Para los legisladores del oficialismo, la decisión de Juntos por el Cambio de proteger a las jueces de la Corte Suprema deja expuesta la confluencia de intereses. Pero también admitieron que la presencia opositora en la Comisión de Juicio Político podría brindarle mayor «legitimidad» al debate. Cómo sigue el proceso.

Juntos por el Cambio definió su estrategia frente al pedido de juicio político a los jueces de la Corte Suprema y el Frente de Todos reaccionó con una mezcla de optimismo y resignación. La decisión de la coalición opositora de esperar a que el oficialismo consiga el quórum y, una vez que lo consiga, hacer valer su número para intentar bloquear cualquier avance en el debate, no sorprendió en el bloque oficialista: «Una mano lava a la otra», ironizó un legislador del FdT. Pero muchos sí admitieron que la presencia opositora en la comisión podría brindarle mayor «legitimidad» al proceso.

La mesa nacional de JxC definió finalmente su hoja de ruta de cara al proceso de destitución de los cuatro jueces de la Corte Suprema que impulsan Alberto Fernández y 11 gobernadores: valerse – una vez más – del quórum como herramienta para intentar bloquear el debate parlamentario y, en el caso de que el oficialismo alcance el número por su cuenta, participar intentando bloquearlo desde adentro. En la práctica, esta decisión tiene dos consecuencias. La primera es que la principal coalición opositora formará parte de la discusión legislativa, ya que el FdT cuenta con 16 de los 31 integrantes de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados (es decir, que cuenta con una cómoda mayoría para dar comienzo al debate por su cuenta). La segunda, en cambio, es que el Congreso podría volver a entrar en una situación de parálisis durante todo 2023 (o, al menos, durante las sesiones extraordinarias). Esto se debe a que la mesa nacional de JxC definió también que, mientras durase el proceso de juicio político a los jueces supremos, el interbloque no participará de ninguna sesión ni acompañará ningún proyecto impulsado del oficialismo.

«De ninguna manera vamos a dejar vacío el Parlamento. Seguiremos cumpliendo con el rol que nos asignó la sociedad», sostuvieron las autoridades de JxC en un comunicado luego de la reunión virtual. Con esta frase, la oposición buscó terminar de unificar una estrategia común frente a los reparos que sostenían algunos dirigentes de Evolución y la Coalición Cívica que, en un principio, habían propuesto vaciar la comisión para no avalar políticamente el tratamiento del juicio político (argumento que, curiosamente, fue utilizado por el oficialismo para celebrar la participación de JxC en el debate). Finalmente, sin embargo, terminó predominando la postura del PRO y la UCR de salir a «confrontar» al oficialismo, de endurecer la postura y «dar la pelea» en la arena de la comisión. La idea es competir por la exposición pública del debate en comisión y no regalarle la cancha al oficialismo. «Va a ser todo un circo», se sinceró un dirigente del radicalismo.

Una vez que comience el debate legislativo, el primer objetivo de JxC será plantear la «inadmisibilidad del proceso», así como frenar el alcance de las iniciativas del oficialismo para citar a los jueces. Este abroquelamiento en defensa de la Corte no llamó la atención en el FdT, que no tardó en asociarlo con una «retribución de favores». «Para ellos esta Corte es un traje a medida, y en parte es cierto. Pero su actitud no hace otra cosa que poner sobre el tapete una defensa de intereses corporativos que han convertido a la oposición, a las corporaciones mediáticas y económicas y a la propia Corte en una especie de triángulo promiscuo donde, en realidad, lo que se defiende son los privilegios de los sectores poderosos», cuestionó en diálogo con Página/12 el diputado y secretario general de la CTA, Hugo Yasky.

«Es una postura absolutamente coherente para con sus socios institucionales. JxC debe estar retribuyendo favores a los cortesanos: brindan ‘cobertura política’ en pago a la ‘cobertura judicial’ que les permite que la Ciudad de Buenos Aires y Horacio Rodríguez Larreta tengan más recursos para la campaña presidencial. O que integrantes parlamentarios de JxC ocupen asientos en el Consejo de la Magistratura, sin ser electos por el Congreso, o mantener en prisión a líderes populares como Milagro Sala», agregó Juan Manuel Pedrini, diputado chaqueño que integra la Comisión de Juicio Político y que responde a Jorge Capitanich -uno de los gobernadores que impulsan con mayor intensidad el juicio político-.

Más allá de las críticas a la defensa corporativa de JxC, el bloque oficialista celebró como una victoria que el interbloque opositor fuera a participar del debate en comisión. «Es importante que la oposición participe teniendo en cuenta la gravedad institucional de lo ocurrido», destacó a este diario la presidenta de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard. En una misma línea, Yasky -que también integra la comisión- destacó que la presencia de JxC le daba mayor «legitimidad» al debate: «Legalidad ya tiene, pero le da más legitimidad. Va a ser muy didáctica la participación de la oposición porque van a quedar al descubierto, se van a pintar de cuerpo entero ante la opinión pública y eso me parece muy positivo», destacó el dirigente sindical.