El gobierno no quiere aplicar la ley de Financiamiento Universitario: recurre a la Corte para frenar los fondos

La tensión entre el Gobierno nacional y las universidades públicas ha llegado a su punto de máxima ebullición jurídica. Este viernes 17 de abril, el Ejecutivo presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia con un objetivo claro: suspender de forma inmediata la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La movida judicial busca revertir los fallos de cámaras inferiores que obligaban al Estado a actualizar los presupuestos de las casas de altos estudios según la inflación acumulada. Con esta estrategia, queda ratificado que el gobierno no quiere aplicar la ley de Financiamiento Universitario, bajo el argumento de que su implementación pondría en riesgo el «déficit cero», el pilar innegociable de su programa económico.

La jugada legal

Desde el Ministerio de Justicia y la Procuración del Tesoro sostienen que la ley, aprobada por amplia mayoría en el Congreso, es «inconstitucional» porque no especifica de dónde saldrán los recursos para financiar el aumento. Para el oficialismo, la normativa es una pieza de «populismo legislativo» que busca desestabilizar las cuentas públicas en un año electoral.

El recurso extraordinario presentado hoy pretende que la Corte Suprema dicte una medida cautelar que congele cualquier transferencia de fondos adicionales hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Esto ocurre mientras las universidades denuncian que los salarios docentes y no docentes han quedado un 60% por debajo de la canasta básica, y que los gastos de funcionamiento apenas alcanzan para pagar los servicios de luz y gas en las facultades más grandes del país.

Universidades en alerta: ¿Hacia un cierre de hecho?

La respuesta del sistema universitario no se hizo esperar. Rectores de todo el país y sindicatos docentes advirtieron que, si la Corte le da la razón al Ejecutivo, muchas facultades entrarán en cesación de pagos antes de las vacaciones de invierno. «No es un problema de auditorías, es una decisión política de asfixiar la educación pública», señalaron desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

La decisión final está ahora en manos de los ministros de la Corte, quienes deberán decidir si el equilibrio fiscal tiene preeminencia sobre una ley nacional que busca garantizar el funcionamiento de la educación superior. En la calle, la comunidad académica ya prepara una nueva marcha federal para demostrar que, aunque el gobierno no quiera aplicar la ley, la sociedad no está dispuesta a ver caer el prestigio de la universidad pública argentina.