Transener: la batalla final por el control de la red eléctrica nacional

La privatización de las acciones de Enarsa en Transener ha entrado en una fase de definiciones críticas que marcarán el mapa energético de la Argentina por las próximas décadas. Tras los anticipos que venimos realizando en este portal sobre el remate de esta «joya» que reparte dividendos, la apertura de ofertas confirmó que la pelea por el control operativo de la red de alta tensión es una disputa de pesos pesados.
El Gobierno de Milei busca desprenderse de su participación indirecta en la firma, poniendo en juego no solo un activo financiero, sino la llave del sistema que transporta el 85% de la electricidad del país.

📊 Los grupos en pugna y la millonaria oferta

La puja se concentra en el 50% de las acciones de Citelec, la sociedad que controla el 52% de Transener. Actualmente, ese paquete está en manos de Enarsa, mientras que el otro 50% pertenece a Pampa Energía. Los grupos que presentaron ofertas formales este abril de 2026 incluyen a gigantes locales y regionales que buscan desplazar o asociarse con el holding de Marcelo Mindlin. Entre los interesados más agresivos se encuentran el Grupo Techint, que busca verticalizar su presencia en el sector energético, y un consorcio internacional con fuerte respaldo de capitales chilenos y brasileños.
La valuación de mercado del paquete en disputa superaría los US$ 500 millones, una cifra que refleja la alta rentabilidad operativa de una empresa con ingresos regulados y garantizados por el Estado.

⚡ El valor estratégico de una red única

El activo en remate es, técnicamente, un monopolio natural. Transener opera casi 15.000 kilómetros de líneas de alta tensión. Su importancia es tal que cualquier falla en su infraestructura puede dejar a oscuras a provincias enteras, como ocurrió en el histórico apagón de 2019. Para los inversores, el atractivo reside en que, tras la normalización tarifaria impulsada por el Ministerio de Economía, la empresa ha vuelto a ser una generadora de caja constante. Sin embargo, para el Estado, la venta implica ceder el control sobre el mantenimiento de una infraestructura crítica en un momento donde la demanda eléctrica crece.

La resolución de esta licitación impactará directamente en el costo de la energía para las industrias y los hogares. Mientras el Gobierno apuesta a que la gestión privada aporte las inversiones necesarias para ampliar la red —hoy al límite de su capacidad—, el mercado mira de reojo la letra chica de los contratos de concesión. El éxito de esta operación es vital para el plan de privatizaciones, ya que el ingreso de divisas frescas ayudaría a fortalecer las reservas netas del Banco Central. No obstante, el desafío será garantizar que el cambio de manos no derive en un desapego de las inversiones de largo plazo en favor del reparto de dividendos inmediatos, un riesgo latente en activos de esta magnitud.

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