ECONOMÍA
El Gobierno busca destrabar el Súper RIGI en el Senado con una nueva contrapropuesta a sus aliados
El Ministerio de Economía evalúa un esquema para medir la competitividad de los proveedores locales, en un intento de acercar posiciones con los senadores que frenan el proyecto desde comienzos de septiembre.

El Gobierno nacional busca destrabar el Súper RIGI en el Senado, trabado desde comienzos de septiembre, y analiza una nueva contrapropuesta para acercar posiciones con los senadores aliados que reclaman cambios al proyecto. Según trascendió, el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, estudia una fórmula que fija en qué condiciones un proveedor argentino puede considerarse competitivo frente a una oferta extranjera.
Qué contempla la nueva propuesta
El borrador en estudio retoma un pedido que vienen haciendo los senadores Maximiliano Abad (UCR, Buenos Aires), Carlos Espínola (peronismo no kirchnerista, Corrientes) y Martín Goerling (PRO, Misiones): que un insumo nacional sea considerado competitivo si su precio no supera en más de un 15% al de la oferta extranjera comparable, en condiciones equivalentes y con los costos de importación ya incluidos. Antes de declarar insuficiente una oferta local, además, la autoridad de aplicación debería consultar a las cámaras empresariales del sector involucrado.
El esquema, de todos modos, no cubriría la totalidad de los reclamos de los aliados. Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, ya había avalado semanas atrás otros cambios vinculados al 20% de preferencia para bienes de origen local y a la conexión al sistema eléctrico, aunque la negociación sigue abierta.
El Súper RIGI en el Senado, trabado y con poco tiempo
El Súper RIGI, que ya tiene media sanción de Diputados, quedó frenado en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación General del Senado, donde el oficialismo no consiguió las firmas necesarias para dictaminarlo. Quedan menos de 45 días de sesiones ordinarias y, si el texto avanza, debería volver a Diputados para una segunda revisión, lo que obligaría al Gobierno a apostar a sesiones extraordinarias, que solo puede convocar el Poder Ejecutivo.
En el fondo del conflicto está el reclamo de buena parte de los aliados, que vienen pidiendo que las inversiones amparadas por el régimen prioricen a los proveedores argentinos por sobre los extranjeros, en sintonía con los planteos que distintas provincias productoras vienen haciendo sobre la necesidad de que los beneficios de las grandes inversiones se traduzcan en trabajo y desarrollo de proveedores locales, y no solo en exenciones para las compañías que las ejecutan.
El régimen RIIR, pensado para inversiones desde los 12 millones de dólares y que impulsa el senador radical Eduardo Vischi, también permanece trabado en el Senado.

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