Sospechas por un mecanismo oficial para subvaluar activos estatales antes de las privatizaciones

El Gobierno de Javier Milei quedó bajo la lupa tras la implementación de un nuevo esquema administrativo que, según denuncias de la oposición y de sectores judiciales, podría propiciar la subvaluación de activos públicos estratégicos antes de su privatización. La controversia se focaliza en el reemplazo del tradicional Tribunal de Tasaciones por una unidad de valuación especial constituida en el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), la cual funciona bajo la órbita directa del Ministerio de Economía.

El avance del plan de privatizaciones y las dudas sobre el inventario

La controversia cobra fuerza en medio del despliegue del programa oficial de venta total o parcial de compañías estatales clave, estructurado a partir de la reglamentación de la Ley Bases. Entre las firmas sujetas a privatización o concesión figuran Enarsa, Nucleoeléctrica, YCRT, AySA, Belgrano Cargas, SOFSE y Corredores Viales.

De acuerdo con la hoja de ruta gubernamental, el proceso técnico exige las siguientes pautas:

• Elaboración de inventarios: cada una de las empresas públicas implicadas debe confeccionar un inventario patrimonial detallado.

• Detalle de valuaciones: se deben determinar los valores de base que servirán para definir la modalidad de privatización, ya sea mediante la venta de activos, acciones, concesión o enajenación de bienes.

Cuestionamientos a la falta de autonomía y control judicial

El eje central de las críticas radica en el diseño institucional del nuevo mecanismo, debido a que la fijación de los valores de salida deja de estar a cargo de un organismo técnico autónomo para pasar a depender de estructuras cercanas al Poder Ejecutivo. Diversos sectores advierten que esta centralización abre la puerta a precios de remate en activos de alto valor estratégico para el país, reduciendo notablemente la independencia en la determinación de los montos de salida. Ante este escenario, la Justicia ya intervino y solicitó informes formales al Ministerio de Economía y al BICE para auditar el procedimiento aplicado.

Flexibilización en la venta de bienes públicos

La preocupación en torno a la transparencia del patrimonio nacional se extiende más allá de las grandes corporaciones del Estado. Una resolución reciente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) amplió el margen para realizar ventas directas. Asimismo, la normativa habilitó la realización de subastas gestionadas a través de plataformas privadas, incrementando los topes económicos permitidos y reduciendo la cantidad de actos administrativos exigidos para cada operación.

En el centro del debate aparece una discusión de fondo: si el Estado está ordenando sus activos para volver más eficiente su administración o si está diseñando un mecanismo que facilita la transferencia de patrimonio público a precios inferiores a su valor real.