El plenario de comisiones de la Cámara alta no llegó ayer a un acuerdo y seguirá debatiendo el próximo miércoles. El Frente de Todos apuesta a consensuar con senadores afines cambios en el proyecto aprobado en Diputados, impulsado por Juntos por el Cambio. La reforma de la ley fue duramente criticada por asociaciones de inquilinos y organismos de derechos humanos.
Sólo una semana más. Desde que comenzó el debate por la reforma de la Ley de Alquileres en el Senado, el oficialismo se lanzó a la pesca de votos aliados para imponer una serie de modificaciones al proyecto opositor con media sanción de Diputados. Son días -horas- de teléfonos que suenan, propuestas que circulan y conversaciones de pasillo en las que el Frente de Todos se esperanza con proponer una alternativa a la reforma aprobada en la Cámara baja, que fue duramente criticada por las asociaciones inquilinas que participaron ayer del debate en comisión. Pero el número aún no está asegurado, y por este motivo se decidió convocar a un nuevo cuarto intermedio hasta el miércoles de la semana que viene. La idea es, para entonces, tener un dictamen consensuado con algunas fuerzas opositoras. Les senadores, sin embargo, se mueven con cautela: el contexto electoral pesa y nadie quiere quedar pegado abiertamente al oficialismo. Aunque son conscientes de que tienen poco tiempo: el Senado debe ofrecer, en la brevedad, una respuesta a la crisis habitacional que afecta a más de 10 millones de inquilinos en el país.
«El próximo miércoles vamos a tener un dictamen», aseguraban, confiados, en el oficialismo, apenas finalizó el plenario de comisiones de Legislación General y Presupuesto del Senado. Era el segundo encuentro informativo de la semana -anteayer habían participado las cámaras inmobiliarias- y les senadores venían de escuchar a representantes de asociaciones inquilinas despacharse, durante más de cuatro horas, contra la reforma aprobada en Diputados. Las críticas habían sido unánimes: la decisión de bajar de tres a dos años el plazo del contrato de alquiler y de un año a cuatro meses el período de actualización, así como el haber eliminado la obligatoriedad de un índice para definir el precio y el reestablecimiento de la posibilidad de pagar por adelantado el contrato, iba directamente «a contramano del derecho de los inquilinos al acceso de una vivienda», tal como precisó Luna Miguens, directora del CELS.
En el oficialismo habían tomado nota y estaban negociando propuestas que modificaran aquellos artículos de la ley, pero todavía no se había logrado llegar a un acuerdo. Ni interno ni externo. Entre los cambios que se están analizando en el interbloque del FdT predomina la convicción de que hay que sostener los tres años de contrato de la ley actual, así como la fijación de un índice -aunque aún no hay acuerdo respecto de cuál-, pero coinciden en que se podría llevar a seis meses el período de actualización del monto de los contratos. Las propuestas no se alejan mucho de lo que trabajan internamente en algunas fuerzas provinciales. Unidad Federal, por ejemplo, propone tres años de contrato que se actualice semestralmente a través del índice de variación del salario. El rionegrino Alberto Weretilneck, por otro lado, también propone una actualización semestral y un índice en base a los salarios, aunque con contratos de dos años.
La matemática del FdT es clara: el objetivo es hacerse con los cinco votos de Unidad Federal, y de los de la misionera Magdalena Solari Quinta, la riojana Clara Vega y Weretilneck. Así, el oficialismo no solo llegaría cómodamente a impulsar un dictamen de mayoría en comisión, sino que se haría de 37 o 38 votos para conseguir quórum y aprobar su proyecto en el recinto. Pero son negociaciones delicadas. Es un año electoral en el que las fuerzas provinciales quieren escaparle al título de haber pactado con el Frente de Todos o Juntos por el Cambio. Ese es el caso de, por ejemplo, la cordobesa Alejandra Vigo, que integra Unidad Federal con les cuatro senadores díscolos que rompieron con el interbloque oficialista a principio de año -aunque algunos, como el jujeño Guillermo Snopek, integran hoy una boleta que lleva a Sergio Massa de presidente – y se esperaba que acompañara la media sanción de Diputados que defiende JxC. «Si sacamos un dictamen propio, Vigo vota con nosotros», afirmó, en cambio, un compañero suyo de bloque, y agregó: «Estamos en un proceso electoral y nadie quiere quedar mezclado con nadie, somos todos muy cuidadosos en las formas».
La misma lógica terminó contagiando al radicalismo, que venía manteniendo conversaciones con el FdT sobre la posibilidad de acordar algunas modificaciones. La semana anterior, incluso, había acompañado al oficialismo con el dictamen de un proyecto que apunta a regular los alquileres temporarios, lo que en el FdT fue interpretado como una «señal» de que tal vez se podría acordar para la ley general. No fue así: Patricia Bullrich salió a cuestionar con dureza la decisión de les senadores radicales y, pese a la bronca que generó en la UCR, se terminó bajando línea de que JxC debía mostrar un frente unido. La decisión fue, entonces, que todo el interbloque cambiemita acompañaría la media sanción de Diputados. «No hay margen para negociar, estamos a pocas semanas de las elecciones y prevalece la intención del interbloque», masculló, con bronca, un senador radical.
Fracasados los sondeos al radicalismo, el objetivo del FdT ahora es terminar de acordar un dictamen el próximo miércoles y, de ser posible, llevarlo al recinto al día siguiente. Les senadores oficialistas (y algunos aliados) ya fueron advertidos: la semana próxima tienen que estar en Buenos Aires. En el caso de conseguir los votos y aprobarlo, el proyecto debería volver a Diputados, en donde les diputades deberán definir si aceptan los cambios.
Cerca de una decena de representantes de organizaciones de inquilinos, feministas o de derechos humanos expusieron durante más de cuatro horas contra la reforma propuesta en Diputados. «Mantengamos la ley actual y logremos que se cumpla, logremos que el Estado esté por encima del mercado inmobiliario. Garanticemos que los 10 millones de inquilinos tengamos más o menos al Estado velando para que se cumpla la ley. Porque el discurso de oferta y demanda lo único que tiene adentro es la maximizar la rentabilidad», cuestionó Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, encargado de cerrar la ronda de exposiciones. «Se nota que la ley de Diputados fue redactada por el mercado inmobiliario -finalizó-. Hoy el Senado tiene que tener en claro a quién va a querer representar.»
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