Quién es Walter Román, el aportante de La Libertad Avanza que pelea por quedarse con AySA

El proceso de privatización de AySA, la empresa estatal que provee agua potable y cloacas a 11,4 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, quedó reducido a una pulseada entre dos consorcios tras la apertura de sobres del martes pasado, en la que el Gobierno nacional buscó dar de baja a 15 de los 17 interesados originales. Uno de los dos finalistas está encabezado por el empresario Walter Román, cuya trayectoria despertó cuestionamientos en las últimas horas.

Román es dueño de Rowing, su empresa insignia dedicada a la ingeniería y la construcción, y forma parte de un grupo familiar con más de 70 años de historia en el negocio de la logística, heredado de su padre y repartido entre cuatro hermanos en los años 90. Para pelear por AySA, se asoció con Mauricio Filiberti, conocido en el sector como «el Rey del Cloro» por su empresa Transclor, proveedora del policloruro de aluminio que se usa para potabilizar agua y que mantiene una relación comercial con la propia AySA desde 2009. Completan el consorcio la brasileña Arcos Saneamento e Participações y el vehículo de inversión holandés PHX Aqua AR B.V. Del otro lado de la puja quedó el Grupo Roggio, a través de Roggio ROAS S.A.U.

Los cuestionamientos a la privatización de AySA y el vínculo con el oficialismo

Según reconstruyó la prensa en los últimos días, dos empresas vinculadas a Román, Direct Group y Lógico, aportaron $20 millones cada una a la campaña de La Libertad Avanza. El empresario también quedó en el centro de una polémica previa por una licitación del PAMI para la distribución de pañales para adultos, adjudicada a su firma Urbano Exprés: el proceso fue cuestionado por la celeridad de la convocatoria y por las condiciones del pliego, aunque no llegó a derivar en denuncias formales.

El Gobierno nacional busca desprenderse del 90% de AySA por un plazo de concesión de 30 años, prorrogable por diez más, con una recaudación esperada de unos USD 500 millones. El pliego exige al futuro operador privado inversiones obligatorias por $2,89 billones —a valores de diciembre de 2025— y un compromiso de más de USD 2.000 millones en los primeros cinco años del contrato, según precisó el propio ministro de Economía, Luis Caputo. La definición se da en medio de una batalla judicial paralela por el proceso licitatorio y en un contexto en el que distintos sectores, incluida la gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, vienen reclamando mayor transparencia y control público sobre los servicios esenciales que el Gobierno nacional avanza en transferir a manos privadas.