Por qué conviene ser juez de la Corte Suprema y no ingeniero

“Los jueces no pueden ser juzgados por sus sentencias”, repiten políticos y periodistas opositores para vaciar la investigación que empezará en el Congreso. Cuáles son los privilegios que reclaman los cortesanos además de no pagar impuestos y gozar de jubilaciones especiales.

Un ingeniero construye varias casas. Se cae la mitad. Si se comprueba que fue por su culpa perderá la matrícula. Puede defenderse, claro, pero nunca se le ocurriría alegar que no pueden juzgarlo por su ejercicio profesional. Un juez de la Corte escribe varios fallos. Una buena cantidad son parciales y tienen dramáticas consecuencias. Si el Congreso considera que eso es cierto perderá su puesto. Puede defenderse, claro, y lo primero que alegará es que no pueden acusarlo por su ejercicio profesional. Parece injusto, pero eso es lo que sostienen Juntos por el Cambio y todos los medios y asociaciones de jueces y abogados alineados con la oposición, abroquelados para evitar de cualquier manera el Juicio Político planteado por el Gobierno contra los cuatro miembros de la Corte Suprema, empezando por su presidente Horacio Rosatti.

“Los jueces no pueden ser juzgados por sus sentencias”, repiten todos los periodistas que solo aplaudieron cuando los jueces no fueron juzgados sino extorsionados y despedidos por haber firmado fallos que no le gustaron al gobierno de Mauricio Macri. Pero ese lugar común es solo eso, un lugar común que se convirtió en mito de tanto repetirlo.

Una forma rápida de ponerlo en duda es recordar que existe el delito de “prevaricato”, que se produce cuando un funcionario judicial dicta un fallo “a sabiendas de que es injusto o contrario a la ley”. Por ejemplo, Cristina Kirchner pidió que se investigue por prevaricato al fiscal Diego Luciani justamente por las falsedades que utilizó durante su alegato en el juicio de Vialidad.

Si el sistema judicial puede entonces utilizar el contenido de las sentencias para enjuiciar y condenar, ¿por qué no podrían hacerlo los legisladores al analizar las responsabilidades de los cortesanos cuando hasta los propios Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda ya determinaron, en fallos anteriores, que “no puede aplicarse al juicio político el mismo estándar de imparcialidad que el que se desarrolla en sede judicial”.