Por una YPF 100% de gestión social.

El 13 de diciembre de 1907 se descubrió un importante yacimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia. Inmediatamente el presidente Figueroa Alcorta decretó una zona de reserva exclusiva para el Estado de cien mil hectáreas circundantes al yacimiento. Para quienes reivindican aquellos años deberían saber que defender los intereses nacionales y sociales era una política de Estado. También que a partir de ese momento las compañías extranjeras, iban a entablar una lucha sin cuartel para apropiarse del recurso estratégico.

A mediados de 1922, durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen se firmó el decreto que dio lugar al nacimiento de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) Unos meses más tarde, el presidente Marcelo T. de Alvear designó Director General al ingeniero General Enrique Mosconi. Un hombre que había comprendido fehacientemente la importancia estratégica del manejo nacional de los combustibles. El crecimiento de YPF fue espectacular. Las Standard Oil (norteamericana) y la Shell (anglo-holandesa) participaron del negocio, al tiempo que desarrollaron una acción sin pausa contra YPF.

El golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, fue un golpe contra Hipólito Yrigoyen, contra la democracia, la soberanía y la defensa nacional. Un golpe que “olía a petróleo”, se dijo en aquellos tiempos. Y también a imperialismo. El general Enrique Mosconi tenía las cosas claras. “La experiencia de las luchas incesantes que la organización fiscal ha debido soportar con las compañías privadas durante todo el tiempo que la hemos dirigido, nos condujo a la conclusión de que tales organizaciones, la fiscal y la privada, no pueden coexistir, pues representan dos intereses antagónicos distintos, destinados a vivir en lucha, de la cual sólo por excepción saldrá triunfante la organización estatal”.

Conviene dejar en claro que la vida de un país se define por mojones que van fijando el rumbo de su desarrollo integral. Uno de esos mojones fue y es Yacimientos Petrolíferos Fiscales, nuestra querida YPF. Esta empresa pública, ejemplo para la formación de otras empresas estatales de América Latina (Pemex, Petrobras, etc.), que se constituyera en un orgullo moral para los argentinos y en una fuente de riqueza para nuestro crecimiento económico, siempre estuvo en la mira de los grandes oligopolios del petróleo mundial. Desprestigiarla, desmoralizarla, infiltrarla, etc. para hacerla desaparecer o apropiarse de sus bienes, sus conocimientos y sus yacimientos, bajo la falsa bandera de la eficiencia, fue una acción sistémica desde hace más de 100 años.

En las últimas décadas, el FMI y el capital financiero, fueron los brazos para la ejecución de ese objetivo. Atacando desde el flanco del endeudamiento improductivo y las altas tasas de interés por un lado y ubicando a sus amigos en el Ministerio de Economía y la Secretaría de Finanzas por el otro. Llevarnos a la ruina es su misión. Por eso no debería sorprendernos que todos los planes del FMI “fracasen y terminen en una crisis”. Como corolario de la crisis, nos exigen que entreguemos nuestras empresas (YPF, ARSAT, etc.) y nuestros bienes naturales (Petróleo, litio, etc.) En esa tarea podemos observar al recientemente fallecido Henry Kissinger que “quería eliminar nuestros falsos conceptos de soberanía”, a Alan Greenspan, a David Rockefeller, etc. y a muchos políticos y economistas de la década del 90. Que no voy a nombrar porque son suficientemente conocidos.

Hasta 1989 YPF se mantuvo en la esfera de la Nación. Una larga historia llena de vaivenes. Pero YPF era la bandera y la bandera no se entrega. Hasta que se empezó a ejecutar “el saqueo de Washington”. Hoy, luchar contra el segundo tiempo de ese saqueo, es responsabilidad de un nuevo bloque nacional de poder.

Estamos en zona de alto riesgo. En un marco plagado de contradicciones, idas y vueltas, marchas y contramarchas por parte de Javier Milei. Su dogma antiestatista y promercado puede inducirnos a repetir errores históricos: vender YPF, ARSAT, etc.

El error conceptual de Javier Milei: propiedad y eficiencia.

La propiedad de una gran empresa nada tiene que ver con su eficiencia. La eficiencia tiene que ver con la capacidad, disposición, voluntad de quienes conducen la empresa y su entorno. La propiedad solo indica el destino de las ganancias.

Las grandes empresas ya no son dirigidas por sus dueños. Eso solo se verifica en las pequeñas y algunas medianas. Las grandes son sociedades anónimas, otras del Estado, otras cooperativas, etc. En general son dirigidas por gerentes y directorios con profesionales bien formados. Son estos los que hacen a la eficiencia de una empresa.

Si un propietario privado puede encontrar un equipo para gerenciar, dirigir, conducir correctamente una empresa, la gestión social (Estado, trabajadores, empresarios, consumidores, etc.) tiene mayor capacidad para armar una dirección altamente competitiva.

La diferencia es que: si es propiedad privada la ganancia va a sus pocos dueños. Si estos accionistas viven en el exterior, esa riqueza emigra del país sin beneficio para la sociedad. Si viven en el país, pero fugan sus ganancias, el resultado es el mismo. En cualquier caso, si la inversión o el gasto lo hacen en otro lugar, no hay beneficio para el país.

Si la gestión es social esa ganancia va a las arcas públicas y de ahí a la sociedad argentina. Que no alimente a ñoquis que parasitan al Estado, a políticos corruptos, a empresarios prebendarios y que, en cambio, concurran a la inversión para el desarrollo económico, social y cultural es responsabilidad de la dirigencia política a cargo del gobierno. Una gestión social, eficiente, honesta y austera es la mejor alternativa posible, para el interés de las grandes mayorías nacionales. Esto hay que pedirle a los gobernantes elegidos democráticamente.

Un gobernante competente hoy podría exigir a la dirección de una empresa pública que sea eficiente, superavitaria (recuperando para la Nación la mayor parte de la renta petrolera) transformarse en la nave insigne de la transición energética y mantener los objetivos por los que fue creada.

Una advertencia importante.

De concretarse la aspiración de los buitres, que sobrevuelan nuestra preciada empresa, un futuro gobierno del campo del pueblo debería declarar nula de nulidad absoluta la enajenación de esta herencia.

En primer lugar porque es un patrimonio creado para la defensa, la soberanía energética y el desarrollo nacional. Por lo tanto su venta desnaturalizaría sus objetivos y se constituiría en un acto de infame traición a la Patria.

En segundo lugar porque ese patrimonio creció con inteligencia, dinero, capitales, esfuerzo y trabajo de los argentinos. Y se creó frente a los abusos manifiestos de las empresas extranjeras que manejaban oligopólicamente este eslabón esencial de la cadena productiva.

En tercer lugar porque es un patrimonio intergeneracional. Es un bien creado por las generaciones pasadas, para el beneficio de las generaciones presentes y futuras. A diferencia de otras pertenencias (que son patrimonio del estado -es decir de la sociedad argentina- que se pueden vender y reemplazar con cierta facilidad) este resulta en un bien estratégico inalienable.

En cuarto lugar porque los administradores transitorios de los bienes públicos (la casta política en el diccionario del presidente electo) no son los dueños de esos bienes. De manera que no pueden enajenar lo que no les pertenece. Milei puede vender su casa o cualquier bien que le pertenezca. No puede vender YPF, porque no es suya.

En quinto lugar porque quienes llegan a la dirección del Estado deben saber ¡para qué fueron creadas cada una de las instituciones o empresas públicas! Si no lo saben, es que no estaban preparados para su conducción. Pero como no se puede alegar la torpeza o ignorancia propia como razón para vender un bien público, deberían eliminar la venta de YPF como parte de su programa de gobierno.

En sexto lugar no se puede decir que una empresa debe ser competitiva y al mismo tiempo poner en su dirección a un gerente (o un directorio completo) de una empresa competidora. Esto ocurrió muchas veces. En particular durante la última dictadura. Así se garantizaba la ineficacia de la empresa y la justificación, ante la opinión pública, de su desguace o privatización. En este sentido, el presidente electo Javier Milei empezó mal. Pone al frente de la empresa al ingeniero Horacio Marín que trabajó en Tecpetrol 30 años y responde a las directivas de Paolo Rocca. (Daniela Cosentino en Letra P dice: “Milei eligió un representante de Techint. Fue después de que Mauricio Macri consiguiera que una empresa del Grupo que capitanea Paolo Rocca, que aportó tanto en las PASO como en las generales por Bullrich, apostara por Milei en el ballotage, luego del Pacto de Acassuso que el minarquista selló con el ex presidente. Puntualmente Inurban (Inversiones Urbanas Nuevo Milenio) le transfirió $ 20 millones, la mitad de lo que le puso a Bullrich”) Quiere decir que, por magros 20 millones de pesos en blanco (deberíamos saber cuánta plata en negro) Paolo Rocca se quedó con la dirección de YPF. Si esto no es corrupción ¿Dónde está la corrupción?

En séptimo lugar porque un ingreso virtuoso del Estado es el proveniente de las rentas emergentes de los bienes comunes. Es decir el fortalecimiento de las arcas públicas sin cobrar impuestos al trabajo, la inversión y el consumo. En este caso, el dominio del subsuelo donde duermen enormes riquezas hidrocarburíferas (petróleo y gas) así lo permiten. El descubrimiento de yacimientos no convencionales (donde los hidrocarburos se encuentran almacenados en el interior de una roca) u offshore (lecho marino) elevan en Argentina la potencialidad productiva. Eso ya lo estamos viendo en Vaca Muerta. La extracción de esta riqueza tiene un alto impacto ambiental (Es la cuota de sacrificio que debemos hacer para salir del atolladero financiero, económico y social al que nos llevó la incompetencia de los gobernantes y la avaricia de empresas privadas que quieren apropiarse de este bien común) Pero este sacrificio podría ser en vano si lo dejamos en manos ajenas al interés nacional. Por otra parte, más allá de la necesaria transición hacia energías limpias, en las cuales YPF debe ser un abanderado, ya se sabe que podrían existir varias “Vaca Muerta” en nuestro territorio. Es decir, que no solo alcanzaríamos el autoabastecimiento (con los ahorros y beneficios para la producción nacional que eso significa) sino que podríamos exportar (generando divisas que tanto se demandan) Una YPF 100% pública, fortalece la defensa, la soberanía, el desarrollo nacional y también ayudaría al equilibrio fiscal, mejorando la calidad de vida de la población.

Por último, una señal para los futuros inversionistas, porque el que avisa no traiciona.

Un “nuevo bloque nacional de poder” alcanzará la dirección del Estado Nacional en algún momento. Será un gobierno del campo del pueblo. En ese caso se verá obligado a recuperar la empresa de bandera a través de una expropiación muy parecida a una confiscación. Siendo la privatización una operación nula de nulidad absoluta, manejada a través de procedimientos corruptos y privatizada a un precio ganga; su recuperación será reconociendo el precio ganga menos el saqueo. Con lo cual, los inversionistas tienen que saber que es una operación de alto riesgo. Donde el futuro gobierno ya no aceptará la prórroga de jurisdicción a tribunales extranjeros y no tendrán jueces amigos que los protejan.

O las enormes riquezas de la renta petrolera y gasífera se orientan al bienestar general o van a parar al bolsillo de los accionistas de empresas extranjeras. Esa es la cuestión.

Por lo tanto, lo más recomendable para los nuevos ejecutivos es que estudien la vida intachable y la obra monumental de los generales Enrique Mosconi y Alonso Baldrich. Y siguiendo sus ejemplos, autoridad moral y eficiencia técnica, nos devuelvan el orgullo de una YPF ejemplar. Todo lo demás deberá ser revertido y eso no es conveniente para nadie.