Milei logró su presupuesto: Blindaje al ajuste, retroceso educativo y un cheque en blanco del Senado

Tras meses de incertidumbre y una negociación que dejó sabor a poco en las provincias, el Senado finalmente sancionó el Presupuesto 2026. Sin embargo, lejos de ser un consenso de país, la votación «a libro cerrado» refleja una capitulación parlamentaria ante la presión del Ejecutivo por blindar el ajuste fiscal.

⚖️ El «Déficit Cero» como camisa de fuerza

El núcleo del proyecto es la regla fiscal que supedita todo el gasto público al equilibrio financiero. Esto significa que, si la recaudación cae, el Gobierno tiene ahora la facultad legal de aplicar recortes automáticos en partidas sensibles sin pasar por el Congreso, convirtiendo al presupuesto en una herramienta de ajuste permanente que ignora variables sociales.

🎓 Educación: El ajuste se vuelve ley

El capítulo educativo es, quizás, el que muestra el perfil más duro del plan oficial. Con la sanción de esta ley, se consolida un retroceso histórico en el financiamiento del conocimiento:

* Suspensión del 6% del PBI: El Gobierno logró ratificar la suspensión del artículo 9 de la Ley de Educación Nacional. Esto desactiva la obligación del Estado de garantizar un piso mínimo de inversión, dejando al sistema educativo a merced de la «disponibilidad de caja».

* Conflicto Universitario: Si bien se incluyeron partidas para el funcionamiento básico (luz, gas, mantenimiento), el presupuesto no garantiza la recomposición salarial para docentes y no docentes frente a la inflación acumulada. Esto augura un 2026 marcado por el conflicto gremial y la parálisis de las aulas.

🛠️ Los capítulos de la discordia: ¿Qué se entregó?

Para conseguir la sanción, el Senado cedió en puntos que otorgan un poder discrecional inédito al Ejecutivo:

🔍 Un futuro de «flotación» e incertidumbre

La sanción llega a días de que el Banco Central implemente el nuevo esquema de bandas cambiarias en enero. Con un presupuesto que prioriza el pago de deuda y el equilibrio fiscal por sobre la inversión pública, la economía argentina entra en un periodo de «supervivencia» donde el consumo interno y la educación pública parecen ser las principales variables de ajuste.

El Gobierno tiene su ley, pero el costo de este triunfo ha sido una fractura profunda con los sectores productivos y la comunidad académica, que ven en este presupuesto el acta de defunción de la presencia del Estado en áreas críticas