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POLÍTICA

La familia judicial rechazó la citación de jueces y fiscales a la comisión de Juicio Político

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Dos jueces federales ya declararon ante la comisión, pero los comunicados se difundieron frente a la convocatoria al fiscal rebelde. «Ahora que se cita a Stornelli, se zambullen de cabeza. Indudablemente este personaje tiene la influencia como para generar estos comunicados»,  dijo el diputado Rodolfo Tailhade.

La corporación judicial se niega a que jueces y fiscales sean citados como testigos a la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, en el marco del proceso de enjuiciamiento a los miembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFUUN) se sumó a la proclama de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional que rechazó el viernes pasado la citación de jueces y fiscales ante la comisión. Toda una señal de amparo para una nueva rebeldía del fiscal Carlos Stornelli, que será citado para el 7 de marzo junto a su par María Laura Roteta para testificar sobre el dictamen en el que se solicitó archivar la causa por los chats entre el vocero de Horacio Rosatti, Silvio Robles, y el ahora licenciado ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro: una filtración que muestra la connivencia entre miembros de la Corte y la oposición política al Gobierno nacional para favorecerla en sus fallos. «Si no tienen nada que ocultar deberían venir, no son citados para indagarlos sino en calidad de testigos», indicó a Página/12 la diputada del FdT y titular de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard.

La respuesta a las demandas corporativas no se hizo esperar: “El juicio político está regulado en la Constitución Nacional (CN) en los artículos 53, 59 y 60. Su procedimiento está reglado por el reglamento de @DiputadosAR en el artículo 90 y por el Reglamento Interno de la Comisión. Allí se establece la obligación de jueces y fiscales de comparecer a dar testimonio”, posteó en su cuenta de Twitter la titular de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard.

“Los jueces y fiscales tienen obligación de comparecer a declarar en la comisión. Es una carga pública, sino lo hicieren se llevarán adelante las acciones penales que correspondan así como informar a sus organismos disciplinarios correspondientes. Si no tienen nada que ocultar deberían venir, no son citados para indagarlos sino en calidad de testigos para aportar datos útiles para esclarecer el proceso en el marco de una investigación”, respondió Gaillard ante la consulta de este diario.

La comisión enviará a partir de hoy la citación para el próximo 7 de marzo a los fiscales Carlos Stornelli y María Laura Roteta para testificar sobre el dictamen en el que se solicitó archivar la causa por los chats entre Robles (vocero del presidente de la Corte Suprema) y el ministro porteño D’Alessandro.

También serán citados a la comisión, el exsenador radical Mario Cimadevilla, que también ocupó la Secretaría de Estado que creó el Gobierno de Mauricio Macro para el seguimiento de las causas del atentado a la AMIA, cargo al que renunció tras denunciar que el macrismo obstaculizaba la causa sobre el encubrimiento judicial del atentado. Además del Secretario Judicial de la Corte Suprema en materia Contenciosa Administrativa, Sergio Miguel Napoli.

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ENTREVISTAS

Caviasca: «Milei adhiere a teorías de relaciones internacionales que no operan en el mundo actual»

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El doctor en historia, docente e investigador, Guillermo Caviasca, en diálogo con Vivian Elem, Rodolfo Colángelo y Jorge Benedetti, analizó la política exterior del gobierno de Javier Milei, habló sobre la situación de Argentina y América Latina en un mundo multipolar y señaló que Milei sigue teorías de relaciones internacionales que no son aplicables en el contexto global actual.

#enquenosparecemos | Sábados de 13 a 15hs

 

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ENTREVISTAS

Di Cola: «La producción del país la generan las provincias»

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El ex diputado y senador nacional del peronismo, Eduardo Di Cola, en diálogo con Vivian Elem, Rodolfo Colángelo y Jorge Benedetti sostuvo que Milei para justificar el recorte a las provincias difunde que éstas tienen siete veces más empleados públicos que la Nación.

“Con mala intención oculta que las provincias sostienen la salud, la educación, policía, cárceles, rutas provinciales, entre otros servicios”, puntualizó.

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POLÍTICA

Dolores: Más irregularidades de la gestión Etchevarren

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Dolores fue noticia en las elecciones del 2023 porque después de 16 años de gobierno del mismo dirigente, la ciudad cambió de Intendente. Ese cambio generó también que empiecen a salir a la luz supuestas irregularidades cometidas por la gestión anterior.

Ante estas situaciones, la nueva administración ordenó un proceso de revisión de gastos, licitaciones y expedientes. En ese marco se descubrió que durante la administración Etchevarren se habría licitado la compra de material para asfaltar una calle que estaba asfaltada.

El Municipio autorizó el año pasado, durante la gestión saliente, la erogación por un monto de hasta $14.280.000. Para eso, la oficina de compras sugirió encuadrar en compras directas y concurso de precios los materiales necesarios. Luego se realizó un decreto que carece de firmas, o sea un acto administrativo sin firma y por lo tanto carente de valor jurídico. «A partir de ahí el expediente mencionado muestra ya sospechas claras que se trataba de un procedimiento administrativo simulado, cuya única finalidad era extraer, sin saber cual habrá sido el destino real, fondos de la Municipalidad de Dolores. El hecho denunciado lo constituye haber armado un expediente municipal, con el objetivo de simular la necesidad de licitar los elementos necesarios para asfaltar la calle Vucetich entre Fleury y Bravo, que con fecha 4 y 5 de Diciembre recién tiene decretos (mas allá de las irregularidades del expediente), cuando esa calle YA ESTABA ASFALTADA, y siendo el resultado extraer del erario municipal al menos la suma de $14.280.000», asegura la denuncia.

Hasta la Contadora Municipal, designada por el propio Etchevarren, dejó este año asentado por escrito que el Municipio no debe pagar esa erogación que se inició en la gestión precedente. Cabe recordar que la contadora es la esposa del Presidente del Bloque de Juntos por el Cambio, José Equiza.

Por otro lado en 2022-2023 hubo expedientes que siempre se le adjudicaron al mismo proveedor por sumas millonarias para mejorado de piedra. Las calles no fueron mejoradas en la mayoría de los casos. Son 20.900 toneladas que figuran recibidas y no se habrían utilizado en las calles que motivaron su compra. Con ese material se podrían haber mejorado aproximadamente 380 cuadras de calles de tierra, un tercio de la ciudad.

La denuncia por ambos hechos fue presentada en la Fiscalía General de Dolores.

Es importante recordar que esta denuncia se suma a dos realizadas anteriormente: en diciembre una por faltantes de bienes patrimoniales en el área de Juventud por 4 millones de pesos y otra, en abril de este año, por el caso de un ex funcionario que habría truchado un decreto para seguir cobrando un sueldo municipal.

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