Salud Mental: los ejes del proyecto que busca reformar la Ley

El debate sobre la Ley de Salud Mental regresó al centro de la escena política. El Gobierno nacional impulsa una serie de modificaciones a la normativa vigente, sancionada en 2010, con el objetivo de agilizar los procesos de internación y modificar el rol de los establecimientos especializados. Mientras el Ejecutivo argumenta que los cambios buscan dar respuesta a las familias que no logran asistencia urgente, sectores profesionales y organismos de derechos humanos advierten sobre un posible retroceso en el paradigma de atención comunitaria.

Los puntos clave de la reforma

La propuesta oficial toca los pilares de la actual Ley de Salud Mental. Estos son los cambios más significativos que se discuten en el Congreso:

• Internaciones involuntarias: El proyecto facilita las internaciones sin consentimiento del paciente. Actualmente, se requiere que un equipo interdisciplinario determine un «riesgo cierto e inminente». La reforma busca que el criterio médico tenga un peso mayor y que la internación sea una herramienta más accesible ante cuadros de crisis o adicciones.

• El rol de las instituciones monovalentes: La ley vigente promueve el cierre progresivo de los «manicomios» para sustituirlos por dispositivos de inserción social y atención en hospitales generales. La modificación propuesta permitiría la continuidad y creación de establecimientos especializados (monovalentes), bajo el argumento de que son necesarios para tratamientos de alta complejidad.

• Abogacía de las personas internadas: Se propone modificar el Órgano de Revisión y el sistema de apoyo legal, otorgando mayor autonomía a los jueces y médicos en la toma de decisiones sobre la libertad de los pacientes.

• Participación de las familias: Uno de los motores del cambio es el reclamo de asociaciones de familiares que denuncian la imposibilidad de internar a sus hijos en situaciones críticas de consumo de sustancias, debido a las exigencias burocráticas de la normativa actual.

Un debate de paradigmas

El conflicto de fondo es la tensión entre dos modelos. Por un lado, el modelo comunitario (ley actual), que ve la salud mental como un proceso social y evita el aislamiento. Por otro lado, el modelo que propone el Gobierno, que revaloriza el enfoque clínico-asistencial y la infraestructura especializada.

Quienes defienden la reforma sostienen que la ley de 2010 es «romántica» y que, ante la falta de presupuesto para hospitales generales, ha dejado a los pacientes en la calle sin atención real. Por el contrario, los críticos afirman que el problema no es la ley, sino la falta de inversión estatal, y que habilitar nuevamente los monovalentes abriría la puerta a internaciones prolongadas y violaciones de derechos fundamentales.