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ECONOMÍA

Ley de alquileres: Inquilinos atrapados sin salida

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A falta de oferta, se plantean «soluciones» que sólo empeoran la situación de los inquilinos, aseguran especialistas.

Una nueva ley de alquileres está siendo discutida en comisiones en el Senado de la Nación luego de haber recibido la media sanción en la Cámara de Diputados el pasado miércoles. El proyecto redactado por Juntos por el Cambio prevé una duración máxima de los contratos de dos años en lugar de tres, como estipula la normativa actual, además los aumentos se fijarán en un plazo que va de cuatro a doce meses, mientras que ahora son anuales, y se calcularán en base a un índice consensuado por las partes en lugar de seguir el actual mix entre el IPC y la variación salarial. Página 12 consultó a diferentes especialistas y protagonistas del mercado inmobiliario sobre esta ley polémica y llamativa, a su vez, por la celeridad en su tratamiento.

El proyecto de ley que modifica la normativa vigente es más regresivo para los inquilinos, pero desde la oposición se esfuerzan por presentarlo como una vía para revertir la caída en la oferta de viviendas para alquiler, que ocurrió –entre otras cosas- luego de la sanción de la ley actual. Las condiciones para alquilar en Argentina se han vuelto leoninas en los últimos años porque la vivienda es un derecho para unos y para otros funciona como un activo financiero a preservar su valor en dólares.

Una encuesta realizada por el CELS, junto al Instituto de Geografía de la UBA y otras entidades para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en noviembre de 2022, mostró que el 32 por ciento de los hogares inquilinos gastan más de la mitad de sus ingresos en pagar el alquiler y el 63 por ciento se encuentra endeudado, formal o informalmente, y usa la mayor parte de esa deuda para costear dicho gasto.

La ley de alquileres actualmente vigente buscaba dar más previsibilidad a los inquilinos pero a su vez obligaba al Estado a intervenir en el mercado, a desarrollar las herramientas para que se cumpliera en los hechos. Pero su aplicación terminó quedando a discrecionalidad de las inmobiliarias: algunos propietarios la acataron pero otros no.

Desde el CELS informaron que según los resultados de la última encuesta inquilina sólo el 50 por ciento de los hogares que alquilan en el AMBA cuenta con un contrato escrito y más del 60 por ciento asume aumentos por fuera de lo establecido por la normativa actual. De esta manera, si el Estado no vela por el cumplimiento de una ley, la debilita.

Finalmente, el miércoles pasado la oposición de Juntos logró dar media sanción a una normativa que reduce los derechos de los inquilinos. “En el contexto actual un cambio en las regulaciones genera más especulación”, sostiene la socióloga Florencia Labiano, para quien difícilmente aumente la oferta en alquiler dada la inestabilidad que producen las elecciones y la fuerte aceleración inflacionaria luego de la devaluación. “La gente va a esperar a ver qué pasa antes de poner la vivienda en alquiler”, argumenta.

Y esa especulación sumada a los cambios de la norma, es inflacionaria “porque es más breve el período de reajuste, porque no está prohibida la firma de contratos en dólares y porque se pierde la referencialidad en un índice, dado que puede utilizarse cualquiera y por períodos distintos. En la práctica, el mínimo período de ajuste de cuatro meses acabará siendo el de máxima duración en todos los contratos”, aclara.

“Con la ley vigente si empezaste el año pagando 100.000 pesos de alquiler, al cabo de doce meses habrás pagado 1,2 millones, pero con la modificación se suman aumentos que pueden ser cuatrimestrales. Entonces en el segundo cuatrimestre pagarás 140.000 pesos y en el tercero 200.000. De modo que en suma habrás pagado cerca de 2 millones de pesos en alquiler en un año”, agrega Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados.

Sergio Rosanovich, que es economista de la UBA y especialista en temas de vivienda, también pone en dudas que los cambios introducidos a la ley contribuyan a ampliar la oferta de mercado, con un sencillo ejemplo: “Si se tratase de personas que luego de mucho esfuerzo logran comprar una segunda vivienda y la ponen en alquiler para complementar sus ingresos, no las retiran por la sanción de una ley. Y hubo mucho retiro de oferta entonces esto nos lleva a pensar que la misma está concentrada, pero no tenemos estadísticas de ello”.

Para Rosanovich, la aceleración inflacionaria de los últimos años es un causal de ese fenómeno y otra razón por la cual de sancionarse la nueva ley dificilmente contribuya a aumentar la oferta: aun los ajustes que serán cuatrimestrales pueden quedarse cortos para sostener el valor de la vivienda. “Esto se discute en otros países que tienen legislaciones específicas para lo que llaman zonas tensionadas o de grandes propietarios y regulan, por ejemplo el precio inicial del alquiler”, sostiene el especialista.

Para Marta Liotto, titular de Cuciba, la cámara que reúne a los corredores inmobiliarios porteños, los cambios que buscan introducirse en la ley son fundamentales y tras la media sanción en Diputados las inmobiliarias experimentaron un repunte en las consultas. “Mientras tanto, muchos de los contratos que vencen son prorrogados, que es la herramienta que existe para que esas unidades se mantengan alquiladas. Porque, de lo contrario, muchos de los propietarios decidirían quitarlas del mercado hasta tener una mayor certidumbre”, agrega.

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ECONOMÍA

Kicillof homologó en Provincia el acuerdo salarial de Camioneros que Milei se niega a hacer en todo el país

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El Sindicato de Choferes de Camiones logró este viernes la homologación del acuerdo paritario en la provincia de Buenos Aires. De este modo, los trabajadores de ese gremio cobrarán el incremento correspondiente al 25% en marzo y el 20% en abril, y lograron meterle presión al gobierno de Javier Milei, que se niega a homologar el acuerdo a nivel nacional.

Pablo Moyano, secretario general adjunto de Camioneros, agradeció y destacó lo hecho por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien definió como «futuro presidente de la nación» por sus altas chances de ser «el nuevo conductor del peronismo», y su ministro de Trabajo, Walter Correa. Y no ahorró críticas contra el gobierno de La Libertad Avanza.
«El gobierno nacional lo primero que hace es atacar los derechos de los trabajadores, de los jubilados, de los que menos tienen, no reconocer las paritarias, aumentar, mentir con la inflación», expresó Moyano tras la homologación del acuerdo.»Lo que a un dirigente gremial muchas veces le duele es que muchos trabajadores, equivocados o no, hayan votado este proyecto. Y hoy estamos en la calle, peleando para que cambie este modelo económico«, agregó el líder de Camioneros.

«Si no se aprueba, el lunes no se va a mover una hoja en todo el país»

Pablo Moyano advirtió el jueves sobre la posibilidad de un paro en el sector para el próximo lunes si el Gobierno no homologa la paritaria que el gremio acordó con las cámaras empresarias.

«Si el 8 de abril, que es el lunes, no se confirma el aumento del 25% que se firmó para marzo, no se va a mover una hoja, una pluma en todo el país», sostuvo el cosecretario general de la CGT en declaraciones a C5N.

El referente sindical subrayó: «Va a haber un paro general desde el gremio de Camioneros defendiendo lo que se firmó hace un mes y todavía no se ha homologado».

El reclamo de Pablo Moyano es para que comience a aplicarse el acuerdo salarial acordado el pasado 23 de febrero: 45% de incremento dividido en dos tramos (25% en marzo y 20% en abril).

La falta de homologación de las paritarias es una situación que actualmente afecta no sólo al Sindicatos de Choferes de Camiones, sino a varias organizaciones gremiales.

Esa decisión de la Secretaría de Trabajo agrava el malestar del movimiento obrero, desde el que ya comience a analizarse la posibilidad de un nuevo paro general contra el Gobierno del presidente Milei.

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Micale: «La motosierra y el déficit cero afectan el presupuesto de seguridad social»

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La abogada laboralista y previsional dialogó con Jorge Benedetti y Rodolfo Colangelo en Radio Gráfica, sobre la reforma de las jubilaciones que quiere concretar el actual gobierno nacional, «el problema fundamental que tiene el sistema previsional en este momento, es que la política anunciada de motosierra y de déficit cero no puede lograrse sin afectar el presupuesto de seguridad social, que es el presupuesto mas importante que tiene el estado.

«Con lo cual, es una situación compleja si verdaderamente se avanza con el objetivo de lograr un déficit cero, porque los sistemas de seguridad social, no en Argentina, sino en el mundo entero, no son autosuficientes, son varios los componentes que hacen que el autofinanciamiento no sea posible. Y la decisión política de recortar presupuestariamente para poder, en este caso, lograr un déficit para los logros de los objetivos económicos que el gobierno quiere, no tiene ninguna duda, otro efecto, que aceptar el pago de las jubilaciones, pensiones y el resto de los beneficios que componen el sistema de seguridad social (…)».

Y agregó, «en el mundo entero, la decisión política es financiar con partidas adicionales porque no es autosuficiente el sistema de seguridad social». #EnQueNosParecemos todos los sábados de 13hs a 15hs por FM 89.3

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DNU presidencial: la Cámara Laboral de Cipolletti lo declaró inconstitucional

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La Cámara Laboral de Cipolletti declaró inconstitucional de oficio el Título IV de la reforma laboral introducida por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023. Consideró que la norma no cumplió con los requisitos procedimentales y constitucionales, sumado a la falta de ratificación por parte del Congreso de la Nación.

El tribunal de Cipolletti coincidió con los argumentos que dio la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que dictó en enero una sentencia a raíz de una acción de amparo iniciada por la CGT. Sin embargo, resaltó que el fallo de ese organismo nacional no tiene jurisdicción en la Cuarta Circunscripción Judicial de Río Negro. Por lo tanto, estableció un criterio propio para los casos futuros que ingresen al tribunal, en tanto y en cuanto no exista una doctrina legal obligatoria que resuelva en algún otro sentido.

Dada la novedad de los planteos, en la provincia aún no hay una doctrina legal obligatoria del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que sea vinculante para todos los tribunales inferiores porque el máximo tribunal provincial todavía no ha recibido ningún expediente referido al punto. Esto significa que cada una de las seis Cámaras Laborales que examine un caso podría tener apreciaciones similares o diferentes, según su criterio jurídico.

Recientemente, la Cámara Laboral de Viedma, por mayoría, validó el DNU, pero solo para calcular los intereses que deberá recibir una mujer despedida. En este análisis, la fórmula establecida por el decreto presidencial favorece más a la trabajadora, ya que se basa en el índice inflacionario.

Casos en Cipolletti

La primera causa que estableció el criterio de la Cámara de Cipolletti involucra a una trabajadora de la agencia de Cata Internacional en la terminal de Cipolletti, despedida sin justa causa. Hizo el reclamo y recibirá las indemnizaciones agravadas derogadas por el decreto presidencial.

En otro caso, también se trató de un despido sin justa causa y una relación laboral no registrada. La mujer trabajaba en el geriátrico Hogar Amanecer de Cipolletti. Se decidió que recibirá todas las indemnizaciones correspondientes por el derecho vigente antes del dictado del DNU.

https://fallos.jusrionegro.gov.ar/protocoloweb/protocolo/protocolo?id_protocolo=7b6bfbda-d8b9-40c6-a6bb-8fa3f12c4b8d&stj=0&usarSearch=1&texto=&option_text=0

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