Facturación electrónica obligatoria: ARCA suma a los monotributistas sociales

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avanzó en la digitalización y formalización de la economía al modificar las reglas del régimen de emisión de comprobantes. A través de la Resolución General 5893/2026, el organismo dispuso la obligación de emitir factura electrónica para sectores que hasta ahora se encontraban exceptuados, incluyendo a los monotributistas sociales, pequeños contribuyentes del Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social, y sujetos con condición de «no alcanzados» en el Impuesto al Valor Agregado (IVA). La medida busca ampliar la trazabilidad de las operaciones comerciales y profundizar los cruces automáticos de información.

📆 Cronograma de implementación y excepciones

El nuevo esquema establece una aplicación escalonada. Para los pequeños contribuyentes de la economía social y efectores, la exigencia de comprobantes digitales entrará en vigencia a partir del 1° de noviembre de 2026. En tanto, los sujetos no alcanzados por el IVA tendrán un plazo de adecuación extendido hasta el 1° de marzo de 2027, período durante el cual podrán continuar utilizando los comprobantes bajo el régimen tradicional (RG 100) hasta agotar talonarios o el vencimiento del CAI. Por su parte, quedan exceptuadas del régimen las entidades de seguros por operaciones no gravadas en el IVA.

Desde la perspectiva tributaria y financiera, el endurecimiento de los controles impacta en el ecosistema emprendedor y pyme. Mientras la industria manufacturera y el comercio minorista enfrentan elevados costos de financiamiento por la reciente suba de tasas en el mercado, la digitalización compulsory de los actores informales tiende a reducir la evasión en la cadena de valor. Sin embargo, para el estrato de menor escala, la transición implica desafíos de conectividad y gestión que impactan sobre su rentabilidad operativa, al tiempo que otorga al BCRA y a los organismos recaudadores provinciales —como ARBA— un mayor flujo de datos para monitorear el consumo interno y la dinámica de precios en la medición del IPC.