Revés judicial: los fundamentos del fallo que suspendió 82 artículos de la reforma laboral

El Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, a cargo del juez Ojeda, dictó una medida cautelar que paraliza el corazón de la reforma laboral impulsada por el Gobierno bajo la Ley N° 27.802. A pedido de la CGT, la justicia ordenó al Estado Nacional abstenerse de aplicar 82 artículos de la normativa, argumentando que los cambios introducidos podrían causar daños «de difícil reparación» para los trabajadores. El Gobierno, a través de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, ya anunció que apelará la decisión, calificándola como un obstáculo de «intereses corporativos».

El principio de no regresividad: el núcleo del fallo

El argumento central del juez para frenar la reforma laboral se basa en la violación del principio de progresividad y no regresividad. Según el magistrado, las modificaciones introducidas por el Ejecutivo implican un retroceso peyorativo en derechos ya adquiridos, lo cual contradice compromisos internacionales y el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.

Entre los puntos más sensibles que el fallo dejó en suspenso se encuentran:

• Convenios Colectivos: Se frenó el intento de limitar la vigencia de los convenios y los aportes sindicales, ratificando la plena validez de acuerdos históricos como el de Comercio (CCT 130/75).

• Indemnizaciones: La justicia ya venía acumulando cautelares contra los nuevos límites a los resarcimientos por despido.

• Actualización de créditos: Recientemente, también se declaró inconstitucional el sistema de actualización de deudas judiciales, alegando que lesiona el derecho de propiedad del trabajador.

La vigencia y el camino a la Corte

El fallo tiene una vigencia inicial de seis meses, tiempo durante el cual los artículos cuestionados no tendrán efecto legal. Para la CGT y otros gremios como el de Comercio, liderado por Armando Cavalieri, la resolución es un triunfo que evita la «asfixia de las instituciones sindicales». Sin embargo, desde el oficialismo sostienen que esta cautelar solo prolonga el «estancamiento laboral» y la falta de creación de empleo genuino.

Con la apelación en marcha, la batalla por la reforma laboral se trasladará ahora a la Cámara de Apelaciones y, eventualmente, a la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, el mercado laboral queda en un limbo jurídico: con una ley aprobada por el Congreso pero desguazada por el Poder Judicial, una incertidumbre que afecta tanto a empresas que planeaban nuevas contrataciones como a trabajadores que temían por sus beneficios vigentes.