YPF: ¿El rastreo de bienes llega al oro del Central tras el fallo de Preska ?

La justicia de Nueva York ha dado un paso irreversible en el juicio por la expropiación de la petrolera. La jueza Loretta Preska rechazó formalmente suspender el proceso de «discovery» (identificación de activos), obligando a la Argentina a continuar entregando información sobre sus bienes para futuros embargos por la suma de USD 16.100 millones.

El contexto histórico: 2012 y la expropiación

Para entender la magnitud del conflicto, es necesario remontarse a mayo de 2012. En aquel momento, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el Congreso aprobó la ley que nacionalizó el 51% de las acciones de YPF. La gestión técnica y política de este proceso estuvo liderada por el entonces viceministro (y luego ministro) de Economía, Axel Kicillof.

La base de la demanda actual radica en que, durante esa nacionalización, el Estado no realizó una oferta pública por el resto de las acciones de los socios minoritarios, incumpliendo los estatutos que la propia petrolera tenía desde su privatización en los años 90. Lo que en aquel entonces se presentó como un acto de recuperación soberana, hoy se traduce en la condena financiera más grande de la historia contra el Estado argentino.

El oro de Londres: ¿Botín de guerra?

La novedad más tensa de este febrero de 2026 es el pedido de los demandantes sobre las reservas de oro del Banco Central. El fondo Burford Capital ha solicitado detalles precisos sobre la ubicación y movimientos de los lingotes, aprovechando que el actual ministro Luis Caputo envió gran parte de estas reservas a Londres para su custodia y búsqueda de rentabilidad.

• La encrucijada: Argentina ratificó ante la jueza que el oro tiene «inmunidad soberana» por pertenecer a una entidad autárquica (el BCRA).

• La sospecha: Los demandantes sostienen que el Banco Central funciona hoy como un «alter ego» del Poder Ejecutivo, lo que permitiría que esos activos sean embargables a pesar de su estatus legal.

Un país bajo la lupa

Con la decisión de Preska de no frenar el proceso mientras se espera la apelación de fondo, la Argentina queda expuesta a un goteo constante de información sobre sus activos en el exterior. El riesgo ya no es solo legal; es una amenaza directa a la liquidez de las reservas en un momento de fragilidad económica.

La Argentina se encuentra hoy pagando el costo de un diseño legal de 2012 que priorizó la velocidad política sobre la seguridad jurídica internacional. Con el oro en Londres y un fallo de USD 16.000 millones vigente, el margen de maniobra se reduce día a día.