ECONOMÍA
🌾 El fin de la semilla libre: la reforma de Milei que entrega la soberanía del campo
La avanzada del Gobierno para modificar la Ley de Semillas de 1973 ha encendido las alarmas en el corazón productivo del país, planteando una reforma que amenaza con desarticular una tradición de más de cuatro décadas basada en el «uso propio gratuito».
Bajo la promesa de modernización y adhesión al estándar internacional UPOV 91, el Ejecutivo busca imponer un canon obligatorio por la multiplicación de semillas, una medida que no solo encarece los costos directos de los agricultores, sino que transfiere el control estratégico de la biotecnología nacional a un puñado de corporaciones transnacionales.
Esta «privatización del germoplasma» rompe el equilibrio histórico que permitió a la Argentina ser competitiva, obligando ahora a los productores de soja y trigo a pagar patentes por cada ciclo de siembra, bajo la amenaza de quedar fuera del sistema de comercialización fiscalizado.
El impacto económico de esta medida es una pinza que aprieta por ambos extremos.
Para el productor, la obligatoriedad del pago por uso propio representa un incremento en los costos operativos que, según estimaciones del sector, se trasladará inevitablemente al precio final de los alimentos, presionando una inflación que ya golpea a los consumidores.
Por otro lado, aunque el Gobierno celebra la posible llegada de divisas por el pago de regalías y una supuesta mayor inversión en genética, la realidad técnica indica una pérdida neta de soberanía alimentaria. Al ceder el derecho ancestral de guardar la semilla, el Estado argentino abdica de su rol como protector de la biodiversidad, dejando que la rentabilidad de las empresas obtentoras dicte qué y cómo se produce en suelo nacional.
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