ONU defiende informe sobre desapariciones en México ante críticas

En un cruce diplomático sin precedentes, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU respondió con firmeza a las descalificaciones del Gobierno de México. Tras ser tildado de «tendencioso» y «sesgado» por la administración de Claudia Sheinbaum, el organismo internacional aclaró que su informe no es un ataque político, sino un análisis técnico acumulado desde 2012 que refleja una realidad ineludible: más de 132 mil personas permanecen desaparecidas en territorio mexicano hasta febrero de 2026. El presidente del Comité, Juan Pablo Albán, subrayó que el documento fue elevado directamente a la Asamblea General de las Naciones Unidas, activando un mecanismo de escrutinio internacional que el Estado mexicano no ha podido frenar.

Los puntos críticos del informe: ¿Crímenes de lesa humanidad?

El foco del informe que desató la furia de la Casa de Gobierno radica en la gravedad de sus conclusiones. El CED identificó elementos que apuntan a que las despariciones en México podrían constituir crímenes de lesa humanidad bajo el derecho internacional. Aunque el Comité reconoció no haber encontrado evidencia de una política federal deliberada, fue tajante al señalar que la responsabilidad estatal se acredita por la participación o aquiescencia de autoridades locales y estatales, así como por la impunidad estructural que impera en las fiscalías.

Entre los datos más escalofriantes que sustentan el informe se encuentran:

• La localización de más de 4,500 fosas clandestinas.

• Un rezago forense que mantiene a 72,000 restos humanos sin identificar.

• Patrones sistemáticos de ataques contra la población civil en estados como Jalisco, Sinaloa y Tamaulipas.

La respuesta de la ONU: «Enojarse con el diagnóstico no cura la enfermedad»

Ante la postura de la Secretaría de Gobernación, que afirma haber implementado reformas sustanciales desde 2018, la ONU aclaró que los avances institucionales son insuficientes mientras no se traduzcan en resultados concretos de búsqueda y justicia. Albán enfatizó que el informe no se limita a sexenios pasados, sino que analiza la evolución de la crisis hasta la actualidad.

El Comité recordó que la decisión de llevar el caso ante la Asamblea General (basada en el artículo 34 de la Convención Internacional) busca movilizar apoyo técnico y protección para las víctimas, no establecer responsabilidades penales individuales. Para los colectivos de familiares, esta intervención internacional representa la última esperanza frente a un Estado que, a sus ojos, intenta «maquillar» las cifras de una de las crisis humanitarias más dolorosas de la región.