Banco Nación: escándalo por créditos millonarios a funcionarios libertarios

En un contexto de ajuste severo y donde el acceso a la vivienda propia es una quimera para la mayoría de los argentinos, el Banco Nación ha quedado en el centro de una tormenta ética y política. Una filtración de la plataforma Cuánto deben reveló que un selecto grupo de legisladores y funcionarios de La Libertad Avanza y sus aliados obtuvieron créditos hipotecarios y personales por montos que superan los 300 millones de pesos  (+200mil dolares). Mientras la entidad dirigida por Daniel Tillard defiende la transparencia de los trámites, la oposición denuncia una «doble vara» que favorece a los propios en detrimento del ciudadano común.

El ranking de los beneficiados: de Santurio a Campero

La lista de los funcionarios con acceso al financiamiento de la banca pública despertó suspicacias inmediatas. Entre los casos más resonantes figura el de Santiago Santurio, diputado nacional y espada legislativa del oficialismo, quien figura con una deuda de 340 millones de pesos con el Banco Nación. No es el único: el radical Mariano Campero, hoy alineado con el Gobierno, accedió a un préstamo de 322 millones, otorgado en coincidencia con debates legislativos clave donde su voto fue determinante.

La nómina se extiende al entorno del Ministerio de Economía. Federico Furiase, secretario de Finanzas y hombre de confianza de Luis Caputo, encabeza la lista con un crédito de 367 millones de pesos. A él se suman Felipe Núñez, director del BICE, con un préstamo de 475 millones, y el comunicador oficialista Juan Pablo Carreira (conocido como «Juan Doe»), con 112 millones. La diputada rionegrina Lorena Villaverde (225 millones) y el liberal Alejandro Bongiovanni (255 millones) completan un cuadro que la oposición califica como «el club del crédito fácil».

Pedido de informes y el silencio del oficialismo

Ante la gravedad de los montos, el diputado Esteban Paulón presentó un pedido de informes exigiendo que el Banco Nación detalle las garantías presentadas, los plazos de gracia y las tasas otorgadas a estos funcionarios. «En un país donde el crédito hipotecario está virtualmente muerto para el laburante, que el entorno presidencial acceda a estos montos huele a privilegio de casta», sentenciaron desde el bloque opositor.

Desde la entidad bancaria emitieron un comunicado aclarando que son los principales otorgantes de hipotecas en el país (cerca del 90% del mercado actual), pero no brindaron detalles sobre si el nivel de ingresos de los legisladores justifica técnicamente préstamos de casi medio millón de dólares en algunos casos. Mientras la controversia escala, el «relato de la austeridad» choca de frente con la realidad patrimonial de quienes hoy conducen los destinos del Estado.