El decreto 941/2025, seria amenaza a nuestros derechos, nuestra libertad individual y la democracia.

1. El 31 de diciembre de 2025, entre gallos y medianoche, el Poder Ejecutivo Nacional publicó en el Boletín Oficial, el Decreto de Necesidad y Urgencia 941. Este Decreto es un ataque directo a las conquistas populares y a los derechos que tanto nos costó conseguir.

Como nos enseñó Perón, la soberanía popular no se negocia, y la justicia social no se entrega. Sin embargo, este decreto pretende entregar poder sin control a organismos de inteligencia, alejándolos de la mirada del pueblo.

En primer lugar, un DNU es una herramienta excepcional que la Constitución le permite usar al Presidente solo cuando hay una emergencia tan grave que no se puede esperar a que el Congreso debata y apruebe una ley. Debe ser algo urgente, imprevisto, que no admita demora.

El propio decreto 941 admite que no hay una emergencia real. Dice textualmente que lo hace para evitar «el retraso del trámite legislativo habitual». Es decir, reconoce que simplemente no quiere pasar por el Congreso porque eso llevaría tiempo.

Reorganizar los servicios de inteligencia no es una emergencia. Es una decisión política que debe debatirse democráticamente, con participación del pueblo a través de sus representantes. Usar un DNU para esto es como usar un extintor para apagar una vela: no solo es innecesario, sino que es un abuso de poder.

El decreto establece que todas las actividades de inteligencia son secretas. Sin excepciones. Sin matices. Todo encubierto, todo oculto.

Sin embargo, el principio republicano de gobierno se basa en la publicidad de los actos de gobierno. El pueblo tiene derecho a saber qué hace el gobierno con nuestro dinero, con nuestros recursos, en nuestro nombre. Como decía Perón: «El único privilegiado es el pueblo».

Es cierto que algunas operaciones de inteligencia necesitan reserva temporal por seguridad nacional. Pero hacer que todo sea secreto es crear un poder en las sombras, sin control, sin rendición de cuentas. Es la antítesis de la democracia.

En una democracia real, el pueblo controla al gobierno. Con este decreto, se crea un poder que nadie puede controlar. Eso no es democracia: es una dictadura encubierta.

El decreto les da a los agentes de inteligencia el poder de detener personas. Pueden aprehender a ciudadanos cuando están haciendo «actividades de inteligencia», cuando un juez lo pida, o cuando presencien un delito.

Esta facultad otorgada es muy grave, porque los servicios de inteligencia no son la policía. La Constitución y la propia Ley de Inteligencia separaban estas funciones por una razón histórica muy importante: durante la dictadura militar, los servicios de inteligencia perseguían, torturaban y desaparecían a los trabajadores, estudiantes y militantes populares que luchaban por sus derechos.

Después de recuperar la democracia, se estableció que la inteligencia se dedica a recopilar información para la seguridad del país, pero nunca puede actuar como policía política. Esta separación es una conquista del pueblo argentino, pagada con sangre y sufrimiento.

La Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene rango constitucional en Argentina, prohíbe las detenciones arbitrarias. Un decreto no puede crear nuevos casos de detención legal. Solo el Congreso, después de un debate democrático, puede hacerlo.

La Ley de Inteligencia Nacional prohibía terminantemente que los servicios de inteligencia pudieran influir en la vida política del país, interferir en los partidos políticos, manipular la opinión pública, influir sobre medios de comunicación, e interferir en organizaciones sociales, sindicatos o asociaciones.

El decreto mantiene la prohibición en apariencia, pero agrega una excepción gigantesca: todo esto se puede hacer bajo el nombre de «contrainteligencia».

Esto es una trampa. Si bajo el pretexto de «evitar interferencias externas» pueden infiltrarse en medios, sindicatos, movimientos sociales y partidos políticos, entonces la prohibición no existe. Es letra muerta.

Así, el Decreto 941/2025 atenta contra conquistas fundamentales del pueblo argentino:

El General Perón nos enseñó que la soberanía política, la independencia económica y la justicia social son los tres pilares de una patria libre. Este decreto atenta contra los tres.

Perón hablaba de la «comunidad organizada»: un pueblo que se organiza, participa, controla, decide. Este decreto es lo opuesto: concentra poder en pocas manos, sin que la comunidad pueda organizarse para controlarlo. Es el antipueblo.

Como dijo Evita: «Donde hay una necesidad, hay un derecho». El pueblo argentino tiene necesidad y derecho de vivir en democracia, con libertad, con transparencia, sin servicios secretos que actúen como nuevas aristocracias del poder.

Este decreto puede ser rechazado por el Congreso. Es fundamental que nos organicemos y difundamos esta información, exigiendo a nuestros diputados y senadores que rechacen el decreto, cumpliendo la manda popular.

Los derechos no se mendigan, se conquistan. Y cuando están en peligro, se defienden. La historia argentina está llena de luchas populares que vencieron a los poderes concentrados. Esta es una más, y la vamos a ganar juntos.

«Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar»

– Juan Domingo Perón