Con el respaldo de casi todo el arco opositor, la Legislatura bonaerense rechazó el fallo de la Corte sobre tierras extranjeras

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires marcó ayer un camino de rechazo institucional a la ofensiva del Gobierno nacional contra los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. En la Cámara de Diputados bonaerense, 58 de los 92 legisladores y legisladoras —casi dos tercios del cuerpo— firmaron proyectos de declaración que repudian el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que allanó el camino para la derogación de la Ley Nacional N° 26.737, el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.

El bloque de Unión por la Patria, con 39 diputados, encabezó el proyecto principal, con la firma de Facundo Tignanelli, Mariano Cascallares, Rubén Eslaiman, Lucía Iañez, Juan Martín Malpeli, Ana Luz Balor, Silvina Nardini, Alejandro Acerbo, Romina Barreiro, Viviana Guzzo y José Galván, entre otros. Se sumaron Nuevos Aires, con Fabián Luayza, Gustavo Cuervo y Viviana Romano; Unión y Libertad, con Martín Rozas; la Coalición Cívica, con Andrés De Leo y Romina Braga; y la UCR, con Alejandra Lordén. La izquierda y el bloque UCR + Cambio Federal presentaron escritos propios en el mismo sentido. Las únicas dos fuerzas que no acompañaron ninguna de las mociones fueron La Libertad Avanza y el PRO.

La venta de tierras a extranjeros, un tema con impacto directo en la Provincia

El fallo que motivó el repudio legislativo se dictó en una causa impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM La Plata). Según el propio texto del proyecto bonaerense, la Corte Suprema «no se pronunció sobre la validez constitucional de la derogación de la Ley N° 26.737», sino que resolvió por «falta de legitimación de la entidad actora y en la inexistencia, a criterio del Tribunal, de un caso o controversia judicial que habilitara el tratamiento de la cuestión». La consecuencia concreta, señala el escrito, es que «queda removido el obstáculo que impedía la aplicación de la derogación dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional» a través del DNU 70/2023.

El proyecto remarca que la cuestión «reviste particular interés para la Provincia de Buenos Aires», ya que la ley derogada «contemplaba expresamente a las provincias y municipios dentro de su ámbito de aplicación y establecía límites territoriales que debían verificarse en cada una de esas jurisdicciones». La norma impedía que la titularidad o posesión extranjera superara el 15% del territorio nacional, un tope que se replicaba provincia por provincia y municipio por municipio, además de fijar restricciones específicas para inmuebles ribereños de cuerpos de agua de envergadura y para zonas de seguridad de frontera.

Los legisladores plasmaron en sus proyectos la «preocupación por la eliminación de los límites y mecanismos de control establecidos para la adquisición y posesión de tierras rurales por parte de personas humanas y jurídicas extranjeras, particularmente respecto de territorios vinculados con recursos naturales estratégicos, cuerpos de agua y zonas de especial relevancia territorial». El respaldo de casi dos tercios de la Legislatura bonaerense a estas declaraciones deja en evidencia que, mientras en el plano nacional la oposición todavía negocia los votos para avanzar contra el DNU 70/2023, en la Provincia la decisión de poner un freno político al fallo cortesano encontró un consenso amplio y transversal.