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POLÍTICA

Juicio político a la Corte: Favores entre jueces, espionaje masivo y una cita para Carlos Stornelli

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Juicio político a la Corte: Favores entre jueces, espionaje masivo y una cita para Carlos Stornelli

Ante los legisladores de la Comisión de Juicio Político, Ramos Padilla desnudó la «cadena de favores» entre magistrados, «donde unos tapan los problemas de los otros”, y denunció cómo se arman y desarman causas en los tribunales federales. Sebastián Ramos, juez en los tribunales de Comodoro Py, evitó responder por qué cerró sin investigar la causa por la connivencia entre un operador de la Corte y un ministro del gobierno porteño. El Frente de Todos pidió que el fiscal Stornelli declare ante la comisión.

“Lo que se ve en Comodoro Py últimamente es una cadena de favores, donde unos tapan los problemas de los otros”. Esa fue una de las definiciones que dejó la larga exposición del juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, en la que no faltaron los chisporroteos con la oposición y las referencias al espionaje masivo durante el gobierno de Mauricio Macri. A Ramos Padilla lo convocaron porque él entendió que debían investigarse los chats que se filtraron entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y Silvio Robles, el hombre de confianza del supremo Horacio Rosatti. Esa decisión de Ramos Padilla contrastó con lo resuelto por su colega de los tribunales de Comodoro Py Sebastián Ramos, que también se presentó en el Congreso mientras se conocían los mensajes que habría intercambiado con D’Alessandro en tono más que amistoso.

Los chats que se divulgaron a finales del año pasado vienen siendo el eje central de la discusión sobre el proceso de jury contra los cuatro supremos. Para el Frente de Todos, son la prueba de la connivencia entre los cortesanos –al menos, entre su presidente– y la oposición. Para Juntos por el Cambio, constituyen un elemento que no puede ser considerado porque está en tela de juicio su legalidad. Para sostener esa postura, la alianza opositora invoca un fallo que el 17 de enero pasado firmó el juez Sebastián Ramos en tiempo récord.

Parte de esa discusión se ventiló este jueves en lo que podría considerarse un debate parlamentario entre dos jueces: Ramos versus Ramos. Pero hubo un Ramos, el de Comodoro Py, que optó casi por el silencio y otro Ramos, el de La Plata, que denunció cómo se arman y cómo se desarman causas en los tribunales federales.

“Si lo que van a discutir es la utilización de escuchas ilegales en un juicio político, en mi caso lo hicieron”, arrancó sin ambages Ramos Padilla. Para eso, se remontó a 2019, cuando investigaba la red de espionaje que funcionaba alrededor del falso abogado Marcelo D’Alessio. Entonces, el macrismo impulsó su juicio político por dos razones: una, porque se presentó ante el Congreso para explicar lo que estaba investigando que tenía un claro impacto político; otra, porque se usaron las escuchas ilegales a exfuncionarios kirchneristas presos para decir que con su investigación se buscaba voltear la causa “Cuadernos”.

El 8 de febrero pasado, Ramos Padilla dijo que él no era competente para investigar una denuncia contra Robles y D’Alessandro presentada por el gobernador Axel Kicillof, pero sí planteó que debía investigarse en los tribunales de Retiro. Su postura y la de la fiscal Laura Roteta era diametralmente opuesta a la que habían adoptado en Comodoro Py Ramos y el fiscal Carlos Stornelli, a quien Ramos Padilla procesó por sus andanzas con D’Alessio. Para el juez federal de La Plata, la decisión que adoptaron los magistrados porteños es cuanto menos arbitraria. Stornelli “está procesado en una causa de espionaje que lleva (Julián) Ercolini, que aparece en los chats de Lago Escondido. Cuanto más rápido cierren todo esto y si lo hacen en feria, mejor”, remarcó Ramos Padilla.

El juez señaló que el esquema de espionaje que se investigó en su juzgado –que va desde el D’Alessiogate hasta las bases que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) diseminó en la provincia de Buenos Aires para hacer espionaje sobre organizaciones políticas y sociales– solo era equiparable con el nivel de control de la última dictadura.

–La diputada Myriam Bregman no me va a dejar mentir– dijo Ramos Padilla, que más de quince años atrás compartió la labor como abogado querellante con la representante del Frente de Izquierda en los juicios de lesa humanidad de La Plata.

Ramos Padilla no evitó las definiciones sobre el cierre exprés que le había otorgado su colega Ramos a la denuncia contra Robles. “En la feria no se tratan los archivos y menos de un juzgado en el que uno no es titular”, deslizó.

La intervención del juez crispó los ánimos en Juntos por el Cambio, particularmente entre los integrantes de la Coalición Cívica de Elisa Carrió –que fueron quienes promovieron en Comodoro Py la denuncia con las escuchas ilegales para intentar neutralizar la investigación sobre D’Alessio–. En un momento, el vicepresidente de la Comisión, el lilito Juan Manuel López, le consultó si conocía al Presidente o a la vicepresidenta. “Me parece importante –retrucó Ramos Padilla– porque hay jueces que van a Olivos”. En su caso, respondió que no conoce a Alberto Fernández y que vio en tres oportunidades a Cristina Fernández de Kirchner en actos públicos, en los que probablemente ella no lo haya registrado.

Lo que calló el otro Ramos
La presentación de Sebastián Ramos fue escueta. Arrancó diciendo que no quería decir ni una palabra de más de lo que había escrito en su fallo del 17 de enero. “Yo no puedo ni modificar una sola palabra”, se atajó. Cuando le preguntaban por alguna expresión, decía que era extractada del dictamen de Stornelli, al que calificó como «legal, razonado y fundamentado».

Los diputados y las diputadas del Frente de Todos le consultaron a Ramos:

* Si sabía que había otras denuncias anteriores a las que él resolvió, que era la del abogado Gastón Marano –exasesor del PRO en la Comisión Bicameral de Inteligencia y abogado del “copito” Nicolás Carrizo en la causa por el atentado contra CFK.

* Por qué habilitó feria para dictar un archivo y no recabó ninguna prueba.

* Cómo fue posible que se hiciera cargo del juzgado donde estaba la denuncia el 16 de enero y, al día siguiente, ya tuviera la resolución para dar por concluido el tema que complicaba al principal asesor del presidente de la Corte Suprema.

Una oportuna inundación
Después de las exposiciones de Ramos y Ramos Padilla, la Comisión escuchó a funcionarios y exfuncionarios de la Corte. Se creó un momento de tensión cuando expuso Sergio Rubén Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación de la Corte. A él, el diputado Leopoldo Moreau le preguntó por una inundación que hubo un fin de semana de enero –después de que se conocieron los chats entre Robles y D’Alessandro– y que aparentemente afectó el despacho de Robles. Romero confirmó que la oficina estaba en obras. Moreau alentó las suspicacias al hablar de la “desgracia” de que afectara las computadoras, donde podría haber pruebas de lo que se investiga en el Congreso.

Para la próxima semana, el Frente de Todos propuso convocar a Stornelli y a la fiscal Roteta. Habrá que ver si Stornelli –con antecedentes de ser esquivo a las presentaciones cuando lo convocan a declarar– accede a concurrir.

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JxC se fracturó o algo parecido

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Los radicales hablaron, debatieron y no acordaron. Así que un bloque lo preside De Loredo y el otro Manes. Los macristas pueden terminar divididos en tres: los que responden a Bullrich, a Ritondo y los larretistas.

dejado trascender un comunicado en el que hablaban de la importancia de sostener la «unidad» del radicalismo en el Congreso y, a su vez, de «asegurar la gobernabilidad». Los firmaban figuras como Karina Banfi, Soledad Carrizo, Martín Tetaz y Fabio Quetglas (referente de Educación de Patricia Bullrich). Cerca de Manes, que arrastraba detrás suyo otros 11 legisladores –como Julio Cobos, los dos jujeños y el formoseño Fernando Carbajal–, mientras tanto, se resistían. Denunciaban que De Loredo era «el radical bendecido por Macri» y que votar por él era «seguir bajo el yugo del PRO», además de que sería «premiar» al diputado que había roto el bloque en 2021.

La reunión fue larga y tensa. La mayoría de 23 había enviado solo a un grupo de emisarios –el misionero Martín Arjol, el mendocino Lisandro Nieri y Quetglas– para intentar convencer a la minoría de 12. Pero Manes se mantenía firme: «Hoy se define si al presidente lo decide la UCR o Macri», afirmaban en su entorno. No querían saber nada con De Loredo y De Loredo se rehusaba a resignar la presidencia. Pasaron cuatro horas, llegaron más diputados del ala gobernadores-Evolución, pero no hubo manera.

En un momento, los 12 diputados de Manes advirtieron que tenían quórum reglamentario –eran 18 de los 25 que tiene la UCR, sin contar a los de Evolución– y que había que votar. Ganó Manes y sacó un comunicado: «Se designa como presidente de Bloque al diputado Facundo Manes y se le encomienda realizar las gestiones necesarias a fin de proceder a la reunificación del Bloque, conformación de interbloque y discusión de las autoridades de la Cámara».

gobierno de Milei. La duda es que postura adoptarán los larretistas que fueron derrotados en la interna, como María Eugenia Vidal o Silvia Lospennato.

El larretismo especulaba con que, si Ritondo era designado presidente de la Cámara, podrían romper con el bloque y alinearse en un interbloque de «centro» junto a la UCR y la CC. Milei, sin embargo, se decidió por un libertario para la presidencia y ahora las «palomas» dudan. Son poco menos de 10 legisladores, aunque en las últimas horas ganaron uno más: Álvaro González, mano derecha de Horacio Rodríguez Larreta, que reemplazará al bailarín Maximiliano Guerra luego de su renuncia. Y este miércoles tendrán que tomar una decisión: si continúan en el bloque que prometió garantizarle la gobernabilidad a Milei o si arman rancho aparte, en minoría y contra lo que le reclaman –reconocen ellos mismos– sus propias bases electorales.

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Javier Milei optó por la «doctrina Chocobar» y relegó a Victoria Villarruel

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Fue un pedido de Patricia Bullrich, quien pasará a manejar a través de su excompañero de fórmula la totalidad de las fuerzas del Estado en una etapa de creciente conflictividad social. La vicepresidenta electa, que aspiraba a ocupar ese mismo lugar, perdió influencia en la interna libertaria. La pregunta por el rol que tendrán las Fuerzas Armadas a partir del 10 de diciembre y los coletazos políticos de la decisión.

Con la designación de Luis Petri como futuro ministro de Defensa, Javier Milei finalmente delegó el manejo político de la totalidad de las fuerzas del Estado en manos de Patricia Bullrich.

A diferencia de Mauricio Macri, la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio parece que sí tendrá su “segundo tiempo”, aunque bajo el gobierno del libertario. Ya había sido confirmada la semana pasada al frente de Seguridad, cargo que negoció mano a mano, sin intermediarios, con el presidente electo. Ahora, colocó a un hombre de su riñón, a la sazón su excompañero de fórmula, en un área clave que controlará por extensión y que le permitirá acumular un poder aún mayor al tuvo en su paso anterior por la función pública.

Todo a lo que aspiraba, en suma, Victoria Villarruel, como fiel representante y lugarteniente de los intereses de la familia militar. La decisión, que se venía cocinando en las últimas semanas, desplaza a la vicepresidenta de un rol que ella había reclamado para sí y que el propio Milei le había prometido públicamente en varias entrevistas, y la encorseta —contra su voluntad— a su rol institucional como presidenta del Senado.

Cerca de Bullrich afirmaron que, si bien el desembarco de Petri en Defensa “fue una decisión exclusivamente de Milei”, la excandidata pidió por él durante la reunión cara a cara que tuvo con el presidente electo la semana pasada. La sintonía entre la futura ministra de Seguridad y el presidente electo es total. “Se tienen respeto mutuo. Ella se tragó su orgullo y lo apoyó. Y ahora trabaja para que le vaya bien”, describieron. Para más datos, aseguraron que comparten “una lectura común del momento y de lo que pide la sociedad”, una idea que seguramente traerá cola en una etapa en la que se avizora una creciente conflictividad social y en la que todo indica volverá, recargada, la “doctrina chocobar”.

Villarruel, en recámara

Al menos hasta el balotaje, Villarruel tenía prácticamente asegurado el control tanto de Seguridad como de Defensa, donde tenía planeado designar funcionarios de su círculo más cercano. Para ambas carteras sonaban respectivamente el diputado electo Guillermo Montenegro —hijo de militares— y el coronel retirado del Ejército Jorge Eduardo Lenard Vives, exresponsable de investigaciones de la Aduana durante la gestión de Gómez Centurión. Los dos son integrantes de la fundación que ella preside, Oíd Mortales, que tal como reveló este medio es el nuevo sello de la vieja Fundación Tridentina para los Valores Clásicos, fundada por el teólogo Gustavo Corbi, quien tuvo un cargo en la SIDE durante los primeros meses de la dictadura.

A juzgar por su última decisión, Milei finalmente optó por dejar en un segundo plano esa agenda vinculada al negacionismo —al menos no darle una visibilidad que tuvo en la campaña— y se inclinó por una solución política: incorporar “a la fórmula completa de Juntos por el Cambio” a su gabinete, tal como se comunicó oficialmente desde la “oficina del presidente electo”.

Villarruel, de todos modos, se mostró dispuesta a dar pelea y dio muestras de seguir tallando en la agenda de defensa. Este lunes envió sus “condolencias” a las familias de los andinistas fallecidos en la Cordillera, que estaban perdidos desde el miércoles pasado, y agradeció a las autoridades chilenas, ante las que dijo haber intercedido, “por su colaboración” en la búsqueda. Antes, se había fotografiado en reuniones con la cúpula de la Prefectura y en el Departamento Central de la Policía Federal.

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Javier Milei rechazará el ingreso de la Argentina a los BRICS

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La economista dijo que «no ve ventajas» en la relación comercial con el bloque que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que representa el 40 por ciento de la población mundial.

La designada Canciller de Javier Milei, Diana Mondino, aseguró que Argentina “no ingresará a los Brics”, el grupo de potencias y países emergentes, encabezado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, con lo que ratificó en línea con lo expresado por el presidente electo que la política exterior del futuro gobierno de La Libertad Avanza será de extremo alineamiento con los Estados Unidos. Mondino desechó así el convite que este año realizaron los integrantes de los Brics para sumar a nuestro país al bloque de cooperación que representa el 40 por ciento de la población mundial, el 24 por ciento del PBI global, el 16 por ciento de las exportaciones y el 15 de las importaciones mundiales de bienes y servicios; además que los cinco países integrantes del bloque son el destino del 30 por ciento de las exportaciones argentinas.

«No ingresaremos a los Brics», escribió Mondino en su cuenta oficial de la red social X, ratificando así la postura que Milei había expuesto durante la campaña electoral. La futura titular del Palacio San Martín, lo reiteró ante los periodistas antes de ingresar al Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, donde iba a exponer ante los empresarios en la 29º conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA): «No vamos a dar marcha atrás porque nunca se aprobó. Nunca ingresamos a los Brics», declaró Mondino en referencia a la invitación del bloque para que Argentina se incorpore a partir del primero de enero del año 2024.

La economista que estará a cargo de la Relaciones Exteriores lo justificó luego en términos económicos: “Entiendo que fuimos invitados a participar de los Brics pero no hemos aceptado formalmente. Para ingresar hay que hacer un aporte de capital y la Argentina no está en condiciones de hacerlo”, lanzó Mondino.

Durante un viaje relámpago a Brasil, en el que buscaba mejorar la relación con el presidente del país vecino Luiz Inacio “Lula” Da Silva, Mondino sostuvo que no había abordado la cuestión del posible ingreso de Argentina al bloque de los BRICS, que recientemente ha invitado a varios países a entrar al mismo para su expansión. En tanto, había manifestado que “no ve ventajas” en el ingreso a los BRICS, después de que Fernández anunciara en octubre que Argentina había “iniciado el proceso de adhesión” al bloque.

Mondino cerró así la puerta a las oportunidades que abría el Grupo de los BRICS a la Argentina en materia comercial, cooperación diplomática, acceso al financiamiento internacional y a los desarrollos tecnológicos de avanzada. Además de desechar la creciente relación comercial entre las potencias emergentes como contracara de las imposiciones de las potencias económicas del G-7, que conforman Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá.

Por lo que las relaciones exteriores del futuro gobierno será a contramano de lo que le adjudicaba la administración saliente al ingreso a los Brics como «un nuevo escenario y una oportunidad» geopolítica y comercial. «Nos hemos incorporado a la alianza de los Brics, los países más importantes de las economías emergentes. Se abre un nuevo escenario para la Argentina. Vamos a ser protagonistas de un destino común en un bloque que representa más del 40 por ciento de la población mundial», dijo Fernández en el discurso en el que anunció la incorporación al bloque que integran Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. Además de la Argentina se sumarían, a partir del 1 de enero de 2024, Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, Irán y Emiratos Árabes Unidos.

El alineamiento internacional del futuro gobierno de LLA tampoco tiene en cuenta la importancia de las relaciones comerciales que ya existen con parte de los países que integran los BRICS. PáginaI12 publicó los datos de un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en el que detalla que la gran mayoría de las provincias argentinas destina al menos cerca de un tercio de sus exportaciones a países que integran el BRICS, en especial a Brasil, China e India.

San Juan, por ejemplo, envía el 46 por ciento de sus exportaciones a los BRICS, mientras que Entre Ríos lo hace en un 40,7 por ciento. En Catamarca, el 37,2 por ciento de las exportaciones tiene como destino a los BRICS, al tiempo que la provincia de Buenos Aires envía el 36,4 por ciento de sus exportaciones a este Grupo, Misiones lo hace en un 34 por ciento y Chaco, en un 31,3 por ciento.

Un escalón más abajo aparece La Rioja, con el 30,5 por ciento de sus exportaciones que se dirigen hacia los BRICS; Córdoba, con el 29,2 por ciento, y Río Negro, con el 27,3 por ciento. Mendoza envía el 25,1 por ciento de sus exportaciones y La Pampa, el 26,3 por ciento. En Tucumán, el 24,3 por ciento de las exportaciones se dirigen hacia los BRICS, y en Santa Fe, el 26,5 por ciento.

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