Nuevo escándalo en ANDIS: el Interventor denunció sobreprecios de hasta 4.239% antes de renunciar

El interventor saliente de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Alejandro Vilches, presentó una denuncia penal contra el exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, antes de dejar su cargo la semana pasada. La presentación describe un esquema de sobreprecios sistemáticos en discapacidad que, según la auditoría interna que impulsó, llegó a superar el 4.239% del valor de referencia en al menos una compra.

La denuncia detalla que nueve empresas facturaron a Andis más de 25.600 millones de pesos a lo largo de más de 500 expedientes administrativos, con pagos duplicados, productos que no coincidían con lo adjudicado y prestaciones que no se habrían llegado a concretar. El propio informe que motivó la denuncia calificó los hallazgos como «técnicamente indefendibles».

Sobreprecios en discapacidad: los números que expone la denuncia

Entre los casos relevados, un sistema de válvula bicaval se pagó 425 millones de pesos cuando el PAMI abonaba 124,2 millones por el mismo insumo, una diferencia del 242%. Una válvula pulmonar tuvo una brecha del 711% entre lo que pagó Andis y la referencia de PAMI, y los implantes cocleares se abonaron a 62.613 dólares por unidad frente a una referencia de mercado de 16.975 dólares, un 269% por encima. El caso más extremo fue el de un andador, con una diferencia de precio del 4.239% respecto del valor de referencia.

La auditoría también detectó 178.254 personas fallecidas que seguían figurando como activas en un padrón de 1,65 millones de beneficiarios, y 114 personas privadas de su libertad registradas en el sistema. En conjunto, el informe estima una discrepancia de 158.000 millones de pesos en los registros de deuda del área.

El escándalo se conoce apenas unos días después de la salida de Vilches del organismo, que había asumido la intervención tras la salida de Spagnuolo, hoy procesado en la causa judicial que investiga presuntas coimas en la compra de medicamentos e insumos para personas con discapacidad. La denuncia se suma a un expediente que, desde hace meses, mantiene bajo la lupa a distintos sectores del Gobierno nacional por el manejo de fondos destinados a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.

El hallazgo reabre el debate sobre los controles que el Gobierno de Javier Milei aplicó —o dejó de aplicar— sobre un área sensible como la de discapacidad, en momentos en que la motosierra sobre el gasto público se presentó como bandera de gestión. Los propios números de la denuncia contradicen ese relato: lejos de un ahorro, la auditoría describe una fuga de recursos por vías que deberían haber estado bajo control estatal directo.