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OPINIÓN

Es el saqueo, así de sencillo (14) por Mario Mazzitelli.

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Los peajes.

El “peaje” es, en realidad, un “impuesto al tránsito” en corredores viales nacionales concesionados.

Los peajes se abonan compulsivamente a través de las “cabinas de pillaje”, como dice el Licenciado Ricardo Lasca*. No es un robo a mano armada en sentido estricto, pero se le parece. Siempre vamos a ver personal de seguridad para disuadir a cualquier aventurero que se preste a dar el mal ejemplo de no pagar. Y bajo esa amenaza, todos pagamos. La diferencia con los ladrones comunes es que está tarifado, de manera que, al transformarse en una constante, lo naturalizamos. (Como la mancha de humedad en la pared a la que nos hemos acostumbrado ver todos los días) Otra diferencia con los asaltos de ladrones a mano armada, es que estos últimos son ocasionales. En las respectivas estaciones de cobro de peaje el saqueo resulta todas las veces que tengamos necesidad de utilizar un corredor vial concesionado.

Sería interesante que esta especie de saqueadores nos expliquen cómo, en un país que no acepta aduanas interiores y en el artículo 81 de su CN garantiza que “Toda persona tiene derecho a circular libremente…”, ellos nos frenan y solo nos dejan “circular libremente” luego de haberles pagado la cuota de pillaje; por el uso de una ruta o autopista que ya había hecho es Estado. Con nuestros impuestos.

Sumamos este tema a la saga sobre el saqueo, porque es demostrativo que va más allá de cuanto nos saquean. Se ha transformado en parte de una práctica de determinados grupos político – económicos que acumulan fortunas con este método de obtener concesiones del Estado.

De una nota en homenaje al ya fallecido Dr Guillermo Laura, tomo unos párrafos de Ergasto Riva:

“Su gran desafío fue cómo unir Argentina mediante una red de autopistas. Siguiendo la máxima (de Juan Bautista Alberdi)…llevar el interior al litoral bajando los costos de los fletes.”

“Las autopistas, por su propia naturaleza, son bienes públicos. Es decir, no puede excluirse a nadie de su uso ni hay rivalidad (el consumo de uno no va en desmedro del consumo de otro). Es por eso que en todos los países del mundo son responsabilidad del Estado.”

“La única forma…(de financiar la obra)… era la creación de una tasa sobre los combustibles, no un impuesto, que con el flujo de fondos que con ella se generara se retribuyera la inversión hecha por el concesionario privado una vez que la obra estuviera terminada y brindando servicio.”

“La principal resistencia a su plan de autopistas vino de parte de la Cámara Argentina de la Construcción (conocida comúnmente como Cámara Argentina de la “Corrupción”). Estos empresarios encuadernados habían sido compensados con la concesión de rutas, hechas total y absolutamente con inversión estatal, por los aportes a la campaña de Carlos Menem en 1989. Así llegaron a recaudar hasta un millón de dólares por día en concepto de peajes (cifras del INDEC) por el solo hecho de pintar las rutas y cortar el pasto de las banquinas. Estos empresarios prebendarios, que siempre ganan más por no construir que por construir, desplegaron toda su capacidad de lobby para vituperar y descalificar públicamente el Plan Laura. Para ello usaron toda su capacidad de influencia en el periodismo y en las profesiones de ingeniería y de economía. El Centro Argentino de Ingenieros llegó a decir que no veía necesaria la construcción de autopistas, porque no había tránsito suficiente, y la Fundación FIEL fue el ariete económico que cobró millones de dólares por escribir el libro Argentina: Infraestructura, ciclo y crecimiento (1998), donde se exponía el peligro de la “sobreinversión” en obras. ¡Hay que ser muy caradura para alertar sobre el peligro de sobreinversión en Argentina!”

Como queda explicado, un fruto del árbol de la corrupción fue la manzana putrefacta de los peajes. Manzana que millones de camiones, ómnibus, colectivos, coches particulares, etc. deben morder todos los días. Envenenando la economía con una sobretasa que altera los costos, sobredimensiona los fletes y le hace perder competitividad a la economía argentina.

Es decir un “falso peaje o impuesto al tránsito” que no sólo tiene que sufrir el usuario vial sino toda la sociedad en su conjunto, ya que se ha generado un aumento en el costo del transporte y por ende en todos los precios de la economía.

El sistema de peaje directo con cabinas de cobro en ruta está concebido para cuando uno construye, termina la obra y luego la recupera con una tarifa de peaje razonable por tratarse de un servicio público, y con un camino alternativo libre de pago. En Argentina se hizo lo contrario. Se aplicó en rutas existentes pagadas con nuestros impuestos y sin camino alternativo libre de pago. Esto generó una especie de monopolios naturales donde los usuarios viales somos rehenes de las empresas concesionarias. “O paga, o no pasa”

Cabe destacar que el régimen de “falso peaje” que rige, es claramente inconstitucional por la falta de caminos alternativos libres de pago y la doble imposición (Debemos sumar el famoso Impuesto a los Combustibles), inviable técnicamente por el bajo caudal de tránsito en algunas rutas motivo por el cual gran parte de la recaudación se destina el fenomenal costo operativo de las estaciones de peaje sin volcarse plata al camino. Justamente las obras de envergadura que se desarrollan se hacen con fondos del Estado Nacional o provincial, o créditos, y no con fondos de los concesionarios. Una verdadera estafa vial. Se paga peaje sólo para solventar el costo operativo de las estaciones de “pillaje”. Las garitas de cobro son una clara caja política, gobierne que gobierne. Una estafa vial que persiste en el tiempo.

Es importante destacar que existen distintos métodos de financiamiento vial, y no sólo el sistema de peaje directo con cabinas de cobro en ruta. El Estado debe elegir el mejor, de manera tal que el camino cumpla con una de sus principales funciones que es la de generar riquezas y beneficios para toda la comunidad, fundamentalmente bajando el costo de transporte.

Rutas argentinas hasta el fin.

Es muy claro que el levantamiento de las redes ferroviarias, con el fin de estimular el negocio del transporte de pasajeros y de carga en ómnibus y camiones, saturó una infraestructura que no estaba preparada para semejante aumento en la circulación. Así la siniestralidad creció, llegando a cifras que conmueven, aunque tengan poca difusión.

La muerte cuando uno menos la espera.

La tasa de homicidios dolosos fue del 4,2 cada 100.000 habitantes en 2022. Cerca de 2.000 crímenes. Quedamos impactados cuando vemos las imágenes de delincuentes disparando sobre sus víctimas. Imágenes que nos brinda el GBA, el Gran Rosario, etc. Nos indignamos y exigimos mayor seguridad. Es lógico, cada vida es única e irrepetible. Defenderla es un deber de todos. Siendo el Estado el responsable de promover la seguridad, al tiempo de prevenir y disuadir para que, el delito de matar, se reduzca hasta la mínima expresión.

La Asociación Civil “Luchemos por la Vida”, en su página web nos dice que: el total de muertos en accidentes de tránsito durante el 2022 fue de 6.184 (Promedio diario: 17 – Promedio mensual: 515) Es decir 3 veces más muertos que los ocasionados por “homicidios dolosos”. Pero en este caso no nos indignamos.

En 2022 perdimos, cada 38 días, la misma cantidad de vidas que tuvimos durante la guerra de Malvinas (649 en 74 días) en accidentes de tránsito. Una guerra de Malvinas cada 38 días. Y nosotros parecemos anestesiados. Los peajes no han salvado vida. La política de desmantelar el ferrocarril y concesionar las rutas y autopistas fue criminal. Tomando la misma Asociación Civil y sumando los muertos desde 1992 hasta 2022 (31 años) más de 227.000 muertos en accidentes viales.

Si sumáramos las heridas leves, las lesiones de distinta gravedad de cabeza, cerebro, cuello, espalda, pecho y costillas; más las amputaciones, podríamos imaginar los números de una guerra. Con la secuela correspondiente en la economía de las personas, las familias, las empresas, la salud pública, etc.

No todas las muertes, ni todos los heridos los vamos a asignar al saqueo de los peajes. La Seguridad Vial necesita conductores responsables, no sobrepasar la velocidad máxima, respetar la señalización, conocimientos, experiencia, y una infraestructura adecuada. Nada que los bandidos vayan a brindar.

¿No valdría la pena exigirles a nuestros funcionarios un cambio radical en la política de transporte? ¿Será que es una caja negra? ¿O que es una de las formas en que la obra pública produce sobre precios?

Se ha creado la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Está bien. Ha impulsado la Ley de Alcohol cero. Está bien. Suspendió la licencia de conducir a colectiveros que miraban el celular mientras conducían. Bien. Pero estamos lejos (muy lejos) de lo que necesitamos.

Defensor del Pueblo.

El artículo 86 de nuestra Constitución Nacional dice que: “El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad.”

La ley 24.284 crea la figura de Defensor del Pueblo. En su artículo 14 establece que: “…puede iniciar y proseguir de oficio o a petición del interesado cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos, hechos u omisiones de la administración pública nacional y sus agentes, que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de sus funciones, incluyendo aquéllos capaces de afectar los intereses difusos o colectivos.”

Está claro que deberemos recurrir a él. Existe una gran estructura con empleados, edificio propio y todo tipo de material para cumplir su misión. Podemos acercarnos a su dirección: Suipacha 365 CABA. O llamar por teléfono al 0810-333-3762. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Con que el último fue el Dr Eduardo Mondino, que finalizó su mandato el 6 de abril de 2009. De manera que el 6 de abril de 2024, se cumplirán 15 años sin Defensor del Pueblo. Fiesta de 15 para las mafias de adentro y afuera del Estado. ¿A esto le llamaría el Dr Carlos Nino “la anomia boba”? ¿O solo será desidia? ¿O actuar impunemente para que los negociados (como los peajes) no tengan un lugar donde sean cuestionados como una práctica inconstitucional y corrupta?

Las Audiencias Públicas.

Las Audiencias (lo exige la Ley) tendrían por finalidad dar participación a los ciudadanos para la toma de decisiones importantes. Habitualmente se hacen audiencias para las permanentes modificaciones de los cuadros tarifarios, pero son de carácter no vinculante, siendo un simple formalismo y falta de respeto a los participantes. De todas maneras, en el caso concreto de los corredores viales nacionales no se realizan Audiencias Públicas, simplemente se realizan Consultas Ciudadanas por escrito, lo cual imposibilita todo tipo de cambio de opiniones o debate. Hay que destacar que los caminos son de dominio público y no propiedad exclusiva de un Presidente, Gobernador o funcionario. Pero no es otra cosa que una teatralización de una participación que no puede cambiar el rumbo de las decisiones tomadas. Así las opiniones adversas, reclamos o propuestas, caen en saco roto. Las Audiencias demuestran el desprecio de funcionarios y empresarios en torno a la participación democrática. Falacias sin capacidad de torcer las decisiones tomadas, en otro lugar menos público, por el poder económico-político.

Las concesiones viales tienen carácter de servicio público. Parece mentira que desde el inicio de las concesiones viales nacionales nunca se generó un Marco Regulatorio – Ente Regulador y que se contemple la participación activa de los usuarios viales directos e indirectos. Estamos a la buena de Dios.

Los impuestos a la nafta son malversados.

Hay malversación de fondos públicos cuando se modifica, por fuera de la ley, el destino de una recaudación impositiva. No es dinero que el funcionario se lleve a su casa. Es la utilización de una partida monetaria, en un objetivo distinto al dispuesto por la ley. Así se desvirtúa el uso de esos recursos, no cumplen la misión a la que fueron destinados y se cae en un delito, que difícilmente llegue a juicio.

Por la malversación del “impuesto a los combustibles” se pronunciaron el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) y la Asociación de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (AP) Dichos fondos “deberían ser asignados en forma efectiva a financiar obras de infraestructura vial, tan necesarias para mejorar la red caminera del País, y libre de “falsos peajes”.

La enorme cifra generada por el Impuesto a los Combustibles, permitiría implementar, dicen estas asociaciones, un verdadero Proyecto Vial, libre de peaje, que contemple toda la red caminera de la Argentina, generando importantes beneficios sociales y económicos para los usuarios viales y para toda la sociedad en su conjunto.

El desvío de este dinero hace “vano el sacrificio en pos de un medio de transporte carretero más seguro y que no sea una carga más al sistema productivo.”

Como vemos, estamos ante una doble imposición. Situación a todas luces irregular e ilegal. Pero con una particularidad significativa: ninguna de las dos fuentes de recursos (impuesto y peajes) terminan mejorando la infraestructura vial argentina. Entre la malversación y la corrupción el saqueo alcanza uno de sus puntos cumbres en las cabinas de pillaje.

Tener un vehículo parece ser un delito. Se pagan falsos peajes, impuesto a los combustibles, VTV, grabado de autopartes, patente, seguro, mantenimiento, ingresos brutos, etc.

Es importante destacar que el régimen de falso peaje implementado en corredores viales nacionales en la década del 90, fue copiado en la Provincia de Buenos Aires, San Luis, Santa Fe y Córdoba. Esto sin dejar de lado la escandalosa concesión del Camino del Buen Ayre o los Accesos a la Capital Federal, y también de las Autopistas Urbanas, y la Red de Accesos a Córdoba (RAC)

No hay que olvidar que a nivel nacional se creó una Empresa innecesaria, burocrática, sumamente costosa y encima deficitaria, que actúa en forma paralela a la Dirección Nacional de Vialidad, y que se denomina Corredores Viales S. A., la cual tiene bajo su administración los corredores viales nacionales y la Autopista Ricchieri-Ezeiza-Cañuelas. Solo se limita a cobrar el peaje, teniendo en cuenta que no tiene ninguna estructura de empresa constructora. Caja política. Algo similar ocurre en la Provincia de Buenos Aires, donde existe AUBASA – Autopista de Buenos Aires S. A. (administra la Autopista Buenos Aires – La Plata y la Autovía 2 y Ruta 11 interbalnearia y conexas). En Córdoba crearon Caminos de la Sierras S. A. que administra la Red de Accesos a Córdoba (RAC). En Capital Federal, AUSA – Autopistas Urbanas S. A. CORREDORES VIALES S.A. 51 % Ministerio de Transporte y 49 % DNV. AUBASA 93 % Gobierno Provincial, 7 % empleados AUSA 99 % Gobierno y 1 % Subterráneos
CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. Total paquete accionario Provincia de Córdoba

¿Por qué hay que solventar estas empresas truchas, si existe Vialidad Nacional y Provincial? Como en todos los casos la pregunta es ¿Al servicio de quién se organiza y actúa el Estado? ¿Al servicio del pueblo en aras del bienestar general o el saqueo en favor de minorías corruptas? Esa es la cuestión. No otra.

*Esta nota contó con la colaboración jerarquizada del Licenciado Ricardo Lasca.

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OPINIÓN

EL FUNDAMENTALISMO IDEOLOGICO Y LA REALPOLITIK por Ariel Rolfo

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Cuando el Fundamentalismo Ideológico gobierna con su fanatismo implícito se producen las mayores tragedias de la humanidad prueba de ello son el Genocidio Armenio producido por lo Jóvenes Turcos, el Genocidio en Camboya producido por los Jemeres Rojos y su líder Pol Pot, el Holocausto Judío producido por los Nazis y Hitler o la expulsión, segregación y finalmente Genocidio Palestino que el Sionismo Israelí instrumento prácticamente desde el inicio del estado de Israel y que llega hoy a este nivel superlativo con la destrucción del Ghetto de Gaza llevado adelante por Benjamín Netanyahu ya bautizado como “El carnicero de Gaza”.

El peligro que suponen los gobernantes o movimientos políticos con un Fundamentalismo Ideológico que inevitablemente conlleva a una fanática gestión de estado puede estar contrabalanceado por los factores de poder existentes que se contraponen a esa fuerza de fanatismo de gobierno, en otras palabras lo que se denomina Realpolitik que no es otra cosa que los marcos de contencion y limites que imponen los factores de poder existentes a un gobernante extremista en sus posiciones y en su gestión.

El presidente electo Javier Milei tiene características de esos lideres políticos mencionados que detrás de una concepción ideológica extrema trata de someter la realidad a ese modelo teórico conceptual sin importar el costo humano en el intento.

Ya sus lineamientos de gobierno enunciados, las medidas de shock anunciadas como asi también sus pronósticos futuros de 2 largos años de estanflación (depresión económica + inflación) están generando grandes temores en distintos estamentos de la sociedad, aumentos inflacionarios preventivos y algunas medidas empresarias defensivas como despidos masivos ya motorizados por empresas.

A este nuevo azote que se avecina para la argentina de una 4° Ola Neoliberal brutal camuflada de Anarcocapitalista que con su timonel a cargo decidido a hacer cirugía sin anestesia sobre el pueblo (como anteriormente hicieron otros como Martínez de Hoz, Menem o Macri), ya empieza a despejársele algunos de los limites que la Realpolitik le impondrá para acotar su accionar.

Internacionales
Su alineamiento de relaciones carnales con EE.UU. se vio ensombrecido por la torpeza demostrada en su accionar en el reciente viaje a New York donde el presidente Biden suspendió su reunión con el cómo asi también lo hizo en el otro extremo del espectro Donald Trump. La habilidad de moverse diplomáticamente de Javier Milei en el escenario internacional es la misma que la de un elefante en un bazar.

Su distanciamiento de Brasil, China y los BRICS donde se hallan los principales socios comerciales de la Argentina también generara remezones en los sectores relacionados con la exportación y la importación, que son circuitos que tienen un gran latencia o ralentización para el reajuste y el cambio por los intereses afectados.

Económicas
Su objetivo de conseguir un préstamo financiero para sostener el ajuste y el apoyo pleno de Wall Street quedó en «suspenso» en gran medida por el temor por las reacciones sociales y sindicales al plan de ajuste en marcha en la argentina.

Tampoco consiguió el apoyo incondicional que esperaba de las corporaciones bancarias y financieras de la catedral financiera imperial del mundo.
En este escenario, el préstamo de 15 mil millones de dólares que solicitó Milei al FMI fue dejado en suspenso supeditado en parte a los resultados de la accion de gobierno.

Institucionales
Milei tiene minoría en el congreso y mucha de las medidas propuestas: Dolarización, reforma laboral, baja de impuestos, cambio del sistema jubilatorio por el retorno de las AFJP, toma de Deuda Externa y muchas otras medidas que implican un cambio estructural requerirán necesariamente de la venia del Poder Legislativo algo que requerirá difíciles acuerdos y negociaciones.

Politicas Sociales
El impacto de las medidas de corte socio económico sumado al feroz encarecimiento de bienes y servicios con la consiguiente pauperización de la población generara inevitablemente la resistencia y movilización de vastos sectores de la población, de sus organizaciones como los sindicatos, el estudiantado, los movimientos sociales, los jubilados, los colectivos de sectores ecologistas, feministas, LGTB, etc.

No hay que menospreciar el poder que detenta el presidente ya que es mucho el daño que puede hacer como por ejemplo: rescindir todos los contratos temporales de los trabajadores estatales, suspensión de todas las homologaciones de acuerdos paritarios en trámite congelando de hecho esos salarios en un escenario inflacionario, suspender la obra pública, etc., pero lo alentador de todo este escenario surrealista de terror donde el protagonista principal es “El Loco de la Motosierra”, es que existen limites que la Realpolitik le impondrá al fanatismo gobernante donde la accion popular y sus organizaciones tendrán nuevamente una gran incidencia e importancia en establecer los límites.

Nuevamente la política, ese escenario de poderes en juego, tendrá la palabra final.

Ariel Rolfo

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OPINIÓN

El que las hace las paga por Juan Grabois

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Algunos habrán visto un video de amplia difusión en las redes sociales dónde un señor con formación en un instituto militar, empresario de la construcción y autodefinido como integrante de La Libertad Avanza nos notificaba de manera explícita lo siguiente: (1) que me cuide porque estaba “regalado” y “ellos” me iban a matar (2) que mis “seguidores” piensen en sus familias porque correrían la misma suerte y los iban a “hacer cagar” (3) que iban a colocar artefactos explosivos y disparar sobre una eventual manifestación pública.
Quiero contarles que esa persona fue identificada, imputada por delitos no excarcelables, citada a indagatoria. Asimismo, estamos iniciando una demanda civil porque además de responder ante la justicia penal va a tener que pagar una indemnización económica que no le va a salir nada barata. El que las hace, las paga. No les vamos a dejar pasar una.

No se trata del primer caso. Tenemos ya cuatro expedientes con querellas penales y demandas civiles. Dos muy avanzados. No son por diferencias políticas, opiniones negativas, adjetivaciones, chicanas, ni siquiera insultos. No tenemos ningún problema con el debate apasionado y la confrontación política: de eso se trata la democracia.
El problema aparece con las amenazas, agresiones físicas, hostigamiento, difamación, falsas imputaciones, calumnias o noticias falsas graves que pueden poner en riesgo la integridad de nuestros compañeros, compañeras y sus familiares. Ahí trazamos el límite, porque esos niveles de violencia y conatos de intimidación limitan la libertad por la que todos decimos ¡viva! Como dice el futuro presidente parafraseando al General Perón, dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada.

Sabemos que muchas personas, agrupaciones políticas, sociales, estudiantiles, gremiales de mujeres y derechos humanos han sufrido situaciones similares en los últimos meses por pensar distinto a quienes hoy se sienten con impunidad para agredirnos. Por ese motivo, hemos decidido establecer en forma inmediata junto a una cantidad considerable de abogados comprometidos con nuestra causa y diversos organismos, en articulación con organizaciones internacionales, un dispositivo jurídico para ampliar esta cobertura a todos los que sufran intentos de disciplinamiento político a través de la violencia, para lo que pueden escribirnos a argentinasinmiedo@gmail.com mientras terminamos de diseñar la plataforma definitiva.

Yo no sé si la casta tiene miedo o en realidad lo que tiene es empleo, a juzgar por los personajes reciclados que integrarán el nuevo gobierno… lo que les puedo asegurar es que nosotros, miedo no tenemos. Nos vamos a defender con uñas y dientes, dentro de los marcos de la Constitución y las leyes, “el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión” como definió el futuro presidente su doctrina. Ya ve que gran aliado tiene esa filosofía en los humanistas; y que grande enemigo en los reaccionarios, videlistas, intolerantes, ultraderechistas, neonazis, las juventudes de choque que desfachatadamente alienta Macri o simples bandoleros que envalentonados por una mayoría circunstancial cruzan la línea roja del respeto a la integridad del prójimo.
Que Dios ilumine a las autoridades democráticamente electas para que comprenda que nada bueno puede salir de alimentar conductas semejantes y que su responsabilidad institucional es garantizar los derechos de todas y todos los argentinos.

En relación a lo anterior, quisiera hacer una reflexión. Se ha normalizado que las instituciones democráticas no actúen conforme a derecho cuando se viola la ley en perjuicio de los que tenemos determinadas ideas o pertenecemos a ciertos sectores sociales ¡Cuán distinta hubiera sido la reacción de fuerzas de seguridad, jueces y fiscales si las amenazas perpetradas por el sujeto precedente se hubiera dirigido a otros colectivos o personajes! ¡Imagínense si hubiera publicado un video diciendo que los miembros del PRO debían llevar matafuegos porque iba a incendiar su local o que Milei debía portar chaleco antibalas porque le iban a llover municiones! ¡Cuál hubiera sido el escándalo si el objeto de la lluvia de balas no hubiese sido una organización popular sino el Grupo Clarín o La Nación!
Sin embargo, no solo en nuestro caso sino en muchos otros, como el intento de asesinato de la vicepresidenta, el accionar de la patota denominada Revolución Federal, la banda de los Copitos, entre otros, ha habido un exceso de garantismo que deja chiquito a Zaffaroni, no se hacen los allanamientos, los celulares se borran mágicamente, el instituto de la prisión preventiva que rige para cualquier ladrón de gallina -en efecto, el 50% de los presos del país- desaparece como arte de magia y la pasividad de las fuerzas de seguridad -llamativamente a cargo de un gobierno de nuestro propio signo político- lindan la incompetencia.,.. o la complicidad a la hora de defender a sus propios dirigentes.
Luego, a un muchacho que está fumando en una plaza lo suben a un patrullero y lo muelen a palos; a las familias sin techo les prenden fuego las casillas o desalojan una empresa recuperada deteniendo a cientos de trabajadores. “Cual es la audacia en ser fuerte con los débiles y débil con los fuertes”… y esta inversión pusilánime en la aplicación de la autoridad, esta sobreactuación con los que nada pueden superpuesta a una patética pasividad con los que amenazan la democracia atentando contra nuestros dirigentes, más allá de cualquier instigación -que las hubo-, de cualquier discurso de odio -que también los hubo-, esa pasividad digo, nadie se lo puede atribuir a la actual oposición/futuro gobierno.

No esperen de nosotros que naturalicemos ningún apartheid jurídico-institucional dónde existen elfos rubios luminosos con plenos derechos y orcos deformes sin ciudadanía. Vamos a enfrentar la mitología iletrada e inhumana planteada por el modelo mental macrista con la inmensa reserva moral humanista y democrática de nuestro pueblo, con los resortes institucionales que todavía quedan en el país, con el derecho público internacional, con la prensa no ensobrada, con la solidaridad del mundo libre…. y vamos a ganar.
Una segunda reflexión que va más hacia adentro de nuestro campo. Existe una suerte de regodeo en la impotencia y el victimismo sin estratégia política ni jurídica para defender efectivamente a nuestra gente. No se ganan las batallas posando de víctima, aunque efectivamente haya una agresión injusta con víctimas y victimarios. Los que quieren destruir nuestros ideales, nos quieren víctimas e impotentes. La legítima defensa es un derecho que estamos llamados a ejercer, desde nuestro punto de vista a partir de la premisa gandhiana de la resistencia no violenta, pero afincada en la solidaridad del si tocan a uno nos tocan a todos.

¡Qué mezquinos nos hemos vuelto con la solidaridad! Parece que frente a cada difamación u agresión actuamos como el avestruz. A ver si nos damos cuenta que si dejamos que impunemente amenacen y hostiguen a nuestros dirigentes y militantes se produce un efecto de disciplinamiento que lleva al “no te metás” y al “sálvese quien pueda”. Los que no entendemos la militancia como una profesión sino como una pasión por crear caminos de esperanza orientados al bien común, tenemos la obligación de protegernos colectivamente frente a cada acto de humillación porque el que calla otorga… y para ellos, orcos somos todos. No se salva nadie de la deshumanización. Basta de andar peleando con los codos con el que tengo al lado. Todos juntos, a encarar de frente lo que nos toca.
Recordemos el poema atribuido a Bertol Brech -escrito en realidad por un pastor cristiano alemán, Martin Niemöller:

«Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas,
guardé silencio,
ya que no era comunista,

Cuando encarcelaron a los socialdemócratas,
guardé silencio,
ya que no era socialdemócrata,

Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,
no protesté,
ya que no era sindicalista,

Cuando vinieron a llevarse a los judíos,
no protesté,
ya que no era judío,

Cuando vinieron a buscarme,
no había nadie más que pudiera protestar».

No dejemos que vengan por ninguno. A cada agresión, una respuesta, denuncia penal y sobre todo, a la víscera más sensible de nuestros contrincantes, el bolsillo… resarcimiento económico.

En cuanto a un video que estuvo circulando fundamentalmente en LN+ durante los últimos días para justificar a estos criminales en el que afirmaba que estábamos dispuestos a dejar nuestra sangre en defensa de los pobres, se trata de un video que tiene dos años, es decir, muy anterior al cambio de gobierno, cuando la impotencia de no lograr una medida en favor de la población indigente nos llevó a realizar una semana de protestas pacíficas y legales. Hoy el liderazgo del sector de economía popular está en manos de una nueva generación, mucho mejor que la nuestra, con autoridades recientemente electas que conforman la Comisión Directiva de la UTEP; pero quisiera reafirmar algo, más allá de aquel momento de exaltación: en un mundo dónde hay tanta gente dispuesta a derramar sangre y causar sufrimiento a los demás, asumir que la propia vida está al servicio de una causa -y no hay causa más noble que la justicia social- lejos está de ser un acto de violencia. Es una consigna profundamente cristiana. Ofrecer nuestra vida, el tiempo que se nos dio en este mundo, nuestras ideas, esfuerzo, capacidades, talentos, grandes o pequeños, para servir al prójimo.

Nosotros, servidores del pueblo, aceptamos las reglas de la democracia que incluyen el derecho a ejercer una oposición política frontal, reivindicamos el derecho a la protesta de todos los sectores sociales que luchan por sus derechos y rechazamos cualquier intento de cercenar los derechos sociales, económicos, culturales, las libertades y garantías individuales que establece nuestra Constitución.

No tenemos odio, pero tampoco tenemos miedo.

Luchando por una Argentina Humana, Justa y Soberana, firmes en nuestras convicciones y convencidos de nuestra causa, aca seguimos.

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OPINIÓN

Por una YPF 100% de gestión social por Mario Mazzitelli

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Por una YPF 100% de gestión social.

El 13 de diciembre de 1907 se descubrió un importante yacimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia. Inmediatamente el presidente Figueroa Alcorta decretó una zona de reserva exclusiva para el Estado de cien mil hectáreas circundantes al yacimiento. Para quienes reivindican aquellos años deberían saber que defender los intereses nacionales y sociales era una política de Estado. También que a partir de ese momento las compañías extranjeras, iban a entablar una lucha sin cuartel para apropiarse del recurso estratégico.

A mediados de 1922, durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen se firmó el decreto que dio lugar al nacimiento de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) Unos meses más tarde, el presidente Marcelo T. de Alvear designó Director General al ingeniero General Enrique Mosconi. Un hombre que había comprendido fehacientemente la importancia estratégica del manejo nacional de los combustibles. El crecimiento de YPF fue espectacular. Las Standard Oil (norteamericana) y la Shell (anglo-holandesa) participaron del negocio, al tiempo que desarrollaron una acción sin pausa contra YPF.

El golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, fue un golpe contra Hipólito Yrigoyen, contra la democracia, la soberanía y la defensa nacional. Un golpe que “olía a petróleo”, se dijo en aquellos tiempos. Y también a imperialismo. El general Enrique Mosconi tenía las cosas claras. “La experiencia de las luchas incesantes que la organización fiscal ha debido soportar con las compañías privadas durante todo el tiempo que la hemos dirigido, nos condujo a la conclusión de que tales organizaciones, la fiscal y la privada, no pueden coexistir, pues representan dos intereses antagónicos distintos, destinados a vivir en lucha, de la cual sólo por excepción saldrá triunfante la organización estatal”.

Conviene dejar en claro que la vida de un país se define por mojones que van fijando el rumbo de su desarrollo integral. Uno de esos mojones fue y es Yacimientos Petrolíferos Fiscales, nuestra querida YPF. Esta empresa pública, ejemplo para la formación de otras empresas estatales de América Latina (Pemex, Petrobras, etc.), que se constituyera en un orgullo moral para los argentinos y en una fuente de riqueza para nuestro crecimiento económico, siempre estuvo en la mira de los grandes oligopolios del petróleo mundial. Desprestigiarla, desmoralizarla, infiltrarla, etc. para hacerla desaparecer o apropiarse de sus bienes, sus conocimientos y sus yacimientos, bajo la falsa bandera de la eficiencia, fue una acción sistémica desde hace más de 100 años.

En las últimas décadas, el FMI y el capital financiero, fueron los brazos para la ejecución de ese objetivo. Atacando desde el flanco del endeudamiento improductivo y las altas tasas de interés por un lado y ubicando a sus amigos en el Ministerio de Economía y la Secretaría de Finanzas por el otro. Llevarnos a la ruina es su misión. Por eso no debería sorprendernos que todos los planes del FMI “fracasen y terminen en una crisis”. Como corolario de la crisis, nos exigen que entreguemos nuestras empresas (YPF, ARSAT, etc.) y nuestros bienes naturales (Petróleo, litio, etc.) En esa tarea podemos observar al recientemente fallecido Henry Kissinger que “quería eliminar nuestros falsos conceptos de soberanía”, a Alan Greenspan, a David Rockefeller, etc. y a muchos políticos y economistas de la década del 90. Que no voy a nombrar porque son suficientemente conocidos.

Hasta 1989 YPF se mantuvo en la esfera de la Nación. Una larga historia llena de vaivenes. Pero YPF era la bandera y la bandera no se entrega. Hasta que se empezó a ejecutar “el saqueo de Washington”. Hoy, luchar contra el segundo tiempo de ese saqueo, es responsabilidad de un nuevo bloque nacional de poder.

Estamos en zona de alto riesgo. En un marco plagado de contradicciones, idas y vueltas, marchas y contramarchas por parte de Javier Milei. Su dogma antiestatista y promercado puede inducirnos a repetir errores históricos: vender YPF, ARSAT, etc.

El error conceptual de Javier Milei: propiedad y eficiencia.

La propiedad de una gran empresa nada tiene que ver con su eficiencia. La eficiencia tiene que ver con la capacidad, disposición, voluntad de quienes conducen la empresa y su entorno. La propiedad solo indica el destino de las ganancias.

Las grandes empresas ya no son dirigidas por sus dueños. Eso solo se verifica en las pequeñas y algunas medianas. Las grandes son sociedades anónimas, otras del Estado, otras cooperativas, etc. En general son dirigidas por gerentes y directorios con profesionales bien formados. Son estos los que hacen a la eficiencia de una empresa.

Si un propietario privado puede encontrar un equipo para gerenciar, dirigir, conducir correctamente una empresa, la gestión social (Estado, trabajadores, empresarios, consumidores, etc.) tiene mayor capacidad para armar una dirección altamente competitiva.

La diferencia es que: si es propiedad privada la ganancia va a sus pocos dueños. Si estos accionistas viven en el exterior, esa riqueza emigra del país sin beneficio para la sociedad. Si viven en el país, pero fugan sus ganancias, el resultado es el mismo. En cualquier caso, si la inversión o el gasto lo hacen en otro lugar, no hay beneficio para el país.

Si la gestión es social esa ganancia va a las arcas públicas y de ahí a la sociedad argentina. Que no alimente a ñoquis que parasitan al Estado, a políticos corruptos, a empresarios prebendarios y que, en cambio, concurran a la inversión para el desarrollo económico, social y cultural es responsabilidad de la dirigencia política a cargo del gobierno. Una gestión social, eficiente, honesta y austera es la mejor alternativa posible, para el interés de las grandes mayorías nacionales. Esto hay que pedirle a los gobernantes elegidos democráticamente.

Un gobernante competente hoy podría exigir a la dirección de una empresa pública que sea eficiente, superavitaria (recuperando para la Nación la mayor parte de la renta petrolera) transformarse en la nave insigne de la transición energética y mantener los objetivos por los que fue creada.

Una advertencia importante.

De concretarse la aspiración de los buitres, que sobrevuelan nuestra preciada empresa, un futuro gobierno del campo del pueblo debería declarar nula de nulidad absoluta la enajenación de esta herencia.

En primer lugar porque es un patrimonio creado para la defensa, la soberanía energética y el desarrollo nacional. Por lo tanto su venta desnaturalizaría sus objetivos y se constituiría en un acto de infame traición a la Patria.

En segundo lugar porque ese patrimonio creció con inteligencia, dinero, capitales, esfuerzo y trabajo de los argentinos. Y se creó frente a los abusos manifiestos de las empresas extranjeras que manejaban oligopólicamente este eslabón esencial de la cadena productiva.

En tercer lugar porque es un patrimonio intergeneracional. Es un bien creado por las generaciones pasadas, para el beneficio de las generaciones presentes y futuras. A diferencia de otras pertenencias (que son patrimonio del estado -es decir de la sociedad argentina- que se pueden vender y reemplazar con cierta facilidad) este resulta en un bien estratégico inalienable.

En cuarto lugar porque los administradores transitorios de los bienes públicos (la casta política en el diccionario del presidente electo) no son los dueños de esos bienes. De manera que no pueden enajenar lo que no les pertenece. Milei puede vender su casa o cualquier bien que le pertenezca. No puede vender YPF, porque no es suya.

En quinto lugar porque quienes llegan a la dirección del Estado deben saber ¡para qué fueron creadas cada una de las instituciones o empresas públicas! Si no lo saben, es que no estaban preparados para su conducción. Pero como no se puede alegar la torpeza o ignorancia propia como razón para vender un bien público, deberían eliminar la venta de YPF como parte de su programa de gobierno.

En sexto lugar no se puede decir que una empresa debe ser competitiva y al mismo tiempo poner en su dirección a un gerente (o un directorio completo) de una empresa competidora. Esto ocurrió muchas veces. En particular durante la última dictadura. Así se garantizaba la ineficacia de la empresa y la justificación, ante la opinión pública, de su desguace o privatización. En este sentido, el presidente electo Javier Milei empezó mal. Pone al frente de la empresa al ingeniero Horacio Marín que trabajó en Tecpetrol 30 años y responde a las directivas de Paolo Rocca. (Daniela Cosentino en Letra P dice: “Milei eligió un representante de Techint. Fue después de que Mauricio Macri consiguiera que una empresa del Grupo que capitanea Paolo Rocca, que aportó tanto en las PASO como en las generales por Bullrich, apostara por Milei en el ballotage, luego del Pacto de Acassuso que el minarquista selló con el ex presidente. Puntualmente Inurban (Inversiones Urbanas Nuevo Milenio) le transfirió $ 20 millones, la mitad de lo que le puso a Bullrich”) Quiere decir que, por magros 20 millones de pesos en blanco (deberíamos saber cuánta plata en negro) Paolo Rocca se quedó con la dirección de YPF. Si esto no es corrupción ¿Dónde está la corrupción?

En séptimo lugar porque un ingreso virtuoso del Estado es el proveniente de las rentas emergentes de los bienes comunes. Es decir el fortalecimiento de las arcas públicas sin cobrar impuestos al trabajo, la inversión y el consumo. En este caso, el dominio del subsuelo donde duermen enormes riquezas hidrocarburíferas (petróleo y gas) así lo permiten. El descubrimiento de yacimientos no convencionales (donde los hidrocarburos se encuentran almacenados en el interior de una roca) u offshore (lecho marino) elevan en Argentina la potencialidad productiva. Eso ya lo estamos viendo en Vaca Muerta. La extracción de esta riqueza tiene un alto impacto ambiental (Es la cuota de sacrificio que debemos hacer para salir del atolladero financiero, económico y social al que nos llevó la incompetencia de los gobernantes y la avaricia de empresas privadas que quieren apropiarse de este bien común) Pero este sacrificio podría ser en vano si lo dejamos en manos ajenas al interés nacional. Por otra parte, más allá de la necesaria transición hacia energías limpias, en las cuales YPF debe ser un abanderado, ya se sabe que podrían existir varias “Vaca Muerta” en nuestro territorio. Es decir, que no solo alcanzaríamos el autoabastecimiento (con los ahorros y beneficios para la producción nacional que eso significa) sino que podríamos exportar (generando divisas que tanto se demandan) Una YPF 100% pública, fortalece la defensa, la soberanía, el desarrollo nacional y también ayudaría al equilibrio fiscal, mejorando la calidad de vida de la población.

Por último, una señal para los futuros inversionistas, porque el que avisa no traiciona.

Un “nuevo bloque nacional de poder” alcanzará la dirección del Estado Nacional en algún momento. Será un gobierno del campo del pueblo. En ese caso se verá obligado a recuperar la empresa de bandera a través de una expropiación muy parecida a una confiscación. Siendo la privatización una operación nula de nulidad absoluta, manejada a través de procedimientos corruptos y privatizada a un precio ganga; su recuperación será reconociendo el precio ganga menos el saqueo. Con lo cual, los inversionistas tienen que saber que es una operación de alto riesgo. Donde el futuro gobierno ya no aceptará la prórroga de jurisdicción a tribunales extranjeros y no tendrán jueces amigos que los protejan.

O las enormes riquezas de la renta petrolera y gasífera se orientan al bienestar general o van a parar al bolsillo de los accionistas de empresas extranjeras. Esa es la cuestión.

Por lo tanto, lo más recomendable para los nuevos ejecutivos es que estudien la vida intachable y la obra monumental de los generales Enrique Mosconi y Alonso Baldrich. Y siguiendo sus ejemplos, autoridad moral y eficiencia técnica, nos devuelvan el orgullo de una YPF ejemplar. Todo lo demás deberá ser revertido y eso no es conveniente para nadie.

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