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ECONOMÍA

El gobierno desembarca en Edesur para incrementar los controles

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También se le aplicará una multa de 1000 millones de pesos por los reiterados incumplimientos en la prestación del servicio y se le ordenará devolverle a los usuarios que hayan sido víctimas de cortes superiores al promedio la totalidad de la factura del último mes. A su vez, se habilitará un ámbito de reclamo por daños que se hayan producido en los electrodomésticos a raíz de los cortes.

El gobierno incrementa la presión sobre la distribuidora Edesur mientras los cortes de electricidad continúan afectando a miles de usuarios. El ministro de Economía Sergio Massa confirmó esta noche que instruyó la puesta en marcha de una veeduría con auditoría en la distribuidora para revisar el valor del activo regulatorio, el cumplimiento del régimen de inversiones, los tiempos de respuesta a los usuarios y la calidad del servicio. A su vez, se informó que se le aplicará una multa de 1000 millones de pesos por los reiterados incumplimientos en la prestación del servicio y se le devolverá a los usuarios que hayan sido víctimas de cortes superiores al promedio la totalidad de la factura del último mes. También se habilitará un ámbito de reclamo por daños que se hayan producido en los electrodomésticos a raíz de los cortes.

La decisión de avanzar en esa dirección se tomó luego de una reunión que este mediodía mantuvieron el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa. Luego Massa citó a los directivos de la compañía para comunicarles las novedades, a quienes recibió con la televisión encendida mientras se transmitían los incidentes provocados por los cortes de luz. El malestar contra la empresa creció luego de que el viernes intentara desentenderse de su responsabilidad en los cortes al asegurar que había sido un problema de generación de energía, argumento que reiteró ayer en una solicitada publicada en algunos matutinos.

El desembarco
La secretaría de Energía, Flavia Royón aseguró el domingo por la noche que instruyó al ENRE para que inicie las actuaciones administrativas correspondientes con la intención de solucionar el problema de los reiterados cortes de luz que se repiten todos los años. “No nos va a temblar el pulso si eso implica tener que terminar el contrato de concesión del servicio de distribución eléctrica a cargo de la empresa Edesur”, amenazó.

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ya estuvo cerca de expropiar la empresa a comienzos de 2014 luego de los grandes apagones que se registraron en el Área Metropolitana de Buenos Aires, pero finalmente se descartó esa opción. Royón ahora volvió a poner el tema en agenda, pero en el sector coinciden en que es difícil que se tome esa decisión porque la italiana Enel, controlante de Edesur, anunció en noviembre un plan de desinversión que incluye su salida de Argentina, Perú y Rumania con el objetivo de reducir su deuda neta y centrar su transición hacia energías más limpias. No solo puso a la venta la distribuidora Edesur sino todos sus activos en la Argentina, que incluyen las centrales térmicas Costanera y Dock Sud, la concesión de la hidroeléctrica El Chocón y las líneas de transmisión CTM y TESA, que conectan los sistemas de energía eléctrica entre Brasil y el noreste argentino, y Yacylec, que transporta la energía de Yacyretá.

Si se decide quitarle la concesión de Edesur ahora, se le estaría facilitando su salida de esa compañía sin necesidad de conseguir un comprador y luego los italianos terminarían reclamado una indemnización millonaria en el CIADI, un tribunal dependiente del Banco Mundial donde las empresas suelen jugar de local.

Otra de las alterativas la mencionó el interventor del ENRE Walter Martello a comienzos de enero, luego del apagón que dejó sin servicio a más de 400 mil usuarios en la noche de Año Nuevo: “Es posible que la mayoría de las acciones de Edesur las compre el Estado. Es algo que yo personalmente he planteado en mi rol anterior como Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, planteé la estatización de la empresa. La política deberá discutir después el tema de los recursos”, sostuvo el funcionario.

Mientras el gobierno evalúa cómo resolver la cuestión de fondo, por ahora decidió desembarcar en la compañía con veedores sin afectar el capital accionario, con el objetivo de tener un mayor control sobre la firma. La intención oficial es que también participe de la auditoría la Universidad de Buenos Aires.

Es un esquema similar al llevado adelante entre fines de 2013 y principios de 2014 cuando el entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, designó a Roberto Baratta, su mano derecha en materia energética, en la empresa para saber de cerca qué estaba ocurriendo y tomar las decisiones más trascendentes. De hecho, las inversiones que realizó Edesur en esos meses fueron decididas por la intervención y financiadas con fondos provenientes del Tesoro.

Alta tensión
Ante las crecientes críticas que viene recibiendo desde el gobierno y sectores afines, la empresa reaccionó este miércoles al publicar una solicitada en la que aseguró que el servicio ha venido mejorando. “En el verano 2022/2023, durante los meses de diciembre y enero, los indicadores de calidad del servicio (SAIDI) reflejaron una notable mejora respecto al mismo período del año pasado. Específicamente, en el mes de enero el SAIDI fue de 87 minutos en comparación a los 236 minutos de enero 2022, y 122 minutos de enero 2021, con una temperatura media superior”, aseguró.

La compañía insistió además con un dato que ya había adelantado a través de su cuenta de Twitter y que generó furia en el gobierno. “El pasado viernes 10, a las 13:45 horas Edesur registró un récord histórico de demanda de energía de 4.181 MW. A las 13:54 horas, el operador del sistema de alta tensión de GBA (SACME) pidió a Edesur realizar cortes a clientes, tras informar que la generación de energía para la zona sur de Buenos Aires resultaba insuficiente. Producto del pedido de SACME, se realizaron cortes preventivos a unos 180 mil clientes, que equivalen a 250 MW, entre las 14 y las 17 horas. El 70 por ciento fue normalizado a las 16”. Según dice ahí, al menos parte de la responsabilidad por los cortes es por falta de energía y no por problemas en la red de distribución.

El ENRE fue el encargado de responderle a la compañía: «Cammesa, el operador del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), confirmó que no solicitó ningún corte en ninguna de las áreas o regiones del país dado que el pico se operó con reservas óptimas». Asimismo, el ente señaló que «Sacme, el operador de la red de alta tensión de Edenor y Edesur, informó que ordenó restricciones por caídas de tensión en las redes de 220 y 132 kilovoltios (kv) y saturación de equipos de transporte».

En el gobierno provocó un profundo malestar que la distribuidora eléctrica haya intentado desentenderse del problema de los cortes al decir que el problema no se encuentra en la red de distribución sino en el eslabón de la generación. Tampoco habían caído bien las declaraciones que formuló el mes pasado el CEO de Enel, Francesco Starace, cuando le preguntaron por qué habían decidido anunciar su salida de Argentina: “Tienen la regulación más bizarra del mundo”, aseguró durante un panel sobre cuestiones energéticas que se llevó adelante en la escuela de negocios de la Universidad de Harvard.

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ECONOMÍA

Kicillof homologó en Provincia el acuerdo salarial de Camioneros que Milei se niega a hacer en todo el país

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El Sindicato de Choferes de Camiones logró este viernes la homologación del acuerdo paritario en la provincia de Buenos Aires. De este modo, los trabajadores de ese gremio cobrarán el incremento correspondiente al 25% en marzo y el 20% en abril, y lograron meterle presión al gobierno de Javier Milei, que se niega a homologar el acuerdo a nivel nacional.

Pablo Moyano, secretario general adjunto de Camioneros, agradeció y destacó lo hecho por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien definió como «futuro presidente de la nación» por sus altas chances de ser «el nuevo conductor del peronismo», y su ministro de Trabajo, Walter Correa. Y no ahorró críticas contra el gobierno de La Libertad Avanza.
«El gobierno nacional lo primero que hace es atacar los derechos de los trabajadores, de los jubilados, de los que menos tienen, no reconocer las paritarias, aumentar, mentir con la inflación», expresó Moyano tras la homologación del acuerdo.»Lo que a un dirigente gremial muchas veces le duele es que muchos trabajadores, equivocados o no, hayan votado este proyecto. Y hoy estamos en la calle, peleando para que cambie este modelo económico«, agregó el líder de Camioneros.

«Si no se aprueba, el lunes no se va a mover una hoja en todo el país»

Pablo Moyano advirtió el jueves sobre la posibilidad de un paro en el sector para el próximo lunes si el Gobierno no homologa la paritaria que el gremio acordó con las cámaras empresarias.

«Si el 8 de abril, que es el lunes, no se confirma el aumento del 25% que se firmó para marzo, no se va a mover una hoja, una pluma en todo el país», sostuvo el cosecretario general de la CGT en declaraciones a C5N.

El referente sindical subrayó: «Va a haber un paro general desde el gremio de Camioneros defendiendo lo que se firmó hace un mes y todavía no se ha homologado».

El reclamo de Pablo Moyano es para que comience a aplicarse el acuerdo salarial acordado el pasado 23 de febrero: 45% de incremento dividido en dos tramos (25% en marzo y 20% en abril).

La falta de homologación de las paritarias es una situación que actualmente afecta no sólo al Sindicatos de Choferes de Camiones, sino a varias organizaciones gremiales.

Esa decisión de la Secretaría de Trabajo agrava el malestar del movimiento obrero, desde el que ya comience a analizarse la posibilidad de un nuevo paro general contra el Gobierno del presidente Milei.

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Micale: «La motosierra y el déficit cero afectan el presupuesto de seguridad social»

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La abogada laboralista y previsional dialogó con Jorge Benedetti y Rodolfo Colangelo en Radio Gráfica, sobre la reforma de las jubilaciones que quiere concretar el actual gobierno nacional, «el problema fundamental que tiene el sistema previsional en este momento, es que la política anunciada de motosierra y de déficit cero no puede lograrse sin afectar el presupuesto de seguridad social, que es el presupuesto mas importante que tiene el estado.

«Con lo cual, es una situación compleja si verdaderamente se avanza con el objetivo de lograr un déficit cero, porque los sistemas de seguridad social, no en Argentina, sino en el mundo entero, no son autosuficientes, son varios los componentes que hacen que el autofinanciamiento no sea posible. Y la decisión política de recortar presupuestariamente para poder, en este caso, lograr un déficit para los logros de los objetivos económicos que el gobierno quiere, no tiene ninguna duda, otro efecto, que aceptar el pago de las jubilaciones, pensiones y el resto de los beneficios que componen el sistema de seguridad social (…)».

Y agregó, «en el mundo entero, la decisión política es financiar con partidas adicionales porque no es autosuficiente el sistema de seguridad social». #EnQueNosParecemos todos los sábados de 13hs a 15hs por FM 89.3

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DNU presidencial: la Cámara Laboral de Cipolletti lo declaró inconstitucional

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La Cámara Laboral de Cipolletti declaró inconstitucional de oficio el Título IV de la reforma laboral introducida por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023. Consideró que la norma no cumplió con los requisitos procedimentales y constitucionales, sumado a la falta de ratificación por parte del Congreso de la Nación.

El tribunal de Cipolletti coincidió con los argumentos que dio la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que dictó en enero una sentencia a raíz de una acción de amparo iniciada por la CGT. Sin embargo, resaltó que el fallo de ese organismo nacional no tiene jurisdicción en la Cuarta Circunscripción Judicial de Río Negro. Por lo tanto, estableció un criterio propio para los casos futuros que ingresen al tribunal, en tanto y en cuanto no exista una doctrina legal obligatoria que resuelva en algún otro sentido.

Dada la novedad de los planteos, en la provincia aún no hay una doctrina legal obligatoria del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que sea vinculante para todos los tribunales inferiores porque el máximo tribunal provincial todavía no ha recibido ningún expediente referido al punto. Esto significa que cada una de las seis Cámaras Laborales que examine un caso podría tener apreciaciones similares o diferentes, según su criterio jurídico.

Recientemente, la Cámara Laboral de Viedma, por mayoría, validó el DNU, pero solo para calcular los intereses que deberá recibir una mujer despedida. En este análisis, la fórmula establecida por el decreto presidencial favorece más a la trabajadora, ya que se basa en el índice inflacionario.

Casos en Cipolletti

La primera causa que estableció el criterio de la Cámara de Cipolletti involucra a una trabajadora de la agencia de Cata Internacional en la terminal de Cipolletti, despedida sin justa causa. Hizo el reclamo y recibirá las indemnizaciones agravadas derogadas por el decreto presidencial.

En otro caso, también se trató de un despido sin justa causa y una relación laboral no registrada. La mujer trabajaba en el geriátrico Hogar Amanecer de Cipolletti. Se decidió que recibirá todas las indemnizaciones correspondientes por el derecho vigente antes del dictado del DNU.

https://fallos.jusrionegro.gov.ar/protocoloweb/protocolo/protocolo?id_protocolo=7b6bfbda-d8b9-40c6-a6bb-8fa3f12c4b8d&stj=0&usarSearch=1&texto=&option_text=0

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