aumento de la actividad económica.

Ante dicho superavit fiscal la concreción de fondos de desarrollo regional será un instrumento económico adecuado, contando para ello con un organismo de contralor oficial tal como la Sindicatura General de la Nación, que a través de la verificación in situ y de la evaluación de la evolución de indicadores construidos a tal fin auditará los recursos invertidos.

La aplicación de dichos fondos debera ser direccionada – entre otras medidas – hacia una política de desarrollo industrial nacional4 basada en la producción de bienes finales e intermedios y aquellos de mayor contenido tecnológico a partir de las siguientes objetivos:

· La incorporación de tecnología de punta por parte de las pequeñas y medianas empresas vía el redireccionamiento del crédito público y con aranceles y tipo de cambio favorables.

· Radicación de las industrias de transformación en los lugares de producción, minimizando así los costos de transporte, estimulando el crecimiento regional y evitando la migración forzosa hacia las grandes concentraciones urbanas.

· Fomento y reapertura de laboratorios de investigación, talleres y centros de entrenamiento e industrias proveedoras locales destinadas al abastecimiento de las empresas de servicios.

Paralelamente, no debemos dejar de efectuar un severo análisis con respecto al destino de los excedentes originados por la elevada renta petrolera (desnacionalizada en la actualidad) y la renta agropecuaria cuyas transferencias se hayan fuera de las fronteras nacionales, producto de la insuficiencia en la política de control de cambios y obtensión de divisas por parte del debilitado estado argentino ( fruto de decreto presidencial del gobierno del Dr. Menem que permite liquidar hasta un 70% de divisas fuera del país); generando operaciones especulativas cambiarias que afectan sensiblemente los índices de inflación asociados a una estructura de costos interna con fuertes dependencias externas.

Al respecto, se deberá considerar, entre otras medidas, la implantación de precios internos de acuerdo a sus costos de producción reales y las utilidades de la refinación y comercialización ( mas impuestos) como es el caso de Venezuela, Ecuador y Colombia ( actualmente el precio del barril de petróleo se basa en el Western Texas Intermediate (WTI) que desconoce los costos de producción locales y cobra el barril como si fuera importado), la creación de un ente regulador de la explotación de hidrocarburos y la aplcación de un impuesto a la renta petrolera. El conjunto de estas medidas permitirán recuperar recursos a las arcas del Estado Nacional.

Por último, no debemos dejar de subrayar la necesidad de evaluar cuidadosamente los contratos de concesiones viales y la eventual modificación de la Ley Nacional 17.520 que permitió la privatización de la red vial argentina, en función del impacto de las tarifas en los costos de transporte y su proyección sobre los índices de precios y competitividad de los productos exportables.

En materia de experiencias internacionales, en la República Federal de Alemania se haya prohibido el peaje en las “ autobahn” y en Australia sólo se aplica en los accesos urbanos donde el nivel de congestión de tránsito lo justifica.

Ezequiel Beer
Geografo UBA
Analista Politico

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