Terminó un paro de tres días en la UNLP y ya se anuncia otro, mientras el Gobierno nacional sigue sin aplicar la ley de financiamiento

Sin que se vislumbre una salida al conflicto salarial en las universidades públicas, este viernes terminó en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) un nuevo paro de 72 horas con fuerte impacto en colegios y facultades. La tregua, sin embargo, será breve: el miércoles 7 de octubre los trabajadores nodocentes, agrupados en Atulp, realizarán su propia medida de fuerza por el mismo reclamo de fondo.

Qué pide el gremio que convocó al paro docente en la UNLP

Según informó Adulp, el gremio docente platense, nada cambió respecto del reclamo central: que el Gobierno nacional cumpla la orden del juez federal Martín Cormick, del Juzgado Federal N°11, de aplicar la Ley de Financiamiento Universitario sancionada en 2025. Tras una primera intimación de cinco días y una extensión por otros cinco, no hubo todavía una decisión oficial en ese sentido.

El gremio remarcó que la medida de fuerza, de alcance nacional, tuvo en la UNLP una respuesta “contundente”, con fuerte adhesión tanto en los colegios como en la mayoría de las facultades. Según los cálculos sindicales, la aplicación plena de la ley votada en 2025 implicaría una recomposición salarial inmediata del 33,4%. Hasta ahora, los trabajadores universitarios solo recibieron un ajuste del 3%, dispuesto por el propio Gobierno nacional pese al rechazo gremial cuando fue presentado en la última negociación paritaria.

El esquema de protestas no se agota en lo local: los gremios universitarios de todo el país ya anunciaron una nueva “Marcha Federal Universitaria” para el 15 de octubre, que hará confluir en la Capital Federal a representaciones de distintas casas de estudio en reclamo por el financiamiento de la educación pública. En la provincia de Buenos Aires, donde la gestión de Axel Kicillof viene reclamando sistemáticamente mayor participación de la Nación en el sostenimiento de la educación y la obra pública, el conflicto universitario se transformó en un nuevo capítulo de la disputa por los recursos que la administración de Javier Milei recorta a las provincias y a las universidades.