El Senado define sus últimas sesiones del año: el oficialismo apura el Tratado de Patentes y la oposición exige avanzar con discapacidad

Entre la agenda copada por la visita del Papa y el Día del Empleado Legislativo, oficialismo y dialoguistas acordaron una fecha tentativa para las últimas sesiones ordinarias, con la emergencia en discapacidad como principal punto de tensión.

Con la agenda parlamentaria casi vacía por la visita del papa León XIV y el Día del Empleado Legislativo, el oficialismo y los bloques de la oposición empezaron a negociar cuáles serán las últimas sesiones ordinarias del año en el Senado. Según pudo reconstruirse, la fecha que circula como más probable es el jueves 19 de noviembre, aunque desde distintos despachos remarcaron que todavía no hay nada confirmado.

La Casa Rosada apura la sanción del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), que ya cuenta con dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores e Industria desde octubre. Como Diputados introdujo modificaciones, el proyecto debe volver al Senado en segunda revisión. La adhesión al tratado forma parte de los compromisos asumidos en el acuerdo comercial con Estados Unidos y en las negociaciones con el Mercosur, la Unión Europea y la EFTA.

El capítulo más sensible, sin embargo, quedó «en reserva» tras la resistencia de los laboratorios nacionales: establece una vigencia de 20 años para una patente registrada en todos los países miembro. Sectores de la industria farmacéutica advierten sobre el riesgo del evergreening o «reverdecimiento», una práctica que permite extender artificialmente monopolios sobre medicamentos y que podría impactar en el acceso a tratamientos más económicos.

La presión por la ley de discapacidad

Del otro lado del tablero, los bloques dialoguistas y el kirchnerismo reclaman que esa misma sesión del 19 se use para tratar la ley de emergencia en discapacidad, un reclamo que sostienen sin margen para nuevas postergaciones. El oficialismo había aceptado en gran medida el articulado que impusieron los bloques opositores en Diputados, pero en las últimas semanas la Casa Rosada intentó forzar cambios, lo que generó contradicciones con su propia bancada en el Senado.

Si la ley se sanciona, el texto pasará al Poder Ejecutivo, que podría optar por un veto total o parcial, como ya ocurrió con otras normas sociales este año. Esa posibilidad mantiene en vilo a organizaciones de personas con discapacidad y a los prestadores del sistema, que vienen denunciando demoras en los pagos.

La agenda de noviembre incluye además el informe de gestión del jefe de Gabinete, Diego Santilli, previsto para el miércoles 25, y un proyecto ya dictaminado sobre inviolabilidad de la propiedad privada, que fija un tope del 15% para la venta de tierras a extranjeros. Resta ver si, en medio de la actividad religiosa y política que domina estos días en el Congreso, el oficialismo logra ordenar los votos para cerrar el año legislativo sin una nueva derrota parlamentaria.