La CGT advirtió que el sistema de obras sociales está en una crisis “casi terminal” tras tres reuniones fallidas con el Gobierno

La CGT le transmitió al Gobierno nacional que la crisis de las obras sociales alcanzó un punto que calificó de “casi terminal”, luego de tres reuniones reservadas y sin resultados concretos con funcionarios del Ministerio de Salud, realizadas en la sede de la UOCRA. La última se produjo a fines de septiembre y, según relataron fuentes sindicales, la situación empeoró después de ese encuentro.

“Todos están sacando plata del sindicato, por lo que vamos camino a tener problemas en las estructuras sindicales”, advirtió Luis Barrionuevo, titular del gremio de Gastronómicos, uno de los que participó de las conversaciones. En el mismo sentido se expresó Luis Scervino, asesor de la central obrera, quien resumió el clima con una frase: “Esto es una olla a presión”.

Los números detrás de la crisis de las obras sociales

Según los datos que maneja la CGT, cerca del 90% del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) —el mecanismo que compensa a las obras sociales con menos recursos— se destina hoy a cubrir prestaciones por discapacidad, un costo que ronda el millón de pesos por afiliado y que demanda unos 160.000 millones de pesos por mes. Esa proporción, que según el sindicalismo no superaba el 22% en 2017, no dejó de crecer desde entonces hasta ubicarse en el nivel actual.

El cuadro se agrava, siempre de acuerdo a la central sindical, porque más de 11 millones de beneficiarios —el 78,5% del padrón total— no generan con sus aportes los recursos suficientes para cubrir el Programa Médico Obligatorio (PMO). El sistema recibe un aporte del 9% del salario, pero el poder adquisitivo de ese ingreso cayó alrededor de un 30% y la capacidad de compra de medicamentos se redujo cerca de un 40%. En el caso de los monotributistas, sus aportes quedan un 78% por debajo del costo estimado del PMO, mientras que por cada jubilado el sistema recibe una transferencia fija de 53.277,38 pesos frente a una recaudación de unos 159.000 pesos por persona.

Frente a ese panorama, la CGT propuso que distintas áreas del Estado se hagan cargo de los gastos de transporte y educación de las personas con discapacidad dentro del FSR, una idea que —recordaron los gremialistas— ya se había planteado sin éxito durante el gobierno de Alberto Fernández. El ministro de Salud, Mario Lugones, destinatario directo de los reclamos sindicales, todavía no respondió a esa propuesta. Barrionuevo llegó a plantear, como salida extrema, que el Estado se haga cargo directamente de la obra social, aunque aclaró que se trata de una idea que hoy nadie toma en serio dentro de la mesa de diálogo.