Un proyecto en el Senado bonaerense busca que los inquilinos dejen de pagar la comisión inmobiliaria

Un grupo de senadoras del bloque Unión por la Patria presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto para eliminar el pago de la comisión inmobiliaria en los alquileres por parte de los inquilinos, y trasladar ese costo exclusivamente al propietario del inmueble. La iniciativa, impulsada por María Rosa Martínez, Laura Clark y Mónica Macha, propone modificar la Ley provincial 10.973, que regula la actividad de martilleros y corredores públicos en el territorio bonaerense.

Según los fundamentos del proyecto, el esquema actual —donde buena parte de las inmobiliarias trasladan al inquilino el pago de la comisión, además del depósito y el primer mes de alquiler— profundiza la desigualdad estructural entre las partes de un contrato de locación. Las autoras remarcan que el inquilino es «la parte más débil del contrato», y que el peso de sostener el negocio inmobiliario no puede recaer sobre quien ya afronta el costo creciente de acceder a una vivienda.

El impacto de la comisión inmobiliaria en los alquileres bonaerenses

El proyecto tomó como antecedente experiencias ya vigentes en otras jurisdicciones del país: en la Ciudad de Buenos Aires, Río Negro y La Pampa, la normativa local ya estableció que la comisión de la inmobiliaria debe ser abonada por el propietario, en tanto es quien contrata el servicio de intermediación. De aprobarse, la modificación alcanzaría a un universo amplio de contratos: según datos del Censo 2022, cerca de tres millones de viviendas se encuentran alquiladas en la provincia de Buenos Aires.

La discusión se da en un contexto de fuerte tensión en el mercado de alquileres, con subas que en muchos casos superan la inflación general y un acceso a la vivienda cada vez más restringido para buena parte de las familias bonaerenses. Para sus impulsoras, aliviar el desembolso inicial que enfrenta quien alquila —que además del primer mes y el depósito debe afrontar la comisión, muchas veces equivalente a otro mes completo— es una forma concreta de proteger a la parte más vulnerable de la relación contractual, en un año donde el poder adquisitivo de los salarios sigue golpeado.

El proyecto deberá ahora sumar el respaldo de otros bloques para avanzar en su tratamiento en comisiones antes de llegar al recinto.