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Vencido el ultimátum a Londres, la Argentina avanza con el pedido de medidas urgentes al Tribunal del Mar por Malvinas

La Cancillería prevé presentar esta semana la solicitud para frenar la explotación petrolera del proyecto Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte.

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Plataforma petrolera, Tribunal del Mar por Malvinas

El Gobierno argentino avanza esta semana con un paso clave en la disputa por los recursos naturales de las islas Malvinas: tras el vencimiento del ultimátum de dos semanas que le había dado al Reino Unido para frenar la actividad petrolera en la zona, la Cancillería prevé presentar en los próximos días una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, dentro del arbitraje ante el Tribunal del Mar que la Argentina inició bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).

El reclamo apunta al proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago. Lo opera la israelí Navitas Petroleum, con el 65% de participación, junto a la británica Rockhopper Exploration, que controla el 35% restante. Ambas compañías mantienen en pie sus planes: perforaciones de desarrollo a comienzos de 2027 y el inicio de la producción en 2028, con una primera etapa de 55.000 barriles diarios que podría ampliarse hasta 125.000 en fases posteriores.

Qué puede resolver el arbitraje ante el Tribunal del Mar

El TIDM no tiene competencia para resolver sobre la soberanía de las islas: su rol se limita a cuestiones de derecho del mar en el marco de la Convemar, y podría analizar si un Estado puede explotar de manera unilateral recursos naturales en una zona marítima con soberanía en disputa. Si el tribunal concede las medidas provisionales que pedirá la Argentina, estas serían de cumplimiento obligatorio para ambos países. El canciller Pablo Quirno había remarcado semanas atrás que «es la primera vez que la Argentina somete a un tribunal internacional la disputa sobre los hechos unilaterales» en la zona.

Desde Rockhopper, en cambio, sostienen que Navitas opera con licencias válidas otorgadas por el Gobierno de las islas y calificaron las medidas argentinas como «ilegítimas y carentes de justificación jurídica». Su director ejecutivo, Samuel Moody, había señalado que la compañía atraviesa «un período decisivo» para el proyecto.

El tribunal de Hamburgo está integrado por 21 jueces, entre ellos la argentina Frida María Armas Pfirter, que desde este mes ejerce la vicepresidencia del organismo. El Reino Unido no cuenta con un juez propio en el cuerpo, aunque podría designar uno de forma circunstancial para este caso.

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