POLÍTICA
Diputados de Entre Ríos se despegan de Bordet: «Es momento de actuar con contundencia»

«Lamento la decisión del gobernador”, dijo por AM750 la diputada Blanca Osuna. Aseguró que hay razones para avanzar en el pedido de juicio político y lamentó la actitud de Gustavo Bordet, que no acompañó la solicitud que sí firmaron 11 gobernadores del oficialismo.
Diputados nacionales por la provincia de Entre Ríos se despegaron del gobernador Gustavo Bordet respecto a la postura del pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti. Con críticas al mandatario que no firmó junto a otros 11 mandatarios el comunicado donde se pide avanzar en esta dirección, la diputada del Frente de Todos, Blanca Osuna, consideró que “es momento de actuar con contundencia”.
“Creo que la Corte se ha venido manejando como una junta de Gobierno. Se ha mostrado con una connivencia perversa con el sector económico de la Argentina. Yo celebro con las propias reglas de juego que la democracia nos da vayamos buscando alternativas para revertir”, sostuvo por AM750.
Para la legisladora, avanzar con el juicio político es central. “Sin reacción, esto generaría una implosión al sistema democrático”, advirtió. Y dijo que “lo que nos compete como legisladores es asumir que es momento de actuar con contundencia para revertir este estado”.
En este sentido, Osuna consideró que “el valor principal del juicio político es abrir un camino que eche luz y aporte a la consciencia social de cómo están las cosas y afecta la vida cotidiana de los argentinos y argentinas”.
Y reveló: “Me consta que hay efectiva y concreta voluntad de legisladores y legisladoras que están convocados más allá de lo que definan sus propios gobiernos provinciales. Es la responsabilidad propia del ejercicio de su tarea”.

DÓLAR HOY
CULTURA
El decreto 941/2025, seria amenaza a nuestros derechos, nuestra libertad individual y la democracia.

- El 31 de diciembre de 2025, entre gallos y medianoche, el Poder Ejecutivo Nacional publicó en el Boletín Oficial, el Decreto de Necesidad y Urgencia 941. Este Decreto es un ataque directo a las conquistas populares y a los derechos que tanto nos costó conseguir.
Como nos enseñó Perón, la soberanía popular no se negocia, y la justicia social no se entrega. Sin embargo, este decreto pretende entregar poder sin control a organismos de inteligencia, alejándolos de la mirada del pueblo.
En primer lugar, un DNU es una herramienta excepcional que la Constitución le permite usar al Presidente solo cuando hay una emergencia tan grave que no se puede esperar a que el Congreso debata y apruebe una ley. Debe ser algo urgente, imprevisto, que no admita demora.
El propio decreto 941 admite que no hay una emergencia real. Dice textualmente que lo hace para evitar «el retraso del trámite legislativo habitual». Es decir, reconoce que simplemente no quiere pasar por el Congreso porque eso llevaría tiempo.
Reorganizar los servicios de inteligencia no es una emergencia. Es una decisión política que debe debatirse democráticamente, con participación del pueblo a través de sus representantes. Usar un DNU para esto es como usar un extintor para apagar una vela: no solo es innecesario, sino que es un abuso de poder.
El decreto establece que todas las actividades de inteligencia son secretas. Sin excepciones. Sin matices. Todo encubierto, todo oculto.
Sin embargo, el principio republicano de gobierno se basa en la publicidad de los actos de gobierno. El pueblo tiene derecho a saber qué hace el gobierno con nuestro dinero, con nuestros recursos, en nuestro nombre. Como decía Perón: «El único privilegiado es el pueblo».
Es cierto que algunas operaciones de inteligencia necesitan reserva temporal por seguridad nacional. Pero hacer que todo sea secreto es crear un poder en las sombras, sin control, sin rendición de cuentas. Es la antítesis de la democracia.
En una democracia real, el pueblo controla al gobierno. Con este decreto, se crea un poder que nadie puede controlar. Eso no es democracia: es una dictadura encubierta.
El decreto les da a los agentes de inteligencia el poder de detener personas. Pueden aprehender a ciudadanos cuando están haciendo «actividades de inteligencia», cuando un juez lo pida, o cuando presencien un delito.
Esta facultad otorgada es muy grave, porque los servicios de inteligencia no son la policía. La Constitución y la propia Ley de Inteligencia separaban estas funciones por una razón histórica muy importante: durante la dictadura militar, los servicios de inteligencia perseguían, torturaban y desaparecían a los trabajadores, estudiantes y militantes populares que luchaban por sus derechos.
Después de recuperar la democracia, se estableció que la inteligencia se dedica a recopilar información para la seguridad del país, pero nunca puede actuar como policía política. Esta separación es una conquista del pueblo argentino, pagada con sangre y sufrimiento.
La Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene rango constitucional en Argentina, prohíbe las detenciones arbitrarias. Un decreto no puede crear nuevos casos de detención legal. Solo el Congreso, después de un debate democrático, puede hacerlo.
La Ley de Inteligencia Nacional prohibía terminantemente que los servicios de inteligencia pudieran influir en la vida política del país, interferir en los partidos políticos, manipular la opinión pública, influir sobre medios de comunicación, e interferir en organizaciones sociales, sindicatos o asociaciones.
El decreto mantiene la prohibición en apariencia, pero agrega una excepción gigantesca: todo esto se puede hacer bajo el nombre de «contrainteligencia».
Esto es una trampa. Si bajo el pretexto de «evitar interferencias externas» pueden infiltrarse en medios, sindicatos, movimientos sociales y partidos políticos, entonces la prohibición no existe. Es letra muerta.
Así, el Decreto 941/2025 atenta contra conquistas fundamentales del pueblo argentino:
El General Perón nos enseñó que la soberanía política, la independencia económica y la justicia social son los tres pilares de una patria libre. Este decreto atenta contra los tres.
Perón hablaba de la «comunidad organizada»: un pueblo que se organiza, participa, controla, decide. Este decreto es lo opuesto: concentra poder en pocas manos, sin que la comunidad pueda organizarse para controlarlo. Es el antipueblo.
Como dijo Evita: «Donde hay una necesidad, hay un derecho». El pueblo argentino tiene necesidad y derecho de vivir en democracia, con libertad, con transparencia, sin servicios secretos que actúen como nuevas aristocracias del poder.
Este decreto puede ser rechazado por el Congreso. Es fundamental que nos organicemos y difundamos esta información, exigiendo a nuestros diputados y senadores que rechacen el decreto, cumpliendo la manda popular.
Los derechos no se mendigan, se conquistan. Y cuando están en peligro, se defienden. La historia argentina está llena de luchas populares que vencieron a los poderes concentrados. Esta es una más, y la vamos a ganar juntos.
«Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar»
– Juan Domingo Perón
Business
INFOSIBERIA, AGENCIA DE NOTICIAS, 12 DE ENERO DE 2026.

INTERÉS
Trofeo Libertario: El Gobierno celebra 60.500 despidos mientras el Estado pierde capacidad operativa

El ajuste fiscal en Argentina ya no se mide solo en puntos del PBI, sino en cabezas. El Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, cerró el balance de dos años de gestión libertaria festejando la eliminación de 60.494 puestos de trabajo en el Sector Público Nacional. Lo que para el oficialismo es un «ahorro» proyectado de u$s 2.444 millones, para el tejido social y operativo del país representa un desguace sin precedentes.
La «motosierra» no fue quirúrgica. El informe oficial revela que el mayor impacto recayó en la Administración Centralizada y en organismos clave para la soberanía técnica y social:
* Desmantelamiento: El Correo Argentino lidera la poda con 4.705 bajas, seguido por la ex-AFIP (ARCA) con 1.694 y Aerolíneas Argentinas con 1.558.
* Ciencia y Territorio: El CONICET perdió 1.422 agentes y el INTA sufrió el despido de más del 10% de su personal, afectando directamente la asistencia técnica en el interior bonaerense.
* Precarización: Los contratos bajo Ley Marco cayeron un 24%, mientras que los monotributistas (LOYS) fueron barridos en un 49%.
El escenario 2026: Lejos de frenar, el Ejecutivo relanza el «Plan Motosierra» con el objetivo de recortar otro 10% de la planta actual (unos 28.000 trabajadores adicionales). La respuesta gremial no se hizo esperar: ATE ya activó jornadas de protesta ante el vaciamiento de organismos como el IOSFA y el INTI.
La pregunta que queda flotando es:
¿cuánto cuesta realmente un Estado que deja de funcionar?
POLÍTICA
El PJ bonaerense define su futuro: ¿Interna o lista de unidad?

La junta partidaria del PJ bonaerense se reunio el viernes 9 de enero en modalidad mixta para avanzar en la definición de las elecciones del 15 de marzo que renovarán autoridades. Es la segunda reunión desde que se convocó a comicios internos. El dilema está planteado: lista de unidad o elecciones con competencia abierta. La composición de la junta marca correlación de fuerzas: 13 consejeros, 8 del kirchnerismo y 5 del Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof.
La disputa es clara. Máximo Kirchner preside el PJ bonaerense desde hace años con control territorial vía La Cámpora. Kicillof busca alinear el partido con su gestión provincial y proyección presidencial 2027. Del lado del gobernador suenan Verónica Magario (vicegobernadora, más instalada), Julio Alak (intendente La Plata) y Gabriel Katopodis (ministro Infraestructura). Del lado kirchnerista: Federico Otermín (Lomas de Zamora), Mariel Fernández (Moreno), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas, actual presidente de la junta). Dirigentes no descartan que Máximo intente continuar: «Puede llegar a seguir Máximo». Una tercera línea crítica del kirchnerismo incluye a Fernando Gray, Juan Zabaleta y Julio Zamora.
El 26 de diciembre la junta definió reglamento electoral: paridad de género, avales de afiliados de cinco secciones distintas, 50% de distritos por sección. Máximo llegó a la última reunión con una remera del Indio Solari: «Juegan a primero yo, y después a también yo», dardo directo a Kicillof. Días antes había dicho: «A mí más que administrar berretines me gusta construir políticamente».
Las preguntas casi que nadie hace
¿Es momento de una interna o conviene la unidad?
La respuesta clásica es «unidad». Pero la unidad real requiere acuerdos programáticos, no reparto de cargos. Una interna ordena, obliga a bajar línea clara, define liderazgos. Evitarla ahora perpetúa la ambigüedad: ¿quién manda? ¿Máximo con estructura territorial o Kicillof con gestión provincial? Lista de unidad sin acuerdo de fondo es postergación del conflicto, no solución.
¿Confrontación directa o coexistencia tensa?
Confrontar implica riesgo de fractura pública. Coexistir implica indefinición permanente. La sociedad no votó al peronismo en las ultimas elecciones lesgislatibas nacionales, cuando fue con lista de unidad.
La pregunta no es si confrontar, sino qué se confronta: ¿proyectos políticos diferentes o disputas de poder por el poder mismo? Si Máximo y Kicillof tienen diagnósticos y estrategias distintas sobre cómo enfrentar a Milei, la interna es saludable. Si es solo por quién controla la lapicera, es corporativismo.
¿Cuál es el rumbo del partido?
Pregunta pendiente desde 2023.
¿El PJ bonaerense replica discurso de CFK (oposición dura, crítica sin concesiones) o construye alternativa desde gestión provincial con perfil más moderado?
¿Prioriza recuperar clase media perdida o consolidar base social empobrecida?
¿Apuesta a frente amplio con radicalismo/socialista o a identidad peronista pura?
Ninguna de estas preguntas tiene respuesta pública clara. Lista de unidad las evita. Interna las fuerza.
¿A la sociedad le interesa esto?
Probablemente no. Con 54% de argentinos diciendo que su poder adquisitivo es peor que hace un año, salarios caídos 8,4% y aumentos generalizados en enero, la discusión interna del PJ suena a ruido de fondo.
Pero la paradoja es que sin definir quién conduce y hacia dónde, el peronismo no logra hasta el momento ofrecer alternativa competitivas y creíbles a la sociedad.
La gente no pide interna del PJ, pero sí una oposición que sepa qué propone. Resolver la interna es condición necesaria, no suficiente.
¿La lista de unidad es pragmatismo o resignación?
Depende. Si unifica porque hay acuerdo real sobre candidatos 2027, estrategia electoral y programa de gobierno, es pragmatismo. Si unifica porque nadie quiere dar el primer paso y romper, es resignación. La experiencia reciente no alienta: entre las derrotas y las dsiputas personales entre dirigentes ¿La unidad de 2026 será distinta o más de lo mismo?
El 15 de marzo se sabrá parte de la verdad. Si el peronismo logra resolver su conducción, podrá volver a ser alternativa.
Business
INFOSIBERIA, AGENCIA DE NOTICIAS. 9 DE ENERO DE 2026.

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