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POLÍTICA

Acusaciones y amenazas en el escándalo por los millonarios desmanejos de la Corte

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El directorio de la Obra Social Judicial -encabezado por un hombre vinculado a Horacio Rosatti- apuntó contra el exfuncionario Héctor Marchi -ligado a Ricardo Lorenzetti-, quien denunció las irregularidades en la OSJN. «Es un mensaje mafioso porque voy a declarar como testigo, no quieren que comprometa a Rosatti y a su vocero Silvio Robles», dijo Marchi, quien fue citado por el juez Ariel Lijo. Los detalles de la auditoría que la mayoría de la Corte intentó ocultar.

El testimonio del exadministrador de la Corte Suprema Héctor Daniel Marchi, por los desmanejos en la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN) ante la Comisión de Juicio Político desató un tembladeral dentro y fuera del tribunal que hizo entrar en pánico a supremos y otros funcionarios/as. El actual directorio de la OSPJN, que encabeza Mariano Althabe, un hombre que llegó en 2021 con respaldo del presidente supremo, Horacio Rosatti, difundió este sábado un comunicado que acusa al contador, cercano a Ricardo Lorenzetti, de hacer declaraciones «malintencionadas y falaces» y asegura que en los útimos tiempos la institución tuvo «grandes avances». «Es un mensaje mafioso del titular de la obra social, porque voy a declarar como testigo por estos temas ante el juez federal Ariel Lijo y no quieren que comprometa a Rosatti y a su vocero Silvio Robles«, contestó Marchi ante una consulta de Página/12. «El comunicado no aclara nada sobre las irregularidades, como los miles de millones de pesos perdidos y regalados a los bancos», agregó.

El contador, ya sin nada que perder después de haber sido expulsado de la Corte, tras dos décadas allí, había dejado dos cosas en claro al presentarse el martes como testigo en el juicio político a los supremos: la OSPJN arrastra años de descontrol y es muy difícil saber qué hizo y qué hace con las sumas millonarias que maneja, aunque tal vez no sea imposible reconstruirlo; la otra cuestión es que detalló amenazas y aprietes contra él y su equipo de trabajo, que relacionó con su diagnóstico lapidario del servicio de salud.

Lo novedoso de la olla destapada por Marchi, independientemente de las críticas que pueda haber recibido su gestión, es que pone el dedo en la llaga de un tema ultrasensible que hasta ahora parecía ajeno a los cortesanos: ¿qué hacen con el dinero? En este caso, ¿qué hacen con la plata de sus afiliados? ¿Es posible que haya corrupción? Esa palabra les molesta, además del proceso de remoción en sí. También dejó al descubierto que las responsabilidades podrían abarcar a todos o la mayoría de los jueces. Quienes conocen los vericuetos palaciegos, saben que el manejo de bienes y dinero ha sido de los grandes temas intocables en la Corte, como ha ocurrido con la cuestión de los autos incautados en causas de narcotráfico y su reparto entre jueces, así como el dinero y bienes secuestrados. Uno de los grandes agujeros negros.

El comunicado de la OSPJN dice en defensa propia que la presencia de un directorio de cinco (no ya unipersonal) es un avance democrático. Por ahora están en funciones tres: Althabe, Cora Borensztejn y Maia Vocovinsky, esta última representante de la Unión de Empleados de la Justicia (UEJN). Dice que están enfocados en elevar «los estándares de las prestaciones» y no en –mensaje para Marchi– la especulación financiera. Alegan que mejoraron el pago a prestadores, que dan mayor cobertura que cualquier obra social (70 por ciento en medicamentos), que implementaron la credencial digital, que trabajan en un sistema informático y que la administración es más transparente. No responden puntualmente a cada crítica del exadministrador.

Un apoyo especial

Un episodio que rozó lo bizarro tuvo lugar dos días después del testimonio del contador en el séptimo piso del Palacio de Justicia. El personal de maestranza y otros empleados invitaron a tres de los jueces a comer empanadas como gesto de apoyo. Los homenajeados fueron el presidente del tribunal Rosatti, Carlos Rosenkrantz Juan Carlos Maqueda. Lorenzetti es un aliado de Marchi y en los últimos meses protagoniza una pelea feroz con el trío mayoritario, focalizada en la cuestión de la OSJN, por la que se responsabilizan mutuamente. El evento fue publicitado por el diario Clarín, que mostró una foto en la que se advierte que el lugar, con paredes rotas y cajas arrumbadas, no es precisamente el despacho de un cortesano, pero quedaba bien para alardear con el respaldo de algunos trabajadores. El texto incluía tramos de un comunicado de la UEJN, que calificaba de «mentiroso» y «nefasto» el testimonio de Marchi. Un detalle es que ese gremio, que comanda Julio Piumato, tiene ahora representante en el directorio de la obra social. El otro gremio, el Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju), dijo todo lo contrario.

En el centro de la mesa de la imagen publicada se ve a los tres magistrados, y a un costado asoma la cabeza de Robles, el vocero de Rosatti, en el foco de la tormenta por los famosos chats con el exministro porteño Marcelo D’Alessandro referidos a casos resonantes que debía resolver la Corte, y ahora por los relatos de Marchi, que le atribuyó amenazas y haber ocultado el último de los informes sobre la OSPJN que él había entregado, y que comprometía a la dirección actual, en particular a Althabe y Rosatti. Robles tiene en el mismo piso su despacho, el que se inundó cuando comenzaba el juicio político. En un video que también circuló se lo ve y escucha a Rosatti dar un pequeño discurso: «Quiero agradecerles en nombre de los aquí presentes este apoyo, para nosotros es muy necesario. Siempre nos sentimos apoyados por el personal de base, pero en este momento es realmente muy importante». Les dijo que «trabajen tranquilos» y «con alegría», aunque hizo una acotación sobre «este momento difícil que nos toca vivir en la Argentina».

El efecto Marchi

Un día después de ir al Congreso, Marchi se presentó ante el juzgado de Ariel Lijo y pidió declarar como testigo en una causa ligada al expediente principal sobre las irregularidades en la Obra Social. El juez lo espera el miércoles próximo, a las 14. El contador sostuvo por escrito que quiere «ofrecer prueba respecto a distintas situaciones que conciernen a la investigación y asimismo hacer saber sobre presiones y posibles persecuciones sufridas hacia mí, como también a terceros». La presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard (FdT), le mandó una nota al ministro de Justicia, Martín Soria, donde detalla las amenazas y seguimientos que describió Marchi para que evalúe si hace falta alguna medida «para preservar y garantizar la seguridad laboral e integridad física del testigo y los trabajadores» hostigados. El testimonio del exadministrador ante la comisión aún no terminó, continuará el 9 de mayo. Pero bastó el primer tramo para que avanzara en algunos detalles de los informes que hizo sobre la OSPJN, a pedido de los supremos en 2021.

Le habían encomendado esa tarea cuando salieron a la luz las primeras sospechas y se abrió una causa por dos contrataciones sospechosas, una con la “Empresa Emergencia Médica Integral S.A. (EMI)» por 100 millones de pesos anuales desde 2008, que no habría cumplido su función, y otra con «Fandamant S.A.», que debía hacer control de recetas pero sería una firma fantasma. La investigación más reciente se inició con una denuncia del fiscal Guillermo Marijuán, que sostiene que los votos en disidencia de Lorenzetti en las últimas acordadas y resoluciones sobre la OSJN podrían revelar delitos. En esos textos de Lorenzetti ya advertía que el problema de años de desmanejos continuaba incluso con el directorio actual.

Según la declaración de Marchi, el supervisor de la Obra Social de 2008 a 2021 fue el juez Maqueda. Puntualizó que todas las decisiones pasaban por él, aunque no tenía designación formal. Un correo de Maqueda -que integra las pruebas de la comisión- anunciaba el 31 de agosto de 2021 que renunciaba a esa supervisión y que reconocía que no se habían podido controlar irregularidades, aunque rescataba mejorías. Lo increíble fue que, horas antes de que Marchi declarara, Maqueda, Rosatti y Rosenkrantz mandaron una nota a los diputados diciendo que hasta 2018 el responsable de la Obra Social había sido Lorenzetti (entonces presidente de la Corte), que él firmaba todo, eventualmente su segunda, Elena Highton de Nolasco, y el poderoso exadministrador Marchi. Este sostuvo que su primera intervención en el tema fueron las auditorías que le encomendaron una vez que Maqueda dio un paso al costado, y que precisamente esas evaluaciones no les gustaron a los jueces, en especial la última que atañe a la gestión actual. Marchi planea pedir un careo con Maqueda.

juicio político pero no se presentó. Van intimarlo, o puede terminar detenido.

Página/12 repasó las evaluaciones: mostraban decisiones concentradas en ese único director, cargos claves vacantes, como la Subsecretaría de Administración y el área de auditoría interna, o sea, la que controla. En dos años, los contratos de locación de servicios habían aumentado un 50 por ciento. El sistema informático era obsoleto, con alto riesgo de pérdida de información, no había herramientas de gestión, ni presupuestos definidos ni manuales de procedimiento. Es decir, ninguna información confiable. Se creó una comisión de informatización, pero no cambió nada. En la cuentas bancarias no se podían identificar ingresos y egresos, ni desde cuándo existía esa inconsistencia. Ya se advertían faltantes de medicamentos por 30 millones de pesos. El tercer informe, del 24 de noviembre de 2022, parece un deja vú: insiste sobre la «informalidad» en las compras y contrataciones. Otra vez volvía sobre la falta de sistema y de un software de gestión. Estimaba una recaudación de 15.712 millones de pesos y gastos por 10.746, entre otros números.

Pero según Marchi, el informe que enloqueció a los supremos fue el cuarto, del 24 de agosto de 2022, porque abarca al directorio designado después de que se conoció el escándalo por los desmanejos. Según el contador fue el detonante de su desplazamiento. «En el informe cuatro está la punta del ovillo porque involucra al doctor Althabe. El doctor Althabe fue propuesto por Rosatti, y Robles escondió el informe. Esto es así de simple», advirtió. Dijo que no le constaba que los otros ministros lo hubieran recibido. Lo que mostraba este último documento, el más largo, era que las recomendaciones casi no fueron atendidas, hasta el propio Althabe reconocía que no se sabía si la OSPJN alguna vez había elaborado un presupuesto, seguía sin haber políticas de gestión médica y administrativas ni manuales de procedimiento. En medio del caos se advirtió que había compras directas de medicamentos que deberían licitarse, por 225 millones de pesos mensuales, y lo mismo con la contratación de ambulancias y servicios de emergencia. Sigue sin licitarse el software y continúan vacantes los cargos claves para los controles. Las OSPJN transitó 2022 sin definir sus gastos y recursos. En este reporte se menciona también la pérdida de 3 mil millones de pesos por la falta de renovación de plazos fijos.

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POLÍTICA

Javier Milei optó por la «doctrina Chocobar» y relegó a Victoria Villarruel

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Fue un pedido de Patricia Bullrich, quien pasará a manejar a través de su excompañero de fórmula la totalidad de las fuerzas del Estado en una etapa de creciente conflictividad social. La vicepresidenta electa, que aspiraba a ocupar ese mismo lugar, perdió influencia en la interna libertaria. La pregunta por el rol que tendrán las Fuerzas Armadas a partir del 10 de diciembre y los coletazos políticos de la decisión.

Con la designación de Luis Petri como futuro ministro de Defensa, Javier Milei finalmente delegó el manejo político de la totalidad de las fuerzas del Estado en manos de Patricia Bullrich.

A diferencia de Mauricio Macri, la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio parece que sí tendrá su “segundo tiempo”, aunque bajo el gobierno del libertario. Ya había sido confirmada la semana pasada al frente de Seguridad, cargo que negoció mano a mano, sin intermediarios, con el presidente electo. Ahora, colocó a un hombre de su riñón, a la sazón su excompañero de fórmula, en un área clave que controlará por extensión y que le permitirá acumular un poder aún mayor al tuvo en su paso anterior por la función pública.

Todo a lo que aspiraba, en suma, Victoria Villarruel, como fiel representante y lugarteniente de los intereses de la familia militar. La decisión, que se venía cocinando en las últimas semanas, desplaza a la vicepresidenta de un rol que ella había reclamado para sí y que el propio Milei le había prometido públicamente en varias entrevistas, y la encorseta —contra su voluntad— a su rol institucional como presidenta del Senado.

Cerca de Bullrich afirmaron que, si bien el desembarco de Petri en Defensa “fue una decisión exclusivamente de Milei”, la excandidata pidió por él durante la reunión cara a cara que tuvo con el presidente electo la semana pasada. La sintonía entre la futura ministra de Seguridad y el presidente electo es total. “Se tienen respeto mutuo. Ella se tragó su orgullo y lo apoyó. Y ahora trabaja para que le vaya bien”, describieron. Para más datos, aseguraron que comparten “una lectura común del momento y de lo que pide la sociedad”, una idea que seguramente traerá cola en una etapa en la que se avizora una creciente conflictividad social y en la que todo indica volverá, recargada, la “doctrina chocobar”.

Villarruel, en recámara

Al menos hasta el balotaje, Villarruel tenía prácticamente asegurado el control tanto de Seguridad como de Defensa, donde tenía planeado designar funcionarios de su círculo más cercano. Para ambas carteras sonaban respectivamente el diputado electo Guillermo Montenegro —hijo de militares— y el coronel retirado del Ejército Jorge Eduardo Lenard Vives, exresponsable de investigaciones de la Aduana durante la gestión de Gómez Centurión. Los dos son integrantes de la fundación que ella preside, Oíd Mortales, que tal como reveló este medio es el nuevo sello de la vieja Fundación Tridentina para los Valores Clásicos, fundada por el teólogo Gustavo Corbi, quien tuvo un cargo en la SIDE durante los primeros meses de la dictadura.

A juzgar por su última decisión, Milei finalmente optó por dejar en un segundo plano esa agenda vinculada al negacionismo —al menos no darle una visibilidad que tuvo en la campaña— y se inclinó por una solución política: incorporar “a la fórmula completa de Juntos por el Cambio” a su gabinete, tal como se comunicó oficialmente desde la “oficina del presidente electo”.

Villarruel, de todos modos, se mostró dispuesta a dar pelea y dio muestras de seguir tallando en la agenda de defensa. Este lunes envió sus “condolencias” a las familias de los andinistas fallecidos en la Cordillera, que estaban perdidos desde el miércoles pasado, y agradeció a las autoridades chilenas, ante las que dijo haber intercedido, “por su colaboración” en la búsqueda. Antes, se había fotografiado en reuniones con la cúpula de la Prefectura y en el Departamento Central de la Policía Federal.

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Javier Milei rechazará el ingreso de la Argentina a los BRICS

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La economista dijo que «no ve ventajas» en la relación comercial con el bloque que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que representa el 40 por ciento de la población mundial.

La designada Canciller de Javier Milei, Diana Mondino, aseguró que Argentina “no ingresará a los Brics”, el grupo de potencias y países emergentes, encabezado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, con lo que ratificó en línea con lo expresado por el presidente electo que la política exterior del futuro gobierno de La Libertad Avanza será de extremo alineamiento con los Estados Unidos. Mondino desechó así el convite que este año realizaron los integrantes de los Brics para sumar a nuestro país al bloque de cooperación que representa el 40 por ciento de la población mundial, el 24 por ciento del PBI global, el 16 por ciento de las exportaciones y el 15 de las importaciones mundiales de bienes y servicios; además que los cinco países integrantes del bloque son el destino del 30 por ciento de las exportaciones argentinas.

«No ingresaremos a los Brics», escribió Mondino en su cuenta oficial de la red social X, ratificando así la postura que Milei había expuesto durante la campaña electoral. La futura titular del Palacio San Martín, lo reiteró ante los periodistas antes de ingresar al Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, donde iba a exponer ante los empresarios en la 29º conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA): «No vamos a dar marcha atrás porque nunca se aprobó. Nunca ingresamos a los Brics», declaró Mondino en referencia a la invitación del bloque para que Argentina se incorpore a partir del primero de enero del año 2024.

La economista que estará a cargo de la Relaciones Exteriores lo justificó luego en términos económicos: “Entiendo que fuimos invitados a participar de los Brics pero no hemos aceptado formalmente. Para ingresar hay que hacer un aporte de capital y la Argentina no está en condiciones de hacerlo”, lanzó Mondino.

Durante un viaje relámpago a Brasil, en el que buscaba mejorar la relación con el presidente del país vecino Luiz Inacio “Lula” Da Silva, Mondino sostuvo que no había abordado la cuestión del posible ingreso de Argentina al bloque de los BRICS, que recientemente ha invitado a varios países a entrar al mismo para su expansión. En tanto, había manifestado que “no ve ventajas” en el ingreso a los BRICS, después de que Fernández anunciara en octubre que Argentina había “iniciado el proceso de adhesión” al bloque.

Mondino cerró así la puerta a las oportunidades que abría el Grupo de los BRICS a la Argentina en materia comercial, cooperación diplomática, acceso al financiamiento internacional y a los desarrollos tecnológicos de avanzada. Además de desechar la creciente relación comercial entre las potencias emergentes como contracara de las imposiciones de las potencias económicas del G-7, que conforman Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá.

Por lo que las relaciones exteriores del futuro gobierno será a contramano de lo que le adjudicaba la administración saliente al ingreso a los Brics como «un nuevo escenario y una oportunidad» geopolítica y comercial. «Nos hemos incorporado a la alianza de los Brics, los países más importantes de las economías emergentes. Se abre un nuevo escenario para la Argentina. Vamos a ser protagonistas de un destino común en un bloque que representa más del 40 por ciento de la población mundial», dijo Fernández en el discurso en el que anunció la incorporación al bloque que integran Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. Además de la Argentina se sumarían, a partir del 1 de enero de 2024, Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, Irán y Emiratos Árabes Unidos.

El alineamiento internacional del futuro gobierno de LLA tampoco tiene en cuenta la importancia de las relaciones comerciales que ya existen con parte de los países que integran los BRICS. PáginaI12 publicó los datos de un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en el que detalla que la gran mayoría de las provincias argentinas destina al menos cerca de un tercio de sus exportaciones a países que integran el BRICS, en especial a Brasil, China e India.

San Juan, por ejemplo, envía el 46 por ciento de sus exportaciones a los BRICS, mientras que Entre Ríos lo hace en un 40,7 por ciento. En Catamarca, el 37,2 por ciento de las exportaciones tiene como destino a los BRICS, al tiempo que la provincia de Buenos Aires envía el 36,4 por ciento de sus exportaciones a este Grupo, Misiones lo hace en un 34 por ciento y Chaco, en un 31,3 por ciento.

Un escalón más abajo aparece La Rioja, con el 30,5 por ciento de sus exportaciones que se dirigen hacia los BRICS; Córdoba, con el 29,2 por ciento, y Río Negro, con el 27,3 por ciento. Mendoza envía el 25,1 por ciento de sus exportaciones y La Pampa, el 26,3 por ciento. En Tucumán, el 24,3 por ciento de las exportaciones se dirigen hacia los BRICS, y en Santa Fe, el 26,5 por ciento.

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POLÍTICA

En la Superintendencia de Riesgos del Trabajo vuelve el macrista Gustavo Morón

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Ante el convulsionado panorama político que deja el resultado de la elección presidencial en el sector público, conversamos con los referentes de ATE en la SRT. En la Superintendencia de Riesgos del Trabajo – organismo clave en el entramado de contención para los trabajadores-, al igual que en el resto de los organismos del Estado Nacional, se viven momentos de tensa expectativa. Las propuestas altisonantes del presidente electo Javier Milei no caen en saco roto. Del otro lado hay un sindicalismo organizado y “dispuesto a dar la pelea que haya que dar para defender los derechos del pueblo trabajador”.

En diálogo con este medio, el secretario general de ATE SRT, Raúl Gómez, quien acaba de renovar su mandato en elecciones internas, refiere que “lo que vienen a plantear es una reducción de la planta del estado cuando en nuestro organismo la situación es absolutamente contraria; no sobran trabajadores, sino que faltan.” El análisis del referente de la agrupación Verde y Blanca en el sector no es antojadizo; solo en el mes de agosto, los trabajadores de la Superintendencia pasaron de atender tres mil casos a cuarenta y cuatro mil.

“Lo que necesitamos es resolver el tema de las categorías, los contratos a tiempo indeterminado, la carrera profesional y la administrativa, una serie de cuestiones que está gestión no hizo. La realidad es que vinieron a levantar las banderas del peronismo y terminaron siendo una continuidad del macrismo”, indicó el dirigente agregando que “nosotros ya tenemos la experiencia del macrismo y nunca dimos el brazo a torcer. El único desmán que hay en el horizonte es el que pretenden llevar adelante con la vida de la gente, con nuestros derechos y con la fuente de trabajo de los y las estatales y de nuestras familias. Conocemos cómo piensan, cómo se mueven y cómo actúan. Los que se van a tener que medir muy bien son ellos.” 

Milei llega al poder con la promesa de un ajuste sobre la clase política para un estado (supuestamente) más eficiente, pero ya ha dado indicios de que el ajuste lo pagarán los mismos de siempre. De hecho, en la Superintendencia “ya refugiaron a casi todos los funcionarios” indica Gómez. “Vienen con el mismo discurso de sanear el estado y la eficiencia y la austeridad pero, igual que durante el gobierno de Mauricio Macri, mientras despedían compañeros y compañeras contrataban gente con sueldos altísimos y creaban gerencias y secretarías para acomodar a sus amigos”. Desde la junta interna que conduce Gómez consideran que la actual gestión, liderada por Enrique Alberto Cossio y Marcelo Domínguez, constituye una continuidad de las políticas de vaciamiento; “de hecho ya están haciendo exactamente lo mismo que hicieron durante el gobierno de Macri. Días antes de las elecciones generales del 22 de octubre, sacaron una resolución interna modificando el organigrama para ocultar y refugiar a su gente.”. El referente de la Verde y Blanca concluye que “estas son actitudes de una dirigencia <anti trabajador> ya que desprestigian el rol de nuestro organismo y del Estado. Tienen a su gente cobrando sueldos millonarios en gerencias fantasmas que no sirven para nada mientras el trabajador y la trabajadora que sostiene el organismo con su sacrificio, muchas veces sin las herramientas adecuadas, en condiciones precarias, además cobra dos monedas”. 

Tras el resultado electoral el mundo del trabajo, y sobre todo el sector estatal, se encuentra a la expectativa. La experiencia del macrismo hizo estragos en el ámbito laboral y dejó marcas profundas en el sector público, pero también construyó una alternativa sindical combativa y dispuesta a defender a sus afiliados; “no vamos a dejar a nadie en el camino. Desde ATE-SRT este jueves 30 de noviembre participaremos de la conferencia de prensa en ATE Nacional y nos declaramos en estado de alerta permanente ya que en la SRT peligran 800 contratos, y vamos hacia una gran unidad para definir los vectores de organización para la etapa que viene.”

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