Paraguay: Peña sigue en el cargo pese a su renuncia y hoy arranca la etapa clave del juicio político en el Senado

El juicio político a Peña entra este viernes en una etapa decisiva: el Senado paraguayo retoma a las 10 de la mañana, hora local, la sesión extraordinaria en la que el presidente Santiago Peña deberá empezar a enfrentar las pruebas y los alegatos que impulsó el Partido Colorado en medio de la crisis financiera por el cierre de Ueno Bank.

La situación institucional sigue siendo confusa. El jueves, en medio de la sesión de Diputados que trataba su destitución, Peña anunció en un video publicado en sus redes que presentaba la renuncia «en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas», lo que en principio dejaba a su vicepresidente, Pedro Alliana, al frente del Poder Ejecutivo. Pero la sesión bicameral convocada para tratar esa renuncia quedó sin quórum después de que los propios diputados colorados se retiraran del recinto, por lo que la dimisión nunca llegó a aceptarse formalmente. «Al haber quedado la sesión bicameral sin quórum, correspondía iniciar el juicio político», explicó el presidente del Senado, Basilio Núñez.

Peña confirmó que se defenderá en el juicio político

Ante los rumores de que había abandonado el país, el vocero presidencial, Guillermo Grance, salió a desmentirlo: «El presidente está en el país, se encuentra en la capital», aseguró en una conferencia de prensa. El propio Peña confirmó en redes que afrontará el proceso: «Me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas».

La destitución requiere el voto de 30 de los 45 senadores, en un calendario que, según anticipó Núñez, contempla cinco sesiones extraordinarias. Si Peña fuera destituido, perdería la inmunidad y la banca vitalicia de senador que le correspondería como expresidente, y Alliana asumiría de forma definitiva la Presidencia. El trasfondo de la crisis es la intervención del Banco Central paraguayo sobre Ueno Bank, la entidad digital con la que Peña tuvo vínculos accionarios hasta 2025, que derivó en el congelamiento de depósitos —entre ellos unos 850 millones de dólares de fondos públicos—, la prisión preventiva de su dueño y otros cinco directivos, y protestas de ahorristas frente al Congreso en Asunción.