INTERÉS
Se crea el primer Centro de Justicia de la Mujer
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El jueves próximo, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad inaugurará el Centro de Justicia de la Mujer (CJM). El mismo tiene como objetivo principal minimizar la revictimización de las denunciantes, acotar la necesidad de derivación de un organismo a otro y maximizar el resultado de las herramientas aplicadas.
Según detallaron desde el organismo a SECCIÓN CIUDAD, «el CJM busca brindar una justicia eficiente en un único edificio donde se interrelacionarán todos los órganos estatales de la Ciudad al servicio de la mujer». Respecto a la atención de las víctimas de violencia, los servicios se prestarán de forma coordinada de lunes a viernes de 8 a 20 en Pedro de Mendoza 2689 con la presencia de funcionarios especializados en género. Desde allí afirmaron que se realizarán las denuncias por delitos y contravenciones, se gestionará el dictado de las medidas de seguridad necesarias, por intermedio del fiscal y llevará a cabo la Oficina de la Mujer y Violencia Doméstica –de la Ciudad- los informe multidisciplinarios de riesgo. También, contará con un equipo de Medicina Forense que realizará los peritajes médicos legales que se requieran.
La presencia de la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires permitirá que las medidas de seguridad sean dispuestas de manera inmediata y en caso de ser necesaria la entrega de un botón antipánico, actuará el Ministerio de Justicia y Seguridad directamente desde el lugar.
Según adelantaron a este medio, el Centro contará con el equipo de Asesoramiento Jurídico a la Comunidad perteneciente al Consejo de la Magistratura porteño, para que las denunciantes puedan obtener toda la información necesaria para continuar su trámite dentro y fuera del Centro. En los casos de mayor gravedad, el equipo prevé el patrocinio jurídico gratuito de las víctimas.
Cuando las denuncias tengan como víctimas directas o indirectas a niños, niñas o adolescentes la asistencia estará a cargo del Ministerio Público Tutelar y en el caso que su situación de vulnerabilidad se encuentre agravada por la emergencia habitacional, tanto el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad como el Ministerio Público de la Defensa, desplegarán operativamente sus programas desde allí.
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La consejera Vanesa Ferrazzuolo, a cargo de la implementación del Centro de Justicia de la Mujer, manifestó que “el objetivo principal del centro, es unificar los esfuerzos que cada organismo hoy realiza por separado, para que la respuesta sea ágil, efectiva, integral y de mayor calidad”.
El Consejo de la Magistratura porteño había dado sus primeros pasos en la temática al crear en el ámbito de la Justicia Penal Contravencional y de Faltas, la Oficina de la Mujer y Violencia Doméstica (OMVD), la que entre sus funciones contaba con la de planificar la Oficina de Violencia Doméstica.
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Encaminados en este proceso, el Plenario de Consejeros dio un giro hacia la implementación de la oficina y adoptó como destino para el edificio de Pedro de Mendoza 2689, el de un CJM que tuviera asiento la OMVD local, pero además donde el Consejo junto a otros organismos estatales brindaran un servicio más amplio al sistematizar las herramientas existentes.
El edificio había sido cedido por el Ministerio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires al Consejo de la Magistratura en 2015 y se encontraba en la fase final de su puesta en valor. Para ese entonces, el Consejo se encontraba en conversaciones avanzadas con el Ministerio Público Fiscal que evaluaba la posibilidad de establecer centros únicos de denuncia de manera mancomunada entre el Ministerio de Seguridad y Justicia en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, en pos de simplificar los trámites iniciales.
De este modo y a través de la firma de Convenios Interinstitucionales junto a los que también se sumaron el Ministerio Público Tutelar y el Ministerio Público de la Defensa, quedó conformado el circuito de servicios que se prestarán desde el Centro de Justicia de la Mujer.

DÓLAR HOY
INSTANTÁNEAS
Un muerto y 35 heridos en el «mini tsunami» de Santa Clara

1 muerto, 35 heridos y una playa evacuada en minutos. No fue un temporal anunciado ni un sismo perceptible. Fue una «ola vagabunda» (o rogue wave) de más de 5 metros que golpeó Santa Clara del Mar y Mar del Plata, transformando una tarde de 30°C en una zona de desastre.
* El impacto: Cerca de las 16:00, en la playa California Beach (Santa Clara), el mar se retiró de forma inusual para volver con una masa de agua que barrió sombrillas, reposeras y personas.
* La víctima: Un turista joven falleció en el acto tras ser arrastrado por la fuerza del agua e impactar su cabeza contra las rocas de la escollera.
* El saldo sanitario: Defensa Civil de la Provincia confirmó 35 heridos con politraumatismos. En Mar del Plata, el fenómeno afectó principalmente la zona norte y los balnearios de Camet, donde el agua saltó los paredones de contención.
* La anomalía técnica: A diferencia de la sudestada del 5 de enero que dejó a Mar del Plata sin arena, este evento fue imprevisible. Fabián García (titular de Defensa Civil) lo definió como un «mini tsunami» causado por variaciones bruscas de presión atmosférica mar adentro, no por vientos locales.
#SantaClara Una ola 🌊 gigante de unos 5 metros sorprendió a los turistas. Hablan de decenas de heridos y hasta un fallecido, que golpeó contra las rocas. El evento también se sintió en Camet y en Mar del Plata. Los guardavidas tuvieron una tarea titánica para sacar gente del… pic.twitter.com/FTcdzhR69t
— Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) January 12, 2026
El evento rompe con la seguridad percibida del litoral bonaerense. Santa Clara, conocida por sus aguas calmas y ambiente familiar, se convirtió en el epicentro de un fenómeno que la ciencia aún no puede predecir con exactitud. La falta de protocolos para «olas anómalas» en plena temporada alta expone la vulnerabilidad de la infraestructura costera frente al cambio climático y las alteraciones atmosféricas extremas.
CULTURA
El decreto 941/2025, seria amenaza a nuestros derechos, nuestra libertad individual y la democracia.

- El 31 de diciembre de 2025, entre gallos y medianoche, el Poder Ejecutivo Nacional publicó en el Boletín Oficial, el Decreto de Necesidad y Urgencia 941. Este Decreto es un ataque directo a las conquistas populares y a los derechos que tanto nos costó conseguir.
Como nos enseñó Perón, la soberanía popular no se negocia, y la justicia social no se entrega. Sin embargo, este decreto pretende entregar poder sin control a organismos de inteligencia, alejándolos de la mirada del pueblo.
En primer lugar, un DNU es una herramienta excepcional que la Constitución le permite usar al Presidente solo cuando hay una emergencia tan grave que no se puede esperar a que el Congreso debata y apruebe una ley. Debe ser algo urgente, imprevisto, que no admita demora.
El propio decreto 941 admite que no hay una emergencia real. Dice textualmente que lo hace para evitar «el retraso del trámite legislativo habitual». Es decir, reconoce que simplemente no quiere pasar por el Congreso porque eso llevaría tiempo.
Reorganizar los servicios de inteligencia no es una emergencia. Es una decisión política que debe debatirse democráticamente, con participación del pueblo a través de sus representantes. Usar un DNU para esto es como usar un extintor para apagar una vela: no solo es innecesario, sino que es un abuso de poder.
El decreto establece que todas las actividades de inteligencia son secretas. Sin excepciones. Sin matices. Todo encubierto, todo oculto.
Sin embargo, el principio republicano de gobierno se basa en la publicidad de los actos de gobierno. El pueblo tiene derecho a saber qué hace el gobierno con nuestro dinero, con nuestros recursos, en nuestro nombre. Como decía Perón: «El único privilegiado es el pueblo».
Es cierto que algunas operaciones de inteligencia necesitan reserva temporal por seguridad nacional. Pero hacer que todo sea secreto es crear un poder en las sombras, sin control, sin rendición de cuentas. Es la antítesis de la democracia.
En una democracia real, el pueblo controla al gobierno. Con este decreto, se crea un poder que nadie puede controlar. Eso no es democracia: es una dictadura encubierta.
El decreto les da a los agentes de inteligencia el poder de detener personas. Pueden aprehender a ciudadanos cuando están haciendo «actividades de inteligencia», cuando un juez lo pida, o cuando presencien un delito.
Esta facultad otorgada es muy grave, porque los servicios de inteligencia no son la policía. La Constitución y la propia Ley de Inteligencia separaban estas funciones por una razón histórica muy importante: durante la dictadura militar, los servicios de inteligencia perseguían, torturaban y desaparecían a los trabajadores, estudiantes y militantes populares que luchaban por sus derechos.
Después de recuperar la democracia, se estableció que la inteligencia se dedica a recopilar información para la seguridad del país, pero nunca puede actuar como policía política. Esta separación es una conquista del pueblo argentino, pagada con sangre y sufrimiento.
La Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene rango constitucional en Argentina, prohíbe las detenciones arbitrarias. Un decreto no puede crear nuevos casos de detención legal. Solo el Congreso, después de un debate democrático, puede hacerlo.
La Ley de Inteligencia Nacional prohibía terminantemente que los servicios de inteligencia pudieran influir en la vida política del país, interferir en los partidos políticos, manipular la opinión pública, influir sobre medios de comunicación, e interferir en organizaciones sociales, sindicatos o asociaciones.
El decreto mantiene la prohibición en apariencia, pero agrega una excepción gigantesca: todo esto se puede hacer bajo el nombre de «contrainteligencia».
Esto es una trampa. Si bajo el pretexto de «evitar interferencias externas» pueden infiltrarse en medios, sindicatos, movimientos sociales y partidos políticos, entonces la prohibición no existe. Es letra muerta.
Así, el Decreto 941/2025 atenta contra conquistas fundamentales del pueblo argentino:
El General Perón nos enseñó que la soberanía política, la independencia económica y la justicia social son los tres pilares de una patria libre. Este decreto atenta contra los tres.
Perón hablaba de la «comunidad organizada»: un pueblo que se organiza, participa, controla, decide. Este decreto es lo opuesto: concentra poder en pocas manos, sin que la comunidad pueda organizarse para controlarlo. Es el antipueblo.
Como dijo Evita: «Donde hay una necesidad, hay un derecho». El pueblo argentino tiene necesidad y derecho de vivir en democracia, con libertad, con transparencia, sin servicios secretos que actúen como nuevas aristocracias del poder.
Este decreto puede ser rechazado por el Congreso. Es fundamental que nos organicemos y difundamos esta información, exigiendo a nuestros diputados y senadores que rechacen el decreto, cumpliendo la manda popular.
Los derechos no se mendigan, se conquistan. Y cuando están en peligro, se defienden. La historia argentina está llena de luchas populares que vencieron a los poderes concentrados. Esta es una más, y la vamos a ganar juntos.
«Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar»
– Juan Domingo Perón
Business
INFOSIBERIA, AGENCIA DE NOTICIAS, 12 DE ENERO DE 2026.

INTERÉS
Trofeo Libertario: El Gobierno celebra 60.500 despidos mientras el Estado pierde capacidad operativa

El ajuste fiscal en Argentina ya no se mide solo en puntos del PBI, sino en cabezas. El Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, cerró el balance de dos años de gestión libertaria festejando la eliminación de 60.494 puestos de trabajo en el Sector Público Nacional. Lo que para el oficialismo es un «ahorro» proyectado de u$s 2.444 millones, para el tejido social y operativo del país representa un desguace sin precedentes.
La «motosierra» no fue quirúrgica. El informe oficial revela que el mayor impacto recayó en la Administración Centralizada y en organismos clave para la soberanía técnica y social:
* Desmantelamiento: El Correo Argentino lidera la poda con 4.705 bajas, seguido por la ex-AFIP (ARCA) con 1.694 y Aerolíneas Argentinas con 1.558.
* Ciencia y Territorio: El CONICET perdió 1.422 agentes y el INTA sufrió el despido de más del 10% de su personal, afectando directamente la asistencia técnica en el interior bonaerense.
* Precarización: Los contratos bajo Ley Marco cayeron un 24%, mientras que los monotributistas (LOYS) fueron barridos en un 49%.
El escenario 2026: Lejos de frenar, el Ejecutivo relanza el «Plan Motosierra» con el objetivo de recortar otro 10% de la planta actual (unos 28.000 trabajadores adicionales). La respuesta gremial no se hizo esperar: ATE ya activó jornadas de protesta ante el vaciamiento de organismos como el IOSFA y el INTI.
La pregunta que queda flotando es:
¿cuánto cuesta realmente un Estado que deja de funcionar?
CULTURA
Spotify: El «Golpe del Siglo» a la industria del streaming y el fin del monopolio del catálogo

Lo que comenzó como un rumor en foros de ciberseguridad se ha confirmado como la mayor filtración de la historia de la música digital. El colectivo de hacktivistas conocido como «El Archivo de Ana» (Anna’s Archive) se adjudicó el robo y la liberación de un catálogo de 86 millones de canciones, junto con la base de datos completa de metadatos de Spotify.
🎭 ¿Quién es «El Archivo de Ana»?
A diferencia de los grupos que exigen rescates económicos (Ransomware), Anna’s Archive es una organización que pregona la «preservación cultural».
Origen: Nacieron como un espejo de sitios como Z-Library y Sci-Hub, dedicados a libros y papers científicos.
Filosofía: Consideran que la música no debe ser «alquilada» a través de suscripciones, sino que debe existir un respaldo universal y gratuito para evitar que el patrimonio cultural desaparezca si una corporación quiebra o decide borrar contenido.
🎧 El Botín: Cantidad sobre Calidad (por ahora)
El ataque no vulneró las cuentas personales de los usuarios (tus tarjetas de crédito están a salvo), sino que realizó un scraping industrial del contenido:
86 millones de canciones: Representan el 99,6% de las reproducciones totales de la plataforma. Se llevaron todo lo que el mundo realmente escucha.
Calidad: Aunque los archivos fueron extraídos en baja calidad (flujos de streaming comprimidos), el volumen total asciende a 300 Terabytes. El grupo ya distribuye estos archivos vía Torrent, organizados por popularidad.
📂 El verdadero tesoro: Los Metadatos y el «ADN» musical
Para los expertos, lo más grave no es el audio, sino la filtración de los metadatos de 256 millones de pistas. Spotify utiliza algoritmos avanzados para «entender» la música, y esa información ahora es pública:
Análisis acústico: Datos sobre el tempo (BPM), la tonalidad, y variables como «danceability» (qué tan bailable es) o «energy».
Identificadores globales: Los códigos ISRC que vinculan cada canción con su dueño legal.
Entrenamiento de IA: El mayor temor de las discográficas es que este catálogo masivo sea utilizado para entrenar modelos de Inteligencia Artificial generativa, permitiendo crear música sintética basada en el «estilo» exacto de los artistas más exitosos sin pagar un centavo de copyright.
⚠️ Reacción y Futuro
Spotify ha implementado nuevas barreras de cifrado (DRM) y bloqueado miles de cuentas automatizadas, pero el daño ya está hecho: la base de datos ya es «inmortal» en la red descentralizada.
Este evento marca un punto de inflexión: la industria musical debe decidir si endurece sus muros digitales o si acepta que, en la era de la información, el concepto de «catálogo privado» es cada vez más difícil de sostener.
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