El caos que se vivió en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires motivó a la jueza federal con competencia electoral en CABA, María Servini, a denunciar penalmente al Instituto de Gestión Electoral (IGE) porteño. La Cámara Nacional Electoral advirtió que las autoridades locales no cumplieron con sus obligaciones pautadas en la previa para garantizar un comicio transparente.

A Patricia Bullrich le tomó 12 minutos y siete intentos poder votar con la Boleta Única Electrónica. El paso de comedia de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio frente a la máquina provista por la empresa Magic Software Argentina, que se llevó 29 millones de dólares de las arcas porteñas por organizar la elección, expuso las falencias del sistema que vivieron en carne propia miles de electores en la Ciudad de Buenos Aires. Según pudo saber Página/12, la jueza federal con competencia electoral en CABA, María Servini, denunció penalmente este domingo al Instituto de Gestión Electoral (IGE) de la Ciudad, al que responsabilizó por los trastornos y la desorganización generalizada del comicio.

Sobre el cierre del horario de votación –que se extendió en siete escuelas de la capital hasta las 19.30– la jueza convocó a los apoderados de los partidos políticos porteños y les comunicó todas y cada una de las irregularidades que se habían registrado durante la jornada. Entre ellas, que el 30 por ciento de las máquinas provistas por la empresa no habían sido testeadas en la previa, no contaban con los kit de instalación o directamente no funcionaban. Todas esas fallas demoraron o dificultaron el voto con la boleta papel para las categorías nacionales, elección que estaba a cargo de Servini.

El planteo llegó ante la Cámara Nacional Electoral, que en la noche del domingo advirtió en un comunicado que las condiciones pautadas de antemano para la organización de la elección “no han sido cumplidas por las autoridades electorales de la Ciudad”. La Cámara dió cuenta además de que no se realizó un plan de auditorías como corresponde sobre las máquinas, ni sobre el software ni tampoco sobre el “código fuente” de la empresa, y que incluso ya había advertido al IGE sobre esa falencia el 27 de julio, más de dos semanas antes de la elección.

En diálogo con este medio, el apoderado del PJ porteño, Lisandro Teszkiewicz, sostuvo que esperarán a la apertura de las urnas en las que más problemas se registraron para constatar qué impacto tuvo el caos en el porcentaje de ausentismo y evaluar si apelarán también a la justicia. “Más allá de cuál sea el impacto real que haya podido tener en el resultado, lo que está claro es que hubo vecinas y vecinos que no pudieron expresar su voluntad electoral en la Ciudad, y estamos hablando de un derecho básico de la democracia”, dijo.

Según confirmó la jueza públicamente, se registraron problemas en unas 250 mesas. El cálculo a ojo da un universo aproximado de 60 mil votantes que pudieron haber desistido del voto o que sufrieron distintos trastornos con las máquinas o con las filas eternas. El porcentaje de participación final para la elección en la Ciudad con la BUE fue del 62 por ciento, mientras que para las categorías nacionales con boleta papel llegó al 70 por ciento. La diferencia, de todos modos, no explica necesariamente una fuga de votantes, dado que en la Ciudad hay un padrón de unas 500 mil personas migrantes que sólo votan categorías locales y suele reducir el porcentaje de concurrencia en el comicio.

Desde el IGE, en tanto, se desligaban este domingo de cualquier tipo de responsabilidad. “La participación está en niveles similares a las nacionales. Hay mesas con demoras y mesas más fluidas, pero como en todas las elecciones”, dijeron. El instituto llegó a la elección con un titular suplente, Federico Fahey Duarte, un abogado de la Corporación Buenos Aires Sur. Duarte reemplazó en el cargo a Ezio Emiliozzi, quien había sido designado por decreto y en comisión, sin confirmación de su pliego por parte de la Legislatura porteña, y que debió renunciar por presiones internas. Más precisamente, del sector del PRO de Jorge Macri, que reclamaba mayor celeridad en la difusión del mecanismo para votar, que recién se activó con su renuncia. De hecho, se sabe que contrataron a una empresa de marketing para tal fin, que el IGE nunca quiso revelar cuál era.

El domingo, Servini hizo referencia al «preocupante grado de improvisación» de las autoridades porteñas a cargo del comicio. El primer contrapunto de la jueza con el IGE había sido a principios de agosto, cuando lo obligó a dar marcha atrás con su intención de realizar el conteo en el predio de Costa Salguero, al que el Ejecutivo porteño había contratado de forma directa para tal fin por 128 millones de pesos.

Un dato de color: en varias escuelas porteñas, las autoridades se encontraron con que las boletas troqueladas se trababan cuando se las ingresaba en la máquina. La razón es que dentro había boletas de la elección presidencial de Paraguay, que tuvieron lugar el 30 de abril de 2023 y fueron organizadas por la misma empresa, que recibió denuncias –movilizaciones incluidas– de fraude. Fue la prueba definitiva de que no habían sido revisadas en la previa.