Coparticipación: La batalla sigue en el Congreso y en los tribunales

El Poder Ejecutivo, con el acompañamiento de una mayoría de gobernadores, realizó la semana pasada un movimiento inédito. Hasta el momento el presidente Alberto Fernández y los distintos miembros del Frente de Todos venían cuestionando los fallos del máximo tribunal y señalaban, como repite la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que ya no se trata de un Poder Judicial sino de un partido judicial con intereses políticos y partidarios. Lo cierto es que, esta vez, no solo se dijo, sino que, además de avanzar en el plano discursivo, el Gobierno avanzó en los hechos para que el fallo de los supremos pueda ser revisado dentro de la institucionalidad.

Según explicaron en un pronunciamiento conjunto el Presidente y los gobernadores del Frente de Todos –con el posterior respaldo de otros cuatro mandatarios provinciales de partidos locales– cumplir con el fallo de la Corte implicaría no respetar el Presupuesto de 2023 que fue aprobado en el Congreso.

En esa línea, el exmiembro de la Corte Raúl Eugenio Zaffaroni subrayó en diálogo con el programa Rayos X que “la Corte Suprema le ordenó al Presidente que tome dinero y le pague a CABA, pero como hay una Ley de Presupuesto votada, si el Presidente utiliza el dinero para algo no previsto en la ley incurre en el delito de malversación de fondos». Es decir, la CSJN -dijo el jurista- «coacciona al Presidente a cometer un delito». Algo similar opinó el abogado constitucionalista, Eduardo Barcesat: «La resolución cautelar de la Corte suspende la aplicación del decreto del Presidente y la ley del Congreso que ratificó las alícuotas dispuestas. Se alza contra una ley. Es correcto calificar este conflicto entre poderes como el más grave desde el recupero de la democracia», dijo.

Para no incumplir con el Presupuesto votado, entre las opciones que analiza el Gobierno se cuenta conseguir los recursos por fuera de lo presupuestado. Una opción sería con la creación de impuestos: los trascendidos citaban posibles tributos a los bancos o al juego. Otra opción sería la aprobación en el Congreso de una modificación del Presupuesto. En ese caso, claro, los legisladores de las provincias, tanto del oficialismo como de la oposición, deberían votar para cambiarlo y que la Nación les quite dinero a sus distritos para obras, educación o salud y se lo dirija a CABA. Un escenario complejo para esos legisladores. También dejaría en un lugar difícil al alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que tiene aspiraciones presidenciales.