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POLÍTICA

24E: La CGT prepara la movilización masiva a pesar del protocolo represivo de Bullrich

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Desde el movimiento obrero responden que la ministra de Seguridad no podrá frenar las manifestaciones. Desde el campo de los derechos humanos advierten que la política del gobierno de Javier Milei frente a la protesta y la conflictividad social es una «regresión a

estándares de hace más de 30 años».

Patricia Bullrich repite como un mantra que su protocolo anti-piquetes es permanente. “Todos los días. En todas las marchas. En todo momento”, machaca la ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei. Puesto en marcha el 20 de diciembre con una parafernalia que no logró impedir la movilización a Plaza de Mayo, el protocolo de Bullrich tendrá su verdadera prueba de fuego el próximo 24 de enero, cuando la CGT, las dos CTA, los movimientos sociales, la izquierda y los organismos de derechos humanos  paren y salgan a las calles para protestar contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 con el que la administración de La Libertad Avanza (LLA) pretende hacer una poda de derechos para todos los argentinos y las argentinas. Los organizadores afirman que se estará ante una convocatoria histórica. Bullrich deberá mostrar si puede desalentar la protesta en las calles con un protocolo alicaído –objetado ya por organismos internacionales– y sin que el Parlamento haya discutido la ley ómnibus que pretende impedir las congregaciones de más de tres personas –una medida que, de estar en efecto actualmente, pondría en serio riesgo a Gaspar, Melchor y Baltasar cuando repartan los regalos a la medianoche.

“Yo me pregunto por qué la CGT convoca a un paro”, dijo Bullrich en una entrevista con TN en la que aprovechó para chicanear al movimiento obrero que viene de conseguir frenar la reforma laboral incluida en el DNU con sus pedidos de cautelares. La ministra habló de un país harto de la presión de “minorías” y dijo que habían llamado a un paro después de estar cuatro años “bajo la cama”.

En la organización del 24E prestan poca atención a las chicanas de Bullrich. “La CGT va a salir a la calle en defensa de los derechos de los trabajadores, donde las columnas de compañeros de cada una de las organizaciones gremiales conforman el músculo del movimiento obrero que el protocolo de Bullrich no podrá impedir que se exprese», confió a este diario un experimentado operador sindical.

En los próximos días, comenzarán a concretarse las diferentes reuniones para organizar la concentración y el desplazamiento de las diferentes columnas. Estos encuentros, al menos los de la CGT, se realizarán con representantes de las dos CTA y también de los movimientos sociales. La central obrera mantiene una estrecha relación con los integrantes de la Unión de Trabajadores de Economía Popular (UTEP) y a través de ellos coordinará con el resto la movilización del 24E. Entre los dirigentes sindicales ya se habla de una gran concentración de trabajadores. Algunos se entusiasman y dicen que entre todos habrá cerca de un millón de personas. Otros, en tanto, dicen que será como el Cordobazo o el Mayo Francés, en cuanto a cantidades.

“Yo voy a estar en el Congreso. Y otras Madres también”, anticipa a Página/12 Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora. “Este 24 de enero, con protocolo o sin protocolo, estaremos en las calles y daremos todas las batallas necesarias como lo han hecho ellas, las que se pusieron el pañuelo blanco en los momentos más difíciles. ”, suma Carlos Pisoni, integrante de H.I.J.O.S Capital.

Un paquete represivo

El 15 de diciembre pasado, dos días después de que Luis «Toto» Caputo anunciara su plan de ajuste, Bullrich publicó en el Boletín Oficial el protocolo para impedir manifestaciones que bloqueen el tránsito. La resolución ministerial da luz verde a las fuerzas de seguridad federales para desalojar cortes, incluso cuando se deja una vía de circulación libre, y avanza con la criminalización de quienes protesten –que implica desde identificar vehículos hasta generar un banco de datos con organizaciones y personas que se manifiesten. Por si fuera poco, el gobierno de LLA amenaza con mandarles las facturas por los operativos monumentales –de saturación policial– a los grupos que quieran expresarse en la vía pública.

el Puente Pueyrredón–, Bullrich dejó sin efecto la doctrina impuesta por Nilda Garré que ponía límites y establecía controles al accionar policial.

“Tanto el DNU como la ley ómnibus como el protocolo son inconstitucionales y antidemocráticos”, dice Pisoni, referente de H.I.J.O.S. “El estado de sitio de hecho que propone la ley ómnibus marca un antes y un después en este gobierno. Nosotros entendemos que todas las veces que se ha intentado cercenar los derechos del pueblo a movilizarse ha sucedido lo contrario. En dictadura, cuando la misma impuso el estado de sitio, fue el nacimiento de las Madres de Plaza de Mayo y ese estado de sitio fue el que hizo que, después, esa ronda a la pirámide fuera un ícono de resistencia. En 2001, la última vez que se impuso el estado de sitio, fueron las Madres las que encabezaron la resistencia a esa decisión del gobierno de Fernando de la Rúa”, historiza.

Mucho espectáculo, poca efectividad

La exministra de Seguridad Sabina Frederic es muy crítica del accionar de Bullrich. “El protocolo demostró ser inconducente e inaplicable. No paró nada. Las movilizaciones se hicieron igual. No hay forma de que no se corten las calles”, resalta la antropóloga. “Bullrich no puede reconocer que inventó una cosa que no sirve y que se ve superada por el nivel de movilización y organización que hay en este país”, agrega.

En una línea similar, María del Carmen Verdú, dirigente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), destaca la conformación de una red federal por la defensa de los derechos humanos y la democracia, que se puso en marcha frente a los operativos del 20 y 27 de diciembre pasado.

La pregunta es cómo diseñará Bullrich el operativo del 24 de enero: si volverán los cruces con la Ciudad, si se pondrán vallas en el Congreso –como hizo en diciembre de 2017– o si habrá redadas de manifestantes en la desconcentración –como ocurrió la semana pasada.

“El protocolo es un instrumento pseudo-legal, que demuestra que el gobierno no respeta la Constitución. No se está aplicando, lo que hace es intimidar. Las fuerzas deben garantizar el derecho a la protesta, no impedirlo”, remarca Frederic.

ENTREVISTAS

Di Cola: «La producción del país la generan las provincias»

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El ex diputado y senador nacional del peronismo, Eduardo Di Cola, en diálogo con Vivian Elem, Rodolfo Colángelo y Jorge Benedetti sostuvo que Milei para justificar el recorte a las provincias difunde que éstas tienen siete veces más empleados públicos que la Nación.

“Con mala intención oculta que las provincias sostienen la salud, la educación, policía, cárceles, rutas provinciales, entre otros servicios”, puntualizó.

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POLÍTICA

Dolores: Más irregularidades de la gestión Etchevarren

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Dolores fue noticia en las elecciones del 2023 porque después de 16 años de gobierno del mismo dirigente, la ciudad cambió de Intendente. Ese cambio generó también que empiecen a salir a la luz supuestas irregularidades cometidas por la gestión anterior.

Ante estas situaciones, la nueva administración ordenó un proceso de revisión de gastos, licitaciones y expedientes. En ese marco se descubrió que durante la administración Etchevarren se habría licitado la compra de material para asfaltar una calle que estaba asfaltada.

El Municipio autorizó el año pasado, durante la gestión saliente, la erogación por un monto de hasta $14.280.000. Para eso, la oficina de compras sugirió encuadrar en compras directas y concurso de precios los materiales necesarios. Luego se realizó un decreto que carece de firmas, o sea un acto administrativo sin firma y por lo tanto carente de valor jurídico. «A partir de ahí el expediente mencionado muestra ya sospechas claras que se trataba de un procedimiento administrativo simulado, cuya única finalidad era extraer, sin saber cual habrá sido el destino real, fondos de la Municipalidad de Dolores. El hecho denunciado lo constituye haber armado un expediente municipal, con el objetivo de simular la necesidad de licitar los elementos necesarios para asfaltar la calle Vucetich entre Fleury y Bravo, que con fecha 4 y 5 de Diciembre recién tiene decretos (mas allá de las irregularidades del expediente), cuando esa calle YA ESTABA ASFALTADA, y siendo el resultado extraer del erario municipal al menos la suma de $14.280.000», asegura la denuncia.

Hasta la Contadora Municipal, designada por el propio Etchevarren, dejó este año asentado por escrito que el Municipio no debe pagar esa erogación que se inició en la gestión precedente. Cabe recordar que la contadora es la esposa del Presidente del Bloque de Juntos por el Cambio, José Equiza.

Por otro lado en 2022-2023 hubo expedientes que siempre se le adjudicaron al mismo proveedor por sumas millonarias para mejorado de piedra. Las calles no fueron mejoradas en la mayoría de los casos. Son 20.900 toneladas que figuran recibidas y no se habrían utilizado en las calles que motivaron su compra. Con ese material se podrían haber mejorado aproximadamente 380 cuadras de calles de tierra, un tercio de la ciudad.

La denuncia por ambos hechos fue presentada en la Fiscalía General de Dolores.

Es importante recordar que esta denuncia se suma a dos realizadas anteriormente: en diciembre una por faltantes de bienes patrimoniales en el área de Juventud por 4 millones de pesos y otra, en abril de este año, por el caso de un ex funcionario que habría truchado un decreto para seguir cobrando un sueldo municipal.

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INTERÉS

La Rioja: Segundo Encuentro Federal por el Trabajo

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Las Provincias participantes, representadas por sus máximas autoridades laborales junto a las organizaciones sindicales presentes y firmantes, reunidas en La Rioja en el día de la fecha, con la presencia del Sra. Vicegobernadora, Teresita Madera y autoridades locales, en relación a la temática convocante, “Día internacional de lucha por la erradicación del trabajo infantil”, y que fuera declarado de Interés Provincial por la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Provincia de La Rioja mediante Decreto 144/2024, han arribado a las siguientes conclusiones:

Que en este Día Mundial contra el Trabajo Infantil, jornada establecida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2002 para concientizar sobre la magnitud del problema del trabajo infantil y promover iniciativas para erradicarlo deviene imprescindible recordar la plena vigencia de distintos instrumentos legales internacionales emitidos por OIT, Unesco y Unicef, que han definido incuestionablemente que la educación es obligatoria y la infancia debe ser libre de trabajo.

La erradicación del trabajo infantil se encuentra dentro de los primeros convenios de la Organización Internacional del Trabajo desde su constitución. Es uno de los principios y derechos fundamentales, establecidos en la correspondiente Declaración de la OIT en 1998. Los Convenios de la OIT Núm. 138 (edad mínima) y Núm. 182 (peores formas de trabajo infantil) son los marcos normativos referentes de la problemática. Ambos han sido ratificados por la Argentina en 1996 (Ley 24.650) y 2000 (Ley 25.255), respectivamente.

Es de suma relevancia, resaltar que la Ley 26.390 establece la “prohibición del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente”

En nuestro país, la Constitución Nacional, los tratados internacionales, la Ley 26.061 y la Ley 26.206 consagran el derecho de niñas, niños y adolescentes a la educación gratuita, obligatoria y universal, e instituyen a la educación como un bien público y un derecho social, responsabilidad principal e indelegable del Estado, como así también su protección integral.

Por su parte, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establece la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas e insta a los países a tomar medidas inmediatas y efectivas para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a la esclavitud moderna y la trata de personas, y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidas el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, para 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.
A pesar de la plena vigencia de este plexo normativo, a la fecha las autoridades laborales no hemos sido convocadas a sesionar en el Consejo Federal del Trabajo (creado por Ley 25512, Pacto Federal del Trabajo) y la CONAETI no ha convocado a reuniones plenarias desde diciembre pasado.
Por otra parte, observamos con preocupación, que los resultados de la 8va encuesta de UNICEF a hogares con niñas, niños y adolescentes, una medición de alcance nacional que se realiza de manera ininterrumpida desde 2020, arrojan resultados alarmantes en cuanto al incremento de la pobreza infantil. En efecto, unos 10 millones de chicas y chicos argentinos comen menos carne y lácteos en comparación al año pasado por falta de dinero. Además, según el mismo relevamiento, los ingresos de casi la mitad de los hogares con menores de edad no alcanzan para cubrir gastos básicos de alimentación, salud y educación. En las familias también se redujo el consumo de verduras y frutas (58%), y solo aumentó la ingesta de fideos y harinas (24%).

En este marco es imposible soslayar el incremento exponencial de la pobreza en relación a los niños y niñas desde la asunción del actual gobierno. Ello es consecuencia directa del abandono deliberado por parte del Estado Nacional de la ejecución de políticas de orden institucional, y del brutal ajuste sobre los sectores populares a través de la desregulación total de la economía, excepto el techo que se ha puesto a la negociación paritaria, al Salario Mínimo, y a las jubilaciones y pensiones. Más allá de cualquier objeción política o ideológica resulta absolutamente repudiable haber retenido alimentos en depósitos gubernamentales, esgrimiendo excusas dilatorias que solo cedieron frente a una decisión judicial.

La erradicación del trabajo infantil en Argentina requiere un enfoque multidimensional que combine la implementación de leyes estrictas, la mejora del acceso a la educación, a la salud y un sistema robusto de protección social. Es crucial persistir en reclamar que se prioricen estas áreas y se desarrollen políticas efectivas para asegurar que todos los niños y niñas puedan crecer en un entorno seguro, saludable y educativo, libre de la necesidad de trabajar.

El trabajo infantil prolifera en condiciones socioeconómicas y culturales específicas, que varían según el contexto regional y nacional. Las sociedades con altos niveles de desigualdad tienden a tener mayores tasas de trabajo infantil, ya que los niños y niñas de los sectores más vulnerables son los más afectados.
Hoy los índices señalan que todas las causas enumeradas se potencian en nuestra nación, con grave riesgo para nuestros niñas y niños de ingresar en los tristes listados que encabezan regiones como el África Subsahariana, Asia Meridional o de nuestra América Latina y el Caribe, que no tienen la riqueza que abunda en nuestro territorio o bien sufren conflictos bélicos que explican situaciones injustificables en nuestra Patria.

La erradicación del trabajo infantil es un desafío que requiere un esfuerzo concertado y sostenido a nivel local, nacional e internacional.

Nos concierne a las provincias argentinas, Estados preexistente a la propia Nación, refrendar con políticas activas, compromiso y una autentica agenda federal de dialogo y acciones, este camino de lucha en pos de la definitiva eliminación de este problema y garantizando así un futuro mejor para todos los niños, niñas y adolescentes de nuestra querida Patria.

Nada menos puede pretenderse en este significativo día, donde la Organización Internacional del Trabajo ha publicado “Cada 12 de junio, la Organización Internacional del Trabajo se une a sus mandantes y socios de todo el mundo para conmemorar el Día Mundial contra el Trabajo Infantil… El Llamamiento a la Acción de Durban, adoptado por los delegados al término de la 5ª Conferencia Mundial sobre la Erradicación del Trabajo Infantil en 2022, muestra el camino a seguir. Argentina, fue anfitrión de la 4ta Conferencia Internacional y participó de esta 5º Conferencia en Durban, Sudáfrica.
Por los esfuerzos en este sentido, Argentina ha sido reconocida en diciembre de 2022 como «País Pionero» dentro de la Alianza 8.7, una coalición internacional que reúne a Estados Miembros de Naciones Unidas comprometidos con la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para acelerar los esfuerzos en la prevención y erradicación el trabajo infantil, el trabajo forzoso, la esclavitud moderna y la trata de personas.

Ha llegado el momento de hacer realidad la erradicación del trabajo infantil.

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