Diputados inicia el debate sobre la reestatización de los ferrocarriles

Anunciado durante la Asamblea Legislativa, el proyecto del Gobierno prevé la creación de un organismo que administre el servicio. La iniciativa contaría con el aval de la oposición.

El miércoles 25 de marzo, desde las 13, la Cámara de Diputados será escenario de la reunión conjunta de las comisiones de Transporte, de Presupuesto y Hacienda y de Obras Públicas, que empezarán a analizar el proyecto de ley destinado a devolver la administración de los ferrocarriles al Estado.

La intención del kirchnerismo es impulsar la firma de un dictamen favorable ese mismo día para que sea considerado en el recinto en una sesión especial pedida para el 8 de abril.

El proyecto de ley del Ejecutivo fue anunciado por Cristina Kirchner durante la Asamblea Legislativa y plantea declarar «de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, la renovación y el mejoramiento de la infraestructura ferroviaria y la incorporación de tecnologías y servicios que coadyuven a la modernización y eficiencia del sistema público ferroviario».

A su vez, indica que el PEN «deberá adoptar las medidas necesarias» a los fines de «reasumir la plena administración de la infraestructura ferroviaria en todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas de control de circulación» o en «su caso renegociar los contratos de concesión suscriptos» con Nuevo Central Argentino S.A., Ferroexpreso Pampeano SA y Ferrosur Roca SA, y los correspondientes a Metrovías SA y Ferrovías SA.

Cuando Florencio Randazzo, ministro del Interior y Transporte, anunció el envío del proyecto al Congreso advirtió que «bajo esta ley, todas las concesiones son puestas bajo análisis» ya que «se habilita al Poder Ejecutivo a sentarse con todos los privados a renegociar bajo las cláusulas» que establece el nuevo texto, a la vez que señaló que «la recuperación de las vías no es parte de negociación, (ya que) pasan a formar parte del estado nacional».

También explicó que la iniciativa «contempla la creación de una sociedad del Estado, que es madre del resto de las empresas que hoy llevan adelante el funcionamiento de los ferrocarriles» y que tendrá «toda la potestad en el sistema, tanto en pasajeros como en cargas».

Asimismo, Randazzo destacó que «nadie tendrá exclusividad para operar determinada vía» y que eso «lo determinará el Estado» ya que «dejará de tener prioridad el que tiene la concesión».

Apoyo
Por otra parte, el ministro dijo que en el Gobierno «somos absolutamente optimistas con respecto al tratamiento que tendrá, en el bloque del Frente para la Victoria, y en otras fuerzas políticas que tienen una historia ligada a la defensa de los ferrocarriles».

El presidente del bloque radical, Mario Negri, indicó a la agencia de noticias DyN que si bien estaba analizando el proyecto a grandes rasgos está «de acuerdo» con su contenido, aunque anticipó que seguramente «tendremos algunas disidencias».

En la misma línea se pronunció su par Ricardo Buryaile (UCR) quien además lamentó «el apuro en tratarlo así, podríamos haber tenido unos días más para analizarlo y llevarlo al recinto».

A su vez, el titular del interbloque Unión PRO, Federico Pinedo, manifestó también a DyN que «nos parece que es bastante positivo» el proyecto, que calificó sin entrar en los detalles como «una propuesta profesional y bastante razonable».

La voz discordante fue la de Néstor Pitrola, del Frente de Izquierda, quien como integrante de la comisión de Transporte adelantó que tendrá un dictamen en minoría de rechazo ya que estima que la iniciativa constituye «una maniobra para tapar la responsabilidad de los concesionarios en el vaciamiento de los ferrocarriles».

El Frente Renovador, el socialismo, GEN y otras expresiones minoritarias no adelantaron la posición que tendrán con relación al proyecto.

En tanto, la presidenta de la comisión de Transporte, María Eugenia Zamarreño, sostuvo en declaraciones difundidas por el bloque del FPV que se trata de «una ley que tiende a restituirle un derecho a todos los argentinos, fundamentalmente a aquellos que forman parte del pueblo trabajador y los utilizan (a los trenes) como principal medio de transporte».