«El establishment, a vida o muerte por la pandemia», por Néstor Gorojovsky

La operadora periodística Silvia Mercado definió muy claramente lo que piensa el bloque antinacional sobre el gobierno de Alberto Fernández cuando aseguró, en un tuit, que aceptaría la larga cuarentena impuesta desde el 20 de marzo de 2020 si hubiera 20.000 muertes por Covid (sic), y no los centenares que había en ese momento. Muertos y estafados Aunque al momento de cerrar esta nota la Argentina ya ha superado el millar de muertos, muy lejos estamos de satisfacer a la necrófila “periodista”… y en el AMBA, ¡la cuarentena sigue e incluso -tras largas vueltas del gobierno del Pro en la CABA- se refuerza al máximo! El “argumento” -que lejos estuvo de ser el único en ese sentido, pero merece tratamiento especial por la sintética rudeza de la Sra. Mercado- carece de todo sentido. Tanto le hubiera valido a la empleada del grupo Infobae reclamar que se retiren todas las barandas de los balcones hasta que, después de contabilizar cien mil muertos por caídas al vacío, se hiciera necesario ponerlas de vuelta.

Pero ni las vidas (ajenas) ni la lógica formal interesan a los voceros del interés oligárquico. Veámoslo desde el ángulo complementario: Según nos han informado hoy, el presidente de CARTEZ y de la Sociedad Rural de Río Cuarto, Javier Rotondo, aseguró esta semana en un reportaje radial que la defraudación perpetrada por el directorio de Vicentín no constituye delito alguno, ya que estaría en las reglas del capitalismo ganar y perder. Y si no has sabido evitar que te estafen, te toca pagar por ello. Un Estado bobo y cruel Según este importantísimo dirigente ruralista, el Estado no solamente no debería intervenir (mucho menos expropiar) el grupo Vicentin. Debería permitir además que los actores económicos se defrauden mutuamente en completa libertad, sin castigar las acciones delictivas que hayan cometido. Que algunos de esos actores sean bancos oficiales, es decir, del mismísimo Estado, y que esos bancos hayan estado en manos de personeros de la empresa que los Vicentin vaciaron, se le escapa por completo al Sr. Rotondo. El Estado, para él, solamente existe para tomarlo por asalto, poner amigos a dirigirlo, enriquecerse a su costa y correr luego con los gastos decurrentes (sin, por supuesto, ni siquiera atreverse a cobrarle impuestos a los que acaban de estafarlo). Este absurdo de eliminar al Estado por completo de las relaciones entre ciudadanos privados es de la misma magnitud que el de la Sra. Mercado. Y, sin embargo, un principalisimo directivo de instituciones representativas del gran capital agrario no siente la menor vergüenza en emitirlo en público. Obligado A decir verdad, como lo expresó en su blog el economista y político Eric Calcagno, “el Estado siempre interviene, siempre está. El asunto es saber a favor de quién: hubo un Estado que engendró al Cártel del Paraná, por donde se va la riqueza nacional… con poco o ningún control de lo que sale (o lo que entra). Gracias a Vicentin podemos debatir el modelo de Estado que deseamos. Otra vez en nuestra historia, la cuestión de los puertos vuelve a ser central.”1 Esta última afirmación de Calcagno da en el centro de lo que está, realmente, en debate: estamos ante un nuevo Obligado.

El Estado policíaco y el saqueo a la Nación

Nadie definió mejor la forma que asumió el Estado macrista que Artemio López, en un tweet del 28 de junio de 2020. Para el sociólogo peronista, se trató de “un Estado policial ampliado con tres patas (política, judicial y mediática) orientado al endeudamiento externo, la especulación financiera y la persecución de opositores”. Quienes convirtieron en eso al Estado, para los fines que definen López y Calcagno, suscriben por completo las declaraciones de Rotondo y Mercado: es un Credo salvaje que no reconoce mediaciones entre la vida (propia) y la muerte (ajena). Y desde el instante mismo en que perdieron las elecciones de 2019 han lanzado una ofensiva feroz, un asalto sin límites contra la Casa Rosada. De hecho, el vaciamiento de Vicentin forma parte de esa ofensiva. Martín Tetaz, uno de sus voceros de cabecera, asegura sin ponerse colorado por el canal LN+ (y otros medios) que ese vaciamiento es la consecuencia lógica del rechazo del pueblo argentino a la reelección de Mauricio Macri. Ese asalto explica cualquier ataque. No importa tener razón, ser coherente, seguir alguna lógica discernible: importa desgastar a un gobierno que optó por defender la vida de sus gobernados, al precio que sea, y movilizando para ello todos los recursos posibles. Y colocando al Estado en el centro mismo de esa defensa.

Histeria oligárquica De ahí la defensa de la muerte que hace Mercado, de ahí el anarquismo selvático de Rotondo, de ahí la indefendible reflexión de Tetaz. El bloque oligárquico percibe que hay un gobierno que pretende defender la vida de los argentinos utilizando las herramientas de que dispone el Estado, y sabe que su proyecto exige que el Estado se retire para eliminar la población sobrante en su mezquina ambición de retornar a los buenos tiempos… ¿anteriores a Perón? No. Anteriores a la Ley Sáenz Peña y a Hipólito Yrigoyen. Percibe que si el gobierno mantiene los niveles de popularidad que alcanzó por su manejo de la pandemia, no habrá modo de derrotarlo en las parlamentarias de 2021 y, por lo tanto, de impedir que sea reelecto en 2023. Y eso es demasiado para su intención retrogradante. Por lo tanto, se lanza al ataque más furioso posible, para imponer las condiciones de la salida de la peste. ¿Cómo será que “nada será como antes”? La crisis económica mundial desatada por la pandemia viral arribó a un país saqueado y llevado al borde de la ruina por el régimen oligárquico e imperialista presidido por Mauricio Macri. Esto impone un dramatismo excepcional a la convicción global generalizada de que una vez que se encuentre remedio y vacuna contra el Sars-Cov-2 y se puedan levantar las medidas de excepción que impone la salud pública “nada será como antes”. Porque hay varios modos de “no ser como antes”. En algunos países, incluso, las cosas pueden llegar a ser bastante parecidas a lo que eran antes. La República Popular China, por ejemplo, solamente hará los ajustes necesarios para adaptarse a un mercado mundial en el que su posición se modificará de un modo no desdeñable: EEUU intentará liberarse de la dependencia que llegó a tener de ella retornando a cierto proteccionismo industrial y profundizando la agresión que se suele banalizar como “guerra comercial”; por lo tanto, el gobierno chino fortalecerá la apuesta al mercado interno que ya había empezado a practicar con la crisis de 2008; al mismo tiempo, la Federación Rusa fortalecerá sus vínculos con el gigante asiático y no puede descartarse que se convierta en el nexo comercial con una Europa abandonada a su suerte por Washington (¿y Londres?). Es decir, no habrá demasiados cambios y de hecho Beijing presentará cifras positivas, aunque bajas, en la evolución de su PBI durante el resto de 2020. En la Argentina, la situación es la opuesta. No hay neutralidad posible sobre el escenario post-pandémico. Como bien resumió Enrique Lacolla en su blog Perspectivas, nadie es más conciente que el bloque antinacional de que “o Argentina rompe con la fijación del sistema económico-mediático-judicial que la paraliza, o retrogradará hacia un largo período de desorden, anomia y expulsión a la periferia de la tercera parte o más de su población.” Al país, asegura el periodista cordobés, “sólo le queda renovarse o zozobrar”.2 Los riesgos del estáblishment El estáblishment aprovechó el Cuatrienio Abyecto para destrozar las finanzas públicas, llevar al borde de la muerte a la pequeña y mediana industria, e imponer un retroceso técnico, científico y social que culminó en la reducción de los ministerios de Salud, Trabajo, Ciencia y Técnica y Cultura a meras secretarías de Estado. Así es que su división mediática no repara en medios, ni en absurdos, para atacar al gobierno recién llegado y ya abocado a proteger las vidas contra el virus exógeno. Desde adentro mismo del país, despojados del poder del Estado (que, dicho sea de paso, destrozaron como termitas en una casa de madera), pero dueños de buena parte del poder real de la Argentina, entienden que corre grave riesgo no solamente lo que avanzaron bajo Macri sino más de uno de sus seculares privilegios (que, cínicamente, quieren hacer pasar por “derechos adquiridos”). No temen ni siquiera el riesgo de un no imposible caos que, creen, las favorecerá. En este contexto, las convocatorias a quebrar la cuarentena (sabiamente manejadas, por otra parte, en el discurso del miedo que hizo el Presidente de la Nación al presentar la nueva extensión del cierre en el AMBA), la burla a las leyes o decretos protectores del empleo, e incluso (por supuesto) el permanente intento de crear una crisis cambiaria o una hiperinflación no son más que escaramuzas cuyo objetivo inicial es erosionar al gobierno nacional. Pero en segundo lugar, intentan probar hasta dónde la natural tendencia del abogado Alberto Fernández a la negociación, la concertación de intereses y el respeto estricto de la ley servirán, o no, a su práctica destituyente. Una reforma patronal es cuestión de vida o muerte En todo este ataque juega un rol aparte, equiparable al del “partido militar” posterior a 1955, el alto comando del Poder Judicial. Cada día que pasa se revela más insuficiente la autolimitación que está mostrando Alberto Fernández en el trabajo de apartar de la administración de justicia a la carroña procesista que se mantiene en ella desde que, en 1983, el alfonsinismo orientó la lucha contra la herencia del régimen de Martínez de Hoz casi exclusivamente contra los subordinados del títere Videla.

Ya es hora de entender que los uniformados fueron sicarios, y los verdaderos genocidas, civiles. La pandemia puede dejarnos una institución presidencial fortalecida en la consideración pública. Ya está sirviendo para reconciliar al Ejército con el pueblo. Seguramente su levantamiento será oportunidad de revitalizar reivindicaciones del movimiento obrero que un gobierno interesado en la expansión del mercado interno en medio de un planeta que tiende a retornar al proteccionismo no puede sino aprovechar. Es el momento de forzar al empresariado a practicar la única reforma que se niega a llevar a cabo. Según anotó Mónica Peralta Ramos en El cohete a la luna del domingo 28 de junio, “el caso Vicentin … apunta a un futuro no muy lejano donde el Estado tendrá que intervenir para salvar empresas en lugares estratégicos. Ya hay dos casos que, por diferentes motivos, se acercan a ese desenlace: Sancor y Molino Cañuelas … de vital importancia para la industria de la alimentación.”3 Es la hora de la reforma patronal. La pandemia que azota al mundo entero la ha convertido en cuestión de vida o muerte. Nadie lo sabe mejor que Silvia Mercado. Sepámoslo nosotros también y actuemos en consecuencia.

*El autor es Geógrafo y dirigente de Patria y Pueblo