Bullrich y Macri cruzaron a una jueza por declarar inconstitucional la baja de imputabilidad a los 14 años

Una jueza porteña declaró inconstitucional el artículo central del nuevo régimen penal juvenil que bajó la edad de imputabilidad a los 14 años, y la reacción del oficialismo nacional no se hizo esperar: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, cruzaron con dureza a la magistrada y anunciaron acciones para removerla del cargo.

La resolución lleva la firma de Laura Beatriz de Marinis, titular de un juzgado penal juvenil de la Ciudad de Buenos Aires, quien sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de intento de robo al considerar que el artículo 1 de la Ley 27.801 viola garantías constitucionales. La norma, que rige desde el 5 de septiembre, había sido una de las banderas del Gobierno de Javier Milei en materia de seguridad.

La ofensiva contra la jueza que cuestionó la baja de imputabilidad a los 14 años

«Es muy difícil construir un país normal así», disparó Bullrich apenas conocido el fallo, y agregó que «hay jueces que están más preocupados por proteger a los delincuentes» que a las víctimas. En la misma línea, Macri fue más lejos: calificó la sentencia como «manchada de sangre» y sostuvo que «estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que» responder por sus decisiones.

Ambos funcionarios confirmaron que impulsarán un pedido de juicio político contra De Marinis, en lo que constituye la respuesta más dura del oficialismo nacional a un fallo judicial desde la entrada en vigencia de la baja de imputabilidad a los 14 años. La embestida contra la magistrada reabre un debate de fondo: qué margen tiene el Poder Judicial para revisar por inconstitucionalidad una de las políticas insignia del Gobierno libertario, en momentos en que crecen las críticas de organismos de derechos humanos y especialistas en niñez a la reforma penal juvenil.

Por lo pronto, la Justicia porteña deberá resolver ahora si la decisión de De Marinis siente jurisprudencia para otros casos similares, mientras el oficialismo redobla la presión política sobre el fuero especializado. El fallo que declaró inconstitucional la baja de imputabilidad a los 14 años vuelve a poner en discusión, en pleno año electoral, hasta dónde puede avanzar la mano dura penal sin chocar contra garantías constitucionales básicas.