¿Tú también UBER?

Dirigentes políticos, empresariales, periodistas…que viven en barrios cerrados; en country cerrados; en departamentos cerrados, en edificios cerrados; proclaman a los cuatro vientos que la Argentina debe estar abierta al mundo. ¿Qué quieren decir? “Dejar hacer, sin que el Estado interfiera”. “Laissez faire” para que entre y salga del país todo lo que guste, sin que nadie entorpezca el libre juego de la oferta y la demanda. “Un mercado abierto, sin controles ni restricciones, para que la asignación de recursos vaya allí, donde el mercado indique”. Mientras difunden estas recetas (para que las tomen por válidas algunos sectores de la sociedad) ellos pagan a empresas privadas de seguridad, instalan cámaras de seguridad y ponen rejas, cerraduras, pasadores y todo lo que tengan a mano para cuidar su propiedad. Es lógico, la inseguridad acecha. Pero pone en evidencia un doble estándar, una doble vara. Que los lleva a la incongruencia: le dicen a la sociedad que haga con el país exactamente lo contrario de lo que ellos hacen en su vida privada.

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Cuando alguien llama a la puerta, el país (nosotros) debemos mirar por la mirilla para ver ¡quién es! Si quien nos visita es un pariente o amigo, adelante. Por el contrario, si es un desconocido con actitud sospechosa, afuera. No nos podemos preguntar: ¿Qué orejas tan grandes tienes? ¿Qué nariz tan grande tienes? ¿Qué boca tan grande tienes? Para descubrir, tardíamente, que se trata del lobo.

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Como en el cuento del tío, UBER se hace pasar por otra cosa de lo que realmente es. Lo ha hecho acá y en otros lugares del mundo. El tema es que en otros lugares los descubrieron rápido y aquí tarde. Esperemos que “tarde” no sea igual a “nunca”.

El asunto es que, según el Juzgado de 1° instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA, a cargo del Juez Víctor Rodolfo Trionfetti, UBER es ilegal. Debería cesar su actividad.

Conforme los informes diversos organismos gubernamentales*…UBER incumple las leyes y la Constitución Nacional.

Pero, como somos un país abierto, resignado y laxo, UBER sigue actuando sin que la autoridad del gobierno alcance a hacer efectivo el fallo de la Justicia.

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Por el uso de su plataforma, UBER les cobra a los trabajadores conductores de los vehículos. Casi alcanzaron la perfección en la creación de plusvalía.

Viene bien que nos detengamos un minuto. La vieja escuela económica ya descubrió la plusvalía. Algo más o menos así: un empresario invertía una determinada cantidad de dinero (D) en: un espacio físico, herramientas, materias primas y mano de obra. Iniciada la producción obtenía mercancías (M). ¿Qué hacía con estos productos? Los llevaba al mercado. Al venderlos obtenía una cantidad mayor de dinero (D¨) Es decir había obtenido su ganancia. Esto, en la sociedad capitalista, es considerado legítimo y legal. Otros veían allí una fuente de explotación. Veamos un aspecto de la discusión ¿De dónde había provenido esa plusvalía (digamos ganancia)? La mayor parte del trabajo de sus empleados. Pero, observan muchos, no perdamos de vista el trabajo de éste empresario, su iniciativa, el riesgo que asumió al invertir su dinero, etc. Si le va bien, obtiene su ganancia, crea trabajo y hace un aporte a la sociedad en bienes o servicios. Y si le va mal, se funde perdiendo su dinero, etc.

Ahora veamos el caso de UBER. No hizo ninguna inversión apreciable. Encontró todo hecho.
1.- Una infraestructura aportada por el Estado: caminos, rutas, autopistas, semáforos, puentes, etc.
2.- Otra pagada por privados: estaciones de servicios de nafta o gas.
3.- Una herramienta que son las empresas tecnológicas y sus sistemas, por ejemplo: IOS (Apple) y Android (Google)
4.- Bienes aportados por los usuarios (teléfonos celulares, tablets o notebooks)
5.- Más el trabajo, el vehículo, el celular, etc. de los trabajadores individuales que van a “asociarse” con la empresa.
Es decir UBER aporta poco y nada. Una plataforma digital, una idea, un método de trabajo; apenas un eslabón insignificante en la cadena del transporte. Por ese pequeño aporte se lleva entre 20% y 30%, del pago del usuario al conductor del vehículo. “Por ejemplo, en 2022, UBER tomó de los conductores alrededor del 28% en tarifas a través de su plataforma de viajes compartidos” La diferencia entre lo que pagan los pasajeros y lo que retienen los conductores es la plusvalía que UBER gana sin riesgo, sin inversión significativa y en el marco de la ilegalidad. Cartón lleno. “En 2022, Uber generó más de $31.870 millones en ingresos, principalmente por movilidad, entrega (Uber come), y flete.”

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Veamos que ha dicho el personal especializado en la materia del GCBA, observando el funcionamiento en otras ciudades del mundo. Concluyó que: “1. Uber no es una aplicación; es una compañía multinacional de transporte que utiliza la tecnología para ofrecer un servicio ilegal. Decidió no respetar la ley y funcionar en completa ilegalidad respecto de la normativa local como nacional. 2. Todas aquellas empresas o servicios que deseen interactuar entre los usuarios y el sistema de transporte público de pasajeros, deben realizarlo a través de una habilitación especial. Los conductores de Uber no cumplen con los requisitos que, en la actualidad, el marco normativo exige. 3. El mecanismo de cobro y vinculación entre Uber y los conductores contribuye con la precarización laboral. Es evidente que la actividad que desarrolla Uber no es de intermediación sino de prestación real y directa de transporte de personas. Por último, consideramos pertinente remarcar que la Administración, desde la aparición y lanzamiento de la empresa UBER, adoptó una postura clara en relación a la ilegalidad de la actividad, implementando y concretando numerosas acciones en forma directa para impedir el desarrollo de una actividad que no cumple con la normativa vigente en la materia. Dichas acciones se continúan implementando, formando parte de la política pública del Gobierno de la Ciudad la promoción de servicios de transporte de pasajeros legales, que den cumplimiento con la normativa y que, de esa manera, garanticen y brinden un servicio eficiente y, sobre todo, seguro para los usuarios y vecinos de la Ciudad.”

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UBER practica una competencia desleal. El servicio de transporte de pasajeros es un servicio público. Por lo tanto el Estado, con todas sus potestades, tiene el deber de garantizar el mejor servicio posible, en especial la seguridad. No es lo mismo trabajar legal que ilegalmente. Todos los costos son distintos.

Los servicios de taxis o remises, debidamente habilitados, deben cumplir una serie de requisitos que son eludidos por el sistema UBER. Modelo del vehículo, mantenimiento, registro profesional, transferencia de licencia, cursos de profesionalización a conductores, documentación para alta de choferes no titulares, prórrogas de licencia, renovación de licencia, renovación de tarjeta del chofer, verificación técnica, patente, pago de impuestos.

El libre mercado debe darse en un marco de equilibrio. No es competencia real cuando uno cumple con los requisitos mientras el otro lo evita. La apertura que algunos esgrimen muchas veces es destructora del mercado. Este es un caso.

Además utiliza la nefasta política del dumping. Como sus precios son variables, durante un tiempo los puede bajar hasta debilitar a la competencia. Una vez que alcanzó una posición dominante de mercado, eleva los precios con total impunidad.

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Fuga de dólares al exterior. UBER es un caso prototípico de una empresa que invierte poco, logra excelentes ganancias en pesos y luego (como sus accionistas son extranjeros) cambia los pesos por dólares y los remesa al exterior; empobreciendo a la población local.

Distinto es el caso del que trabaja aquí, gana, gasta e invierte en pesos en el país. La restricción externa (falta consuetudinaria de dólares en la economía argentina) tiene varias fuentes. UBER es una y reemplazarla por otras aplicaciones locales, perfectamente controladas, que cumplan con toda la legislación local, es una necesidad impostergable.

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Estamos a favor de la economía digital si en el balance de la actividad queda un saldo a favor de la comunidad. Pero aceptar impasibles como se desconocen los derechos de los consumidores y usuarios o como se usa la plataforma para el acopio de datos personales para luego utilizarlos con otros fines, resulta de una irresponsabilidad, inconcebible para los poderes del Estado.

En homenaje a la brevedad dejamos aquí el análisis de esta plataforma. Aunque merecería un estudio profundo de cada una de las existentes, para evitar los abusos y que la riqueza siga fluyendo por este otro agujero del saqueo nacional.

*Agencia Gubernamental de Control-GCBA,
Inspección General de Justicia de la Nación,
Dirección General de Rentas de la Ciudad,
Secretaría de Transporte de la Ciudad,
Administración General de Ingresos Públicos,
Dirección Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control de la CABA,
Dirección de Habilitación de Conductores y Transporte,
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial,
Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano