INTERÉS
Desde abril, los autos particulares no podrán circular por el macrocentro porteño
volanta
Desde abril próximo, las restricciones para circular por el microcentro porteño se extenderán varias cuadras para cubrir también el macrocentro, por lo que los automovilistas que quieran ingresar a esa zona deberán tramitar obleas especiales a través de Internet, informó la secretaría de Transporte de la Ciudad.
Para esta primera etapa quedará limitado el ingreso entre las 11 y las 16 al polígono conformado por las calles Carlos Pellegrini, Bernardo de Irigoyen, San Martín y Florida, y las avenidas Belgrano, Paseo Colón, La Rábida, Leandro N. Alem y Santa Fe.
La medida cumple lo establecido por la ley 5786, «Área Ambiental Buenos Aires Centro», sancionada por la Legislatura en diciembre de 2016, que dispuso restringir de forma gradual -en tres etapas, hasta abril de 2019- el tránsito en las zonas de Retiro, Casco Histórico y Tribunales para favorecer la movilidad peatonal.
Los residentes de esta nueva área de restricción podrán tramitar de forma gratuita una oblea de ingreso en una página web que se habilitará exclusivamente hacia finales de febrero. También podrán obtenerla, aunque con costo, quienes tengan una cochera o alquilen una en esta zona por motivos de trabajo.
Para permitir la circulación de vehículos, las avenidas continuarán siendo de libre acceso para el tránsito general y que el transporte público podrá circular por las áreas restringidas las 24 horas, de modo que se podrá ingresar libremente en colectivo, subte, taxi o remís.
«Es importante que los que viven en esta zona se queden tranquilos. No se les va a cobrar un centavo por ingresar con su auto, sólo van a tener que hacer un trámite muy simple para registrar su vehículo como residente», explicaron autoridades del área de Transporte.
La segunda etapa del plan comenzará en octubre de este año, cuando se incorporará la zona de Tribunales (Av. Córdoba, Montevideo, Av de Mayo y Cerrito), en la que la restricción se mantendrá entre las 11 y las 16.
La tercera etapa del plan tendrá lugar en julio de 2019, cuando la restricción se extenderá en la misma zona, pero durante 9 horas, entre las 9 y las 18.
Una vez terminado, el plan llevará a 259 las cuadras con límites de circulación vehicular en el centro porteño. Según cálculos oficiales, la restricción significará la reducción de 2.300 toneladas de CO2 todos los años, lo que equivale a plantar 31.000 árboles que serían necesarios para contrarrestar una emisión semejante.
«Son 2 millones los vecinos que se verán beneficiados con la ampliación de Microcentro Peatonal. Nuestro objetivo es lograr que la Ciudad sea un espacio pensado para las personas donde el transporte público sea la mejor alternativa», dijo Juan José Méndez, secretario de Transporte porteño.
El cambio forma parte de la extensión del plan Microcentro Peatonal que, desde 2011, prohibió a vehículos particulares ingresar entre las 11 y las 16 al área comprendida entre las avenidas Córdoba, Leandro N. Alem, de Mayo y la calle Carlos Pellegrini.
Desde entonces se logró disminuir un 85% la cantidad de vehículos motorizados en esta parte de la Ciudad, con lo que mejoró la seguridad peatonal, las condiciones de contaminación acústica y de emisiones de gases.
El objetivo replicar este experiencia en el resto de las zonas y que las 2 millones de personas que a diario se acercan a esta zona de la ciudad elijan hacerlo en transporte público y, una vez allí, tengan más espacio para moverse, sin tener que competir con los autos.
Para aclarar dudas, el gobierno porteño publicó esta mañana en el Boletín Oficial el llamado a una reunión para el próximo miércoles, que convoca a vecinos y demás actores afectados por la medida a acercarse para plantear inquietudes y reclamos.
En este grupo, las autoridades estiman que estará el de los estacionamientos privados, que ya mostraron su desconformidad por la medida. «Estamos muy preocupados», dijo a esta agencia Eduardo Sánchez, presidente de la Cámara de Garajes y Estacionamientos de Argentina, para quien la ley perjudica «un montón» a los estacionamientos de la zona. «Perdimos por dos votos una ley de veda que perjudica a más de 300 trabajadores de garajes que no se van a poder recambiar de actividad», lamentó Sánchez.
DÓLAR HOY
INSTANTÁNEAS
C5N y el límite de la palabra: Despido, presiones y el peso del «Acuerdo Isaac»
Tras años de ser los ojos de Argentina en los Estados Unidos, la periodista Silvina Sterin Pensel fue desvinculada de C5N. La noticia no tardó en escalar: lo que se presenta como una «reestructuración» es interpretado por gran parte del arco periodístico como una respuesta a presiones directas de la DAIA y sectores del Gobierno Nacional, debido a sus posturas y análisis críticos respecto al conflicto en Medio Oriente y la política exterior, tildandola de Antisemita o mas bien de antisionista.
Una voz que descifró el poder
Sterin Pensel no es una improvisada; su cobertura de la política en Washington y Nueva York ha sido fundamental para entender la transición hacia la era Trump. Sin embargo, en sus últimas intervenciones, la periodista se adentró en un terreno pantanoso: la vinculación entre el retorno de Donald Trump y la implementación del Acuerdo Isaac (fortalecer la cooperación entre Israel y países de América Latina)
El factor Isaac: Geopolítica de tandem
Según los análisis que venía trazando Sterin Pensel, la estrategia de Trump para América no es un fenómeno aislado de «proteccionismo», sino que juega en tándem con el Acuerdo Isaac. Este pacto representa un eje de cooperación estratégica, militar y tecnológica mucho más profundo de lo que se admite oficialmente, y constituye la verdadera arquitectura del poder que busca consolidar el control sobre recursos y seguridad en el continente.
Defensa de la libertad de expresión
Más allá de las coincidencias o discrepancias con sus análisis, el desplazamiento de una profesional de su talla bajo sospecha de presiones políticas es un golpe a la libertad de prensa. El periodismo internacional requiere de voces que puedan mirar más allá de la superficie y cuestionar los acuerdos que redefinen nuestra soberanía.
Conclusión:
Cuando se silencia a una corresponsal por exponer los hilos invisibles del poder y la tragedia humanitaria en Gaza, la democracia pierde calidad. La libertad de expresión es la única garantía de que la información no se convierta en un guion escrito por el poder de turno. Sin voces como la de Sterin Pensel, nos quedamos a ciegas frente al mundo.
INSTANTÁNEAS
⚓ Intervención en el Puerto de Ushuaia: Sospechas ante el silencio
El Gobierno Nacional, a través de la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), ha tomado una decisión drástica: la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia por 12 meses. La medida, firmada por Iñaki Miguel Arreseygor, desplaza a la administración provincial de Tierra del Fuego alegando «irregularidades financieras» y un deterioro crítico en la infraestructura de los muelles.
Los pilares de la resolución:
Control Centralizado: La Nación asume la gestión operativa y técnica, argumentando que la provincia solo destinó un 1,3% de sus recursos a obras de mantenimiento, desviando fondos hacia otras arcas estatales.
Seguridad en duda: El decreto cita sistemas contra incendios obsoletos y fallas estructurales detectadas en inspecciones de 2025 como razones de «fuerza mayor» para la intervención inmediata.
Continuidad operativa: Pese a la suspensión formal de la habilitación provincial, el puerto seguirá operando bajo control federal para no afectar la temporada récord de cruceros (más de 500 recaladas previstas).
Un vacío de información que genera sospechas:
Lo más llamativo de esta medida no es solo su ejecución sorpresiva —escoltada por Prefectura en la madrugada— sino la escasa comunicación oficial detallada. Más allá de los tecnicismos del Boletín Oficial, el Gobierno Nacional no ha brindado una conferencia aclaratoria ni ha presentado un plan de inversiones concreto para la terminal.
Interrogantes abiertos:
¿Por qué intervenir un puerto que, según la provincia, registra niveles récord de actividad y eficiencia operativa?
¿Cuál es el destino final de la gestión una vez cumplido el año de intervención?
La falta de claridad del Ejecutivo Nacional alimenta un clima de incertidumbre estratégica en la conexión antártica, dejando espacio para interpretaciones sobre si estamos ante una normalización técnica o un avance político sobre un activo clave de la soberanía austral.
INSTANTÁNEAS
Chubut bajo fuego: La desidia estatal a flor de piel
El relato del «control» chocó contra la realidad. Tras más de 30 días de crisis, los incendios en Chubut se reactivaron con furia en zonas como El Hoyo, forzando nuevas evacuaciones y exponiendo una verdad incómoda: el fuego nunca estuvo dominado. La gestión, tanto provincial como nacional, ha mostrado una ausencia parcial y espasmódica que dejó al territorio librado a su suerte.
Puntos críticos del abandono:
* Relato vs. Territorio: Mientras los despachos oficiales hablaban de focos contenidos, los brigadistas denunciaban que los puntos calientes seguían activos por falta de personal y recursos técnicos.
* Ajuste en la emergencia: La demora en el envío de aviones hidrantes y el recorte en el mantenimiento de cortafuegos convirtieron una contingencia manejable en un desastre fuera de escala.
* Meteorología como única estrategia: Ante la impotencia operativa, el plan de contingencia estatal parece reducirse a «esperar la lluvia». La seguridad de las familias hoy depende más del azar climático que de una política de manejo del fuego.
Conclusión:
Chubut no sufre un desastre natural imprevisto, sino las consecuencias de un Estado que solo reacciona ante el impacto mediático. El fuego expone las grietas de una gestión que, en su afán de cerrar cuentas, termina dejando que el patrimonio natural y la vida de los pobladores se conviertan en ceniza.
INSTANTÁNEAS
Freno judicial al «ajuste por decreto»: Ultimátum al Gobierno por la Ley de Discapacidad
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, rompió la inercia del Ejecutivo con un fallo que marca un precedente peligroso para el relato oficial. Dio un plazo de 5 días hábiles para que el Gobierno acredite avances reales en la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad (N° 27.793), bajo amenaza de multas diarias a los ministros Manuel Adorni y Sandra Pettovello. El fallo exige plena vigencia para el 4 de febrero, invalidando el Decreto 681/2025 con el que el Presidente pretendió «suspender» una ley que el Congreso ya había ratificado tras rechazar su veto.
Los ejes del conflicto:
La pirueta jurídica: El Gobierno suspendió la aplicación alegando falta de «financiamiento específico», una movida calificada como inconstitucional por ignorar la autoridad legislativa en nombre del equilibrio fiscal.
El sector al límite: Con aranceles congelados y deudas millonarias, prestadores y 6 millones de personas con discapacidad quedaron en el limbo. La Justicia determinó que la apelación oficial no suspende la obligación de pagar y garantizar tratamientos.
Sanciones penales: Si el 4 de febrero no hay ejecución plena, el conflicto saltará de lo administrativo a lo penal por desobediencia judicial.
Conclusión:
Este fallo expone la fragilidad de un modelo que intenta gobernar por decreto sobre materias ya legisladas. Es probable que el Gobierno ensaye una nueva maniobra dilatoria, pero el «déficit cero» acaba de chocar contra el muro de la Constitución. El interrogante es estructural: ¿Puede el Ejecutivo sostener su plan financiero ignorando leyes que el Congreso le impuso por mayoría absoluta?
El Excel de Caputo empieza a sangrar por el lado de la justicia social.
«No hay más tiempo, el sector de discapacidad no puede esperar más. La ley fue votada, el veto fue rechazado y ahora la justicia le da cinco días al gobierno para que demuestre que la está cumpliendo. Necesitamos la reglamentación ya porque los prestadores no cobran y las… pic.twitter.com/YPOihuSTGw
— Infonews (@infonews) January 20, 2026
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