«Kicillof se pone del lado de los delincuentes»: Bullrich y la demagogia punitivista en clave electoral

La jueza de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, Marta Elba Pascual, suspendió por 60 días la aplicación del régimen penal juvenil nacional en el territorio de la provincia de Buenos Aires, al hacer lugar a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. La resolución frena, al menos por dos meses, que adolescentes de 14 y 15 años queden alcanzados por el nuevo esquema punitivo sancionado por el Congreso a instancias del Gobierno nacional.

El argumento central de la magistrada apuntó a la falta de infraestructura estatal para sostener la nueva normativa. «¿Puede el Estado ampliar el universo de personas adolescentes sometidas al sistema de responsabilidad penal sin crear las condiciones materiales, institucionales y profesionales indispensables?», planteó Pascual en su fallo, y agregó que «el Poder Judicial no puede esperar a que la violación de derechos se produzca para intervenir».

Bullrich, contra la aplicación del régimen penal juvenil «garantista»

La decisión judicial no tardó en generar la reacción del Gobierno nacional. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió a cruzar tanto a la Justicia bonaerense como al gobernador Axel Kicillof. «En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes», disparó la funcionaria, y sumó que la provincia «tiene una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando».

Sin embargo, la resolución de la jueza Pascual no responde a una decisión del gobierno provincial sino a un fallo del Poder Judicial, que puso el eje en algo que distintos organismos de niñez vienen advirtiendo desde que se debatió la ley: bajar la edad de imputabilidad sin garantizar centros de alojamiento, equipos interdisciplinarios y programas de reinserción equivale, en los hechos, a instalar un régimen sin las condiciones mínimas para aplicarlo. Especialistas en niñez remarcan que la provincia de Buenos Aires es el distrito con mayor cantidad de adolescentes en conflicto con la ley penal del país, y que cualquier reforma de este tipo exige una inversión previa en infraestructura que, hasta el momento, no llegó desde Nación.

La medida judicial es preventiva y rige por 60 días, plazo en el que el Estado nacional y provincial deberán acreditar si están en condiciones de garantizar los estándares mínimos que exige la ley para no vulnerar los derechos de los menores alcanzados.