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POLÍTICA

Chats del lawfare: Un juez pidió que se investigue la denuncia de Axel Kicillof

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A contramando de la decisión tomada en los tribunales de Comodoro Py, el magistrado federal de La Plata Alejo Ramos Padilla sostuvo que debe investigarse la denuncia del gobernador bonaerense contra Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Horacio Rosatti, y el ministro de Justicia de CABA, Marcelo D’Alessandro, por los chats sobre el fallo por la coparticipación porteña.

El juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla sostuvo que se debe investigar la denuncia del gobernador Axel Kicillof contra Silvio Robles, vocero del presidente supremo Horacio Rosatti, y el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, por los chats donde aparecían diálogos sobre el fallo de la coparticipación que reclama la Ciudad de Buenos Aires antes de que fuera firmado por la Corte, y que finalmente benefició al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Explicó que «no es posible dictar el archivo» como hizo en Comodoro Py el juez Sebastián Ramos, a quien cuestionó. A contramano de su colega, Ramos Padilla dijo que no hay «elementos de prueba serios y objetivos que permitan afirmar que las comunicaciones de Robles y D’Alessandro provienen de acciones de espionaje ilegal». Todo esto forma parte de una resolución en la que se declaró incompetente en el caso, y se lo envió a la jueza María Eugenia Capuchetti, quien ya acumuló las denuncias de otros dos gobernadores, Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Ricardo Quintela (La Rioja).

Críticas a Comodoro Py
Ramos Padilla hizo un repaso de las denuncias sobre el mismo tema, donde queda claro que la de Zamora fue la primera, previa a la que resolvió el juez Ramos, que se inició justo después con una extraña presentación del abogado Gastón Marano (defensor de Gabriel Carrizo en la causa del atentado contra CFK y exasesor del PRO en la Comisión Bicameral de inteligencia) que parecía a media de Robles y D’Alessandro. «Un juzgado y una fiscalía de feria, sin siquiera incorporar ni valorar las presentaciones hechas por los gobernadores y lo actuado en las otras causas duplicadas en trámite, habilitaron la feria judicial y dispusieron el inmediato archivo de las actuaciones», cuestionó. El juez advirtió que se deben aplicar mecanismos para que no haya duplicación de causas por cuestiones de «conexidad» y, en particular, «para evitar las arbitrariedades que pueden sucederse a partir de ello». También aclaró que «no existen controversias acerca de que el hecho denunciado se ha iniciado, transcurrido y consumado en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», más allá de que -como planteó Kicillof- pudieran tener efecto en las provincias.

Como informó Página/12, el recorrido por el que llegó la causa al juez Ramos es sumamente dudoso. La denuncia de Marano le había tocado por sorteo al juez Ariel Lijo, que estaba de vacaciones. Intervino, como subrogante, María Servini, pero se excusó por entredichos con D’Alessandro -con quién tenía una vieja cercanía- vinculados a su custodia. No está claro cómo ni por qué la Cámara Federal volvió a sortear un juzgado: es decir, le sacó la causa a Lijo en lugar de designar un nuevo suplente. Entonces llegó al juzgado de Capuchetti, que se tomaba vacaciones al día siguiente, y no hizo nada. Tampoco se excusó, pese a trabajar para el Instituto de Seguridad Pública de CABA, que depende de D’Alessandro. Entonces la subrogó Julián Ercolini, que tampoco se excusó pese a que viajó con el ministro porteño a Lago Escondido (por lo que ambos y otros son investigados), pero dejó pasar los días. El siguiente era Ramos, que tardó 24 horas desde que comenzó a intervenir en resolver el archivo. Las denuncias de Quintela y Zamora se sortearon llamativamente recién el 30 de enero.

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INSTANTÁNEAS

Mendoza votó «Libertad», recibe megaminería: El costo de delegar el agua

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El Poder Legislativo mendocino consolidó un alineamiento político con la Nación y aprobó la explotación del proyecto PSJ Cobre Mendocino (US$ 560M). El costo institucional: habilitar la megaminería metalífera, desoyendo las advertencias técnicas sobre la cuenca del Río Mendoza y la voluntad popular.

La Legislatura de Mendoza, bajo el pulso del oficialismo (aliado de La Libertad Avanza), concretó un giro histórico: el Senado ratificó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de cobre en Uspallata, que había permanecido congelado durante casi dos décadas por la Ley 7722.

Este movimiento no es solo económico, es una declaración de prioridades.

🏛️ La Aceleración Institucional

La aprobación se da tras un debate exprés que pasó por encima de las protestas del «Caravanazo por el Agua». La decisión crea un precedente jurídico de peso, al ser la primera explotación metalífera que obtiene luz verde bajo la Ley 7722, una norma diseñada para proteger el recurso hídrico, pilar del oasis productivo.

Las críticas se centran en dos aspectos institucionales graves:

  1. Riesgo Hídrico: Organizaciones socioambientales y técnicos alertan que la explotación de cobre amenaza la principal reserva de agua de la provincia, recurso ya estresado por la sequía crónica.

  2. Licencia Social Cero: La ratificación se hizo sin la «licencia social» exigida, priorizando la inversión extranjera (Zonda Metals, Suiza) y el objetivo de posicionar a Mendoza en el mapa del cobre, en línea con el fomento extractivista del gobierno de Javier Milei.

La provincia que en las urnas buscó un cambio radical de modelo económico, ahora ve cómo sus instituciones sacrifican la defensa histórica del agua por un boom de capitales foráneos.


¿Cuál es la garantía institucional real de que este «cheque en blanco» minero no comprometerá la subsistencia del oasis mendocino a largo plazo?

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política

¿Reforma laboral total o cortina de humo legislativa?

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El Gobierno presentó su ley laboral con cambios letales para indemnizaciones y sindicatos, pero la desconfianza es doble: la ley es un retroceso explícito para el trabajador y su posibilidad real de salir del Congreso, casi nula. ¿Negocian fuerte o solo distracción?

La «Ley de Modernización Laboral», impulsada por el Consejo de Mayo, es en realidad un ataque directo a los pilares de la Ley de Contrato de Trabajo, y no es la «lluvia» que prometieron, sino un vendaval para los derechos.

Los 3 Ejes de la Flexibilización

El proyecto, que busca ser tratado de urgencia, se enfoca en desarmar la protección al trabajador:

  1. Adiós Indemnización: Se propone un Fondo de Asistencia Laboral (con aporte patronal del 3%), que en la práctica licúa el costo del despido. Además, se busca reducir la base de cálculo de la indemnización, excluyendo aguinaldos y vacaciones del monto final.

  2. Ataque Sindical: La reforma apunta a la médula gremial: elimina la ultraactividad indefinida de los convenios (obligando a renegociar lo ya ganado) e incluye medidas para restringir asambleas (algunos legisladores denuncian que requerirían autorización previa del empleador).

  3. In Dubio Pro Reo (Pro-Empresa): Se busca modificar el histórico principio de que, ante la duda, se falla a favor del trabajador (in dubio pro operario). El proyecto exige que la duda sea «razonable y derivada de la prueba», trasladando la carga de la prueba casi por completo al empleado.

🤔 ¿Ley o Bloqueo Político?

La gran duda que atraviesa el Congreso es si el gobierno está realmente dispuesto a batallar por este proyecto o si se trata de una cortina de humo política.

El paquete de cambios es tan regresivo que ya ha provocado paros nacionales (ATE y piqueteros) y un rechazo frontal de la CGT y gran parte de la oposición. Meter una reforma tan radical en este contexto político y económico (en plena recesión y fuga de IED) parece una misión casi imposible para el oficialismo, que no tiene mayoría.

La sospecha crítica es que el Ejecutivo busca instalar una agenda de conflicto ideológico para distraer la atención de los problemas económicos de la «inflación en dólares» y la recesión interna, o bien, está proponiendo el máximo posible para luego negociar a la baja (sacrificando estos puntos a cambio de la aprobación de otras leyes más urgentes).

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ECONOMÍA

Inflación real vs. Salarios: La cruel brecha que te funde a mitad de mes

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Gráfico
No es una sensación, es matemática.

Un informe revela que los gastos fijos aumentaron un 441% en dos años, casi el doble que los salarios (252%). La clase media trabaja medio mes solo para pagar las cuentas.
Si sentís que tu sueldo se evapora antes de la segunda quincena, no estás loco/a. El ex titular de Aduana y referente económico, Guillermo Michel, publicó un gráfico letal que explica el colapso del bolsillo argentino entre noviembre de 2023 y octubre de 2025.

📍 El gráfico que desnuda por qué la plata se te esfuma en dos semanas

El estudio cruza tres variables y el resultado asusta:
* 🔴 Gastos Fijos (Tarifas, Alquiler, Transporte): Subieron un 441%.
* 🟢 Salarios (RIPTE): Aumentaron un 252%.
* 🔵 Inflación General (IPC): Subió un 241%.

La Trampa de los «Precios Inelásticos»

El dato mata el relato de la «baja de inflación». Si bien el IPC general da más bajo, el problema es que lo que más aumentó son las cosas que no podés dejar de pagar. Nadie puede elegir no pagar la luz, el gas, el colectivo o el alquiler.
Esa brecha de casi 200 puntos porcentuales entre lo que te cuesta vivir y lo que te aumentaron el sueldo es lo que se comió tu capacidad de ahorro y consumo. Como señala Michel, el gobierno abrió importaciones para bajar precios de bienes (que podés elegir no comprar), pero liberó las tarifas que te ahogan obligatoriamente.

El Resultado Social
La realidad es que el salario formal ya no alcanza para cubrir el mes calendario; hoy, financieramente, el mes termina el día 15.
Si el 50% de tu sueldo se va en gastos fijos apenas cobrás, ¿estamos viviendo o solo subsistiendo para pagar facturas?

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