Crónica de una tragedia anunciada: cuando la Justicia no escucha el ruego de un padre

La muerte de Ángel, un pequeño de apenas 4 años, no es un número más en las estadísticas de «muerte dudosa» de Chubut. Es el desenlace de una cadena de fallas institucionales que hoy tiene a la Justicia de Comodoro Rivadavia bajo la lupa social. Detrás de su fallecimiento, ocurrido en una vivienda de la Zona de Quintas tras ingresar al hospital en paro cardiorrespiratorio, se esconde una disputa por la custodia que el sistema resolvió de la peor manera: ignorando las pruebas y entregando al niño a un entorno de violencia y abandono.

El refugio perdido: cuando Ángel vivía con su padre

Para entender el dolor de esta pérdida, hay que reconstruir el pasado reciente. Durante gran parte de su corta vida, Ángel vivió bajo el cuidado de su padre y su abuela paterna. Según los testimonios de su entorno, el niño estaba escolarizado, sano y protegido. Fue el padre quien, ante las conductas erráticas y los antecedentes de la madre —quien se habría ausentado de la vida del menor en periodos prolongados—, acudió a los tribunales de familia para formalizar la guarda y proteger a su hijo.

Sin embargo, en un giro procesal que hoy resulta incomprensible, los jueces de familia decidieron otorgar la custodia a la madre. La decisión se tomó a pesar de que la mujer presentaba un cuadro de inestabilidad habitacional y emocional. Ángel pasó de la seguridad del hogar paterno a una vivienda precaria donde, según denuncias de vecinos tras la tragedia, los malos tratos eran constantes y el padrastro lo consideraba «un estorbo».

La voz que nadie quiso escuchar

El corazón del escándalo radica en la desidia institucional. El padre de Ángel no se quedó de brazos cruzados: presentó pruebas, solicitó peritajes y rogó a los magistrados que revisaran la situación. La respuesta del sistema fue el silencio burocrático. Se priorizó el vínculo biológico materno por encima del interés superior del niño, desestimando las alertas del progenitor como si fueran simples «tácticas de despecho» en una separación conflictiva.

El día de la tragedia, los médicos del hospital no pudieron hacer nada; Ángel llegó sin signos vitales. Mientras la madre es investigada por presuntamente quemar pertenencias del niño en el patio de su casa tras el deceso —un intento de eliminar evidencia—, el padre y la comunidad de Comodoro exigen respuestas:
¿Por qué los jueces no escucharon? ¿Por qué se le quitó a un padre un hijo que estaba a salvo para entregarlo a un hogar donde terminó muriendo?

Un sistema que castiga a los inocentes

Hoy, Ángel no está para ir al jardín ni para jugar en la plaza. Su muerte es un recordatorio brutal de que, en los juzgados de familia, el prejuicio suele pesar más que la evidencia. La Justicia de Comodoro Rivadavia tiene una deuda de sangre con este padre, cuya única culpa fue confiar en que las instituciones protegerían a su hijo. Mientras la causa avanza lentamente en la fiscalía, la calle ruge, es el grito de una sociedad que ya no tolera que la ceguera judicial cueste vidas inocentes.