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POLÍTICA

Marchas en todo el país en repudio a la represión en Jujuy

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Organizaciones sociales y de derechos humanos se movilizaron en varias provincias para exigir la liberación de los detenidos durante las protestas contra la reforma que impulsa Gerardo Morales y para reclamar el cese de la represión. «No vamos a permitir que haya un estado de sitio con estatus constitucional», advirtieron.

El rechazo a la reforma constitucional de Jujuy y a la represión que lleva adelante Gerardo Morales se manifestó de forma contundente este martes en las calles de varios puntos del país. En la Ciudad de Buenos Aires, una masiva columna encabezada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ) junto con agrupaciones de izquierda, organizaciones sociales y de derechos humanos marchó desde el Obelisco hasta la Casa de Jujuy para exigir «la inmediata libertad de las y los detenidos por protestar» y denunciar «la reforma constitucional represiva de Gerardo Morales». También hubo concentraciones en la delegación jujeña de Córdoba capital, en la Plaza Independencia de Tucumán y en la Plaza San Martín de Rosario, mientras que en Neuquén y Río Negro se realizaron manifestaciones en los puentes carreteros que unen ambas provincias. En paralelo, Jujuy tuvo una nueva jornada de lucha, con la gente en las calles y otra brutal represión del gobierno de Morales.

Cerca del mediodía, concentraron en el obelisco porteño las columnas del EMVyJ, MTR CUBA, Polo Obrero, Movimiento de Agrupaciones Clasistas, los partidos que integran el Frente de Izquierda Unidad (PTS, PO, IS y MST), Política Obrera y Nuevo Mas, entre otras agrupaciones. Desde allí marcharon hacia la delegación jujeña ubicada en avenida Santa Fe y la 9 de Julio, donde se realizó un acto con la consigna: «Abajo la reforma. Arriba los salarios. Basta de represión». Más tarde se movilizaron organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

«Es una infamia lo que está ocurriendo, es el cercenamiento de los derechos más básicos con medidas que son abiertamente inconstitucionales. Una constitución provincial no puede negar derechos que están en la Constitución Nacional y lamentamos que haya surgido de un pacto entre el radicalismo y el peronismo de Jujuy», dijo el dirigente del PTS Christian Castillo. «Morales lo sabe, pero cree que eso le sirve para hacer campaña electoral, demonizando a los sectores populares. Pero no calculó la bronca que se había ido acumulando entre los docentes, que llevan once días de paro, por tiempo indeterminado, con salarios que son los más bajos del país. No contaba con las comunidades originarias. No contaba con que los distintos gremios y los estudiantes iban a salir a la protesta, con un pueblo en rebeldía que no quiere un monarca», agregó.

Asimismo, Castillo destacó que «Morales no había anunciado en la campaña que pensaba limitar las elecciones de medio término y poner la cláusula de mayoría automática, lo que le hubiese asegurado la suma del poder público. Y tuvo que retroceder cuando los constituyentes del FIT empezaron a denunciarlo». Sin embargo, advirtió que la constitución que se aprobó este martes «prácticamente prohíbe la protesta social», lo que sienta un precedente para futuras reformas en otros distritos. «En Salta, (el gobernador, Gustavo) Sáenz quiso hacer lo mismo. Hay un acuerdo de los que gobiernan para limitar las protestas populares. En Jujuy se juega un punto muy fuerte, si se prohíbe o no la protesta social en la Argentina, y por eso tenemos que estar todos acompañando la lucha del pueblo jujeño», añadió.

Por su parte, el precandidato presidencial de Política Obrera, Marcelo Ramal, aseguró a este medio que la reforma «establece una suerte de estado de sitio con estatus constitucionaluna dictadura civil avalada por las propias leyes jujeñas. Es una advertencia y un anticipo del régimen que se quiere imponer para que en la Argentina tengamos un ajuste sobre el ajuste, para transferirle al pueblo la carga de esta deuda pública gigantesca». Además, sostuvo que «los constituyentes que votaron esta reforma actuaron como testaferros de los grupos mineros«, ya que la nueva carta magna provincial permite, aun tras la suspensión de la modificación de los artículos 36 y 50, «avanzar por otros medios en relación a la usurpación de tierras de los pueblos originarios en favor del capital minero». «No hay que engañarse, el retroceso de Morales es una maniobra para salvar el cuerpo general de la constitución frente a la rebelión popular. Como quien hecha lastre para que el barco se mantenga a flote», afirmó.

Concluido el acto, continuaron las manifestaciones frente a la casa jujeña. Un puñado de manifestantes comenzó a golpear las persianas de la sede al grito de «fuera Morales, fuera»; lo que motivó el repudio y el alejamiento de algunos sectores. Hubo acusaciones cruzadas, con sospechas de «infiltrados» que habrían aprovechado la ocasión para generar disturbios. En tanto, referentes de las comunidades originarias que se habían desplazado hacia la 9 de julio invitaban a seguir el reclamo pacíficamente. «Nos retiramos porque no estamos de acuerdo con la violencia, porque hoy Jujuy está siendo violentada en sus derechos. Debemos continuar la lucha en las calles y estar unidos», sostuvieron.

Por otra parte, desde Ate Capital anunciaron un paro y concentración en el Obelisco para este miércoles a las 13 horas. «Es urgente: por Jujuy, por nuestra soberanía», alerta el comunicado en el que convocan a marchar «para exigirle a Gerardo Morales que deje de atropellar los derechos del pueblo jujeño».

En las calles de todo el país

En tanto, las marchas se replicaron en otros puntos del país. En Córdoba, la marcha convocada por la multisectorial provincial se movilizó desde la Casa de Jujuy hasta la Casa Radical, ubicada en bulevar San Juan y avenida Vélez Sársfield, en la capital. “En Jujuy se está desatando una feroz represión, ordenada por el gobernador Gerardo Morales, contra las comunidades originarias, docentes, estatales y todo un pueblo que rechaza la reforma constitucional”, expresaron las organizaciones en un comunicado.

Asimismo, en Río Negro y Neuquén organizaciones sociales, sindicales y los partidos de izquierda cortaron los dos puentes interprovinciales que unen Cipoletti con la capital neuquina. Allí, la multisectorial exigió el cese de la represión en Jujuy y la libertad a los presos que se manifestaron, además de un paro nacional de la CGT y la CTA. En Mendoza, manifestantes del Polo Obrero se concentraron frente a la Legislatura provincial desde la mañana. En tanto, en Tucumán, la concentración fue en la Plaza Independencia, frente a la Casa de Gobierno. En Rosario, hubo una concentración y radio abierta en Plaza San Martin desde las 17 horas y en Chubut se sucedieron manifestaciones en la Plaza Independencia de Trelew, en Lago Puelo y en la Plaza San Martín de Puerto Madryn.

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POLÍTICA

Javier Milei rechazará el ingreso de la Argentina a los BRICS

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La economista dijo que «no ve ventajas» en la relación comercial con el bloque que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que representa el 40 por ciento de la población mundial.

La designada Canciller de Javier Milei, Diana Mondino, aseguró que Argentina “no ingresará a los Brics”, el grupo de potencias y países emergentes, encabezado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, con lo que ratificó en línea con lo expresado por el presidente electo que la política exterior del futuro gobierno de La Libertad Avanza será de extremo alineamiento con los Estados Unidos. Mondino desechó así el convite que este año realizaron los integrantes de los Brics para sumar a nuestro país al bloque de cooperación que representa el 40 por ciento de la población mundial, el 24 por ciento del PBI global, el 16 por ciento de las exportaciones y el 15 de las importaciones mundiales de bienes y servicios; además que los cinco países integrantes del bloque son el destino del 30 por ciento de las exportaciones argentinas.

«No ingresaremos a los Brics», escribió Mondino en su cuenta oficial de la red social X, ratificando así la postura que Milei había expuesto durante la campaña electoral. La futura titular del Palacio San Martín, lo reiteró ante los periodistas antes de ingresar al Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, donde iba a exponer ante los empresarios en la 29º conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA): «No vamos a dar marcha atrás porque nunca se aprobó. Nunca ingresamos a los Brics», declaró Mondino en referencia a la invitación del bloque para que Argentina se incorpore a partir del primero de enero del año 2024.

La economista que estará a cargo de la Relaciones Exteriores lo justificó luego en términos económicos: “Entiendo que fuimos invitados a participar de los Brics pero no hemos aceptado formalmente. Para ingresar hay que hacer un aporte de capital y la Argentina no está en condiciones de hacerlo”, lanzó Mondino.

Durante un viaje relámpago a Brasil, en el que buscaba mejorar la relación con el presidente del país vecino Luiz Inacio “Lula” Da Silva, Mondino sostuvo que no había abordado la cuestión del posible ingreso de Argentina al bloque de los BRICS, que recientemente ha invitado a varios países a entrar al mismo para su expansión. En tanto, había manifestado que “no ve ventajas” en el ingreso a los BRICS, después de que Fernández anunciara en octubre que Argentina había “iniciado el proceso de adhesión” al bloque.

Mondino cerró así la puerta a las oportunidades que abría el Grupo de los BRICS a la Argentina en materia comercial, cooperación diplomática, acceso al financiamiento internacional y a los desarrollos tecnológicos de avanzada. Además de desechar la creciente relación comercial entre las potencias emergentes como contracara de las imposiciones de las potencias económicas del G-7, que conforman Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá.

Por lo que las relaciones exteriores del futuro gobierno será a contramano de lo que le adjudicaba la administración saliente al ingreso a los Brics como «un nuevo escenario y una oportunidad» geopolítica y comercial. «Nos hemos incorporado a la alianza de los Brics, los países más importantes de las economías emergentes. Se abre un nuevo escenario para la Argentina. Vamos a ser protagonistas de un destino común en un bloque que representa más del 40 por ciento de la población mundial», dijo Fernández en el discurso en el que anunció la incorporación al bloque que integran Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. Además de la Argentina se sumarían, a partir del 1 de enero de 2024, Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, Irán y Emiratos Árabes Unidos.

El alineamiento internacional del futuro gobierno de LLA tampoco tiene en cuenta la importancia de las relaciones comerciales que ya existen con parte de los países que integran los BRICS. PáginaI12 publicó los datos de un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en el que detalla que la gran mayoría de las provincias argentinas destina al menos cerca de un tercio de sus exportaciones a países que integran el BRICS, en especial a Brasil, China e India.

San Juan, por ejemplo, envía el 46 por ciento de sus exportaciones a los BRICS, mientras que Entre Ríos lo hace en un 40,7 por ciento. En Catamarca, el 37,2 por ciento de las exportaciones tiene como destino a los BRICS, al tiempo que la provincia de Buenos Aires envía el 36,4 por ciento de sus exportaciones a este Grupo, Misiones lo hace en un 34 por ciento y Chaco, en un 31,3 por ciento.

Un escalón más abajo aparece La Rioja, con el 30,5 por ciento de sus exportaciones que se dirigen hacia los BRICS; Córdoba, con el 29,2 por ciento, y Río Negro, con el 27,3 por ciento. Mendoza envía el 25,1 por ciento de sus exportaciones y La Pampa, el 26,3 por ciento. En Tucumán, el 24,3 por ciento de las exportaciones se dirigen hacia los BRICS, y en Santa Fe, el 26,5 por ciento.

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POLÍTICA

En la Superintendencia de Riesgos del Trabajo vuelve el macrista Gustavo Morón

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Ante el convulsionado panorama político que deja el resultado de la elección presidencial en el sector público, conversamos con los referentes de ATE en la SRT. En la Superintendencia de Riesgos del Trabajo – organismo clave en el entramado de contención para los trabajadores-, al igual que en el resto de los organismos del Estado Nacional, se viven momentos de tensa expectativa. Las propuestas altisonantes del presidente electo Javier Milei no caen en saco roto. Del otro lado hay un sindicalismo organizado y “dispuesto a dar la pelea que haya que dar para defender los derechos del pueblo trabajador”.

En diálogo con este medio, el secretario general de ATE SRT, Raúl Gómez, quien acaba de renovar su mandato en elecciones internas, refiere que “lo que vienen a plantear es una reducción de la planta del estado cuando en nuestro organismo la situación es absolutamente contraria; no sobran trabajadores, sino que faltan.” El análisis del referente de la agrupación Verde y Blanca en el sector no es antojadizo; solo en el mes de agosto, los trabajadores de la Superintendencia pasaron de atender tres mil casos a cuarenta y cuatro mil.

“Lo que necesitamos es resolver el tema de las categorías, los contratos a tiempo indeterminado, la carrera profesional y la administrativa, una serie de cuestiones que está gestión no hizo. La realidad es que vinieron a levantar las banderas del peronismo y terminaron siendo una continuidad del macrismo”, indicó el dirigente agregando que “nosotros ya tenemos la experiencia del macrismo y nunca dimos el brazo a torcer. El único desmán que hay en el horizonte es el que pretenden llevar adelante con la vida de la gente, con nuestros derechos y con la fuente de trabajo de los y las estatales y de nuestras familias. Conocemos cómo piensan, cómo se mueven y cómo actúan. Los que se van a tener que medir muy bien son ellos.” 

Milei llega al poder con la promesa de un ajuste sobre la clase política para un estado (supuestamente) más eficiente, pero ya ha dado indicios de que el ajuste lo pagarán los mismos de siempre. De hecho, en la Superintendencia “ya refugiaron a casi todos los funcionarios” indica Gómez. “Vienen con el mismo discurso de sanear el estado y la eficiencia y la austeridad pero, igual que durante el gobierno de Mauricio Macri, mientras despedían compañeros y compañeras contrataban gente con sueldos altísimos y creaban gerencias y secretarías para acomodar a sus amigos”. Desde la junta interna que conduce Gómez consideran que la actual gestión, liderada por Enrique Alberto Cossio y Marcelo Domínguez, constituye una continuidad de las políticas de vaciamiento; “de hecho ya están haciendo exactamente lo mismo que hicieron durante el gobierno de Macri. Días antes de las elecciones generales del 22 de octubre, sacaron una resolución interna modificando el organigrama para ocultar y refugiar a su gente.”. El referente de la Verde y Blanca concluye que “estas son actitudes de una dirigencia <anti trabajador> ya que desprestigian el rol de nuestro organismo y del Estado. Tienen a su gente cobrando sueldos millonarios en gerencias fantasmas que no sirven para nada mientras el trabajador y la trabajadora que sostiene el organismo con su sacrificio, muchas veces sin las herramientas adecuadas, en condiciones precarias, además cobra dos monedas”. 

Tras el resultado electoral el mundo del trabajo, y sobre todo el sector estatal, se encuentra a la expectativa. La experiencia del macrismo hizo estragos en el ámbito laboral y dejó marcas profundas en el sector público, pero también construyó una alternativa sindical combativa y dispuesta a defender a sus afiliados; “no vamos a dejar a nadie en el camino. Desde ATE-SRT este jueves 30 de noviembre participaremos de la conferencia de prensa en ATE Nacional y nos declaramos en estado de alerta permanente ya que en la SRT peligran 800 contratos, y vamos hacia una gran unidad para definir los vectores de organización para la etapa que viene.”

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POLÍTICA

Cristina Kirchner y Victoria Villarruel, cara a cara

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De un lado, la dos veces presidenta y líder del peronismo que, hace un año, sufrió un intento de asesinato. Del otro, la vicepresidenta electa por La Libertad Avanza y reconocida defensora de represores de la dictadura militar, que es respaldada por grupos vinculados a ese intento de asesinato. La cumbre entre Cristina Fernández de Kirchner y Victoria Villarruel fue un gesto de ambas para aportarle un velo de institucionalidad a la enrevesada transición. No hubo foto del encuentro, pero duró una hora y, al finalizar, Villarruel se dirigió a los periodistas: «Va a ser una transición ordenada y respetuosa». Afuera del Senado, mientras tanto, aguardaban varios simpatizantes de la compañera de fórmula de Javier Milei. Entre ellos estaba uno de los líderes de Revolución FederalLeonardo Sosa, que gritaba: «Te quiero mucho Vicky!»

Villarruel ingresó pasadas las 17 por la calle Combate de los Pozos, subió al primer piso del Senado y entró al despacho de la presidencia de la Cámara, el que ocupará a partir del 10 de diciembre. Fue acompañada por el diputado electo Guillermo Montenegro. Adentro la esperaban CFK y la secretaria administrativa del Senado, María Luz Alonso, quien había coordinado el encuentro el día anterior, a pedido de la vicepresidenta. Cristina Kirchner tenía planeado viajar ese mismo día a Nápoles para disertar sobre «La insatisfacción democrática» -el tema que la obsesiona y ya había tratado en la Universidad del Chaco Austral-, pero la derrota electoral del domingo terminó cambiando los planes.

El objetivo de la reunión fue allanar el camino hacia una transición institucional y que se viera que se estaba trabajando en ese sentido. Al igual que en 2019 -aunque en un clima menos hostil-, cuando Gabriela Michetti la citó a CFK para hacer el traspaso de mando.

Era la primera vez que Fernández de Kirchner y Villarruel se veían cara a cara. CFK esperaba hacerle el traspaso de mando a un «hijo de la generación diezmada» y se encontró, finalmente, con una hija de la misma generación, aunque ocupando un bando distinto. La vice electa es hija de Eduardo Marcelo Villarruel, un militar que –como recordó Luciana Bertoia en este diario– se jacta de haber «combatido a la subversión» tanto en el ámbito urbano como rural. Presidenta del Centro de Estudios Legales para el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), integrante de la organización «Jóvenes por la Verdad» que coordinaba visitas al dictador Jorge Rafael Videla y participante activa de las marchas que organizaba Cecilia Pando para reclamar por la libertad de los genocidas detenidos, Villarruel fue, además, una crítica acérrima de las políticas en materia de derechos humanos del kirchnerismo.

El encuentro, sin embargo, se extendió durante casi una hora y, según calificó la propia Villarruel, fue «amable». «Fue una reunión cordial donde hablamos de la transición, que va a ser ordenada y respetuosa. Nos ha explicado el funcionamiento del Senado y los próximos pasos a seguir. Ha sido dentro de lo democrático, de lo cordial, del esfuerzo de ambas partes por tratar de llevar adelante una transición que sea en beneficio del pueblo argentino», aseguró la vicepresidenta electa frente a las decenas de cámaras que la esperaban a la salida. El operativo de seguridad había sido sumamente estricto: nadie se podía acercar a ella ni en la calle -un cordón de seguridad la rodeaba- ni dentro del mismo Palacio, en donde se cerraron todos los pasillos que daban a la oficina de la presidencia del Senado para evitar que la prensa pudiera acceder.

intensamente todo el verano». Afuera, varios simpatizantes de LLA la saludaban y gritaban: «Te amo Victoria». Una de ella era Fátima, vecina del barrio, que se había acercado junto a su hija. Pero otro era Leonardo Sosa, el integrante de Revolución Federal que, junto a Jonathan Morel, está procesado por incitación a la violencia. CFK viene denunciando hace tiempo que la organización estuvo directamente vinculada a su intento de asesinato hace más de un año, pero la jueza María Eugenia Capuchetti rechazó investigarlos en el marco de la causa por el intento de magnicidio. «¡Vamos Vicky! La militancia está con vos, te quiero mucho», le gritaba Sosa, a metros de la entrada del Senado, donde todavía estaba CFK.

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