Cuando la riqueza se vuelve poder

La concentración extrema de patrimonio no es solo una cuestión de distribución del ingreso, plantea una pregunta más profunda sobre los límites del poder privado, la dignidad de las personas y la responsabilidad del Estado en la custodia del bien común.

En junio de 2026, según la revista Forbes, Elon Musk se convirtió en la primera persona de la historia en superar el billón de dólares de patrimonio. El relevamiento de la publicación lo ubicaba en unos u$s 1,053 billones al 1 de julio, impulsado por la salida a bolsa de SpaceX. Para gastar esa suma a razón de un millón de dólares por día harían falta casi 2900 años.

La cifra es difícil de imaginar, por eso conviene mirarla con serenidad y sin caricaturas. Buena parte de ese patrimonio no es dinero en una cuenta sino la valuación de empresas que producen bienes y servicios, emplean a miles de personas y compiten en mercados. Reconocerlo no es una concesión: es el punto de partida de un análisis honesto. La propia tradición de la Iglesia, desde Centesimus Annus, admite el papel legítimo del beneficio y la función positiva de la empresa y del mercado, siempre que estén enmarcados en un orden jurídico al servicio de la persona.

Pero precisamente por eso la pregunta no es solo cuánto tiene alguien, sino qué puede hacer con lo que tiene. Una fortuna de esta escala permite ser, al mismo tiempo, propietario de actividades estratégicas, inversor capaz de orientar decisiones de gobiernos y empresas, dueño de medios y plataformas donde se forma la opinión pública, controlador de infraestructuras tecnológicas y satelitales, y actor político con capacidad de influir en quién gobierna. Cuando un mismo actor interviene a la vez sobre el dinero, la información, la tecnología y la política, la riqueza deja de ser solamente patrimonio y empieza a funcionar como infraestructura de poder.

El caso es ilustrativo, pero no es solo personal, quien controla una red social influye sobre qué se ve y qué se silencia. Quien desarrolla inteligencia artificial participa en el diseño de sistemas que clasificarán información, asignarán créditos o mediarán el acceso al conocimiento. No son asuntos privados: afectan las condiciones mismas de la deliberación democrática.

Mientras tanto, millones de personas se endeudan para cubrir lo esencial: alimentos, vivienda, medicamentos. El contraste no invita al resentimiento sino a la reflexión.

¿Qué tipo de orden económico estamos construyendo, y a quién sirve?

La preocupación no es nueva. En 1931, en Quadragesimo Anno, Pío XI advertía que en su tiempo no solo se acumulaban riquezas, sino que se concentraba en pocas manos un poder económico inmenso, capaz de dominar la vida económica y aun a los Estados. Llegó a hablar de un «imperialismo internacional del dinero». Casi un siglo después, la advertencia conserva una actualidad inquietante.

La Doctrina Social de la Iglesia se apoya en algunos principios que ayudan a pensar este problema con equilibrio. El primero es la dignidad de la persona: la economía existe para el ser humano, y no a la inversa. El segundo es el destino universal de los bienes: la propiedad privada es legítima y necesaria, pero tiene una función social y está subordinada al uso común de los bienes de la creación, como recordó Francisco en Fratelli Tutti. El tercero es el bien común, que no es la suma de intereses particulares sino el conjunto de condiciones que permiten a todos desarrollarse. El cuarto es la solidaridad, que convierte la interdependencia en responsabilidad compartida.

Hay un quinto principio que suele olvidarse y que aporta el equilibrio necesario: la subsidiariedad. El Estado no debe absorber lo que las personas, las familias, las organizaciones y las empresas pueden hacer por sí mismas, la Iglesia no propone reemplazar la iniciativa privada por el Estado, sino impedir que cualquier poder, público o privado, se vuelva tan grande que anule la libertad de los demás.

Francisco lo resumió con una frase que incomodó a muchos: «esta economía mata». No condenaba el mercado en sí, sino una economía de la exclusión que descarta a quienes no le resultan rentables. León XIV retomó esa línea en Dilexi te, al recordar que el amor a los pobres no es un asunto marginal de la fe sino parte de su centro.

Esta mirada no es patrimonio exclusivo de los creyentes, la tradición humanista, en sus distintas vertientes, coincide en que una sociedad no se mide por la fortuna de sus miembros más ricos sino por la situación de los más vulnerables. Jacques Maritain habló de un humanismo integral, que no separa la libertad personal de la responsabilidad comunitaria. Una democracia donde unos pocos pueden condicionar la información, el crédito y la agenda pública deja de ser plenamente una comunidad de iguales.

La Tercera Posición

En la Argentina, estos principios tienen una traducción política propia. A mediados del siglo XX, el peronismo formuló la Tercera Posición como una alternativa tanto al capitalismo individualista, que subordinaba la persona al capital, como al colectivismo, que la subordinaba al Estado. No se trataba de un punto medio tibio, sino de una concepción distinta: la economía al servicio del hombre y el hombre integrado en una comunidad organizada.

Esa doctrina se expresó en tres banderas: soberanía política, independencia económica y justicia social. Leídas hoy, las tres dialogan directamente con el problema que plantea la concentración extrema de poder privado.

La soberanía política supone que las decisiones fundamentales de una Nación se toman dentro de sus instituciones democráticas y no son dictadas por intereses que nadie eligió, ya sean potencias extranjeras, corporaciones globales o grandes fortunas con capacidad de influir sobre la agenda pública.

La independencia económica implica que un país pueda orientar su crédito, su producción y su desarrollo tecnológico según sus propias necesidades, sin quedar a merced de la lógica rentística de los mercados financieros. La justicia social recuerda que el crecimiento solo tiene sentido si llega a quienes trabajan y a quienes más lo necesitan.

No es casual la afinidad con la Doctrina Social de la Iglesia: el peronismo reconoció en ella una de sus fuentes. La Constitución de 1949 recogió esa inspiración al establecer que la propiedad privada tiene una función social y que el capital debe estar al servicio de la economía nacional y del bienestar social.

Más allá de las controversias que despertaron su aplicación histórica y sus distintas interpretaciones posteriores, esas ideas conservan una vigencia notable. En un mundo donde una sola persona puede acumular un patrimonio mayor que el producto bruto de muchos países, la pregunta por la soberanía, la independencia y la justicia deja de ser una consigna del pasado y se vuelve una exigencia del presente.

La libertad es un valor irrenunciable, pero una libertad sin límites ni controles no es libertad para todos, sino para los más poderosos. Cuando se retira toda regla en nombre del mercado, lo que queda no es un orden espontáneo y justo, sino la ley de la selva.

En el siglo XIX, el llamado darwinismo social, asociado al pensamiento de Herbert Spencer, pretendió trasladar la idea de «supervivencia del más apto» a la vida en sociedad: que prevalezcan los más fuertes y perezcan los más débiles, como si se tratara de un proceso natural e inevitable. La historia mostró adónde conducía esa visión. Frente a ella, el dominico francés Henri Lacordaire dejó una frase que conserva toda su fuerza: «Entre el fuerte y el débil, entre el rico y el pobre, entre el amo y el siervo, es la libertad la que oprime y la ley la que libera». No se trata de oponer libertad y ley, sino de comprender que la ley justa es la condición para que la libertad sea de todos.

Si el poder privado puede crecer sin límites, alguien tiene que representar el interés general. Ese es el sentido del Estado tanto en la tradición social cristiana como en la doctrina nacional: no ser dueño de todo, sino árbitro y garante del bien común.

El debate está abierto también en el mundo desarrollado. Con frecuencia se señala que grandes intereses corporativos y financieros tienen sobre las decisiones públicas una capacidad de influencia que los ciudadanos comunes no tienen, a través del lobby, del financiamiento de campañas o de la presión de los mercados. No hace falta suponer conspiraciones para advertir esa asimetría: basta con observar quién tiene acceso a quienes toman las decisiones.

Un Estado puede orientar el crédito y la inversión en sentido productivo o en sentido rentístico. En el primer caso, su gestión se apoya en la trama social y territorial que lo sostiene: el trabajo, la producción, las economías regionales, la vivienda, el conocimiento. En el segundo, la exigencia de rentabilidad financiera de corto plazo se convierte en el eje de sus decisiones. La diferencia no es técnica sino moral.

Arbitrar los desequilibrios excesivos no requiere demonizar la riqueza. Requiere instrumentos concretos: una defensa de la competencia capaz de impedir posiciones dominantes; reglas claras y transparentes sobre el financiamiento de la política; una regulación de las plataformas digitales y de la inteligencia artificial que proteja el debate público; sistemas tributarios progresivos que graven según la capacidad contributiva real; y coordinación internacional, porque el capital se mueve entre países con una facilidad que los Estados aislados no pueden igualar. La discusión que se abrió en el G20 sobre un impuesto mínimo a las grandes fortunas muestra que el tema ya no es marginal.

Estas herramientas tienen sus dificultades. Valuar patrimonios ilíquidos es complejo, la fuga de capitales es un riesgo real y un Estado ineficiente o capturado puede agravar los problemas en lugar de resolverlos. Por eso la respuesta no puede ser solo más Estado, sino un Estado mejor: transparente, profesional y sujeto él mismo a controles.

La concentración extraordinaria de riqueza nos obliga a volver a una pregunta antigua: ¿para qué sirve la economía? Si la respuesta es la dignidad de cada persona y el bien de todos, ningún poder, por legítimo que sea su origen, puede quedar fuera del alcance de la ley y de la responsabilidad social.

No se trata de envidiar al que tiene más, sino de evitar que quien tiene más pueda decidir por todos. La Doctrina Social de la Iglesia, las convicciones humanistas y la tradición nacional de la justicia social coinciden en ese punto: la economía debe estar al servicio del pueblo, y no el pueblo al servicio de la economía.

Escrito por Oscar Cuartango, abogado y exministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires 2007/2015.