Los peajes.

El “peaje” es, en realidad, un “impuesto al tránsito” en corredores viales nacionales concesionados.

Los peajes se abonan compulsivamente a través de las “cabinas de pillaje”, como dice el Licenciado Ricardo Lasca*. No es un robo a mano armada en sentido estricto, pero se le parece. Siempre vamos a ver personal de seguridad para disuadir a cualquier aventurero que se preste a dar el mal ejemplo de no pagar. Y bajo esa amenaza, todos pagamos. La diferencia con los ladrones comunes es que está tarifado, de manera que, al transformarse en una constante, lo naturalizamos. (Como la mancha de humedad en la pared a la que nos hemos acostumbrado ver todos los días) Otra diferencia con los asaltos de ladrones a mano armada, es que estos últimos son ocasionales. En las respectivas estaciones de cobro de peaje el saqueo resulta todas las veces que tengamos necesidad de utilizar un corredor vial concesionado.

Sería interesante que esta especie de saqueadores nos expliquen cómo, en un país que no acepta aduanas interiores y en el artículo 81 de su CN garantiza que “Toda persona tiene derecho a circular libremente…”, ellos nos frenan y solo nos dejan “circular libremente” luego de haberles pagado la cuota de pillaje; por el uso de una ruta o autopista que ya había hecho es Estado. Con nuestros impuestos.

Sumamos este tema a la saga sobre el saqueo, porque es demostrativo que va más allá de cuanto nos saquean. Se ha transformado en parte de una práctica de determinados grupos político – económicos que acumulan fortunas con este método de obtener concesiones del Estado.

De una nota en homenaje al ya fallecido Dr Guillermo Laura, tomo unos párrafos de Ergasto Riva:

“Su gran desafío fue cómo unir Argentina mediante una red de autopistas. Siguiendo la máxima (de Juan Bautista Alberdi)…llevar el interior al litoral bajando los costos de los fletes.”

“Las autopistas, por su propia naturaleza, son bienes públicos. Es decir, no puede excluirse a nadie de su uso ni hay rivalidad (el consumo de uno no va en desmedro del consumo de otro). Es por eso que en todos los países del mundo son responsabilidad del Estado.”

“La única forma…(de financiar la obra)… era la creación de una tasa sobre los combustibles, no un impuesto, que con el flujo de fondos que con ella se generara se retribuyera la inversión hecha por el concesionario privado una vez que la obra estuviera terminada y brindando servicio.”

“La principal resistencia a su plan de autopistas vino de parte de la Cámara Argentina de la Construcción (conocida comúnmente como Cámara Argentina de la “Corrupción”). Estos empresarios encuadernados habían sido compensados con la concesión de rutas, hechas total y absolutamente con inversión estatal, por los aportes a la campaña de Carlos Menem en 1989. Así llegaron a recaudar hasta un millón de dólares por día en concepto de peajes (cifras del INDEC) por el solo hecho de pintar las rutas y cortar el pasto de las banquinas. Estos empresarios prebendarios, que siempre ganan más por no construir que por construir, desplegaron toda su capacidad de lobby para vituperar y descalificar públicamente el Plan Laura. Para ello usaron toda su capacidad de influencia en el periodismo y en las profesiones de ingeniería y de economía. El Centro Argentino de Ingenieros llegó a decir que no veía necesaria la construcción de autopistas, porque no había tránsito suficiente, y la Fundación FIEL fue el ariete económico que cobró millones de dólares por escribir el libro Argentina: Infraestructura, ciclo y crecimiento (1998), donde se exponía el peligro de la “sobreinversión” en obras. ¡Hay que ser muy caradura para alertar sobre el peligro de sobreinversión en Argentina!”

Como queda explicado, un fruto del árbol de la corrupción fue la manzana putrefacta de los peajes. Manzana que millones de camiones, ómnibus, colectivos, coches particulares, etc. deben morder todos los días. Envenenando la economía con una sobretasa que altera los costos, sobredimensiona los fletes y le hace perder competitividad a la economía argentina.

Es decir un “falso peaje o impuesto al tránsito” que no sólo tiene que sufrir el usuario vial sino toda la sociedad en su conjunto, ya que se ha generado un aumento en el costo del transporte y por ende en todos los precios de la economía.

El sistema de peaje directo con cabinas de cobro en ruta está concebido para cuando uno construye, termina la obra y luego la recupera con una tarifa de peaje razonable por tratarse de un servicio público, y con un camino alternativo libre de pago. En Argentina se hizo lo contrario. Se aplicó en rutas existentes pagadas con nuestros impuestos y sin camino alternativo libre de pago. Esto generó una especie de monopolios naturales donde los usuarios viales somos rehenes de las empresas concesionarias. “O paga, o no pasa”

Cabe destacar que el régimen de “falso peaje” que rige, es claramente inconstitucional por la falta de caminos alternativos libres de pago y la doble imposición (Debemos sumar el famoso Impuesto a los Combustibles), inviable técnicamente por el bajo caudal de tránsito en algunas rutas motivo por el cual gran parte de la recaudación se destina el fenomenal costo operativo de las estaciones de peaje sin volcarse plata al camino. Justamente las obras de envergadura que se desarrollan se hacen con fondos del Estado Nacional o provincial, o créditos, y no con fondos de los concesionarios. Una verdadera estafa vial. Se paga peaje sólo para solventar el costo operativo de las estaciones de “pillaje”. Las garitas de cobro son una clara caja política, gobierne que gobierne. Una estafa vial que persiste en el tiempo.

Es importante destacar que existen distintos métodos de financiamiento vial, y no sólo el sistema de peaje directo con cabinas de cobro en ruta. El Estado debe elegir el mejor, de manera tal que el camino cumpla con una de sus principales funciones que es la de generar riquezas y beneficios para toda la comunidad, fundamentalmente bajando el costo de transporte.

Rutas argentinas hasta el fin.

Es muy claro que el levantamiento de las redes ferroviarias, con el fin de estimular el negocio del transporte de pasajeros y de carga en ómnibus y camiones, saturó una infraestructura que no estaba preparada para semejante aumento en la circulación. Así la siniestralidad creció, llegando a cifras que conmueven, aunque tengan poca difusión.

La muerte cuando uno menos la espera.

La tasa de homicidios dolosos fue del 4,2 cada 100.000 habitantes en 2022. Cerca de 2.000 crímenes. Quedamos impactados cuando vemos las imágenes de delincuentes disparando sobre sus víctimas. Imágenes que nos brinda el GBA, el Gran Rosario, etc. Nos indignamos y exigimos mayor seguridad. Es lógico, cada vida es única e irrepetible. Defenderla es un deber de todos. Siendo el Estado el responsable de promover la seguridad, al tiempo de prevenir y disuadir para que, el delito de matar, se reduzca hasta la mínima expresión.

La Asociación Civil “Luchemos por la Vida”, en su página web nos dice que: el total de muertos en accidentes de tránsito durante el 2022 fue de 6.184 (Promedio diario: 17 – Promedio mensual: 515) Es decir 3 veces más muertos que los ocasionados por “homicidios dolosos”. Pero en este caso no nos indignamos.

En 2022 perdimos, cada 38 días, la misma cantidad de vidas que tuvimos durante la guerra de Malvinas (649 en 74 días) en accidentes de tránsito. Una guerra de Malvinas cada 38 días. Y nosotros parecemos anestesiados. Los peajes no han salvado vida. La política de desmantelar el ferrocarril y concesionar las rutas y autopistas fue criminal. Tomando la misma Asociación Civil y sumando los muertos desde 1992 hasta 2022 (31 años) más de 227.000 muertos en accidentes viales.

Si sumáramos las heridas leves, las lesiones de distinta gravedad de cabeza, cerebro, cuello, espalda, pecho y costillas; más las amputaciones, podríamos imaginar los números de una guerra. Con la secuela correspondiente en la economía de las personas, las familias, las empresas, la salud pública, etc.

No todas las muertes, ni todos los heridos los vamos a asignar al saqueo de los peajes. La Seguridad Vial necesita conductores responsables, no sobrepasar la velocidad máxima, respetar la señalización, conocimientos, experiencia, y una infraestructura adecuada. Nada que los bandidos vayan a brindar.

¿No valdría la pena exigirles a nuestros funcionarios un cambio radical en la política de transporte? ¿Será que es una caja negra? ¿O que es una de las formas en que la obra pública produce sobre precios?

Se ha creado la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Está bien. Ha impulsado la Ley de Alcohol cero. Está bien. Suspendió la licencia de conducir a colectiveros que miraban el celular mientras conducían. Bien. Pero estamos lejos (muy lejos) de lo que necesitamos.

Defensor del Pueblo.

El artículo 86 de nuestra Constitución Nacional dice que: “El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad.”

La ley 24.284 crea la figura de Defensor del Pueblo. En su artículo 14 establece que: “…puede iniciar y proseguir de oficio o a petición del interesado cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos, hechos u omisiones de la administración pública nacional y sus agentes, que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de sus funciones, incluyendo aquéllos capaces de afectar los intereses difusos o colectivos.”

Está claro que deberemos recurrir a él. Existe una gran estructura con empleados, edificio propio y todo tipo de material para cumplir su misión. Podemos acercarnos a su dirección: Suipacha 365 CABA. O llamar por teléfono al 0810-333-3762. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Con que el último fue el Dr Eduardo Mondino, que finalizó su mandato el 6 de abril de 2009. De manera que el 6 de abril de 2024, se cumplirán 15 años sin Defensor del Pueblo. Fiesta de 15 para las mafias de adentro y afuera del Estado. ¿A esto le llamaría el Dr Carlos Nino “la anomia boba”? ¿O solo será desidia? ¿O actuar impunemente para que los negociados (como los peajes) no tengan un lugar donde sean cuestionados como una práctica inconstitucional y corrupta?

Las Audiencias Públicas.

Las Audiencias (lo exige la Ley) tendrían por finalidad dar participación a los ciudadanos para la toma de decisiones importantes. Habitualmente se hacen audiencias para las permanentes modificaciones de los cuadros tarifarios, pero son de carácter no vinculante, siendo un simple formalismo y falta de respeto a los participantes. De todas maneras, en el caso concreto de los corredores viales nacionales no se realizan Audiencias Públicas, simplemente se realizan Consultas Ciudadanas por escrito, lo cual imposibilita todo tipo de cambio de opiniones o debate. Hay que destacar que los caminos son de dominio público y no propiedad exclusiva de un Presidente, Gobernador o funcionario. Pero no es otra cosa que una teatralización de una participación que no puede cambiar el rumbo de las decisiones tomadas. Así las opiniones adversas, reclamos o propuestas, caen en saco roto. Las Audiencias demuestran el desprecio de funcionarios y empresarios en torno a la participación democrática. Falacias sin capacidad de torcer las decisiones tomadas, en otro lugar menos público, por el poder económico-político.

Las concesiones viales tienen carácter de servicio público. Parece mentira que desde el inicio de las concesiones viales nacionales nunca se generó un Marco Regulatorio – Ente Regulador y que se contemple la participación activa de los usuarios viales directos e indirectos. Estamos a la buena de Dios.

Los impuestos a la nafta son malversados.

Hay malversación de fondos públicos cuando se modifica, por fuera de la ley, el destino de una recaudación impositiva. No es dinero que el funcionario se lleve a su casa. Es la utilización de una partida monetaria, en un objetivo distinto al dispuesto por la ley. Así se desvirtúa el uso de esos recursos, no cumplen la misión a la que fueron destinados y se cae en un delito, que difícilmente llegue a juicio.

Por la malversación del “impuesto a los combustibles” se pronunciaron el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) y la Asociación de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (AP) Dichos fondos “deberían ser asignados en forma efectiva a financiar obras de infraestructura vial, tan necesarias para mejorar la red caminera del País, y libre de “falsos peajes”.

La enorme cifra generada por el Impuesto a los Combustibles, permitiría implementar, dicen estas asociaciones, un verdadero Proyecto Vial, libre de peaje, que contemple toda la red caminera de la Argentina, generando importantes beneficios sociales y económicos para los usuarios viales y para toda la sociedad en su conjunto.

El desvío de este dinero hace “vano el sacrificio en pos de un medio de transporte carretero más seguro y que no sea una carga más al sistema productivo.”

Como vemos, estamos ante una doble imposición. Situación a todas luces irregular e ilegal. Pero con una particularidad significativa: ninguna de las dos fuentes de recursos (impuesto y peajes) terminan mejorando la infraestructura vial argentina. Entre la malversación y la corrupción el saqueo alcanza uno de sus puntos cumbres en las cabinas de pillaje.

Tener un vehículo parece ser un delito. Se pagan falsos peajes, impuesto a los combustibles, VTV, grabado de autopartes, patente, seguro, mantenimiento, ingresos brutos, etc.

Es importante destacar que el régimen de falso peaje implementado en corredores viales nacionales en la década del 90, fue copiado en la Provincia de Buenos Aires, San Luis, Santa Fe y Córdoba. Esto sin dejar de lado la escandalosa concesión del Camino del Buen Ayre o los Accesos a la Capital Federal, y también de las Autopistas Urbanas, y la Red de Accesos a Córdoba (RAC)

No hay que olvidar que a nivel nacional se creó una Empresa innecesaria, burocrática, sumamente costosa y encima deficitaria, que actúa en forma paralela a la Dirección Nacional de Vialidad, y que se denomina Corredores Viales S. A., la cual tiene bajo su administración los corredores viales nacionales y la Autopista Ricchieri-Ezeiza-Cañuelas. Solo se limita a cobrar el peaje, teniendo en cuenta que no tiene ninguna estructura de empresa constructora. Caja política. Algo similar ocurre en la Provincia de Buenos Aires, donde existe AUBASA – Autopista de Buenos Aires S. A. (administra la Autopista Buenos Aires – La Plata y la Autovía 2 y Ruta 11 interbalnearia y conexas). En Córdoba crearon Caminos de la Sierras S. A. que administra la Red de Accesos a Córdoba (RAC). En Capital Federal, AUSA – Autopistas Urbanas S. A. CORREDORES VIALES S.A. 51 % Ministerio de Transporte y 49 % DNV. AUBASA 93 % Gobierno Provincial, 7 % empleados AUSA 99 % Gobierno y 1 % Subterráneos
CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. Total paquete accionario Provincia de Córdoba

¿Por qué hay que solventar estas empresas truchas, si existe Vialidad Nacional y Provincial? Como en todos los casos la pregunta es ¿Al servicio de quién se organiza y actúa el Estado? ¿Al servicio del pueblo en aras del bienestar general o el saqueo en favor de minorías corruptas? Esa es la cuestión. No otra.

*Esta nota contó con la colaboración jerarquizada del Licenciado Ricardo Lasca.