Héctor Marchi denunció vigilancia, aprietes y amenazas en cabeza de Silvio Robles, a quién acusó de ocultar un último informe sobre el escándalo de la Obra Social del Poder Judicial. También apuntó a Maqueda. El análisis del FdT.

El recientemente expulsado secretario de Administración de la Corte Suprema, Héctor Marchi, dio el presente en la Comisión de Juicio Político y prendió el ventilador. Fue la expresión explosiva de la interna que atraviesa la Corte Suprema desde que comenzó la investigación en la Cámara de Diputados. Primero, acusó al vocero de Horacio Rosatti, Silvio Robles, de amenazarlo a él y a otros funcionarios judiciales: «Decía que iban a terminar en Siberia«, lanzó. También le tiró todo el fardo de la responsabilidad de las irregularidades que ocurrían en la Obra Social del Poder Judicial (OSPJ) a Juan Carlos Maqueda, quien funcionó como supervisor de la OSPJ durante 15 años: «El doctor Maqueda no sólo supervisaba sino que estaba al tanto de todos los actos que se llevaban a cabo. Nada se hacía sin su autorización», afirmó el hombre de confianza de Ricardo Lorenzetti, en un mensaje directo a la carta un día antes habían enviado al Congreso Rosatti, Maqueda y Carlos Rosenkrantz en la que aseguran que la OSPJ dependía de la Secretaría de Administración, es decir: de Marchi. El Frente de Todos no podía ocultar su entusiasmo: fue el testimonio más potente que se escuchó desde que comenzó el juicio político a los jueces de la Corte, dijeron.

El exadministrador de la Corte durante casi 20 años se sentó con tranquilidad en la silla ubicada al lado de la presidenta de la Comisión, Carolina Gaillard, pidió la palabra antes de que comenzaran las preguntas y arremetió: «Quiero aclarar una cosa porque desde que comenzó este juicio político se produjeron muchos hechos referidos a mi persona, no sólo al dividir la Secretaría General de Administración, sino a un traslado que considero que es una sanción encubierta. Yo he sufrido seguimientos, hay amenazas contra funcionarios que han colaborado conmigo. Son cosas que generan presión pero no me impiden venir y contar la verdad». El efecto fue inmediato y, durante las tres horas que duró el testimonio, la atención de les diputades giró de la escalada del dólar al encadenamiento de acusaciones que el funcionario de la Corte fue despachando. Al finalizar el encuentro, más de un diputado oficialista reconocería: «Si no fuera por la situación económica esto sería tapa en todos lados».

Un poco de contexto

Marchi había sido desplazado de su cargo el jueves pasado en una acordada firmada por la mayoría Rosatti-Rosenkrantz-Maqueda. «Está furioso», advertían, satisfechos, desde la bancada oficialista. El argumento del trío supremo para removerlo había sido que se estaba avanzando en una «reestructuración» de la Secretaría, pero Marchi aprovechó el escenario de la Comisión para denunciar lo que él considera una «sanción encubierta». ¿De qué? De cuatro informes que elaboró en 2021 y 2022 en los que se dió cuenta de numerosas irregularidades en la OSPJ. Esos cuatro informes -que fueron remitidos a la Comisión el lunes a la noche, después de una intimación de Gaillard a Rosatti- constituían un material explosivo sobre los diversos desmanejos que arrastró la OSPJ durante los últimos 15 años: ausencia de balances contables, inexistencia de presupuestos oficiales, un vulnerable sistema informático, inexistencia de cualquier tipo de auditorías sobre proveedores, faltantes de medicamentos y pérdidas millonarias.

Robles y «la punta del ovillo»

«En mis informes yo no sólo sugerí cambios sino que hice 30 recomendaciones y, a veces, las recomendaciones caen muy mal. Por eso las amenazas. Hay gente a la que le conviene que esto no cambie», aseguró, en su exposición, Marchi. Era la tercera vez que advertía que había sido amenazado y, en esa ocasión, precisó que el origen tenía que ver en el informe número 4: «Ahí está la punta del ovillo, porque en el informe aparecía (el actual director de la OSPJN) Mariano Althabe, que fue propuesto por Rosatti, y Robles escondió ese informe», denunció. No fue la única acusación dirigida al secretario de la Vocalía de Rosatti, sino que agregó que Robles había eliminado el mail de la presidencia de la Corte y que, luego, «había dado la orden de que todo se lo enviaran a él».

En ese momento, Mara Brawer (FdT) intervino y preguntó: «¿Es Robles el que lo amenaza?» «Por supuesto», dijo Marchi. «Operaciones de prensa. Ha amenazado a funcionarios diciéndoles que iban a terminar en la Siberia si hablaban conmigo. Hay seguimientos, saben cuando me reúno con alguien», relató. Se escuchó un «Uuh» en la sala.

Inmediatamente después, el FdT y Juntos por el Cambio se trenzaron en una disputa sobre si había que garantizarle algún tipo de protección (y si le correspondía a la Comisión o Marchi tenía que hacer la denuncia). Marchi precisó que no quería protección policial y aseguró, durante el debate, que eran los funcionarios que habían trabajado con él los que estaban siendo amenazados y que, incluso, en el cuarto piso de Tribunales había policías que vigilaban las puertas.

Ahí, Rodolfo Tailhade propuso llevar a cabo una «inspección ocular» en el cuarto piso del Palacio de Justicia. Y Juan Manuel López (Coalición Cívica) largó una carcajada: «¿Con el dólar a 500 querés allanar la Corte? Se te va a 800». También fuera del micrófono, Tailhade le respondió: «Yo no tengo responsabilidad sobre el dólar, estaría mucho mejor. Pero no entiendo qué es lo gracioso que Robles amenace a los testigos».

La responsabilidad de Maqueda

Además de apuntar contra Robles, Marchi buscó dejar en claro desde un principio que la responsabilidad de supervisar la OSPJ había estado en manos del cortesano Juan Carlos Maqueda.

«El doctor Maqueda no sólo supervisaba sino que estaba al tanto de todos los actos que se llevaban a cabo», afirmó y, consultado por un mail que envió el propio Maqueda 2021 en el que aseguró que nunca se había designado oficialmente a ningún cortesano como supervisor (testimonio que forma parte de la prueba documental de la comisión), el exadministrador general de la Corte agregó: «Cualquier movimiento tenía que ser autorizado por el doctor Maqueda. No se necesitaba ningún tipo de designación: cuando tomamos una responsabilidad nos tenemos que hacer cargo».

Ley de Obras Sociales– la volvía un organismo que depende directamente de la Corte. En línea con lo que es la hipótesis del FdT –esto es: los cuatro cortesanos eran directamente responsables de controlar las irregularidades que ocurrían en la OSPJ–, De Vedia también confirmó que habían sido los cuatro cortesanos los que firmaron la resolución que designó como director de la OSPJ a Aldo Tonón.

«En estos actos administrativos queda claro que fue la Corte en pleno la que designó a los miembros de la Obra Social», señaló, luego, Vanesa Siley (FdT).

Para el oficialismo este punto es importante porque refiere a la responsabilidad de los cuatro supremos y busca, además, hacer frente a la hipótesis de la Coalición Cívica que hace hincapié en la responsabilidad particular de Lorenzetti cuando era presidente de la Corte. «Me preocupa que algunos se hayan convertido en abogados defensores de Lorenzetti», cuestionó Paula Oliveto (CC), quien viene sosteniendo, junto a Juan Manuel López, que el verdadero objetivo del oficialismo es ir a por Rosatti. Leopoldo Moreau le respondió: «No me parece, del mismo modo alguien podría decir que vienen a defender a Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda».

Luego del testimonio de De Vedia -quién también reafirmó que en la OSPJ no había registro de Presupuestos ni de manuales de procedimiento-,declaró el contador y docente de la UBA, quien apuntó sobre la inexistencia de conciliaciones bancarias. «No existía un control regulador sobre la cuentas bancarias», reconoció.